Cajón de sastre

MADRID (EP), Los Montes de Piedad cerraron el año 2024 con cerca de 220.000 operaciones en vigor por un importe superior a 163 millones de euros, un 5% más que en 2023, y un préstamo promedio de 752 euros, según ha informado este viernes la Asociación Española de Montes de Piedad (Presea) durante la presentación de su Informe Anual 2024 en La Casa Encendida, en el marco de su Asamblea General.

Así, tal y como se refleja en el informe, a lo largo del pasado año cerca de 90.000 consumidores recurrieron al empeño de joyas como solución de financiación inmediata en las oficinas de los Montes de Piedad que integran Presea.

Según datos del documento, las mujeres contrataron un 68% de las operaciones y los tramos de edad más fieles a este producto financiero se encuentran entre los 36 y los 65 años.

Por otro lado, el análisis destaca que los clientes recuperaron el 97% de las garantías aportadas, una cifra que destaca por su estabilidad a lo largo del tiempo.

De este modo, los Montes de Piedad asociados a Presea cerraron el ejercicio 2024 rozando las 220.000 operaciones concedidas y renovadas por un montante global superiora 163 millones de euros, con un crecimiento interanual superior al 5%.

El importe promedio por préstamo ascendió a 752 euros, con un incremento superior al 5% en comparación con el importe promedio de 713 euros por operación en 2023.

Además de la presentación del Informe Anual 2024, el plenario de Presea ha puesto el foco en el lanzamiento de Infoprestamojoyas, su portal web especializado en resolver las dudas más frecuentes sobre el empeño y la venta de joyas de oro usadas en España, así como en distintas cuestiones de naturaleza legal, sistemas de colaboración entre Montes de Piedad y la planificación de la edición del Premio Presea correspondiente a este año.

Presea está integrada por Fundación Bancaja, Fundación Ibercaja, Fundación La Caja de Canarias, Fundación Montemadrid, Fundación Unicaja, Fundos (Fundación Obra Social de Castilla y León) y Unicaja Banco.

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13281566/03/25/que-empresa-manda-en-cada-pais-estas-son-las-diez-mas-valiosas.html

Las mayores empresas por capitalización de varios países 

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MADRID (EFE). La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de condenar a Wizink a devolver todos los intereses cobrados por una tarjeta de pago aplazado o "revolving", un nuevo castigo a la comercialización de estos productos que las entidades financieras se resisten a eliminar de sus carteras.

En una sentencia fechada el pasado 6 de febrero a la que ha tenido acceso EFE, y a instancias del bufete Sanahuja & Miranda, la Audiencia anula el contrato y condena a la entidad a devolver la totalidad de los intereses abonados desde la contratación de la tarjeta de crédito.

Wizink no entregó copia del contrato al cliente en el momento de la contratación, y como recuerda la sentencia, "es la entidad demandada la que debe acreditar que las condiciones contractuales superan los controles", además de destacar la falta de transparencia en la aplicación de los intereses remuneratorios.

La cascada de sentencias de primera y segunda instancia, así como la doctrina del Tribunal Supremo o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tenido de momento poco impacto en la política de las entidades financieras -y también de otros establecimientos como estaciones de servicio o centro comerciales-, que mantienen estas tarjetas en su cartera de servicios.

Se trata de una modalidad de tarjeta en la que se puede disponer del importe concedido sin tener que pagar la totalidad en un plazo determinado, sino que el crédito se reembolsa de forma aplazada mediante el pago de cuotas periódicas.

Su importe puede ser una cantidad fija o un porcentaje, normalmente muy bajo, de modo que el periodo de permanencia se alarga y aumentan los intereses, ya que se amortiza muy poco capital en cada cuota; de este modo, el usuario se encuentra con una deuda prácticamente perpetua.

Según los cálculos del bufete Navas & Cusí, en España, que tiene las tarjetas "revolving" más caras de toda Europa, hay alrededor de 15 millones de tarjetas de este tipo, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo puede tener un impacto de unos 12.000 millones de euros en las entidades financieras.

Las asociaciones de consumidores han afeado al Supremo su tibieza ante estos productos, ya que el alto tribunal considera que aunque una cláusula sea abusiva no implica necesariamente falta de transparencia, lo que en la práctica allana la reclamación pero no elimina la necesidad de acudir a los tribunales.