La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Página
121
/
481
#1801
Re: España, potencia europea en "avisos" como en El Padrino.La granja de Maggie
Bueno estaba en Bruselas pero...?se lo habia dicho alguien ¿ Ahhhhhh....
Claro, se lo llevan por ahi sin decirle donde está y luego tiene que ir él averiguandolo.
Y en cuanto a la pregunta pues a ver.... no hace falta saber ingles para contestar
El periodista que era...?ingles¿ ¡Pues si era ingles la respuesta es no¡ no es tan dificil......
¿No, a que? ¡pues no a todo, no, no y no¡
Si es que la gente se lia mucho..........
#1802
Granados señala a Esperanza Aguirre ante el juez de Púnica y pide que la llame a declarar
Madoz
Desliza que sólo Aguirre pudo influir en otros miembros del Gobierno regional bajo sospecha y añade que la presidenta le impuso a sus colaboradores
“Que indique qué influencia pudo ejercer Granados sobre la gestión de otros consejeros; si él tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que le atribuye la UCO", dicen los abogados del encarcelado
También solicita en un escrito que el juez cite a González Taboada, miembro del Gobierno de Cifuentes al que Marjaliza acusó de cobrar comisiones.
En el mismo escrito, Granados pide al juez que llame al exconsejero de Cultura Santiago Fisas, a la antigua responsable de Urbanismo Ana Isabel Mariño; y a la de Ordenación del Territorio Beatriz Elorriaga.
La petición de Granados se produce apenas una semana después de la tormenta desatada por
las últimas actuaciones del juez, la Fiscalía y la Guardia Civil en la investigación de la financiación irregular del PP madrileño, también durante la presidencia de Aguirre, y que forma una pieza separada, y todavía secreta, de la causa Púnica.
El consejero de Cifuentes
El último movimiento de Granados también salpica a Cristina Cifuentes, la sucesora de Aguirre al frente del PP madrileño. El empresario David Marjaliza, antiguo socio de Granados, salió de la cárcel tras colaborar con el juez y
señalar, entre otros, a Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente de Cifuentes, como uno de los implicados en la trama de corrupción por su actuación como director general del Territorio y presidente de la empresa pública que administraba el suelo.
Granados desliza que responsables de la antigua empresa pública Nuevo Arpegio están sufriendo presiones para que no colaboren con la justicia. González Taboada debe aclarar ante el juez, según Granados, ese grado de colaboración y si “le consta que algún empleado de Nuevo Arpegio le ha manifestado temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.
Francisco Granados también solicita las testificales de otras personas, entre ellas el exalcalde de Getafe y actual senador Juan Soler,
investigado en el caso Teatro, para que confirme o desmienta la comisión que le pagó Marjaliza, según el testimonio de éste. Granados también quiere que declare como testigo otro exalcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, y el concejal de Urbanismo de éste, Francisco Vázquez, por la negociación sobre unas construcciones que los citados habrían acordado con Ignacio González.
Asimismo quiere el juez llame de una vez a declarar al exalcalde de Alcalá de Henares, actual diputado autonómico y estrecho colaborador de Aguirre en el pasado, Bartolomé González, al que Marjaliza señaló como perceptor de una mordida de 60.000 euros. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregó al juez
un informe en septiembre de 2016 en el que da credibilidad a la acusación de Marjaliza.
Un saludo
#1803
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Continuamos a la espera del comunicado del PP, anunciando su disolución.
Permanezcan atentos a sus plasmas.
#1804
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
#1805
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Un exconsejero de Pujol admite que cobró comisiones ilegales por mediar en operaciones urbanísticas
Macià Alavedra acepta las acusaciones de la Fiscalía y señala también a Lluís Prenafeta
2
Compartir
Compartido
15 veces
El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz (c) a su llegada a la Audiencia Nacional - EFELUIS P. ARECHEDERRA -
luispeareche Madrid - Actualizado: Guardado en:
España
El antiguo consejero de Economía de la Generalitat
Macià Alavedra, un hombre de la vieja guardia de Jordi Pujol, ha reconocido este jueves que cobró comisiones ilegales por intermediar en operaciones urbanísticas corrompidas por la
trama Pretoria, cuyas irregularidades son juzgadas en la Audiencia Nacional. Alavedra, que tiene 83 años, ha aceptado los acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita para él seis años y diez meses de prisión por estos hechos y que previsiblemente rebajará su petición ante el reconocimiento de los hechos.
