Otro conflicto de intereses de la Junta de Andalucía en una causa de corrupción
El Gobierno andaluz pide que el Sindicato de Funcionarios abone una fianza de 120.000 euros en la causa en la que hay 19 imputados, entre ellos ex altos cargos del PSOE de la Junta, por contratos irregulares a empresas para inspeccionar cursos
Otra vez un
conflicto de intereses de la Junta de Andalucía, gobernada por el
PP y
Ciudadanos, en una causa judicial por presunta
corrupción administrativa que procede de la anterior etapa de los gobiernos socialistas andaluces.
Esta vez se trata de
un caso que investiga desde 2013 el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla sobre presuntos delitos de prevaricación,
fraude en la contratación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad documental relacionadas con diversos contratos realizados por altos cargos de la Junta, en la etapa de los gobiernos del
PSOE, para supervisar y controlar
cursos de formación profesional.
El periodo bajo lupa judicial se centra en los años 2010, 2011 y 2012, cuando el presidente de la Junta era el socialista
José Antonio Griñán, ya condenado por la Audiencia de Sevilla por el
caso ERE, si bien el fallo no es firme, ya que está recurrido en el Supremo.
La causa judicial sobre la que ahora pende el conflicto de intereses enfila ya la recta final de la instrucción y en la misma figuran como investigados -antes imputados- 19 funcionarios, trabajadores y ex altos cargos de la Junta, entre ellos el ex alcalde socialista de Granada Francisco Cuenca, por su etapa como delegado de la Consejería de Innovación en Granada.
El denunciante de este caso fue el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). Ahora, el letrado de la Junta ha pedido al juez instructor que imponga a este sindicato una fianza de 120.000 euros para que pueda continuar en la causa judicial, como refleja un escrito fechado el pasado 12 de marzo del Gabinete Jurídico de la Junta al que tuvo acceso EL MUNDO.
«Nos parece vergonzoso» que el Gobierno andaluz, presidido por
Juanma Moreno, «
esté maniobrando a través del Gabinete Jurídico de la Junta para expulsar al SAF» de una causa judicial que denunció este sindicato, advirtió Carlos Sánchez, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
Precisamente este sindicato alertó sobre la presunta usurpación de potestades públicas y los contratos irregulares para supervisar los cursos cuando el PSOE gobernaba en Andalucía. «Y ahora, este gobierno del cambio, en vez de dejar que la Justicia investigue y enjuicie, le hace el trabajo sucio a los que gobernaron anteriormente. Menos mal que venían a regenerar la vida pública», apostilló Sánchez.
La causa judicial sobre los contratos irregulares a empresas para que inspeccionaran los cursos de formación se encuentra en un
momento procesal delicado. Hace algo más de un año, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla,
José Ignacio Vilaplana,
procesó a 19 ex altos cargos, funcionarios y trabajadores de empresas, pero a finales de noviembre pasado, la Fiscalía formuló su escrito de acusación y excluyó de él a diez de las 19 personas procesadas en la causa, entre ellas el ex alcalde Granada. Por lo tanto, para el fiscal, estas diez personas no cometieron delito alguno y no deben ir a juicio.
En cambio, el Sindicato Andaluz de Funcionarios sí ha formulado acusación contra los 19. Francisco Cuenca se enfrenta a una petición de condena de dos años de prisión y 10 de inhabilitación para empleo o cargo público. Si la acusación que ejerce el SAF sale del proceso judicial por la imposición de una elevada fianza a la que no puede hacer frente, posiblemente, en el banquillo de los acusados sólo se sentarían los nueve procesados a los que acusa la Fiscalía. Es decir, que diez personas que han sido investigadas -entre ellas el ex alcalde de Granada- quedarían exoneradas y se librarían incluso de ir a juicio.
El conflicto de intereses de la Junta que denota este asunto ya se ha visto en varios casos de corrupción, como los ERE o más recientemente en
Invercaria, la empresa de capital riesgo pública que, durante la etapa de los anteriores gobiernos socialistas andaluces, hizo inversiones ruinosas y sin control en proyectos empresariales fallidos.
Una de las causas desgajadas de la macrocausa de Invercaria, la de
Kandor Graphics,
fue archivada porque la única acusación que quedó en este caso fue la ejercida por el Partido Popular. A la vez que el PP veía indicios de delito, el Gabinete Jurídico de la Junta no apreciaba delito alguno. La evidente contradicción llevó incluso a la Fiscalía Anticorrupción a calificar de
«esquizofrénica» la postura procesal del Gobierno andaluz, con comparación con la del PP. Este conflicto de intereses finalmente provocó que la causa se archivara.
