9N, cuenta atrás (últimas noticias)

Jajaja Pues para una vez que coincido contigo en que lo había entendido, resulta que no ... ironías de la vida.

http://blogs.elconfidencial.com/espana/confidencias-catalanas/2014-11-19/artur-mas-3-rajoy-0_482906/

El lunes 10 escribí que*Artur Mas*había ganado la batalla del 9-N. Ganó porque se celebró una seudoconsulta sin ningún efecto jurídico, pero con valor político, ya que 2,3 millones de personas acudiendo a unas urnas de cartón no es algo a despreciar. También porque logró superar la suspensión del Constitucional (quizás con argucia y deslealtad como dicen los fiscales catalanes, pero mostrando decisión). Y porque al llevar a cabo la seudoconsulta sin atender al Constitucional dio un golpe para recuperar el liderazgo del soberanismo que la ERC de*Oriol Junqueras*le había arrebatado el 25 de mayo al ganar las europeas.

Y pudo ganar a*Rajoy*y a Junqueras porque fue respaldado por un par de organizaciones de la clase media independentista (la*ANC*y*Òmnium) que le proporcionaron (quizás los tenía garantizados al lanzar la seudoconsulta) 40.000 voluntarios que dedicaron todo un festivo a un proceso participativo relevante para muchos catalanes. Y el PP debería preguntarse las razones (su fijación con TV3 es muy exagerada porque su cuota de pantalla es del orden del 15%) para haber llegado a este punto.

Pero no lo está haciendo. Para el PP y para el Gobierno, que parecen compartir una ignorancia culpable sobre la realidad catalana, la culpa sólo es… de los otros. Y si el 10 de noviembre Mas había marcado un gol, ahora el marcador está 3 a 0. Pero no porque Mas haya hecho buen juego (quizás también) sino porque la defensa del Gobierno y del PP, confusa y desordenada, se ha metido dos goles en su propia portería.

El primer autogol fue la comparecencia de Rajoy el miércoles 12*respondiendo a Mas. El*president*en una intervención el día anterior, en la que respiraba autosatisfacción, había dicho que quería una estructura de diálogo permanente con el Gobierno para negociar tanto la realización de un referéndum de verdad (como el escocés) como*las 23 demandas que presentó en aquella extraña reunión*con Rajoy de finales de julio que no sirvió para nada.

Rajoy contestó –visiblemente enojado– que sobre el referéndum no había nada que hablar pues la soberanía reside en el pueblo español, y que el 9-N había sido un fracaso porque había más catalanes que independentistas (cierto). Punto y final. Quizás gustó al nacionalismo español molesto con el extraño artefacto de la seudoconsulta, pero*no mostró la más mínima empatía ni con los 2,3 millones de catalanes que acudieron a las urnas*de cartón ni con los dos tercios que no fueron pero que están preocupados.

Negarse a hablar –o incluso a marear la perdiz– cuando 2,3 millones de personas se han movilizado no es inteligente. Repitió su comportamiento de septiembre del 2012, cuando*Mas exigió un pacto fiscal como el de Euskadi*(que existe y Euskadi sigue siendo España). No, punto y final. La mayoría absoluta permite eso, pero lo sucedido luego indica que Rajoy se equivocó porque las cosas han ido a peor.

Torres-Dulce, un fiscal conservador pero respetado por su rigor en el mundo jurídico, está molesto con el Gobierno por las presiones respecto a la querella contra Artur Mas y porque dirigentes del PP de segundo nivel se han atrevido a indicar públicamente lo que debía hacer la Fiscalía

Giscard d´Estaing*toreó al general*De Gaulle*con su famoso “Oui, mais” (Sí, pero). ¿Tan difícil era moverse en un “No, pero” para no romper los puentes con el Gobierno electo de Catalunya? Dicen que negociar implica roce (sentarse juntos) y del roce puede venir el acuerdo e incluso el cariño. El no roce ya hemos visto que conduce a la creciente desafección. Y no con la Generalitat, sino también con, como mínimo, los 2,3 millones de las urnas de cartón o los 1,8 millones de independentistas. No son mayoría, pero pueden ganar las elecciones si se abstiene el 33%.

Pero el segundo autogol, el que puede tener peores consecuencias para España porque*puede convertir a Artur Mas en una especie de mártir vivito y coleando, ha sido creer que una querella de la Fiscalía contra elpresident*y la vicepresidenta*Joana Ortega*era la forma inteligente de responder al 9-N.

