Ana Moreno ha tenido que dar un giro radical a su vida solo por pedir un derecho constitucional: que sus hijos se escolaricen en castellano, lengua cooficial en Cataluña, comunidad en la que reside. Después de seis meses de silencio –su caso fue abordado en los medios de manera anónima–, esta madre se decide ahora a hablar sin tapujos sobre el «caro precio» que han tenido que pagar ella y su familia por reclamar enseñanza en español en Cataluña.
Según explica, el acoso institucional y político que han sufrido la ha obligado ha vender su negocio y a trasladar a sus hijos a un colegio situado a 30 kilómetros de Balaguer (Lleida) la ciudad en la que residen. «Yo me he quedado sin negocio y mis hijos tienen que hacer una hora de trayecto por la mañana o por la tarde para ir al colegio», asegura esta madre.
Su voz se quiebra al recordar algunos episodios que, según denuncia, han sufrido sus hijos a raíz de su iniciativa. «Es muy duro oír como un niño de cinco años dice que ya no puede ser amiga de tu hija por ser quien es», dice.
«Darles una infancia feliz»
Ana acudió a los tribunales para pedir más clases en español para sus hijos, de 4 y seis años, escolarizados en el Colegio Gaspar de Portolà de Balaguer, y la justicia le reconoció el derecho a un 25% de clases en esa lengua. En esos momentos, contó con todo el apoyo de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, que la asesoró con la denuncia.
Ese fallo judicial se convirtió en una auténtica pesadilla, según afirma esta madre, que se ha visto obligada a renunciar a este derecho. La presión ejercida por la comunidad educativa, los partidos políticos y las instituciones educativas, según denuncia, le obligó a colgar la toalla. «Mis hijos necesitan una infancia feliz y no estar toda la vida visitando psicólogos», concluye.
La Generalitat admite que 40 familias se acogen a la vía Lomce
La Generalitat admitió ayer, por primera vez, que un total de 40 familias ya escolarizan a su hijos en castellano en Cataluña gracias a la vía abierta por la nueva ley educativa (Lomce).
Así lo anunció ayer la consejera catalana de Enseñanza, Meritxell Ruiz, en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta del PP catalán . Ruiz afirmó que se ha ofrecido a estos alumnos plaza en centros públicos. Reconoció, no obstante, que en ellos la opción era «cursar solo una materia en castellano», mientras que la Lomce garantiza educación bilingüe plena.
La diputada del PP, María José García Cuevas, reprochó durante la sesión parlamentaria que se insta a las familias a tomar una decisión en una semana y que los centros ofrecidos están a hasta «40 kilómetros» de distancia del domicilio.
Además, la diputada popular cuestionó «por qué la Generalitat no ofreció estos centros» cuando las familias pidieron las clases en castellano. Asimismo, García Cuevas puso en duda que ofrecer una hora más en castellano suponga un cambio sustancial en relación a la inmersión lingüística en catalán.