Catalunya-España 2015 (cosas que pasan)

Entre la publicación o revista del cava que yo te enlacé y el artículo de esdiario, sesgado y con cierto tufillo catalanofóbico... evidentemente me quedo con el primero.

Nace la plataforma Concordia Cívica para «sumar y no dividir a los catalanes»
Aglutina a diversas entidades contrarias al referéndum y su cara visible es la catedrática Freixes

Dirigentes de PP y de Ciudadanos arroparon ayer el lanzamiento de la plataforma Concordia Cívica en un acto en L’Hospitalet
Cataluña cuenta desde ayer con una nueva entidad contraria a la división de los catalanes y favorable a la concordia con todos los pueblos de España. Se trata de Concordia Cívica, una plataforma que promete combatir con argumentos el soberanismo y dar cabida al mayor número posible de personas. Su puesta de largo se celebró en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en un auditorio abarrotado. La catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes fue la encargada de presentar el acto.

El evento contó con la presencia y apoyo de destacados políticos del bloque constitucionalista, como Albert Rivera, de Ciudadanos, o Xavier García Albiol del PP catalán, entre muchos otros.

Freixes señaló que «los constitucionalistas catalanes han sido un ejemplo» y, sobre todo, destacó que «estamos aquí para sumar, no para dividir», una frase muy aplaudida por la audiencia, como muchas otras a lo largo del acto. Concordia Cívica pretende aglutinar a diversas entidades no soberanistas de Cataluña. Según Freixes, se trata de un proyecto formado por personas que están «presentes en los debates, que quieren una Cataluña abierta y plural».

Respecto a la actual Generalitat, opinó que «se ha gobernado de forma sectaria, todo basado en la confrontación». Un concepto muy recurrente durante todo el acto. Insistió Freixes en que «es mejor lo que nos une que lo que nos separa, ahora tenemos que salir a la luz».

Concordia Cívica nace con el espíritu de aglutinar a las entidades no soberanistas de Cataluña para ayudarlas a estar presentes en la opinión pública catalana «copada por el nacionalismo excluyente». En la rueda de prensa previa al acto de L’Hospitalet, Freixes, que será la cara visible de este movimiento, estuvo acompañada por el presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, y el presidente del Grupo de Periodistas Pi i Margall, Sergio Fidalgo, y explicó que Concordia Cívica también la forman personas que provienen de entidades como Sociedad Civil Catalana, Associació per la Tolerància, Convivència Cívica Catalana e incluso perfiles soberanistas contrarios a «cómo se lleva el proceso».

Asimismo, Freixes insistió en que Concordia Cívica «no nace para sustituir a nadie», sino que su objetivo es «ayudar» a que las entidades no soberanistas puedan incidir en la opinión pública de «un modo más organizado», así como ampliar su radio de actuación para conseguir su voz pueda oírse tanto en Madrid como en Bruselas».

«Evidentemente tendremos voz en el proceso soberanista a través de los medios de comunicación, en los barrios, las organizaciones cívicas, la enseñanza, el funcionariado y toda esta Cataluña silenciosa», aclaró.

Freixes también comentó que Concordia Cívica es un movimiento «transversal», sin «afiliaciones políticas ni partidistas», pese a la proximidad de dirigentes como el presidente de Ciudadanos y del PP . Según la catedrática, en la órbita de la entidad también habrá espacio para personas de Tercera Vía y Federalistes d’Esquerres.

Fuentes de Sociedad Civil explicaron a Efe que la entidad aún no se ha adherido a Concordia Cívica, aunque «lo estudiarán» tras el acto de presentación, al que acudió su presidente, Mariano Gomà. Por otro lado, Freixes avanzó que una de las posturas de su entidad es la defensa de que «no se haga» el referéndum planteado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya que «un gobierno legítimo no puede promover un referéndum fuera de la ley». En caso de convocatoria de un referéndum legal, dijo, Concordia Cívica «debería pensar qué defender», aunque «la mayoría no cree que Cataluña deba separarse».