El antiguo alto cargo de Convergència, acusado de presionar a funcionarios gracias a su influencia política en dos operaciones urbanísticas en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona, se ha llevado por delante con su confesión al ex secretario de Presidencia de la Generalitat de Jordi Pujol
Lluís Prenafeta, acusado por los mismos hechos y que se enfrenta a la misma pena de cárcel. Alavedra ha asegurado que Prenafeta también cobró por intermediar en las operaciones.
La Audiencia Nacional juzga por estos hechos a once personas acusadas de corromper operaciones urbanísticas en ambos municipios y en Santa Coloma de Gramanet, los tres en el área metropolitana de Barcelona, en la era del ladrillo. El considerado líder de la trama, el antiguo diputado del PSC
Luis Andrés García Sáez, apodado «Luigi», alegó que las comisiones que cobraron Alavedra y Prenafeta fueron por trabajos legales de mediación, algo habitual en negocios urbanísticos.
Según el Ministerio Público, el dinero ilícito que Alavedra ocultó entre 1997 y 2008 ascendió a un total de
6,08 millones de euros, de los que 637.688 euros se corresponden con las dos operaciones investigadas en esta vista oral. Los fondos que ocultó Prenafeta ascendieron, sin embargo, a más de 10 millones de euros. La Fiscalía considera que los hechos suponen delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, aunque no descarta incluir otros a lo largo del juicio.
TEMAS
#1807
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Las claves de la confesión de Macià Alavedra, el hombre que pudo ser Artur Mas
El exconsejero de Pujol, que evitará entrar en prisión al pactar con la fiscal, implica a Prenafeta
1
Compartir
Compartido
0 veces
El exconsejero de la Generalitat Macià Alavedra, ayer, tras declarar en la Audiencia Nacional - ÓSCAR DEL POZOLUIS P. ARECHEDERRA -
luispeareche Madrid - Actualizado: Guardado en:
España
Dos antiguos escuderos de
Jordi Pujol utilizaron su influencia política para cobrar comisiones ilegales en operaciones urbanísticas, según reconoció ayer uno de ellos, el exconsejero de Economía de la Generalitat
Macià Alavedra, en el juicio a la
trama Pretoria.
Alavedra, de 83 años, reconoció los hechos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción, quien rebajará al final de la vista oral su petición de cárcel para él y evitará su ingreso en prisión. La fiscal del caso,
Ana Cuenca, solicitaba seis años y diez meses de cárcel para el acusado, pero ayer anunció que sustituirá esa solicitud por una que no supere los dos años si el consejero de la Generalitat entre 1990 y 1997, que puede dejar de asistir al juicio, abona una multa de 10,3 millones de euros, un pago previsible tras su declaración.
La confesión de Alavedra, que también implica al ex alto cargo de la antigua Convergència
Lluís Prenafeta, supone admitir que ambos presionaron a cargos públicos para influir en adjudicaciones públicas a favor de las empresas de la trama, dirigida por el exdiputado autonónomico del PSC
Luis Andrés García, «Luigi». A cambio, los dos acusados -que comparten abogado a pesar de sus en apariencia opuestas estrategias- cobraron comisiones del cuatro por ciento.
Las graves acusaciones de corrupción admitidas por Alavedra son especialmente relevante, debido a su peso en la política catalana durante el «pujolismo». El exconsejero pudo suceder a Jordi Pujol como líder de la antigua Convergència y candidato a presidir la Generalitat de Cataluña. Así lo reconoció en sus memorias el propio Pujol, quien al final sustituyó a Alavedra por un menos conocido
Artur Mas como consejero de Economía y, más adelante, su sucesor al frente del nacionalismo catalán. Hombre fuerte del «pujolismo», Alavedra fue consejero de Economía de la Generalitat entre 1990 y 1997, pero terminó acorralado por las causas judiciales.
Alavedra y Prenafeta, dos políticos poderosos durante los 23 años en los que Jordi Pujol gobernó Cataluña, se implicaron en corromper, en concreto, las operaciones urbanísticas de San Andrés de Llavaneras y Badalona. Su labor consistía en encontrar compradores para los terrenos recalificados. Estas son las claves de su declaración de ayer:
La difícil defensa de Lluís Prenafeta
La confesión de Alavedra -que admitió el cobro de comisiones ilegales por mediar en adjudicaciones públicas- complica la defensa de su antiguo colega Lluís Prenafeta, ex secretario de Presidencia de la Generalitat, a quien implicó y que se enfrenta a seis años y diez meses de prisión. Comparten abogado.
Pacto condicionado a una multa
Alavedra aceptó el relato de hechos y las acusaciones de la Fiscalía a cambio de obtener una rebaja en la petición de cárcel que evitará su entrada en prisión. La fiscal consigue así apuntalar sus acusaciones y solo aceptará el acuerdo si Alavedra paga la multa solicitada, superior a 10 millones.
