«Las constructoras de las desaladoras de Acuamed donaron 7,2 millones en 6 meses»
La periodista de ABC Marisa Gallero explica en el Senado las claves de su investigación
Enrique Delgado Sanz
La periodista Marisa Gallero acudió ayer al Senado para detallar, en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos, sus averiguaciones, publicadas en las páginas de ABC desde diciembre del año 2016 a esta parte,
sobre el caso Acuamed, que afecta a la empresa estatal y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Aguas de las Cuencas del Mediterráneo. En la Cámara Alta, Gallero expuso sus dudas sobre el caso, sintetizadas en los siguientes aspectos: las multimillonarias campañas de publicidad y donaciones privadas recibidas por la empresa entre los años 2007 y 2008 y «el despilfarro» del plan de construcción de desaladoras de José Luis Rodríguez Zapatero.
La principal misión de Acuamed, como indica en su web oficial, es la construcción, explotación y adquisición de toda clase de obras hidráulicas que determine el Gobierno. Entre estas infraestructuras están, como atañe a este caso, las desaladoras. Por ello, ante las preguntas de Luis Aznar, senador del PP -el partido que citó a la periodista a la Comisión-,
Gallero sostuvo en la Cámara Alta que, en virtud de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario instruido por el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, las empresas que recibieron las adjudicaciones para construir una serie de desaladoras efectuaron «en seis meses "donaciones" por valor de 7,2 millones de euros a Acuamed». «Esto no le cuadra a nadie», sospecha Aznar, quien calificó en sede parlamentaria como cuando menos «extraño» que compañías privadas donaran millones de euros de manera altruista a una empresa pública.
Este dinero habría sido utilizado en materia publicitaria por Acuamed. Pero no habría sido el único capital empleado en dicha materia. Otro de los puntales de la investigación de Gallero, citada ante la Comisión en el marco de las indagaciones sobre la supuesta trama de financiación ilegal del PSPV entre 2007 y 2011, está en los contratos publicitarios que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó entre 2007 y 2008 -cuando era ministra la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona- a Acuamed. «
De media recibía alrededor de 200.000 euros anuales, pero en estos años pasa a cobrar 11,2 millones entre ambos». «Se da la circunstancia de que estos dos años fueron años electorales», apostilla el senador, quien cree que, a tenor de dicho análisis de la publicidad recibida, «aquí pasa algo».
En suma, la UCO reseñó unos 18 millones de euros destinados a las campañas de publicidad, entre aportaciones públicas y privadas, en favor de unas plantas desaladoras que ni siquiera se habían construido.
Infraestruturas cerradas
Especial hincapié hizo también Gallero en su declaración sobre el a su juicio «despilfarro» que supuso la cuantiosa inversión económica que el Ejecutivo de Zapatero realizó en la construcción de desaladoras en esta época. «
Hay cuatro de ellas que están paradas y una desmantelada», denuncia la periodista, quien manifiesta que hay 245 millones de euros despilfarrados en inversiones no se han puesto en marcha». ¿Por qué considera Gallero esto especialmente relevante? «Porque hace poco, antes de que cayera el Gobierno de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez volvió a decir en un acto celebrado en Albacete, que las desaladoras representan una de sus grandes apuestas», responde. Otro agravante del caso, como reflejan la periodista y el senador popular, «es que si estas plantas no entran en funcionamiento antes de marzo de 2019, España tendrá que devolver a la Unión Europea los 35 millones de euros que recibió para que se pusieran en marcha».
Aznar adelanta que la actividad de la Comisión no va a parar, «aunque el PSOE lo haya intentado» y no descarta que en los próximos meses acuda a la Cámara Alta
Cristina Narbona para intentar esclarecer el caso. En una entrevista con ABC, la socialista reconoció que no ponía «la mano en el fuego por nadie en el caso Acuamed».