No hay marcha atrás. Francesc Homs, el diputado de Partido Demócrata de Cataluña (la antigua Convergència), se sentará en el banquillo de los acusados por su participación en la consulta ilegal celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha dictado este viernes el auto de juicio oral contra el diputado y antiguo consejero de Presidencia de la Generalitat por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave como autoridad pública. Homs tiene diez días para presentar su escrito de defensa.

Una vez dado este paso, Homs será juzgado sí o sí en el Tribunal Supremo, incluso aunque renunciara a su escaño en el Congreso para perder la garantía del aforamiento. El juez que ha investigado a Homs recuerda la doctrina del Supremo según la cual a partir de este momento este tribunal es el competente para enjuiciar al diputado de Convergència, aunque renuncie en cualquier momento a su fuero. La Fiscalía del Tribunal Supremo pide para él 9 años de inhabilitación al argumentar que Homs «era plenamente consciente» de que actuó en contra del criterio del Tribunal Constitucional cuando impulsó la consulta.

Crece la preocupación en el Gobierno tras los contactos en Cataluña
Decepción en La Moncloa por la ausencia de «gestos» por parte del Ejecutivo autonómico catalán que inviten a pensar en un cambio positivo

El optimismo que había en La Moncloa ante la «operación diálogo» abierta en Cataluña ha caído varios grados en las últimas semanas, al hacerse balance del resultado de los contactos que se han visto hasta ahora, y que no han servido siquiera para convencer al presidente de la Generalitat de que asistiera a la Cumbre de Presidentes autonómicos en el Senado. El Gobierno ha comprobado la «cerrazón» que existe entre los independentistas, decididos y volcados casi de forma exclusiva en la tarea de convocar un referéndum ilegal. Pero en La Moncloa sobre todo ha inquietado la ausencia de voces críticas, o al menos disonantes, dentro de las formaciones políticas que exigen ese referéndum.

Después de los contactos que se han producido en las últimas semanas, encabezados por la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ahora la vista está puesta en una próxima reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno ya anunció la semana pasada que será en días próximos. Ayer, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, confirmó que la reunión aún no tiene cerrada la fecha,«pero se producirá, y es bueno que así sea».

Tanto Rajoy como Puigdemont se han intercambiado mensajes, en público y en privado, sobre su disposición a verse. Tras la Conferencia de Presidentes, el jefe del Ejecutivo volvió a tender la mano al dirigente autonómico, aunque le advirtió de que no permitirá que haya soluciones a la catalana para problemas que afectan a todos los españoles. Es decir, que no habrá la «relación bilateral» que exige el presidente de la Generalitat, para diferenciarse del resto.

La cita se producirá pero en La Moncloa esperan que sea productiva, que no sirva para visualizar una colisión irremediable. Por eso, el Gobierno está trabajando, a través de todos los ministerios, en el documento que ha bautizado como «45+1», que Puigdemont entregó a Rajoy en mano en La Moncloa el pasado mes de abril. Se trata de 45 medidas, en distintos ámbitos, sobre las que el Gobierno está dispuesto a hablar y llegar a un acuerdo, y una más, la del referéndum de independencia, que el Ejecutivo deja totalmente al margen, porque no está dispuesto a que se ponga sobre la mesa una ilegalidad como esa.

Problemas de la gente
Esa reunión y la agenda de los «45» puntos son la principal baza que queda para reconducir la situación y abrir el diálogo «a los problemas que preocupan a la gente», como insiste en decir el Gobierno.

Hasta el momento, los resultados han sido escasos, al menos en lo que se refiere a bajar la tensión y la presión independentista. Tras el último viaje de Soraya Sáenz de Santamaría a Barcelona, la semana pasada, entrevista con Oriol Junqueras incluida, la inquietud en La Moncloa creció un poco más, al comprobar que no hay avances constatables, en el ámbito declarativo ni tampoco en privado, que hagan pensar que puede producirse una renuncia a la escalada secesionista. No hay una sola declaración entre los independentistas, por un lado, que haya permitido ver un resquicio de moderación o cambio, y en las conversaciones privadas los miembros del Gobierno tampoco han percibido matices al discurso independentista puro y duro. En las reuniones no se han encontrado con renuncias, parciales al menos, al proyecto secesionista.

