El número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, va a ser investigado por partida doble. Por un lado, a través de la Agencia Tributaria, cuyo titular, Cristóbal Montoro, explicó ayer que «falsear la posición del sujeto pasivo» siempre ha estado prohibido legalmente y ha sido perseguido por las autoridades tributarias, pero ahora hay un mayor número de inspecciones que hacen aflorar casos.
Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) va estudiar si Monedero ha incumplido la Ley de Incompatibilidades –a la que está sujeta como profesor-funcionario de Ciencias Políticas de la UCM– al facturar como empresario de su propia sociedad «Resistencia Motiva 2» y viajar como asesor a Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador sin haber solicitado previamente un permiso a la Universidad pública, para la que debería trabajar a tiempo completo.
A raíz de las informaciones publicadas por este periódico, en las que se denunciaban las sospechas de los profesores del centro de la incompatibilidad de actividades del cofundador de Podemos, el rector de la UCM, José Carrillo, que hasta entonces se negaba a facilitar datos sobre la posible ilegalidad de Monedero, se ha visto obligado a abrir una «información reservada» con la que únicamente será advertido de la situación laboral del número tres del partido de Pablo Iglesias. Una irregularidad prácticamente asumida por el propio Monedero, que a mediados de diciembre se apresuró a solicitar la compatibilidad de las dos tareas que no obstante lleva al menos más de un año desempeñando.
Pese a esto, Carrillo ha descartado la opción de abrirle un expediente disciplinario y ha optado por este procedimiento que no conlleva sanciones y que, además es confidencial y no tiene un plazo límite de ejecución. De esta manera, a Monedero sólo se le abrirá un expediente sancionador en el caso de que el rector, que esta primavera se enfrenta a unas elecciones internas y que tiene en Podemos uno de sus aliados, así lo decida.
Según fuentes universitarias consultadas por este periódico, si se le hubiera abierto un expediente sancionador, Monedero se expondría por su presunta incompatibilidad a una sanción «grave» o «muy grave» contempladas en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público y que conllevan una suspensión que va desde los tres hasta los seis años. No obstante, con la apertura de una «información reservada», Carrillo podrá dejar el «caso Monedero» en una simple solicitud de documentación por parte de la Inspección de Servicios de la Universidad al número tres de Podemos y al departamento laboral del centro.
Al igual que sucedió con su compañero de partido, Íñigo Errejón, que percibió un sueldo de la Universidad de Málaga por un contrato de investigación al que apenas dedicaba unas horas, la presunta incompatibilidad de Monedero se destapó a raíz de conocerse que el número 3 de Podemos habría facturado en dos meses 425.150 euros por supuestas labores de asesoramiento a diferentes países de Latinoamérica que se niega a justificar.