La pensión máxima caerá un 45 % hasta 2020, a 1.400 euros, según un informe

La pensión máxima en España será en 2020 de 1.400 euros frente a los 2.560 actuales, mientras que la mínima se mantendrá como una pensión asistencial en torno a 700 euros, según el primer estudio de la jubilación en España de la empresa de planificación financiera Óptima.

En un encuentro informativo celebrado en Madrid, el director general de Óptima, Antonio Suárez, ha explicado a esa cifra se llega tomando como referencia la esperanza de vida y el número de cotizantes sobre la premisa de que el sistema, como está en la actualidad, permanece invariable.

"Nadie sabe qué pensión le va a quedar", ha comentado el responsable de esta empresa, que también ha acusado a los políticos de "engañar" a la población, en referencia a la carta que el Ministerio de Empleo pensaba enviar a los mayores de 50 años para informarles de la cuantía de su futura pensión "y que parece estar bloqueada".

Suárez ha advertido de que la actualización de las pensiones (un 0,25 %) supone 116.000 millones de euros y ha vaticinado de que en la próxima legislatura las pensiones de orfandad y viudedad saldrán del sistema contributivo y se pagarán con impuestos indirectos.

En su opinión, esto provocará que las pensiones de orfandad y viudedad se conviertan en pensiones asistenciales, por lo que sufrirán una bajada "alarmante".

La responsable de auditoría Isca Noguera ha asegurado que el sistema de pensiones español está en "riesgo" y ha informado de que ha perdido 26 posiciones en el ránking mundial de seguridad en la jubilación, al pasar del puesto 29 al 55 entre 150 países.

Suecia, Noruega, Australia, Islandia y Holanda son los países con más seguridad financiera en la jubilación, según el estudio, que analiza 20 indicadores agrupados en cuatro categorías: finanzas personales, calidad sanitaria, factores medioambientales y económicos.

Noguera ha explicado que esa bajada de España se debe a la deuda pública, una menor renta per cápita, la crisis y el paro, por lo que el sistema de pensiones está en "riesgo".

Entre las conclusiones, el informe de Óptima, que toma una muestra de 1.700 clientes, concluye que es obligada una reforma estructural "de calado" hacia un sistema sostenible que pase de un sistema de reparto a otro de aportación definida como la mayoría de países de Europa, además de mantener un factor de sostenibilidad que dependa de la esperanza de vida.

El estudio también establece como prioritarias las aportaciones privadas, que deberán constituir la mitad de las rentas que se cobrarán en el futuro y propone la "casi obligatoriedad" de que parte del salario se destine a prestaciones futuras de pensiones.

Noguera ha recordado que hoy se está acudiendo al Fondo de Reserva y ha advertido de que en 2020 esta hucha de las pensiones empezará a "flaquear".

Ha insistido en que el sistema actual es insostenible, la pensión media en España ha superado los 1.000 euros, la máxima se sitúa en 2.560 y la mínima en 782 mientras que por comunidades, las del norte tienen más pensión que el sur.

http://www.eldiario.es/economia/pension-maxima-caera-euros-informe_0_438506970.html

Todo los pensionistas deberian de cobrar lo mismo, 1.000€/mes.

En ese supuesto también tendrían que cotizar igual, no vas a pagar mas para cobrar lo mismo que quien cotiza menos, o no?.

Esta empresa debería ir pensando cambiarse el nombre, de "óptima", poco.

La hucha de las pensiones se creo en tiempos de bonanza y ahora con la crisis ha ocurrido como a mucha gente que ha tenido que recurrir a sus ahorros y esta empresa ya vaticina que de aquí a 2.020 ya no habrá más"bonanza", aunque no sea como la anterior;,como señalo, de optimismo muy poco.

???

¿Y porqué?

Aunque no se llame "impuesto", sino "cotización" (históricamente también a ciertos tributos se los conocía como "donativos"...), no deja de ser un pago al Estado, para que financie una prestación de un servicio público.

Y en otras figuras tributarias no existe esa correlación causal de tantio aportas tanto recibes. Vg. el IRPF, en principio todos los ciudadanos reciben (en promedio), unos servicios públicos identicos (o equivalentes), pero no todos aportan por igual. Principio de diferentes aportaciones corresponde a igualdad de prestaciones.

También tenemos el ejemplo del IVA, que es un porcentaje fijo idéntico, sea cual sea la situación del contribuyente. Tengas unas rentas de 20.000 € o 200.000 €, pagas igual porcentaje de IVA en tus adquisiciones. En valor absoluto, el de mayor renta aporta mucho más, pero eso no le da ningún derecho a recibir mayores ni mejores servicios públicos.