El Gobierno puso en marcha la «operación diálogo» tras la investidura de Rajoy. Se trataba de dar más presencia al Ejecutivo en Cataluña, y demostrar su disposición al diálogo con todos los sectores, políticos y sociales, de esta Comunidad. Sáenz de Santamaría hizo uso de un despacho en la Delegación del Gobierno para llevar a cabo esta tarea, y multiplicó sus actos y reuniones en Barcelona. El Gobierno logró descolocar a los secesionistas, según creían en La Moncloa, pero al mismo tiempo esperaba un gesto por parte de la Generalitat. La Conferencia de Presidentes era una buena oportunidad para ello, pero la ausencia de Puigdemont, que arrastró consigo a Urkullu, fue un golpe de realismo.

Ahora, en La Moncloa admiten su «decepción». «Siempre ha habido preocupación, pero es verdad que ha aumentado» en las últimas semanas, confiesan las fuentes consultadas. «Existe una cierta decepción» por el resultado del diálogo hasta ahora, insisten.

La mano tendida del Gobierno siempre ha sido para hablar de «los problemas reales», porque su mensaje de firmeza frente a las ilegalidad sigue intacto. Así lo recuerdan las fuentes de Moncloa consultadas: «Se va a responder a cada acción ilegítima, con proporcionalidad, pero sin permitir que se traspase una sola línea roja». De hecho, Rajoy ha recordado una y otra vez que no permitirá un referéndum que vaya contra la soberanía nacional y la unidad de España.

Las líneas rojas
«El proceso no va a prosperar y no va a haber independencia», advierten en el Gobierno. El problema no es ese, porque no se va a permitir ninguna ilegalidad. «Las líneas rojas son irrenunciables». La cuestión, subrayan, es que la Generalitat está perdiendo tiempo y oportunidades para hablar de otros asuntos y evitar el choque de trenes.

Mientras tanto, el diálogo va a continuar entre los miembros del Gobierno de la Nación y los del autonómico catalán. El ministro de Educación está en contacto directo con la consejera de Educación, con la que habla del Pacto Nacional por la Educación. El titular de Fomento también tiene su interlocución, así como el de Hacienda o Economía y el resto. «No nos cansaremos de invitar al diálogo, porque es positivo para la gente», insistió ayer el ministro portavoz.

Contactos en Economía
Uno de los últimos contactos que se ha producido ha sido el de la negociación del Decreto-Ley de medidas de protección de consumidores en materia de cláusula suelo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó ayer que ha habido conversaciones con los nacionalistas catalanes, tanto con la antigua Convergencia como con ERC, pero finalmente estos no se han sumado al acuerdo, suscrito por el PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria.

El ministro no quiso incidir en una falta de encuentro que en otros tiempos posiblemente no se habría producido. Lo cierto es que mientras De Guindos anunciaba la aprobación de este Decreto-Ley, el Tribunal Supremo llevaba al banquillo a Francesc Homs, por su papel el del 9-N. El ministro portavoz se refirió a este asunto: «Nadie tiene privilegios ante la ley».

Este artículo que citas hay que leerlo en paralelo junto a este otro (destaco en negrita lo que creo más relevante, y dan sobrada cuenta de las causas de esa "preocupación por el fracaso absoluto de la llamada "Operación Diçalogo"):

(http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/trastienda-reunion-soraya-santamaria-junqueras-5737683)

La trastienda de la reunión Santamaría-Junqueras: "Hay que hablar mucho"

La nula concreción en hechos de la 'operación diálogo' de Rajoy desconcierta a la Generalitat

ELISENDA PONS

Miércoles, 11 de enero del 2017 - 20:08 CET

Una vez finalizada su reunión con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el vicepresidente Oriol Junqueras abandonó la Conselleria d'Economia y se dirigió al Palau de la Generalitat para departir con el ‘president’ Carles Puigdemont. Ya por la tarde y a lo largo de la mañana del miércoles, fuera a micrófono abierto o bien en privado, a sus colaboradores más cercanos, el líder de ERC expresó su gran sorpresa por la falta de concreción del Gobierno central en su llamada ‘operación diálogo’.

