Gastos de coche siendo autónomo

Me acabo de dar de alta de autónomo soy contable y al empezar el trimestre no sabía que eran deducibles los gastos de kilometraje, la verdad es que debo recorrer todos los días 100 Km desde mi domicilio hasta la empresa en la que trabajo, mi pregunta es
¿ Hay que aplicar los 0,19€ por Km que marca la ley, ó sólo nos descontamos el gasto de gasolina que nos cuesta ir y volver?

Muchas gracias

En principio los gastos del desplazamiento desde el domicilio al centro de trabajo no son deducibles. No obstante, te tengo que buscar una sentencia que asombrósamente dice lo contrario. En cuanto la encuentre te la pongo.

Saludos.

En primer lugar, para el IRPF NO son deducibles los gastos de bienes parcialmente afectos. O sea, el coche particular, y TODOS sus gastos, no son deducibles para calcular el renimiento de la actividad profesional.

Eso incluye tanto la amortización y mantenimiento del mismo, como los gastos generados directa o indirectamente por su uso: combustible, peajes, aparcamiento,...

Si alguien te lo ha dicho, te ha informado mal.

Otra cosa es que se haga. Hacer se hace, por supuesto. Pero si alguna vez te solicitan datos en la AEAT, te lo echarán para atrás.

Curiosamente, en el IVA, SÍ es deducible, parcialmente, el IVA de bienes parcialmente afectos.

En caso que justificases que el vehiculo está afecto en exclusiva a la actividad, y cumpliendo unos cuantos y extrictos criterios, podrían ser deducibles esos gastos.

El importe y cuantía, ya depende. Si la prestación de servicios fuese mediante una relación laboral especial (como por ejemplo, algunos agentes comerciales), cabría imputar unos importes análogos a los de los trabajadores normales (0,19 euros km, etc etc). Pero si la relación es profesional-mercantil, ya no.

Tú puedes perfectamente llevar esos gastos en tu contabilidad, y pactar con tu cliente que la facturación pactada se aumente en el importe de los mismos. Pero para el IRPF, no es un gasto deducible.

Como transporte profesional, SÍ es deducible en cambio, los gastos acreditados en vehículos ajenos, y transportes públicos, ya que no implican un uso mixto de un bien propio, sino una adquisición de servicios. Alquiler de coches, taxis, etc.

Según en que ciudad vivas (BCN, Madrid), podría salirte a cuenta una solución "carsharing".

Creo que esa sentencia era sobre un arquitecto de BCN. La tengo, pero en otro ordenador (estoy desplazado).

LA justificación (y sentencia favorable) la obtuvo por dos causas:

Es a la AEAT a quien corresponde la carga de la prueba, no siendo válidas meras presunciones,

y, muy importante, el citado arquitecto TENÍA DOS COCHES. El contabilizaba y acreditaba como gasto profesional (y al parecer en contabilidad bien llevada), el uso de un coche, dejando totalmente al margen el segundo, para uso particular.

Las principales dudas se refieren a la posibilidad de deducir los gastos que ocasiona por la gasolina, reparaciones y amortizaciones del vehículo. En teoría, se trata un gasto deducible al 100% en cualquier caso, pero el celo de Hacienda al respecto hace que la mayoría de asesores opten por la prudencia. El problema radica en que la Agencia Tributaria exige al autónomo que demuestre que el vehículo se utiliza de forma exclusiva para el desarrollo de la actividad profesional.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sentencia STJC 905/2007) dice que es a la administración a quien corresponde demostrar estos hechos y probar que el uso del vehículo no corresponde sólo a la actividad profesional. En concreto, la sentencia previsa que “ha de partirse del principio que no corresponde al sujeto pasivo probar la correlación de los gastos con los ingresos de la actividad más allá de lo que resulta de su declaración- liquidación y contabilización, por lo que habrá de ser la Inspección la que pruebe que, en contradicción con tal contabilidad, los gastos son ajenos a la actividad. Cualquier incertidumbre sobre tal circunstancia habrá de perjudicar a la parte que asume la carga de la prueba, esto es, a la Inspección, pero no podrá implicar que se produzca una inversión de la carga de la prueba que no esté prevista legalmente

Supongo que el vehículo lo utilizas para el trabajo y uso particular, si es así, lo que hacienda no suele poner problemas es si declaras la mitad de los gastos como autónomo, no solo los de la gasolina, si no todos los que tenga el vehículo

La sentencia a la que me refiero creo que la tengo en otro ordenador (si no la he perdido por un virus reciente)... pero no es de un arquitecto, es de un empresario, que le van a buscar a su casa todos los días para ir al trabajo...

Las justificaciones venían a ser similares a lo que citas, pero tenía algunas cosas muy curiosas...

Saludos.

PD: Bascoastur, yo haría bastante caso a la primera de las respuestas de Cachilipox.

