España
Portazo de Ban Ki-Moon a Mas: no tiene derecho a la autodeterminación
El secretario general de la ONU, aunque prudente, ha dejado claro que Cataluña no está incluida en las áreas con derecho a la autodeterminación.
Carme Forcadell convoca a los partidos para acelerar el pleno soberanista
"Alguien de Convergència me confesó que darían vuelta atrás si pudieran"
El líder del PP catalán ha asegurado que "una persona muy importante de CDC" le ha confiado su arrepentimiento por quedar en manos de la CUP, una formación "antisistema" e "irresponsable", critica.
También ha cargado indirectamente contra el PSC, al que quiere sumar a un pacto constitucionalista pero del que critica que apoye ayuntamientos independentistas.
EL PULSO CATALUNYA-ESPAÑA
Cumbre de la oposición para intentar impedir la junta de portavoces
Ciutadans, PSC y PPC se reunirán para evitar que se convoque el pleno para aprobar la declaración independentista
Junqueras asumirá el área de economía del Govern
El líder de Esquerra ocupará la vicepresidencia primera si al final hay acuerdo entre JxSí y la CUP
Si eg que....
Yas´ta, ya aparecio LA PELA.
Ni independencia ni leches, LA PELA.
Ya ha conseguido lo que interiormente quería. LA PELA.
Ahora si sale Mas, o no sale, a Oriol se la pela.
Él conseguira dominar LA PELA,
la gorda, no la perra gorda, no, LA PELA
La Bolsa sona.
lo que todos conocemos como LA PELA.
Y otros a dar su sangre, sudor y lagrimas (sobretodo su pela),
por las barras y la estrella
por cuatro indocumentaos que lo que realmente quieren es
LA PELA.
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UPyD propone a Rajoy una 'alianza de demócratas' frente a 'los golpistas'
Andrés Herzog plantea al presidente la necesidad de actuar para frenar de raíz "el golpe de Estado" que, en su opinión, "se está gestando en Cataluña"
La distancia entre el comportamiento público y privado de los dirigentes de la Generalitat no ha dejado de ampliarse en las últimas semanas. El presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, alertó el pasado martes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que «juega con fuego y se acabará quemando». Sin embargo, solo un día antes, la Generalitat envió un correo electrónico a Hacienda poniéndose a disposición del Estado y pidiendo información para poder presentar las facturas electrónicas de los proveedores exigidas por el Estado, según relatan fuentes del ministerio. Esta es una de las condiciones del Gobierno para continuar proveyendo de liquidez a la Generalitat.
El Ejecutivo de Mas pidió al Estado a principios de año 8.258 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Hacienda reparte este montante mes a mes. El actual pago mensual está supeditado a que, antes del próximo viernes, el Gobierno catalán se conecte al punto de entrada general de facturas electrónicas del Estado (el llamado FACe) para que Hacienda verifique los pagos pendientes de sus proveedores y a que el interventor de la Generalitat emita un informe favorable, confirmando que sus gastos no contravienen la legalidad vigente, algo que aún no ha ocurrido.
Anteriormente, Cataluña subía las facturas a su propia plataforma electrónica y los recibos no se limitaban a gastos en servicios públicos básicos. En las nuevas condiciones, Hacienda especifica los gastos considerados prioritarios para que la Generalitat utilice la liquidez de Hacienda. El objetivo es que no se destine dinero público a financiar el desafío soberanista.
Los asesores contables y tributarios alertan sobre la inseguridad jurídica
AGUSTÍ SALA / BARCELONA
Más de 1.000 profesionales reclaman en Barcelona que de deje de legislar "deprisa y corriendo"
ja ja ja ja ja ja ja ja
El Parlament ha remitido las alegaciones a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la resolución independentista y pide que se declare la inadmisibilidad de la impugnación porque consideran que la resolución es "sólo una declaración de intenciones y, por tanto, no es un acto idóneo para ser sometido a un procedimiento de constitucionalidad".
Chacón: la Generalitat «no merece que la arrastren por el suelo» para que Mas «se agarre a la poltrona»
Según consta en el texto de alegaciones, los servicios jurídicos de la cámara afirman que la resolución "ha sido adoptada en el ejercicio de la función del impulso de la acción política y de gobierno" y sólo puede ser valorada en ese contexto. "La Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, sólo es, y no es nada más que una declaración de voluntad y de intenciones porque ese es el único alcance que puede tener como acto de ejercicio de la función del impulso de la acción política y de gobierno", relata.