"Hay que hablar mucho". Esta es una de las frases más repetidas, según fuentes del Govern, por Santamaría en su encuentro del martes cuando Junqueras le inquiría sobre la manera de solucionar asuntos candentes sobre la mesa. Cualquiera de los 45 de la lista de 46 que, sucesivamente, Artur Mas y Puigdemont presentaron a Mariano Rajoy en sendas reuniones en la Moncloa.

"Otros gobiernos prometían y luego incumplían sistemáticamente", apunta una voz conocedora de los entresijos negociadores de los últimos meses, y que pone como ejemplo el famoso plan de Rodalies de José Luís Rodríguez Zapatero que debía arreglar la red ferroviaria existente, por un importe de 4.000 millones, y que al final se ha quedado en casi nada. "Estos ni prometen", sigue la cita fuente para sentenciar: "Pero es que ni 50 millones para Rodalies, ni el Corredor Mediterráneo, ni el desdoblamiento de la N-II, ni la conversión de la casi decimonónica N-340 en la autovía A-7. Nada. Ni se esfuerzan por revestir con una pátina de credibilidad su adscripción al diálogo".

Como apuntó él mismo en RAC-1, Junqueras trató de "elevar" la conversación introduciendo aspectos macroeconómicos como el agotamiento del fondo de pensiones y, sobre todo, el tema-fetiche del vicepresidente, la deuda del Reino de España y qué pasará cuando suban los tipos de interés. ¿La razón? "Son asuntos que nos seguirán incumbiendo aun cuando seamos independientes", apunta una voz de la ‘conselleria’ de Economia. Fuera por lo que fuera, Sáenz de Santamaría no entró ni tan solo a abordar tales asuntos.

¿Y si no traía ningún conejo en la chistera y estaba claro que por el camino del referéndum (el 46º punto) no se iban a encontrar, cuál fue el motivo de la reunión? La vicepresidenta insistió y mucho en la necesidad de que el Puigdemont acuda a la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo día 17 en Madrid: “Vuestro presidente tiene que ir”, apuntan las mismas voces del Ejecutivo. Eso sí, la voluntad, e incluso el deseo de ver a Puigdemont por Madrid, se circunscribe a los encuentros multilaterales porque sobre la entrevista solicitada por el ‘president’ a Rajoy no hubo ni noticia ni avance.

EL PARALELISMO DE SORAYA

Con todo, la falta de propuestas de quien tiene la capacidad política y económico de hacerlas, el Estado, no es percibida como el principal torpedo contra la línea de flotación de la ‘operación diálogo’. Es la judicialización de la política catalana la que todos los sectores oponen al nuevo talante del PP en el Gobierno. Por esa razón, Junqueras apuntó el asunto y la respuesta fue en dos tiempos. Primero, negar toda vinculación política de los actos de la justicia, a lo que el vicepresidente recordó que el fiscal general del Estado está a las órdenes de quien está. Y, después, Sáenz de Santamaría adujo que a ellos [el PP] “también” sentían el peso de la persecución judicial, en referencia implícita a los casos de corrupción del partido. La comparación, o como mínimo el paralelismo, causó estupor en las filas catalanas.

Eso sí, todas las voces consultadas coinciden en que el tono de la reunión fue “muy cordial, con muy buen rollo”, como ya a ocurrido en las ocasiones precedentes en que se han entrevistado ambos vicepresidentes. Algo que encaja con uno de los principios básicos del obrar político de Junqueras, no solo como número dos de la Generalitat, sino también como líder de ERC: “Nos conviene ser claros en los contenidos e impecables en las formas”, ha repetido una y otra vez Junqueras a los suyos, ya fuera en la trinchera del ‘procés’ contra el Estado o en la más interna contra CDC y/o la CUP.