La sentencia es la 905/2007, del TSJC, y en su Fundamento de Derecho Cuarto (que es el sucoso) dice:

CUARTO Sobre la cuestión controvertida, hemos venido sosteniendo una tesis contraria a la habitual de la Inspección de Tributos y del propio TEARC.
Así, en nuestra sentencia núm. 773/2005, de 30 de junio de 2005, referida a la deducibilidad de determinados gastos de la actividad profesional de Arquitecto, reiteramos que a partir de nuestra sentencia núm. 1250/2004, de 2 de diciembre de 2004, hemos declarado, en relación con la afectación de un vehículo a la actividad empresarial, que en los supuestos de incertidumbre probatoria, al constar sólo sospechas, conjeturas o a lo sumo indicios parciales y contradictorios sobre la afectación o no a la actividad, tal incertidumbre probatoria obliga a determinar a quien perjudica la misma en virtud de las normas legales sobre la carga de la prueba, que no tienen otro alcance que el de señalar las consecuencias de la falta de prueba, partiendo del hecho indiscutido de que el vehículo consta contabilizado como activo inmaterial de la empresa.
Pues bien, según señalábamos en tal sentencia y hay que reiterar ahora, ha de partirse del principio que no corresponde al sujeto pasivo probar la correlación de los gastos con los ingresos de la actividad más allá de lo que resulta de su declaración-liquidación y contabilización, por lo que habrá de ser la Inspección la que pruebe que, en contradicción con tal contabilidad, los gastos son ajenos a la actividad. Cualquier incertidumbre sobre tal circunstancia habrá de perjudicar a la parte que asume la carga de la prueba, esto es, a la Inspección, pero no podrá implicar que se produzca una inversión de la carga de la prueba que no esté prevista legalmente.
Tal conclusión resulta, en primer lugar, de la doctrina más actual, que sostiene que en un procedimiento tributario la carga objetiva de la prueba recae sobre la Administración en base, sobre todo, a la vigencia del carácter inquisitivo de este tipo de procedimientos (arts. 111.1.b y 109.1.I LGT). Es a la Administración a la que compete averiguar la verdad material, más allá de la que presenta el contribuyente, y debiendo desplegar al efecto todos los medios a su alcance, medios absolutamente exorbitantes, declarando en tal sentido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 9 julio de 1996 que dada la posición de la Administración, es lógico que sobre ella recaiga la carga de la prueba, pues si es una parte interesada, pero que goza de prerrogativas inherentes al régimen administrativo para decidir por sí los conflictos que se planteen con alguno de los sujetos que con ella se relacionan, debe utilizar tales prerrogativas, no sólo en orden a la decisión, sino también en orden a la instrucción del procedimiento.
En segundo término, la misma concreta cuestión relativa a la afectación de vehículos a actividades empresariales o profesionales ha sido abordada con posterioridad a los ejercicios aquí enjuiciados y para un tributo diferente, por el propio legislador, sin duda consciente de las dificultades prácticas que acarrea. En efecto, el art. 6.12º de la Ley 66/1997, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, modifica el art. 95 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el siguiente tenor:
"Los apartados tres y cuatro del art. 95 quedarán redactados de la siguiente forma:
Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:
1ª Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la regla siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
2ª Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por 100.
A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo «jeep».
No obstante lo dispuesto en esta regla 2ª, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por 100:
a) Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.
b) Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
c) Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
d) Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.
e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
f) Los utilizados en servicios de vigilancia.
3ª Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán regularizarse cuando se acredite que el grado efectivo de utilización de los bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional es diferente del que se haya aplicado inicialmente.
La mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en el capítulo I del título VIII de esta Ley para la deducción y regularización de las cuotas soportadas por la adquisición de los bienes de inversión, sustituyendo el porcentaje de operaciones que originan derecho a la deducción respecto del total por el porcentaje que represente el grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
4ª El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional.
5ª A efectos de lo dispuesto en este apartado, no se entenderán afectos en ninguna proporción a una actividad empresarial o profesional los bienes que se encuentren en los supuestos previstos en los números 3º y 4º del apartado dos de este artículo.
Cuatro. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los siguientes bienes y servicios directamente relacionados con los bienes a que se refiere dicho apartado:
1º Accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes.
2º Combustibles, carburantes, lubrificantes y productos energéticos necesarios para su funcionamiento.
3º Servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje.
4º Rehabilitación, renovación y reparación de los mismos".
De esta forma, cuando el legislador ha querido restringir las normas generales sobre la carga de la prueba en materia de gastos y correlación con la actividad, lo ha hecho explícitamente, y adoptando un sistema porcentual expreso, añadiendo una regla, la transcrita regla cuarta del apartado Tres del art. 95 de la Ley del IVA, en la que se establece, por una parte, que "El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho", y se añade que "No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional".
En este precepto legal sí que hay una inversión en la carga de la prueba para separarse de los porcentajes legalmente fijados como presuntivos y una limitación respecto de la suficiencia de los medios de prueba, no siendo suficientes ni la declaración-liquidación del sujeto pasivo, ni tampoco la contabilización. Por tanto, "a sensu contrario", cuando no existe una expresa determinación legal en otro sentido, habrán de entenderse como medios de prueba suficientes para acreditar el grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional tanto las declaraciones-liquidaciones del sujeto pasivo como la contabilización.
De esta forma, la contabilización por la recurrente ha de estimarse suficiente prueba por su parte, correspondiendo a la Inspección acreditar lo contrario, lo que exige algo más que meras conjeturas o sospechas, insuficientes por sí solos para tal acreditación.

Es interesante el razonamiento argumental, ya que une en el mismo el trato respecto del IVA y el IRPF (cosa que encuentro muy lógica).

En resumen, respecto del IVA y los bienes de inversión parcialmente afectos (y sus gastos de funcionamiento): presunción del 50 %, salvo prueba en contrario POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE.
Respecto del IRPF y los bienes de inversión parcialmente afectos (recuerdo, regulados en el Art. 22 del Reglamento del IRPF): presunción según contabilidad y liquidaciones presentadas, salvo prueba en contrario POR PARTE DE LA AEAT.