Esgrime que la resolución responde al mandato político adquirido por los grupos parlamentarios que han ejercido la iniciativa -JxSí y la CUP-, como consecuencia de las elecciones catalanas. Sostienen que ese mandato está fundamentado en los programas políticos de las formaciones que "de forma clara y explícita tenían como objetivo político prioritario iniciar el proceso de creación de un estado catalán independiente".
A su juicio, eso implica que la resolución independentista se apoya "directamente" en los principios básicos de la democracia y el pluralismo político, y obtiene su legitimación del voto ciudadano. Defiende que las formaciones que la impulsaron han alcanzando "mayoría suficiente para iniciar ese proceso" porque lograron mayoría en escaños e incide en que la resolución que lo inicia es de naturaleza estrictamente política.
Resolución sin fuerza legal
"Las mociones y resoluciones parlamentarias carecen de fuerza legal de obligar y tampoco pueden desplazar o anular, por sí mismas, la aplicación del principio de legalidad al que están sujetos el Gobierno y los ciudadanos", matiza.
Aclara, además, que la fuerza de este tipo de actos parlamentarios "se limita a una simple instrucción indicativa por la que se manifiesta más una aspiración o deseo que una disposición vinculante" y explica que, en definitiva, son decisiones parlamentarias que se mueven en el marco de la relación política entre el Parlamento y el Gobeirno.
El escrito considera que la doctrina establecida con la sentencia del TC contra la declaración de soberanía del Parlament de 2013 "que reconoce la posibilidad que las relaciones parlamentarias de impulso político puedan producir efectos jurídicos, aunque estos no sean vinculantes" y pide que sea replanteada para reconocer la plena capacidad del Parlament de expresar el pluralismo ciudadano.
"Gobierno de los jueces"
Advierte de que permitir que el TC intervenga en este tipo de cuestiones, sería tanto como admitir la existencia de un control sobre el mismo ejercicio libre de la función parlamentaria de impulso político, "con el resultado consitucionalmente censurable de extender la jurisdicción del TC a un ámbito que debe quedarle vetado". Por eso pide al propio TC que "no se extralimite e invada la esfera propia de la actuación del Parlament".
Una progresiva ampliación del control judicial sobre el poder político "entraña el riesgo de suplantar el poder de los representantes del pueblo por el gobierno de los jueces", sentencian.
El Constitucional anula por unanimidad la declaración catalana de ruptura
La corte decreta la inconstitucionalidad íntegra de la resolución solo 22 días después de su aprobación
Nada más conocerse la sentencia del TC que anula la resolución aprobada el 9 de noviembre por el parlamento catalán con las campanillas de los acontecimientos históricos, preguntaron a Francesco Homs si eso alteraba la estrategia del procés. De ninguna manera, vino a responder el exconsejero y exportavoz del gobierno catalán, ahora candidato de la ex Convergencia en las generales. La vida del procés sigue igual, pudo haber dicho parafraseando al filósofo Iglesias, el otro (y mejor) cantante. Naturalmente. Si hay algo inmutable es el procés. Si hay algún inmovilista en la móvil España está justo ahí, en la determinación, la tenacidad y la obstinación separatista en romperla. Y, sin embargo, casi nada de esto es cierto.
La estrategia del procés ya se ha alterado, diga lo que diga Homs. Para percibirlo bastaba, por ejemplo, leer a renglón seguido las declaraciones de la vicepresidenta en funciones del gobierno catalán, Neus Monté. Después de lanzar los rayos y truenos habituales contra el Constitucional y el Gobierno español, Monté quiso manifestar la firme voluntad de mantener la resolución parlamentaria caiga quien caiga. Lo que hizo, en realidad, fue manifestar la voluntad de no caer: de evitar las consecuencias que tendría desobedecer la sentencia. Consecuencias que incluyen la suspensión de las autoridades y cargos públicos responsables del incumplimiento.