No me parece mal el modelo de "capitalización corregida" que tenemos (tanto aportaste, +/- tanto recibirás), pero...:

a.- Es una excepción en el modelo general de servicios públicos (y recaudación de fondos fiscales)

b.- Por ahora, todas las prospectivas (TODAS), indican que con la demografía y el modelo de mercado laboral que tenemos (y tendremos), es insostenible.

Aguantará lo que dure la hucha, y más allá, solo lo que la ocultación política pueda aguantarlo. Tras eso, fenecido estará el sistema.

Los impuestos son los únicos pagos obligatorios al Estado sin contraprestación alguna, pero no todos los pagos al Estado son impuestos. Dentro de los tributos están las tasas y las contribuciones especiales que implican prestaciones concretas. Y en muchos casos el tributo y la prestación guardan correlación.
Pero, además, también existen los precios públicos en los cuales a más prestación más precio.
Por tanto dejemos que las cotizaciones se rijan por su propia normativa y no hagamos mezclas que puedan tener un efecto boomerang.

Sí, claro. Conozco perfectamente la diferenciación entre "impuesto", "tasa" y "precio público". Y que además de eso, hay otras cosas, que también implican una entrada de dinero en las arcas públicas, tales como "contribuciones".

El asunto es otro, más general.

¿Es o no es un servicio público la "seguridad social"?

¿Es regulado por el legislativo o no?

¿Tiene el Estado (o la Administración Pública) algún papel, de gestión, supervisión, regulación,...?

¿La financiación de dicho servicio (público o no, hay que discutirlo), es voluntaria y nace de la mera previsión o liberalidad del ciudadano? ¿O es algo que dado unos determinados supuestos, hay que pagar sí o sí, por mandato de Ley?

En España hay muchas personas que no pagan IRPF, o porque no tienen "hecho imponible" (disponer de rentas propias), o porque teniendolas, están declaradas exentas, o quedan en las lagunas de la obligación de presentar declaración sin haber tributado efectivamente. Sin embargo, son tan beneficiarias de los servicios públicos como quien paga, poco o mucho.

Aunque los pagos por tributos sean incondicionales, y las prestaciones de servicios públicos criticables, y a veces discrecionales, una cosa va con la otra. Hace ya mucho tiempo que ningún gobernante ha osado tener la pretensión de recaudar unos tributos, y no prestar unos servicios públicos acordes a cambio.

Que hasta ahora se haya gestionado esa prestación de servicio público (para mi SÍ lo es) de la seguridad social, mediante la ficción de una contabilidad separada del resto de cuentas públicas, en base a unas cuentas nocionales individuales de capitalización corregida, es solo un artificio.

Nada de lo aportado en su día por los trabajadores ahora jubilados quedó ahorrado/depositado en ningún sitio. Igual que nada de lo que ahora aportamos queda a resguardo en ningún sitio, sino que va a unas cuentas bancarias desde donde se destina a pagar las actuales pensiones.

Y la garantía futura de "retorno", el pago de las futuras pensiones, no está en lo que ahora aportamos los trabajadores activos, sino en la mera obligación legal que tendrán los trabajadores activos de seguir pagando "contribuciones" (si subsiste esa obligación legal).

Doy por hecho que conoces esas diferencias y por ello cabe un debate estrictamente técnico.
En cuanto a si la Seguridad Social es o no un servicio público, es cuando menos, dudoso y depende de lo que se entienda por servicio público. Sobre el servicio público se han escrito verdaderas bibliotecas por lo que centrar el debate en ese detalle creo que nos desviaría del meollo de la cuestión.
En cuanto a la financiación, no es voluntaria en términos generales, aunque hay casos en que se puede modular voluntariamente, por ejemplo las cotizaciones de los autónomos. En todo caso que haya que pagar sí o sí nada tiene que ver, a priori, con que la prestación deba ser la misma para todos.
Un detalle muy importante es que actualmente hay dos clases de pensiones: las contributivas y las no contributivas. Éstas últimas responden al esquema que tú propones y, además, se fincian con los ingresos del Estado (tributos y demás). Pero las pensiones contributivas sólo se financian con los recursos de la S. Social que tiene personalidad diferenciada a la del Estado.
Tal y como está la normativa, las pensiones contributivas se calculan en función de lo cotizado y del tiempo de cotización a la S. Social exclusivamente. Que las pensiones se financien con las cotizaciones actuales y no mediante capitalización no modifica para nada el derecho del cotizante. De igual manera se financia la deuda pública y nadie discute el derecho al reembolso con sus intereses ¿Acaso lo aportado a las arcas públicas por suscripción de deuda hace 10 años, por ejemplo, está ahorrado o depositado en alguna cuenta?, pues eso.

Aunque ya mi amigo Juan te ha respondido con una buena explicación quiero abundar algo mas.