Bueno, ambos habeís traido dos opiniones de medios totalmente "unionistas" uno más que otro...pero ...me vais a permitir que yo aporte una conclusión en clave independentista a ese postureo, perdón..."supuesto" diálogo que nos ofrece el gobierno estatal... "Mano tendida que dice Solfam" jajaja...lo que hay que leer. ;-))

Como la hemos de entender, la llamada 'operación diálogo' del Gobierno en Cataluña, si las políticas recentralizadoras y la persecución judicial contra los cargos electos independentistas siguen? Si el diálogo efectivo de Soraya Sáenz de Santamaría comienza con reuniones con la oposición y no con el gobierno catalán? Si no hay ninguna rendija abierta (ni ninguna mayoría política en las cortes españolas) para pactar ningún referéndum? El gobierno español no ha concretado nada y la reforma constitucional es humo. ¿Por qué hay, de repente, todo este ruido tan vacío de contenido político real? Una de las teorías que toma fuerza entre algunos de los principales intelectuales del españolismo es que el gobierno de Rajoy ha visto que ya había hecho tarde, que el independentismo había ido demasiado lejos, y que antes de hacer uso abiertamente y declarada de las herramientas de coerción, el gobierno español tenía que cargarse de razones y tenía que quemar una última tentativa de eso que ha llamado 'diálogo'.

Quien expresó mejor esta tesis ha sido el periodista José Antonio Zarzalejos, uno de los más allegados a la Moncloa y los mejor enterados de lo que se hace y se deshace en relación con Cataluña. En un artículo publicado este fin de semana en El Confidencial, habla del trasfondo de esta operación diálogo 'y advierte sobre lo que llama' la independencia por vía de hecho ': considera que el Gobierno ha hecho tarde, al menos por a una reforma de la constitución que ve imposible por la falta de consenso político en un parlamento español fragmentado; puede haber hecho demasiado tarde y se puede encontrar obligado a tener que aplicar medidas coercitivas previstas en la constitución, como la suspensión de la autonomía. Pero antes, dice Zarzalejos, hay esta operación diálogo ': cómo se puede convencer de nada una Cataluña inmersa en un proceso independentista? ¿Qué puede ofrecer el estado si no es posible ni una mínima reforma de la constitución? Según él, ya que no se puede enmendar la constitución, sí se puede enmendar el estatuto de 2006, 'y por esta vía evitar el principio de efectividad independentista y eludir la coerción indeseable del 155 [suspensión de la autonomía de facto ] '. Este dice que es el objetivo de Sáenz de Santamaría.

El principio de efectividad
El periodista basa su teoría en las declaraciones de la catedrática de derecho internacional Araceli Mangas, una de las académicas más prestigiosas de España, en una entrevista en El Mundo hace varios días. Mangas es partidaria de la reforma de la constitución española: 'Tenemos que reformar esta constitución de manera que encontramos un proyecto atractivo para los catalanes y las jóvenes generaciones de españoles, un proyecto colectivo de nación que pueda anular el suyo y que los catalanes puedan decidir con el resto de España. Ella ve que este debería ser el camino del diálogo. Pero también ve que quizás es demasiado tarde. 'Ya estamos en una fase muy aguda en que el gobierno [español] se ha escondido tras los fiscales y el sistema judicial', dice.

Y avisa: 'Yo quiero prevenir: es posible que Cataluña acabe siendo un estado pleno si no se ponen límites a sus excesos estatitzants.' De esto dice 'principio de efectividad', es decir, 'Cataluña ha actuado ya de facto en demasiadas ocasiones. Y el derecho internacional confirma que un estado es producto de hechos '.

Zarzalejos suscribe esta tesis, y advierte también de una manera de hacer del gobierno catalán, que ejemplifica en Junqueras. Destaca el 'calladisme', equivalente al principio de efectividad '. Lo explica: 'Junqueras es contenido en las grandes declaraciones, limita drásticamente la épica verbal del secesionismo, negocia con cierto pragmatismo (véase la relación cordial que tiene con la vicepresidenta del gobierno) y espera que los acontecimientos vayan pasando.'