El Gobierno ya quiso que el fiscal general del Estado compareciera en TVE la noche del domingo. Al parecer,*Torres-Dulce, un fiscal de gran prestigio en la carrera pero con fama de independiente y de buen jurista, se negó. Se recurrió entonces a la amenazante comparecencia del ministro de Justicia. Y el martes varios dirigentes del PP dijeron que la querella sería realidad la misma tarde.

Pero Torres-Dulce hizo una nota desde Logroño diciendo que los tiempos de la justicia no son los de la política. O sea, que la Fiscalía debía defender la legalidad pero no ir a toque de pito del Gobierno y encargó el asunto a los fiscales catalanes.

El fiscal general ya indicaba que no estaba muy por la labor porque cuando el anterior fiscal jefe de Cataluña,*Rodríguez Sol*(de cuyo hijo Torres-Dulce es padrino), hizo unas polémicas declaraciones sobre el derecho a decidir fue cesado al instante. Y ahora, más de una semana después, la querella no se ha presentado. Los fiscales destinados a Cataluña dicen que ven “argucia y deslealtad” pero no quieren la querella porque*el asunto ya está en los tribunalespor distintas denuncias particulares y la Fiscalía deberá fijar posición (algo parecido dijo Torres-Dulce el viernes en Burgos).

Y hoy la junta de fiscales se reúne y el fiscal general tomará luego una posición que será ejecutiva porque los principios de la Fiscalía son la defensa imparcial de la legalidad (no es la abogacía del Estado y no está obligada a obedecer al Gobierno) pero también la jerarquía en las decisiones. ¿Por qué Torres-Dulce, que cesó en pocas horas a su amigo Rodríguez Sol, ha dilatado ahora tanto la cuestión? Pues puede ser que*le moleste ser tratado como un subordinado del PP*o no esté convencido de su conveniencia. Y ayer*Miquel Iceta, que maneja buena información, dijo que el fiscal general no quería la querella, pero que era objeto de una presión brutal por parte del Gobierno.

Con toda esta película de desencuentros entre el fiscal general (celoso de su estatuto y que tiene un mandato de cinco años durante los cuales no puede ser destituido), el Gobierno del PP que cree que la persecución a Mas mediante querella le lavaría el frente a los irritados*aznares*que tiene dentro, los fiscales catalanes que se ‘rebelan’ –y sobre los que la guinda de*Carlos Floriano*es acusarlos de estar *“contaminados” por el ambiente catalán y tener miedo al nacionalismo–… lo que queda palmariamente claro es que el Gobierno ha alcanzado niveles de incompetencia inimaginables hace poco.

Los fiscales catalanes no son partidarios de la querella porque el asunto ya está en los tribunales, pero lo más grave es que creer que la respuesta conveniente al 9-N es perseguir a Artur Mas indica miopía política, ya que la querella puede convertirle en un mártir y aumentar su popularidad

Los fiscales destinados en Cataluña tienen razón en que el asunto ya está en los tribunales y la Fiscalía tendrá que definirse. Pero lo peor es que, en el frente político, convertir al*president*en un mártir es un buen negocio para Artur Mas.*Es una* campaña de propaganda*low cost*para “el*partit*del*presiden*(el partido del presidente), la excusa para enterrar a CDC –quemada por el caso*Pujol–, una ayuda para relegar a ERC en el campo independentista… y quizás la rampa de lanzamiento de unas elecciones anticipadas.

El lunes por la noche una persona próxima a*Duran i Lleida*me comentaba que la cúpula de Unió creía que sería inevitable montar una lista propia si Artur Mas apostaba de forma unívoca por la independencia. De repente se interrumpió: “Claro que si hay una querella contra el presidente y contra la vicepresidenta (es de Unió), entonces todo cambia, entonces todos con el*president”.

Que el fiscal general no entendiera la deriva sería natural. Sólo está para defender la legalidad y no está obligado a tener en cuenta otras consideraciones. Que no lo razone el presidente del Gobierno de España, que afronta una situación muy delicada en Cataluña, es casi incomprensible.

