http://diario16.com/las-prisas-del-santander-popular-demuestran-situacion-critica/
La situación real del Santander y las revelaciones de Diario16 en las que se muestran varios escenarios que la Justicia, tanto española como europea, podría utilizar como argumento fundamental para anular la resolución del Banco Popular, han provocado que Ana Patricia Botín haya decidido, no sólo acelerar la integración de las dos entidades, sino eliminar la personalidad jurídica tanto del banco intervenido como del Pastor, incluidas sus respectivas fichas bancarias.
Este movimiento supondrá que la Justicia se verá imposibilitada para anular todos los procesos, en caso de determinar la ilegalidad de la operación, de la resolución y de la venta por un euro. Sin embargo, el Santander se puede encontrar con que la propia Justicia que siempre ha mantenido una actitud de presunta protección hacia el banco cántabro y la familia Botín abra una pieza de calificación concursal en la que los más de 305.000 afectados se convierten en acreedores por la liquidación del Banco Popular, una pieza que implica la aprobación por parte del Ministerio Fiscal y que determinaría que el Santander tendría que hacer frente a las reclamaciones de los acreedores con el patrimonio declarado del Banco Popular, es decir, 11.600 millones de euros. La operación no se anularía porque legalmente sería imposible tras la desaparición jurídica del banco intervenido, pero la entidad cántabra se encontraría que el hecho de tener que hacer frente a una administración concursal. Por otro lado, en caso de determinarse la nulidad de la operación, el Santander tendría que indemnizar a los afectados con daños y perjuicios, además del valor de las acciones que pasaron a tener valor 0 la madrugada del 6 al 7 de junio.
Por tanto, el paso dado por Ana Patricia Botín, que tiene como fin que nadie le quite el Popular, se puede volver en contra del Santander a la hora de pagar a los afectados un precio justo por sus acciones y bonos. Por esta razón, lo razonable sería que la entidad cántabra hiciera caso al Defensor del Pueblo y llegara a un acuerdo extrajudicial con todos los afectados. Esta solución sería beneficiosa para todos, para las familias arruinadas porque recuperarían su dinero y para el propio Santander porque podría seguir contando con el Popular sin el riesgo de las demandas y querellas.