Y por eso lo ve peligroso, porque prevé que el estado no tenga más remedio que actuar por la vía coercitiva: La creación de una situación de hecho que excluya el estado de la vida pública catalana y en que la Generalitat y todos sus organismos se comporten de manera soberana. El gran riesgo que corre esta praxis es que el estado, sobrepasado, haga uso de las facultades legales coercitivas, lo que en última instancia también es un resultado calculado del "calladisme": si hubiera la coerción del Estado, el independentismo resultaría víctima del ejercicio de la fuerza por parte de España. '

Sin embargo, la jurista prevé: 'Es probable y posible que, llegado el momento, el estado tenga que utilizar todas las medidas coercitivas con que dota de legalidad interna e internacional cualquier estado, pero antes debe haber cubierto las casillas previas: dialogar. '

El estado de sitio?
Y no es la única que lo dice. Este mismo fin de semana Francesc de Carreras, catedrático de derecho constitucional y fundador de Ciudadanos, decía que la constitución española prevé que se pueda declarar el estado de sitio 'cuando se ponga en peligro la integridad del territorio'. Según él, se puede llegar a aplicar en Cataluña: 'No podemos olvidar, aunque suene fatal, suene a golpe de estado, pero no lo es, que el estado de sitio está previsto en la ley de estado de alarma, excepción y sitio en los artículos 116 y 55 de la constitución y que se hizo inmediatamente después del 23-F para decir que, ante otro golpe de estado tenemos que hacer esto. 'y explica:' el estado de sitio es prácticamente como el estado de excepción y se suspenden unos determinados derechos, y una de las causas del estado de sitio es poner en peligro la integridad del territorio. 'Pero cree que si se llegara a una situación como ésta el gobierno aplicaría en Cataluña el artículo 155 de la constitución, por el que, dice de Carreras, el gobierno español' puede dar órdenes a las autoridades catalanas para que cumplan la ley '.

Pérez Royo: 'Quizás jugamos con fuego'
Tanto Mangas como Zarzalejos como De Carreras coinciden en una cosa: el gobierno español ha hecho tarde, y ahora la situación se le puede escapar de las manos. Otro referente académico español, ideológicamente muy alejado de estos tres, el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo, hace un diagnóstico no muy diferente. En una entrevista a VilaWeb, que podrá leer íntegra aquí, dice: 'En España no se formalizará ninguna reforma de la constitución. Y quizás jugamos con fuego,
http://www.vilaweb.cat/noticies/la-cara-fosca-de-loperacio-dialeg-a-madrid-avisen-que-potser-es-massa-tard/

Un grupo de juristas catalanes impulsa un manifiesto en contra del proceso
S. C.. Barcelona. Hace 2 horas 32

Un grupo de prestigiosos juristas catalanes impulsa un manifiesto en defensa del Estado de derecho y la democracia, que presentará el próximo 2 de febrero en un gesto contrario al proceso cuando el debate independentista se va a centrar en los próximos meses en el marco jurídico y las leyes de "desconexión".

Un grupo de prestigiosos juristas catalanes impulsa un manifiesto en defensa del Estado de derecho y la democracia, que presentará el próximo 2 de febrero en un gesto contrario al proceso cuando el debate independentista se va a centrar en los próximos meses en el marco jurídico y las leyes de "desconexión".
Así lo han avanzado a Efe fuentes del ámbito jurídico catalán, en el que existe preocupación por la "falta de nivel jurídico" que observan en sectores independentistas, cuando Cataluña se ha caracterizado siempre por el "rigor en la elaboración de sus leyes" en un ámbito jurídico de larga tradición.
En un momento de proliferación en Cataluña de plataformas y entidades contrarias a la independencia, miembros de este grupo de una veintena de juristas, cuyos nombres se harán públicos durante la primera quincena de febrero, creen que las cosas están cambiando en Cataluña y que "la sociedad civil ya ha dicho basta".
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Abogados, catedráticos, profesores de universidad, notarios y exmagistrados están preparando así un manifiesto en defensa del Estado de derecho y de la democracia, apelando a la tradición jurídica de Cataluña, "basada en el rigor y el respeto a la ley, y denunciando también que la actual situación de falta de respeto al Estado de derecho pone en peligro la democracia".
Estos juristas, según las fuentes consultadas, creen que su opinión puede ser relevante en los próximos meses porque el debate independentista se va a centrar en "las leyes de desconexión, con la tramitación del referéndum o los juicios sobre la consulta del 9N y la desobediencia de la Mesa del Parlament".