Escribes que el IRPF cada uno lo paga en función de sus ingresos y reciben las mismas prestaciones públicas no ocurre en todos los casos, hay personas que como consecuencia de sus bajos ingresos carecen por ejemplo de coche y por lo tanto no usan las autovías que se construyen con los impuestos o no pueden viajar en AVE, también construido por los impuestos; no todos tienen acceso a los mismos servicios públicos, como también en el caso de los jubilados no todos pagan la misma cantidad por los medicamentos, sino que existen límites según ingresos.

El problema real de las pensiones ya lo he explicado en mas de una ocasión y es la prolongación dr la esperanza de vida y la reducción por contra de trabajadores al menos en estos momentos y que aunque llegara a recuperarse el trabajo a niveles de antes de la crisis, la esperanza de vida y sus costes sigue aumentando a velocidad de crucero.

He visitado recientemente una residencia de ancianos donde hay un gran número de personas que necesitan de todo, tristemente son como muebles y como estas hay muchas pero además insuficientes. Esto supone un gasto imposible de asumir y forma parte de esa esperanza de vida, si a eso se le puede llamar vida, pero necesitan además mucha medicación y veremos (si llegamos), hasta cuando se puede asumir, contando además conque las nuevas tecnologías van a sustituir a mas nano de obra de la que pueden crear.

Negro futuro.

Podría decirse que es un impuesto más pero no lo es. Nunca ha sido concebido como tal. Se rige por su propia norma y presupuesto y nunca ha sido legalmente tratado como un impuesto.

Es un seguro, público, pero un seguro. Nada seguro. Haces unas aportaciones, casi siempre obligatorias, con la promesa de recibir una prestación futura y a la hora de ejercitar tu derecho tu querida compañía de seguros cambia unilateralmente las reglas del juego y te dice que tururú, que no hay pasta y que te busques la vida.

Es un timo en toda regla. Con la garantía del Estado.

"Se rige por su propia norma y presupuesto y nunca ha sido legalmente tratado como un impuesto."

Sí, y seguramente por eso, desde su origen (1963, Ley de Bases), hasta tiempos recientes con las dos reformas laborales (la del PSOE y la del PP), aprovadas a instancia de la troika, el sistema fue muy sólido y solvente.

Pero...

Ahora mismo, y tal y como está concebido, al sistema no le quedan muchos años de vida. Es I M P O S I B L E seguir pagando el mismo nivel de prestaciones (la parte a cargo de lo "contributivo"), si la base de financiación del sistema es el mercado laboral (el que ahora realmente tenemos, y seguiremos teniendo por mucho tempo).

La cuestión futura es si el replanteo, las nuevas reglas de juego, serán retroactivas en todo o solo en parte. O sea, si se respetarán las actuales pensiones ya reconocidas y su derecho a ir subiendo año tras año (más o menos, pero siempre hacia arriba), y solo se aplicarán recortes en las nuevas pensiones a reconocer, o la segadora se pasará por todo el sistema.

O... seguirá todo igual, con solo leves ajustes técnicos, pero la base de financiación dejará de ser el mercado laboral, y pasará a ser la tributación general (esta hipótesis-modelo ya la lanzó hace unos cuantos años Jordi Sevilla). Esto implicaría una refundición de las categorías "contributiva" y "asistencial" del sistema. Y obviamente, tiene sus problemas políticos.

Seria lo mas correcto. 1000 euros y punto.

Seria lo mas solidario el que haya cotizado mas colaborara y el que no haya podido cotizar tanto tendrá una pensión digna.

Estoy de acuerdo con tu diagnóstico que califica como imposible el mantenimiento del sistema actual.

Pero pienso que la segadora ya viene actuando con discreción desde bastante antes de La Troika (Ley 26/85). Lo que queda por ver es la velocidad y altura de corte en el futuro próximo.

Se puede cambiar el sistema de financiación. De hecho ya se dejan caer cosas por ahí de vez en cuando, como sacar del sistema a las prestaciones por muerte y supervivencia. Mucho antes se hizo con la asistencia sanitaria. Pero haciéndolo así lo que se aporte desde fuera del sistema hay que quitarlo de otro sitio, pues no caerá del cielo, y qué se puede hacer partiendo de un billón de pufo que va creciendo.

Me temo que la quita no tardando mucho será de aúpa: vía afeitado de prestaciones, vía IRPF o ambas cosas al mismo tiempo. Y se hará a través de las prestaciones más altas. No podrá ser de otra forma. Lo que vulgarmente se llama igualar hacia abajo. Muchos no tienen elección, pero a los autónomos que se esfuerzan en cotizar por una base alta les va a caer la del pulpo.

Por el momento, y a la vista de los datos objetivos parece que es mucho más imposible el mantenimiento del propio Estado, visto que la deuda acumulada ronda el 100% del PIB. Por el momento la S. Social está mucho más saneada porque sigue disponiendo de una hucha con la que se financia en parte la deuda del Estado.