El expresidente de la Generalitat
Artur Mas y sus colaboradores han depositado 200.000 euros a la
fianza de 5,25 millones de euros impuesta el pasado 25 de septiembre por el Tribunal de Cuentas por la supuesta utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
Esta cantidad se suma a los casi
2,2 millones de euros que ya aportaron los investigados, entre los que se encuentran los exconsellers
Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces.
El Tribunal de Cuentas fijó el 16 de noviembre como fecha tope para que el expresidente catalán afiance, de manera conjunta y solidaria, la cantidad que resta del total de 5.251.948,17 euros que servirán para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados.
Esa cifra responde a los
gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.