"Mantenemos los efectos políticos de la declaración que aprobó un parlamento legalmente constituido y con una mayoría absoluta", dijo exactamente Monté. Pero la gracia de aquella resolución no estaba en la retórica, ciertamente tosca, sino en que al proclamar la inauguración "del proceso de creación del Estado catalán en forma de república" mandataba la tramitación de tres leyes y aseguraba que no se supeditaría el procés a las decisiones del Estado español, y menos aún a las del TC.
La bravata iba acompañada, por tanto, del anuncio de actuaciones que debían traducirse en leyes y en vulneración de la ley. Llevaba, en fin, el anuncio de efectos jurídicos. Sin esa parte esencial, ¿qué queda? Un desafío, sí, una vulneración de competencias, también. Pero no será el "solemne inicio" ni el año cero de la república catalana independiente, por mucho que al aprobarla se pusieran en pie y cantaran Els Segadors. "Efectos políticos" es prácticamente igual a nada, y los instigadores del procés lo saben. Habrá que comprobarlo en los meses venideros, pero este repliegue a los "efectos políticos" es un quiero y no puedo propio de una retirada.
Se dice muchas veces, y las apariencias tienden a certificarlo, que los únicos que tienen una estrategia precisa son los nacionalistas, en particular los separatistas catalanes. Frente a su claridad de propósito y su incansable acción para alcanzarlo, el Gobierno, el Estado y los partidos no secesionistas semejan perdidos, puramente a la defensiva, como púgiles sonados. Algo de verdad hay en ello, pero muchos de los movimientos de Mas y sus compañeros de viaje estos años han sido erráticos o errados. La resolución del 9-N entra en cualquiera de las dos categorías, igual que la convocatoria anticipada de elecciones que está en la raíz de la resolución.
Con ese documento se trataba no sólo de satisfacer las ansias insurreccionales de la CUP, también de asegurar, contra toda evidencia, que el 27-S había dado un mandato inequívoco, indiscutible, masivo, para proceder a la ruptura con España. Era una hoja de parra para tapar un fracaso. Y, bueno, como es propio de la casa, para ver si colaba. ¡Artur, el astut! Aunque lo interesante no es únicamente el fracaso del pretendido plebiscito. Es que dicho fracaso muestra que el separatismo ya no da más de sí en términos de apoyo electoral y, por tanto, social.
Las entrañas del fracaso las exponía Joaquim Coll en un artículo que glosaba el estudio realizado por el Observatorio Electoral de Cataluña para Societat Civil Catalana. El dato importante era que el aumento de la participación registrado el 27-S, esto es, la abstención movilizada, benefició sustancialmente a los partidos no separatistas. La conclusión de Coll a la vista de los datos es que "el separatismo ha agotado sus caladeros electorales". Después de tres años de hipermovilización, de constantes campañas, manifas y propaganda por la ruptura, no obtuvieron la mayoría en votos que deseaban y esperaban. Llegaron a su techo, y es insuficiente.
El procés está por ello en sus minutos basura. No se ha agotado aún el tiempo reglamentario y los jugadores tienen que seguir haciendo como que juegan. Los entrenadores sacan a los sustitutos para que se vayan fogueando. Los fans más devotos confían en que ocurra un milagro. Pero todo el mundo mira el reloj y el público, ¡ay!, empieza a abandonar la grada.
cristina losada
Ada Colau se dispone a comenzar la despolitización del Born Centre Cultural. El gobierno de Barcelona clausurará en abril Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714, la muestra que analiza desde un punto de vista independentista la Guerra de Sucesión.La exhibición fue inaugurada el 11 de septiembre de 2013, coincidiendo con la cadena humana secesionista, y adquirió un carácter permanente a pesar de que había sido concebida como una muestra temporal. Durante los más de dos años que lleva abierta, la exposición ha intentado conectar el proceso soberanista que hoy vive Cataluña con la toma de Barcelona a manos de las tropas borbónicas en 1714. Textualmente, la exposición se propone «expresar el esfuerzo en la lucha de los catalanes para defender sus derechos y libertades contra el absolutismo» con un mensaje que «trasciende la temporalidad y nos liga con un presente en el que las libertades continúan siendo objeto y sujeto de la historia».Ayer, durante una comparecencia reclamada por CiU para conocer el futuro del Born Centre Cultural, el comisionado de Programas de Memoria de Barcelona, Ricard Vinyes, defendió la decisión de retirar la muestra por «la considerable caída de visitas» que está experimentando y porque su prolongado mantenimiento en el tiempo tras haber nacido como una exposición temporal es «irregular e inadecuado».