Y sólo veo tres hipótesis. Acosado por los problemas ha perdido el norte y reacciona de forma imprevisible. O cree que al independentismo se le puede vencer sólo aplicando la ley y recurriendo a los tribunales (desde el Constitucional a la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña). Es un error porque no sólo*Pedro Sánchez, que recibe*inputs*del PSC, ha dicho de forma solemne que el conflicto con la Generalitat es un problema político que no se resuelve en los tribunales, sino que incluso un general –el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra*Domínguez Buj– vino a decir ayer, citando a otro general americano de la guerra de Irak, que la batalla debe ganarse en la mente y los corazones de todos los españoles, para que asuman que es mejor seguir siendo españoles que apostar por la independencia.

Así están las cosas. Crisis de la Fiscalía por las presiones del Gobierno y las interferencias públicas de cuadros del PP de segundo nivel; Artur Mas ganando la batalla por 3 a 0 (hasta el momento); 2,3 millones de catalanes molestos porque se quiera perseguir penalmente a quien ha puesto unas urnas de cartón a las que ellos han acudido, un general importante, y al parecer bienintencionado, apelando a ganar los corazones de todos los españoles…

El 9-N Artur Mas ganó. Pero lo peor es que*el Gobierno ha perdido los papeles y reacciona como un boxeador noqueado. Esperemos que sea un mal temporal… pero ya han pasado nueve días.

Pasadas las diez de la mañana comenzó la Junta de Fiscales de Sala que Eduardo Torres-Dulce convocó este lunes para ordenar la presentación de una querella criminal contra el presidente catalán, Artur Mas, y otros miembros de su Ejecutivo por violar la suspensión judicial de la seudoconsulta de autodeterminación del 9-N, entre cuyos afectados también está la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. La querella pondrá fin a una semana de tiras y afloja y acusará a los mandatarios de desobediencia al Tribunal Constitucional, malversación, prevaricación, obstrucción y usurpación de funciones por su papel en la organización del 9-N.

La decisión del fiscal general de convocar a su cúpula es la respuesta oficial a la comunicación del lunes en la que la Fiscalía Superior de Cataluña le indica que, por el momento, no ve motivos para iniciar acciones penales contra Mas y el resto de denunciados. El escrito llevaba la firma del fiscal superior, José María Romero de Tejada, después de que seis de los nueve fiscales del tribunal superior descartaran la existencia de delitos en celebración del «proceso consultivo» del 9-N pese a estar suspendido por el Constitucional.

La Junta de Fiscales de Sala se reúne en estos momentos en cumplimiento del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, dadas las discrepancias insalvables entre los fiscales catalanes y el propio fiscal general, que sí considera que debe formularse la citada querella por al menos un delito de desobediencia. Es la forma legal de frenar la 'rebelión' de los subordinados catalanes e imponer su criterio superior jerárquico.

Las diferencias de criterio se resolverán en dicho cónclave por parte de Torres-Dulce, aunque las fuentes jurídicas consultadas aseguran que la decisión ya está tomada y se trata de una mera escenificación para lograr un amplio consenso sobre una decisión tan importante como actuar penalmente contra el presidente catalán.

La cúpula fiscal la preside el Fiscal General del Estado y la integran el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, todos los fiscales de Sala y, como secretario, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Jaime Moreno Verdejo. Es un órgano consultivo, no vinculante. Torres-Dulce estaba obligado a convocarla para oír a sus integrantes antes de actuar. Lo conforman fiscales del Supremo, de la Audiencia Nacional y de las fiscalías especializadas. Precisamente, Navajas ha sido uno de los más activos para la formulación de la querella, señalan las citadas fuentes, que destacan su preocupación por las presiones políticas recibidas por la fiscalía superior de Cataluña para que no actuara

La culpa de que se aprecien "obstáculos jurídicos" para querellarse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por desobedecer al Tribunal Constitucional, la tiene el propio Tribunal Constitucional. Así se desprende del informe elaborado por los miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña, para los que es "discutible" que haya habido una "orden" del TC para que la consulta soberanista se llevara a cabo.

En el dictamen, conocido por EL MUNDO, los fiscales de Cataluña llegan a sostener que "la convicción del TC" a la hora de parar la consulta "ha resultado limitada" porque la medida cautelar viene impuesta por la Constitución, "y con ello cabe plantearse si podemos hablar propiamente de una desobediencia a la 'voluntad' del órgano decisorio".

El informe suscrito por unanimidad por la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña parte de la afirmación, como "hecho notorio", de que el pasado 9 de noviembre se celebró en Cataluña una "consulta [sic] planificada y auspiciada por el Govern de la Generalitat", en la que se llamó a los catalanes a "pronunciarse mediante voto escrito y secreto sobre el futuro político de Cataluña, y en concreto, sobre si debía constituirse en un Estado y si ese Estado debía ser independiente de España".

