Así será el impacto del golpe fiscal que viene a la casa en el pueblo o el apartamento en la playa
El PSOE busca fomentar el alquiler de vivienda asequible subiendo los impuestos a las segundas residencias. Las medidas elevarían la base imponible del IRPF entre 400 y 15.600 euros y hundirían la inversión extranjera, según los asesores fiscales.
La propuesta del PSOE para aumentar el parque de vivienda en alquiler a precios asequibles ha resultado en una nueva ofensiva fiscal contra los propietarios. La proposición de ley presentada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados la semana pasada incrementaría las bases imponibles del IRPF entre 400 y 15.600 euros a los contribuyentes que tengan una -o varias- segunda residencia, como una casa en un pueblo de la España rural o el tradicional apartamento en la playa.
Así lo valoraron ayer desde el
Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), del Consejo General de Economistas (CGE), quienes además calificaron de forma muy negativa otras de las medidas recogidas en el texto, como el
incremento fiscal a las Socimis o la creación de un
nuevo impuesto sobre el 100% del valor de referencia catastral para los extranjeros no residentes en la UE que adquieran una vivienda en España.
Esta medida, explican, podría suponer una parada en seco de la inversión extranjera y "hará a España salir en la prensa internacional". Por su parte, la subida de los impuestos sobre el beneficio obtenido del alquiler de viviendas por parte de las Socimis "puede suponer que algunas de ellas busquen mercados más atractivos en otros países", aseguran.
¿Cuánto costará el castigo fiscal a las segundas residencias?
La propuesta del PSOE introduce una nueva tabla, con más tramos de tributación para los propietarios de viviendas vacías. El texto sólo excluye de esta categoría a la vivienda habitual y al suelo no urbanizado, por lo que los propietarios de segundas residencias en un pueblo o en la playa deberían acogerse a la nueva fiscalidad.
Para los asesores fiscales del CGE, "la nueva escala para la imputación de rentas inmobiliarias dificulta el cálculo de la renta y no creemos que aumentar el coste fiscal induzca a que los propietarios pasen a ofrecer el inmueble en alquiler, ya que en la mayoría de las ocasiones son las segundas residencias o las casas en los pueblos", lo que podría poner de manifiesto el carácter confiscatorio de la medida.
La subida fiscal afectaría directamente a los propietarios de segundas residencias, incluso cuando éstas tengan un reducido valor. La imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF se calcula sumando todos los valores catastrales de las viviendas, así como las plazas de garaje en propiedad que no se encuentren en la residencia habitual. A estas cantidades, hasta la fecha, se aplica "un tipo único que puede ser el 1,1% o el 2%, en función de si el valor catastral ha sido revisado o no en los últimos diez años", explica a EXPANSIÓN Raquel Jurado, secretaria técnica del REAF. Sin embargo, la propuesta del Gobierno elevaría estos porcentajes hasta el 3%, dependiendo del valor del conjunto de los inmuebles.
En el caso de una persona con una casa en un pueblo de la España rural que tenga un valor catastral de 200.000 euros, actualmente debería imputar 2.200 -el 1,1%- a la base imponible general del IRPF en la declaración de la Renta. De entrar en vigor la propuesta del PSOE, pasaría a imputar 2.600 euros, 400 más. Si el valor de este inmueble fuera el doble, 400.000 euros, la diferencia se incrementaría hasta los 1.200 euros.
Si, además de una casa en el pueblo, el mismo contribuyente también fuera el propietario de un apartamento de 200.000 euros en una localidad costera, en el que invirtió hace unos años para pasar las vacaciones con su familia, ya debería calcular la imputación de rentas sobre 600.000 euros. Siguiendo las nuevas tablas que propone el Partido Socialista, debería declarar 9.100 euros en la base imponible del IRPF, por los 6.600 que imputa con el actual sistema. Se trata de una diferencia de 2.500 euros.
Las cantidades van aumentando a medida que lo hace el valor catastral de los inmuebles, donde también se incluyen las plazas de garaje que se encuentren fuera de la residencia habitual. El precio de estos activos no ha parado de crecer en los últimos años, por lo que su inclusión en el valor catastral total podría aumentar el golpe fiscal a los propietarios.
Según los cálculos de los asesores fiscales, si el conjunto de las propiedades fuese de 900.000 euros, los contribuyentes tendrían que sumar 15.100 euros a la base imponible general del IRPF, 5.200 euros más de lo que declaran en la actualidad. Por último, si el valor catastral conjunto de las segundas residencias y plazas de garaje fuese de 1,5 millones de euros, la imputación de rentas ya alcanzaría los 32.100 euros con la propuesta socialista, frente a los 16.500 euros actuales. Es decir, casi el doble.
Este incremento fiscal podría ser especialmente elevado en el caso de los contribuyentes que, por su salario, se encuentren cerca del siguiente tramo de tributación en la Renta. El cambio propuesto por el partido de Pedro Sánchez podría provocar un salto, con el correspondiente incremento de la tarifa del IRPF. Todo, mientras el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero continúa negándose a deflactar los tramos para adecuarlos a la inflación registrada en los últimos años.
En paralelo a esta subida fiscal, las reducciones que contempla la propuesta de ley del PSOE no afectarían a los propietarios de segundas residencias que decidan alquilarlas "durante la parte del año que no se usan, al no destinarse para vivienda habitual de los arrendatarios", apuntan desde el Consejo General de Economistas.
Se trata de una cuestión importante, teniendo en cuenta que las reducciones son uno de los pocos puntos, a su juicio, positivos para los propietarios. De aprobarse, éstos podrían obtener un beneficio fiscal por reducir el precio de las rentas superior al alquiler dejado de percibir por la rebaja. A pesar de ello, la variedad de porcentajes aplicables -del 100%, el 95%, el 90%, el 85% o el 60%- "complica su aplicación práctica, como ocurre en el caso de la reducción por las aportaciones a planes de pensiones". Algo que, para los economistas, supone "enmarañar mucho las normas para los ciudadanos".
Huida de inversores extranjeros
En paralelo a la subida fiscal que propone el PSOE para los propietarios de viviendas vacías, el texto recoge las intenciones del Ejecutivo de Sánchez de expulsar a buena parte de los inversores extranjeros.
En primer lugar, incrementando del 15% al 25% la tributación de los beneficios obtenidos del alquiler de viviendas por parte de las Socimis, si bien este porcentaje podría reducirse en su totalidad si se ofrecen a precios asequibles y se reinvierten en nuevos activos destinados a esta modalidad.
Los asesores fiscales reconocen que, cuando la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentó la propuesta la semana pasada, "no nos lo podíamos creer", ante la "locura" que supone gravar un inmueble en un 100%. "Es la primera vez que se establece un impuesto con este tipo de gravamen, lo que plantea dudas sobre su posible carácter confiscatorio", explican mientras equiparan esta situación a los aranceles de Donald Trump que han sido tan criticados por el Gobierno.
Por último, la subida del IVA de los pisos turísticos al 21% que plantea el Partido Socialista podría, según los economistas asesores fiscales, penalizar a este tipo de alquileres, "trasladando la oferta a la industria hotelera", con el riesgo de que "el turismo pueda resentirse" a pesar de ser el motor de la economía.
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