Catalunya-España 2015 (cosas que pasan)

Catalunya ha monopolizado la entrevista de Soraya Sáenz de Santamaría en la COPE. "La hacía en Barcelona", le ha dado la bienvenida Carlos Herrera. "Estoy aquí pero podría estar en Barcelona", ha respondido la vicepresidenta.

"Veo en la sociedad catalana un deseo de sentir mucho más cercana al Gobierno de la nación. Es bueno que el Gobierno esté físicamente allí, que el presidente y los ministros podamos contar en primera persona lo que hacemos. Como no lo hagamos nosotros el afán independentista de contar únicamente su versión mucha gente ha podido pensar que no se estaba haciendo nada", ha señalado, para explicar por qué ha decidido pedir un despacho en la sede de la delegación del Gobierno.

En este sentido ha lamentado que la bienvenida de la Generalitat haya sido la convocatoria de una cumbre sobre el referéndum. "Cada uno se va retratando con sus actuaciones. Durante mucho tiempo se quejaban de que no había diálogo con el Gobierno y cuando lo hace toman un determinado tipo de actuaciones". En este punto ha aconsejado a Carles Puigdemont y a los independentistas que aprovechen la cumbre para reflexionar si quieren un 9-N 2. "No vamos a autorizar que el referéndum se celebre. Hay instrumentos de todo tipo. Espero que la Generalitat reflexione. Invito a los independentistas y a la Generalitat a que reflexione si es oportuno repetir algo que no sirvió para anda".

"El Gobierno es muy dialogante dentro de la ley, pero el Gobierno va a hacer que se cumpla la ley", ha señalado en referencia al referéndum. Sobre las 46 peticiones del ejecutivo catalán ha señalado que se podía hablar de todas ellas menos una. "Son 45+1, porque ningún Gobierno puede autorizar que una parte se separe. De los otros 45 otras, aunque algunas me recuerden a la CUP, podemos hablar". Tras destacar que en el 40% de conflictos competenciales que Gobierno y Generalitat han llevado al Constitucional, se ha mostrado optimista de conseguir que se llegue a más acuerdos en estas materias en las comisiones bilaterales.

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Daurella dijo sí a colaborar con el independentismo: ¿quién dijo no?
Banco Sabadell, Agrolimen, Puig, Grífols, Roca, Esade y Adrià se zafaron de las presiones de la Generalitat para entrar en Diplocat

5 min
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Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners, en el centro del debate soberanista / FOTOMONTAJE CG
XAVIER SALVADOR @xavier_salvador13.12.2016 00:00 h.
Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell; Artur Carulla, de Agrolimen; Marc Puig, de Perfumes Puig; Victor Grífols, de Grifols; fueron objetivo prioritario del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat). Todos ellos son vistos como grandes empresarios catalanes con negocios importantes en el extranjero y con proyección internacional, una palanca reputacional para la causa del independentismo catalán. Y todos tienen en común que declinaron la invitación a participar en el nuevo organismo, al contrario que la presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol Daurella.

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Otros que también esquivaron de forma más o menos directa la invitación para formar parte del consejo de Diplocat fueron el incombustible abogado Miquel Roca Junyent, padre de la Constitución y defensor la infanta Cristina de Borbón en el Caso Nóos, y Eugenia Bieto Caubet, directora general de la escuela de negocios Esade.

COLABORACIONES DE SEGUNDA LÍNEA

Diplocat se ha tenido que conformar con la adhesión a su causa de los business schools catalanes de segunda línea y sin reputación internacional, como son EADA Business School, Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) e Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI). Entre las grandes ausencias destaca también la del gastrónomo catalán más internacional, el cocinero Ferran Adrià, que fue ilocalizable durante semanas para los organizadores del polémico consejo.

El flamante consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, no disimula el interés que atesora esta política de adhesiones a la causa soberanista. “El mayor recurso natural de Cataluña es su gente”, sostiene, a la vez que deja claro que todos contribuirán a “ganar capacidad de incidencia internacional y a presentar los activos del país en la escena internacional”.

DECEPCIÓN DEL EQUIPO DE ROMEVA

El problema es que ha tenido que hablar de su gente y no de sus empresas, reconoce en privado su equipo de colaboradores. La única compañía que se ha asociado de forma indirecta a Diplocat es la Coca-Cola de Sol Daurella. Mientras, el resto de empresarios catalanes con recorrido y proyección internacional no están en el organismo ni se les espera.

