La operadora saudí STC, que controla un 9,97% de Telefónica con una participación estructurada a través de un paquete accionarial directo del 4,9% al que se suma un 5% en derivados financieros, debe convertir estos últimos en títulos directos para poder solicitar formalmente un asiento en el consejo de administración de la teleco española.
STC irrumpió de forma sorpresiva en el accionariado de Telefónica en septiembre de 2023 en una operación valorada en 2.100 millones de euros, pero debía recibir el visto bueno del Gobierno para poder poseer más del 5% del capital de la teleco, debido a que la operadora española es considerada como una empresa estratégica con vínculos en la defensa nacional, motivo por el cual la transacción estaba sometida al escrutinio del denominado 'escudo antiopas'.
La autorización de la operación por parte del Gobierno se produjo el pasado 28 de noviembre y en ese momento se activó un plazo de seis meses (hasta el 28 de mayo de 2025) para que STC convierta en acciones directas el 5% que posee de Telefónica mediante instrumentos financieros.
"Las inversiones autorizadas deberán realizarse dentro del plazo que específicamente hubiese señalado la autorización o, en su defecto, en el plazo de seis meses. Transcurrido el plazo sin haberse realizado la inversión, se entenderá que la autorización queda sin efecto, salvo que se obtenga prórroga", reza el real decreto sobre inversiones exteriores --el 'escudo antiopas--.
La normativa también apunta que STC tan solo podría pedir una prórroga de seis meses para realizar la inversión y, en caso de no hacerla efectiva, la transacción "quedará definitivamente como no autorizada".
En ese contexto, fuentes conocedoras de la situación ha informado a Europa Press de que STC no solicitará su asiento en Telefónica hasta que convierta su 5% en derivados financieros en acciones directas, un movimiento que deberá publicarse en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Movimientos en el Consejo
El sorpresivo desembarco de STC en el capital de Telefónica tuvo como consecuencia una serie de movimientos en el accionariado de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete.
De este modo, a finales del pasado mayo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, alcanzó el 10% del capital social de Telefónica tras invertir en torno a 2.285 millones de euros.
A medida que la SEPI iba concretando su entrada en el capital de Telefónica, el consejo de administración de la operadora acordó por unanimidad el pasado 8 de mayo aceptar la "renuncia voluntaria" de Carmen García de Andrés a su cargo como consejera y nombrar por cooptación a Carlos Ocaña Orbis, que ahora forma parte del máximo órgano de decisión de la teleco en representación de la SEPI.
En ese sentido, desde el Gobierno no se ha descartado la posibilidad de que la SEPI eleve su participación en Telefónica para poder optar a un segundo consejero.
Por otro lado, la entrada de STC en el accionariado de Telefónica también ha provocado que CriteriaCaixa, el 'holding' de la Fundación Bancaria la Caixa, alcanzase una participación del 9,99% del capital social de Telefónica a finales del pasado junio.
Con este porcentaje, CriteriaCaixa casi alcanza el que tiene el Estado en la teleco a través de la SEPI, si bien el holding se ha propuesto alcanzar como máximo un 10,01%.
En ese sentido, el movimiento del Gobierno a través de la SEPI y el de CriteriaCaixa se interpretan como un modo de mantener la españolidad del consejo de administración de Telefónica.
A todos estos cambio se suma el fallecimiento a mediados del pasado diciembre de Javier Echenique, que era el vicepresidente de Telefónica y cuyo asiento en el consejo de administración de la compañía todavía no ha sido cubierto.