Los nueve fiscales de Cataluña también dan por cierto que una página web de la Generalitat sirvió "de órgano institucional de referencia para difundir los mensajes propagandísticos de la Generalitat en los que se animaba a los ciudadanos a participar en la consulta". Desde ese sitio web se organizaron aspectos de la consulta, como la propia papeleta a utilizar, que se ofrecía en formato descargable.

Los fiscales de Cataluña también recogen en su dictamen contrario a la querella contra Artur Mas la providencia dictada el día 4 por el TC, en la que, tras la impugnación del Gobierno, el Alto Tribunal acordó suspender el llamado "proceso de participación ciudadana".

Objeciones

A partir de ahí, los fiscales que actúan en el Tribunal Superior de Cataluña aprecian "objeciones" que "dificultan sobremanera la viabilidad" de una querella por desobediencia contra el presidente de la Generalitat y otros miembros del Govern.

El primer reparo se centra en que, a su parecer, "resulta discutible la existencia de una 'orden', entendida como la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta". Los fiscales de Cataluña señalan que, a tenor de la providencia del día 4, "cabría entender que el acuerdo [de suspensión] alcanza a 'todas' las actuaciones de la Generalitat en relación con el autodenominado proceso de participación, cualquiera que sea su naturaleza o trascendencia".

"La ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos", señala el informe. Y "la providencia del TC tampoco se dirige a un destinatario concreto".

Es "obvio", dicen, que Artur Mas se hallaba en disposición de conocer la resolución del Constitucional porque se le notificó a él, "pero también lo es que no ha habido requerimiento alguno a persona concreta o determinada por parte" del TC.

"La omisión de tal requerimiento parece responder a una decisión meditada por el Tribunal emisor de la resolución", consideran los fiscales de Cataluña, que subrayan que el abogado del Estado pidió expresamente al Constitucional que en el acuerdo de suspensión de la consulta incluyera un recordatorio de las responsabilidades en las que podrían incurrir quienes incumplieran la medida cautelar.

"Pues bien", destacan los fiscales de Cataluña, "ese inciso no fue recogido en el texto de la resolución [del TC], sin que quepa inferir que en asunto de tanta trascendencia fuese debido a un olvido involuntario".

Suspensión inmediata

Señalan también que "no puede desconocerse" que la consulta soberanista fue suspendida de forma automática en cuanto el Gobierno presentó su recurso, de acuerdo con el artículo 162.1 de la Constitución. Según este precepto, la impugnación por el Ejecutivo de una disposición o resolución de un órgano autonómico produce su paralización inmediata. Esto es, el TC "debe acordar la suspensión sin más trámite", indican los fiscales de Cataluña.

"Así pues", interpretan, "no cabe duda de que, dadas tales circunstancias, la convicción del Tribunal Constitucional ha resultado limitada por la invocación de la norma constitucional contenida en el artículo 161.2 y con ello cabe plantearse si podemos hablar propiamente de una desobediencia a la 'voluntad' del órgano decisorio".

El último argumento de la Junta de Fiscales del Tribunal Superior catalán no concierne a la actuación del TC, sino al legislador. El dictamen pone de manifiesto que el Código Penal tipificó en 2003 un delito específico para sancionar a la autoridad o funcionario que, careciendo de competencia, convocara consultas populares por vía de referéndum.

"Las razones que movieron al legislador a derogar en 2005 dicho precepto escapan a nuestra valoración, pero abundan en el argumento de que, ante una conducta de cierta complejidad típica, como la que se desarrolló en el territorio de Cataluña el pasado día 9, dirigir la respuesta penal a un delito de desobediencia común puede hallar indeseadas áreas de impunidad", concluyen.

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Le doy al me gusta...porque aunque por motivos radicalmente distintos...pero estamos de acuerdo en la querella contra Mas.

tambien uno puede gustarle una informacion aunque no la comparta...lo importante es que tengamos dialogo desde posiciones distintas pues aunque no creo que nos convenzamos si aprenderemos entre nosotros y eso hara que podamos entender lo que otros dicen ...saludos constitucionales

Totalmente de acuerdo y sin peros.
Pero...jeje...si estamos de acuerdo los dos... en la interposición de una querella a Mas, es que algo falla. ;-)