Otras fuentes más críticas con el procés creen que entre los que han decidido adherirse al proyecto de propaganda soberanista sólo destacan las figuras más habituales utilizadas por el independentismo: la cocinera Carme Ruscalleda, el futbolista Xavi Hernàndez, el economista Xavier Sala i Martín o la religiosa Sor Lucía Caram.

CAMPAÑA CONTRA COCA-COLA

Según medios empresariales, lo único destacable e inédito es la presencia en Diplocat de Daurella, la gran dama de oro de la Coca-Cola en España y Europa, que primero trasladó la sede de Barcelona a Madrid con la fusión de Coca-Cola Iberian Partners y después a Londres con Coca-Cola European Partners. La empresaria casada con el hombre de negocios Carles Vilarrubí (próximo a Artur Mas y a la antigua CDC) es también consejera de Banco Santander.

Reconocen que sin la participación y la reputación empresarial de Daurella no se hubiera obtenido una dimensión pública de las funciones y del sentido del Diplocat en Madrid, ni hubiera tenido ninguna trascendencia incluso en Barcelona. A Daurella, por el contrario, su inopinado atrevimiento le está costando soportar una campaña que llama al boicot de los productos de la compañía en redes sociales. Las principales críticas a la adhesión están azuzadas por los sectores más conservadores y radicales del españolismo, críticos con el apoyo de Daurella a los gobernantes independentistas.

ESPAÑA / EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA
Albiol: «Mientras el PP gobierne, en Cataluña no habrá ningún referéndum»
Larazon.es. Hace 17 minutos 2

El coordinador del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, ha dejado claro hoy que "mientras gobierne el PP, en Cataluña no se va a celebrar ningún referéndum para separarnos del resto de España».

¿A quién le importa lo que diga Albiol? Ya no le escuchan ni en su partido.

El TC suspende de forma cautelar la resolución del Parlament que tramitó el referéndum de 2017
Vuelve a apercibir a Forcadell de las consecuencias de una eventual desobediencia

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La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell
La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell - INÉS BAUCELLS
NATI VILLANUEVA
14/12/2016 12:35h - Actualizado: 14/12/2016 12:46h.
Guardado en: España
El Tribunal Constitucional ha acordado tramitar el incidente de ejecución de sentencia presentado por la Abogacía del Estado en relación con la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de octubre que prevé la convocatoria de un referéndum para 2017. De esta forma, la resolución queda suspendida de forma cautelar hasta que el tribunal entre en el fondo del asunto.

Según el abogado del Estado, la citada contraviene la sentencia que hace un año declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015».

Contravendría también los autos con los que el Tribunal estimó dos incidentes de ejecución anteriores: el que preveía la creación de comisiones parlamentarias y el que ratificaba el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

Los magistrados acuerdan notificar personalmente su decisión a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; a los demás miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, al Secretario General del Parlamento de Cataluña, así como al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Como ya hizo en la última ocasión, el Pleno les advierte de su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

Precisamente, a raíz de una querella de la Fiscalía, Forcadell ya tiene una causa abierta en el TSJ de Cataluña por haber desobedecido al TC al permitir la votación de una resolución que se encontraba suspendida.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado tramitar la petición del Gobierno de que se anule la resolución del Parlament que aprobó la celebración de un referéndum por la independencia en 2017. En concreto, el escrito de la Abogacía del Estado considera inconstitucionales los capítulos de la resolución aprobada el 6 de octubre titulados "Referéndum" y "Proceso Constituyente", ambos dentro del Título dedicado a "El futuro político de Cataluña".El Pleno acuerda también la suspensión cautelar de los apartados recurridos, una suspensión que se produce de forma automática cuando así lo solicita el Gobierno. El Ejecutivo presentó un nuevo incidente de ejecución de sentencia al estimar que lo aprobado vulnera la sentencia del TC que en 2015 declaró inconstitucional la resolución que ponía en marcha el proceso de desconexión. También contravendría lo resuelto por el TC en otros dos incidentes de ejecución de sentencia que concluyeron con la anulación de la creación de comisiones parlamentarias (auto de 19 de julio de 2016), y la ratificación del informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.El Pleno ha trasladado el escrito de la Abogacía al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña para que en el plazo de 20 días formulen las alegaciones que consideren. Conforme a lo solicitado por la Abogacía, el TC acuerda notificar personalmente la suspensión a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, así como a los demás miembros de la Mesa del Parlament, al secretario general del Parlamento de Cataluña, así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat. El Pleno les advierte de su deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".