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Vinyes evitó concretar cómo reformulará el espacio museístico el nuevo gobierno de Barcelona, pero sí dejó claro que apostará por convertir el Born en «una industria de creación del conocimiento» y descartó que pueda ser reconvertido en la biblioteca provincial de Barcelona, como se pretendía antes de que el Ayuntamiento reformulará el proyecto e invirtiera 74 millones de euros para transformar el antiguo mercado del Born en un memorial soberanista.El cambio de orientación del espacio que ahora parece iniciar Colau fue aplaudido por la concejal de Ciutadans, Marilén Barceló, quien pidió que, en adelante, el Born garantice la «neutralidad ideológica» del equipamiento municipal y evite el «adoctrinamiento» practicado en época de Xavier Trias. Más satisfecha si cabe se mostró la popular Àngels Esteller, ya que, recientemente, su partido había solicitado formalmente la retirada de Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714, por su sesgo secesionista y la conversión del Born en un «auténtico museo de la historia de la ciudad».Por contra, la decisión escoció en las filas de CiU y muy especialmente en las de ERC y la CUP. El republicano Juanjo Puigcorbé reclamó al gobierno de Colau que «no diluya el significado del espacio» porque, a su juicio, es «un lugar simbólico sobre el que cimentar la república catalana». Mientras que la antisistema María Rovira expresó públicamente «su sorpresa» al comprobar que Barcelona en Comú (BComú) alega falta de visitantes para clausurar la exposición. «Creía que su partido no entendía la cultura con una visión mercantilista», dijo la concejal de la CUP.El comisionado de Memoria rehuyó ofrecer más explicaciones y ratificó que una vez cumplidos los compromisos con escuelas que tenían previsto visitar la muestra en el mes de marzo, la exposición soberanista del Born pasará a la historia.
Todo es poco para los compañeros de la Candidatura de Unidad Popular (CUP). El "preacuerdo" que los antisistema someterán a la votación de 1.700 militantes el domingo 27 en Gerona es una oferta irrechazable. Miles de puestos de trabajo por enchufe, cientos de millones de euros para el "pueblo", legalización de las okupaciones, expropiaciones de pisos a los ricos, renta mínima garantizada como "derecho subjetivo", mil euros de salario mínimo, más impuestos, un servicio de espionaje propio, DNI catalán, pasaporte y carnet de conducir… así como toda clase de nuevas agencias públicas con sus correspondientes altos cargos de confianza. Empleo para todos los de la CUP que no tengan o que quieran cambiar de sector, así como para sus familias y amigos. La paradisíaca república catalana proveerá.
"Reparto de bienes con España"
Todo ello en respuesta al "mandato democrático" de las elecciones del pasado 27 de septiembre. En las 61 páginas del singular documento -"propuesta de acuerdo y no preacuerdo", según matiza la CUP-, todo está previsto, hasta la negociación con el Estado español. Página 10: "Se trataría de acordar el reparto de activos y pasivos. Respecto a la restitución de la soberanía, se debería acordar la subrogación de convenios, la gestión de las fronteras con el Estado, los traspasos de funcionarios y organismos, y aspectos clave respecto al sistema energético, la cuenca del Ebro o el espacio radioeléctrico, entre otros muchos".
Y continúa: "En relación a los acuerdos de reparto de bienes, se deberían negociar todos los bienes materiales que España administra actualmente en Cataluña -por ejemplo, infraestructuras como las carreteras, puertos, aeropuertos, inmuebles, etc.-, así como los bienes que España tiene en el extranjero y que son compartidos y los bienes económicos y financieros, que incluyen los activos -fondos de la Seguridad Social, fondos de compensación, etc.- y los pasivos -deudas de Cataluña avaladas por España y deudas de España que podrían corresponder a Cataluña-, entre otras".
Allende Cataluña también habrá que desplegar el nuevo estado, de tal manera que se prevé la creación de un "Departamento de Exteriores", quince nuevas embajadas. "A tal efecto, hay que poner en práctica las previsiones de selección y formaciones del personal necesario y precisar de los medios necesarios y el cronograma de implementación", se puede leer.
