Treinta y cinco años después del Manifiesto de los 2.300 a favor de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña, la situación dista de haber cambiado. Al contrario, cada vez son más frecuentes los casos de discriminación y las normativas autonómicas que pretenden erradicar el idioma español de los centros de enseñanza, de las administraciones, de los medios públicos de comunicación, así como su uso social.
Las prácticas censoras se han extendido por todas las comunidades bilingües, lo que ha provocado que doce entidades hayan sumado esfuerzos para denunciar la hostilidad de las autoridades contra el español y las discriminaciones por utilizarlo en España.
Las entidades son: Impulso Ciudadano (Cataluña), Galicia Bilingüe, Fundación Círculo Balear, Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística del País Vasco, Sociedad Civil Navarra, Círculo Cívico Valenciano, Asociación Lengua Común (Aragón), Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, Asamblea por la Escuela Trilingüe en Baleares, Escuelas Infantiles de Pamplona, Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana y Asociación por la Tolerancia (Cataluña).
Uno de los principales promotores del manifiesto, veterano activista por los derechos lingüísticos y presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha afirmado que "el objetivo principal de esta iniciativa es reivindicar el concepto de comunidad castellanohablante como sujeto de derechos lingüísticos para sus integrantes".
Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe, presentó un informe sobre la situación lingüística en las Comunidades Autónomas con cooficialidad, en el que se refleja la vulneración de los derechos de la comunidad castellanohablante en el ámbito oficial. También hablaron Ernesto Ladrón de Guevara, fundador del Foro de Ermua; de Francisco Aucejo, portavoz de Círculo Cívico Valenciano y de la catalana Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, así como miembros de varias familias que han denunciado las presiones sociales y políticas sufridas por reivindicar la educación en castellano para sus hijos. Se trata de los casos de Ana Moreno (Balaguer, Lérida), Agustín Fernández (Mataró, Barcelona) y María Carrasco (Mallorca).
Para adherirse a sus propuestas, las asociaciones han creado una página web, castellanohablantes.es. Esta plataforma pretende reunirse con todos los partidos para solicitarles que "adquieran un compromiso a favor de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, en aras de la cohesión social en todo el territorio nacional".
Sus principales reivindicaciones son: "el derecho a recibir la enseñanza en castellano; a dirigirnos en castellano a cualquier Administración Pública, y a ser atendido en nuestro idioma sin demora y sin obligaciones añadidas; a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como de las indicaciones escritas en la señalización viaria; el reconocimiento de la oficialidad plena del castellano en la redacción de cualquier documento público".
También apuntan "el derecho de las empresas privadas a establecer el castellano como lengua de trabajo y a relacionarse y comunicarse con sus clientes en este idioma; el derecho a desarrollar actividades culturales y a disponer de servicios culturales en castellano, así como a una presencia equilibrada de nuestro idioma en los medios públicos de comunicación".
Sus reivindicaciones, incluyen que "el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos ha de ser compatible con el respeto y pleno desarrollo de los derechos de los ciudadanos de otras comunidades lingüísticas en los territorios con cooficialidad lingüística".
