El chantaje de Panamá por las obras del Canal
Las obras del Canal de Panamá, aún sin terminar, durante el pasado mes de diciembre EL MUNDO
Panamá logró dejar de ser en 2011 un paraíso fiscal para España en contra del criterio de la OCDE
05/04/2016 10:21
El secretario general de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
Ángel Gurría, se despacha a gusto tras el descubrimiento de los
Papeles de Panamá. «Panamá es el último gran bastión que permite esconder fondos a las autoridades fiscales. (...) Está dando marcha atrás en su compromiso para un intercambio automático de información. (...) Debe poner su casa en orden aplicando inmediatamente las normas internacionales de transparencia fiscal y legal».
¿Cómo es posible que lo que para la OCDE es «el último gran bastión» de la opacidad sea respetable para España desde 2011? Para asombro de la organización, el Gobierno socialista español de la época sacó a Panamá de su lista negra de paraísos fiscales y aceptó un acuerdo de doble imposición como si fuera un país serio. Ocho estados de la UE aún no lo ven así de respetable.
El origen es un chantaje que comenzó años antes. El entonces presidente de Panamá,
Martín Torrijos, planteó el problema en julio de 2007 al entonces jefe del Gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero. Si las constructoras españolas querían optar a un contrato de más de 2.000 millones para la ampliación del Canal de Panamá, su país no podía seguir siendo considerado por la Hacienda española como paraíso fiscal.
Como explica el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados y diputado por Ciudadanos,
Francisco de la Torre, Panamá aplicaba entonces una política de reciprocidad y consideraba paraíso fiscal al Estado que le calificara de lo mismo. Si las empresas españolas tenían sede, por tanto, en un paraíso fiscal a ojos panameños no podían competir en sus concursos públicos de adjudicación de obras.
Zapatero consideró de interés general que las constructoras no quedaran fuera de la magna obra y alcanzó entonces «un principio de acuerdo» con Torrijos para suscribir un convenio entre ambos países que normalizara las relaciones fiscales y evitara la doble imposición. De ese modo, según señaló entonces el propio Torrijos, logró abrir la puerta para que ACS, Acciona, FCC o Sacyr optaran al súper contrato del Canal de Panamá, que terminó ganando esta última dos años después.
Zapatero y Torrijos se comprometieron a «impulsar la finalización de las negociaciones de un convenio para evitar la evasión fiscal y la doble imposición». No obstante, el Gobierno socialista tardó en cumplir su parte. El entonces ministro de Hacienda,
Pedro Solbes, se resistió a aceptarlo, debido a las fuertes presiones en contra de la propia Agencia Tributaria española y de la OCDE. Moncloa presionó y finalmente, ya con
Elena Salgado como ministra de Hacienda, se cerraron las negociaciones en octubre de 2010 y
se publicó en el BOE un año más tarde. Se trata del llamado Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal.
El convenio contempla un intercambio de información fiscal entre ambos países que, en la práctica, no se ha llegado a cumplir, según coinciden en criticar los presidentes de la Asociación de Inspectores de Hacienda,
José Luis Groba, y del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha,
José María Mollinedo. Ambos consideran que si Panamá sigue sin cumplir, el Gobierno debe devolverlo a la lista negra. Por su parte, la embajadora de Panamá en España,
Mercedes de la Guardia de Corró, ha asegurado en un desayuno informativo del Executive Forum, que su país va a colaborar en el esclarecimiento de los hechos y que la Agencia Tributaria puede pedir información a las autoridades panameñas de acuerdo con los tratados bilaterales firmados,
siempre en el marco de procedimientos judiciales, según Efe.
El propio
Ramón Jáuregui, que era el ministro de la Presidencia de Zapatero en aquel 2010, declara ahora en el Parlamento Europeo que «Panamá debe una explicación al mundo» y pide más presión sobre este país, porque «el objetivo siempre es el mismo: ocultar rentas, bienes y patrimonio para eludir el pago de impuestos».
El consorcio de Sacyr espera concluir la obra del Canal de Panamá en las próximas semanas tras lograr el contrato de 2.240 millones de euros y reclamar sobrecostes de 3.220 millones.