La Generalidad se dotará en este preproceso constituyente de un "servicio de inteligencia, autoridades reguladoras y de la competencia, Hacienda para la primera etapa, Seguridad Social, fondos de financiación, tributos".
El establecimiento de un DNI es una urgencia de primera fase. Y también una tarjeta ciudadana de servicios -sanidad, transporte, ocio, transacciones con la administración. El pasaporte y el permiso de conducir también serán de nuevo cuño y en menos de un año y medio.
Reclutamiento y formación de directivos y espías
En el apartado de las nuevas oportunidades laborales, el documento sostiene que se deberán elaborar estudios "sobre los medios económicos, materiales y humanos necesarios para poner en funcionamiento estas estructuras, poniendo especial atención en el reclutamiento y formación del personal, incluidas las posiciones directivas. Embajadores, policías, espías, el personal del servicio postal, de Medio Ambiente, de Bienestar Social, de Patentes y Marcas, Deportes y Meteorología", entre otras grandes áreas.
Además hay que "preparar el procedimiento de incorporación del personal a la Administración del nuevo Estado, crear los cuerpos nuevos y decidir sobre la integración del personal de los cuerpos y seguridad del Estado español que presta sus servicios en Cataluña".
El plan requerirá un "Sistema de Aduanas, una Oficina catalana de fiscalidad internacional, el Consejo Fiscal de Cataluña y el Instituto de investigación fiscal y estudios tributarios (...) Exportación e importación de alimentos, animales y vegales, control e inspección de pesca y seguridad marítima, regular la adscripción del profesorado universitario, definir la legislación sobre medios de comunicación...".
Grandes oportunidades para los emprendedores políticos, compañeras y compañeros ante los que se ha cedido en todo con tal de obtener la investidura de Mas. El "plan de choque" es un ejemplo. Paralización de los desahucios, dación en pago, renta de inserción garantizada, salario mínimo de 1.000 euros, subidas de impuestos, "nacionalización" de servicios y expropiaciones bajo el eufemismo de "establecer un nuevo instrumento de captación de vivienda del parque privado para cumplir la obligación de realojamiento adecuado en aquellas situaciones en las que no se disponga ni de parque público ni de pisos de las entidades financieras", página 25.
Desconexión en nombre del Rey
En cuanto al papel residual de Mas, la "propuesta de acuerdo" llega al extremo de marcarle las funciones. La primera, y más interesante, es la relativa a la conciliación de la monarquía y la república naciente. Dice así: "Como representante ordinario del Estado en Cataluña, le corresponde promulgar en nombre del rey (sic) las leyes, los decretos ley y los decretos legislativos de Cataluña y ordenar su publicación", página 46.
Mas tendría un consejero jefe y tres presidentes de comisión: Economía, Exteriores y Bienestar Social -Oriol Junqueras, Raül Romeva y Neus Munté. Su función sería prácticamente protocolaria.
La CUP debe discutir ahora en sus asambleas locales sobre el cheque en blanco y votar, en la asamblea del domingo, si aceptan a Mas a cambio de esta oferta o mantienen su veto. A nadie se le escapa que el documento es un brindis al sol con una hoja de ruta impracticable y unos objetivos a medio camino entre lo imposible y lo inexplicable, pero las cesiones de Junts pel Sí suponen una presión añadida a la CUP. Todo lo que pedían está en el papel. Sólo tienen que aceptar a Mas.
Evitar unas nuevas elecciones
En Convergencia temen el escenario de la repetición de las autonómicas. Ya no dispondrían del "airbag" de ERC. Mas debería comparecer en solitario, con las siglas de Democràcia i Llibertat en plena sangría de votos. En ERC dejan la responsabilidad en manos de la CUP a sabiendas de que ambos escenarios, Mas presidente o elecciones, les favorecen y los negociadores de la CUP depositan la decisión en los 1.700 militantes inscritos para la asamblea en la que se decidirá el futuro político de Artur Mas y si el electorado catalán es nuevamente llamado a las urnas para unas autonómicas.
Pesa a favor del acuerdo lo jugoso de las concesiones, los amplios poderes que la Generalidad delegaría en comisiones y comités antisistema y la situación política nacional, que podría dificultar la respuesta ante los hechos consumados que plantea el documento.