Los testaferros admiten blanqueo
El reconocimiento de los hechos por parte de Alavedra también tiene que ver con la confesión de sus dos testaferros: Gloria Torres y Philip McMahan Bolich, que admitieron que le ayudaron a blanquear sus ganancias ilícitas, con un entramado que llegó a paraísos fiscales. Estaba cercado.
Trama liderada por un excargo del PSC
El relato de hechos de la Fiscalía, reconocido por Alavedra, describe una trama corrupta que anidó en tres ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona entre 2001 y 2009. La red liderada por el exdiputado autonómico del PSC Luis Andrés García llegó a dirigir las decisiones de los consistorios.
#1809
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
El grupo municipal de Ciudadanos en la localidad murciana de Lorca utiliza, según el Partido Popular, el mismo sistema que la Plataforma por las Garantías Ciudadanas ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, firmada por el abogado madrileño Alberto Ganga Ruipérez, en la que se cuestiona la legalidad de la financiación de la formación naranja por utilizar las asignaciones de los grupos municipales y autonómicos para financiar las actividades organizadas por los dirigentes nacionales. Concretamente podría vulnerar la Ley de Financiación de Partidos y la de Bases de Régimen Local.
Lorca se sumaría así a los casos conocidos de supuesta financiación irregular de Ciudadanos en las Comunidades de Madrid, Murcia, La Rioja,Valencia o País Vasco. Hechos que los dirigentes de Cs han calificado públicamente de «error administrativo» por falta de experiencia.
La forma de actuar en Lorca es la misma que la denunciada por la Plataforma. El Ayuntamiento ingresa en una cuenta de una sucursal del Banco Popular en Madrid, la 0446, cuyos apoderados son Carlos Cuadrado, responsable de finanzas de Cs y el secretario general, José Manuel Villegas, la subvención destinada a los gastos de funcionamiento. Posteriormente el partido le devuelve otra cantidad, con una reducción del 30 por ciento sobre el total. De esta forma, los 961,35 euros que la corporación lorquina ingresa cada mes en la cuenta de la entidad madrileña, se convierten unos días después en 672 que desde la capital se transfiere a una cuenta de la misma entidad bancaria en Lorca. Tanto el abogado firmante de la denuncia como la portavoz de la Plataforma, Inmaculada Sánchez, confirmaron a LA RAZÓN la coincidencia en la forma de actuar.
Hasta el momento no se conoce el destino del dinero «perdido» en el camino, aunque tras las denuncias, el partido liderado por Albert Rivera redactó un documento encabezado por Cuadrado, que ellos denominaron «Acuerdo marco» que debían firmar todos los grupos parlamentarios y municipales, mediante el cual, el prestatario se compromete a «abonar los gastos correspondientes a la puesta a disposición de los servicios facilitados por el prestador». Es decir, deben pagar por asesoramiento. Lo que el abogado Alberto Ganga denomina un contrato de prestación de servicios cuyas transcripciones económicas deben tener reflejo en el impuesto de sociedades y girarse la factura correspondiente a los trabajos realizados, los cuales han de ser acreditados con anterioridad.
Precisamente, la obligatoriedad de firmar este «Acuerdo» impuesto desde la dirección de Ciudadanos, fue la punta del iceberg del litigio. Numerosos cargos públicos de la formación comenzaron a desconfiar de la estrategia de financiación diseñada a nivel nacional. Por ello, el portavoz del Grupo Municipal de Lorca, Antonio Meca, pidió al interventor de la Corporación, el 27 de abril de 2016 que «interrumpiera provisionalmente» las transferencias de la asignación económica «ante las dudas» del sistema establecido por su partido. El 24 de mayo de ese mismo año Meca vuelve a escribir al responsable de la intervención municipal para que de nuevo utilice el sistema habitual después de que se «aclararan las dudas».
Este no es el único caso que se ha producido en la Región de Murcia. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos facturó los gastos del acto central de la campaña a las generales celebrado en Cartagena y el de la presentación de los candidatos en precampaña. En aquel momento el partido destituyó al delegado territorial en Murcia, Mario Gómez, por pagar de forma irregular facturas de la campaña electoral a través del Grupo parlamentario y no a través del partido. Gómez no abandonó su cargo de concejal en Murcia.
En la cuenta que el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene en el Banco Popular de Lorca también aparecen facturas que resultan al menos «sospechosas» para los populares. Se trata de pagos realizados con motivo del encargo de actividades que parecen propias de una campaña electora, como actos de partido, vídeos o programas de información que pueden haberse utilizado con motivo de las elecciones generales de diciembre de 2015.
#1813
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
