La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)

y a rita barbera quien la pide al menos perdon??????

Respecto a Carmen Alborch, rival de Barberá en las elecciones municipales de 2007, aparece una comida de seis comensales en el restaurante El Canyar de Valencia por un total de 537 euros, abonados el 18 de marzo de 2011. El precio por persona se sitúa en los 73 euros, igual que el pagado en otra factura de Alcaldía en el mismo establecimiento para 26 personas en marzo de 2014.

En el listado también aparece una factura de 204 euros en el restaurante Casa Navarro a nombre de la exconcejal del PSPV Mercedes Caballero, quien figura en la candidatura socialista para las próximas elecciones autonómicas. La factura recoge los gastos de cinco comensales el 4 de marzo de 2011.

Mientras, el también exconcejal Vicente González Móstoles pasó facturas por 249 y 215 euros de comidas en los restaurantes Messana y La Rosa, los días 18 y 9 de mayo de 2011.

En relación a los regalos costeados por el Ayuntamiento (cajas de naranjas por un valor de 32.494,41 euros), el dictamen de la Fiscalía hace notar que los envíos e realizaron "con ocasión de la fiestas navideñas, que el objeto del regalo era un producto característico de la ciudad sin tener un precio elevado y que los destinatarios eran personas con relevancia pública y social".

"Ciertamente, bastantes de los destinatarios se encontraban relacionados con el partido político al que pertenecía la alcaldesa de Valencia pero hay que tener en cuenta el dato de que el Partido Popular era el que estaba en el gobierno desde diciembre de 2011 y, por lo tanto, podría entenderse que las cajas de naranjas se enviaban a miembros de partido gobernante". Asimismo, apunta que, viendo el listado de la personas agasajadas, no resulta apreciable que fueran del ámbito "estrictamente personal o familiar" de Barberá.

Respecto a los viajes, señala que "la mayoría de los gastos abonados por el Ayuntamiento en el período del año 2009 al 2014 tiene una explicación, aunque sea somera". Añade que en otros "no consta el motivo del viaje pero sí que eran a Madrid, breves y con acompañamiento de escolta, por lo que es deducible que se trataba de desplazamientos con carácter oficial".

"En definitiva -prosigue-, en relación con la facturas examinadas no se cuestiona que respondan gastos realmente producidos, no consta que Rita Barberá solicitara dietas o indemnizaciones por esos viajes, y por los destinos y duración de los mismos puede deducirse que tenían carácter oficial".

Senante, Bautista y dos directivos más de la SGAE, a juicio por fraude
Se les atribuye delito continuado de administración desleal o fraudulenta, apropiación indebida y falsedad.

CORRUPCIÓN
ESPAÑA
Un empresario pagaba a fundaciones de CDC por adjudicaciones públicas
Detenidos el secretario y el interventor del Ayuntamiento de Lloret de Mar por presunto amaño en los contratos de las basuras

Aunque se forman con intención de vulnerar la Ley, los cárteles tienen la suya propia. Unas veces el reparto ilegal del mercado para eliminar competencia se hace de manera reglada; en otras ocasiones es resuelto de manera más prosaica. En el caso de la adjudicación de contratos de desvíos ferroviarios, parte de una inversión pública de más de 40.000 millones de euros en Alta Velocidad, cuatro empresas se repartieron durante 15 años licitaciones por valor de 500 millones de euros. Para tener un método imparcial de adjudicación de negocios recurrían al gordo de la lotería.En los 10 años que transcurren entre 1999 y 2009, Amurrio y Talleres Alegría, dos de las empresas expedientadas la semana pasada por la CNMC por cartelizar las licitaciones y contratos de Adif, multiplicaron por ocho y por 10 sus cifras de negocio hasta 33 y 23 millones de euros. JEZ Sistemas, por su parte, empezó más tarde pero en apenas cinco años multiplicó por cinco sus ingresos hasta 21 millones. La asturiana Duro Felguera, última en sumarse facturó 20 millones de euros.La investigación de la CNMC a raíz de las denuncias de la empresa pública descubrió un cruce de mails entre Amurrio, Alegría y JEZ donde, según el organismo, se llegaron a hacer los repartos entre las empresas «dependiendo del número agraciado con el primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional». Si el primer número de la lotería nacional era par, a Alegría le correspondía la adjudicación de la instalación y obra de un desvío y a Amurrio otro. En el caso de que fuera impar, este orden se invertía.
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El cártel fue contratado ininterrumpidamente a lo largo de 15 años. En este período, concursó como Unión Temporal de Empresas (UTE) y ganó decenas de contratos por entre uno y más de 20 millones de euros. De ellos, hasta 43 tuvieron bajas inferiores a un 1% o la rebaja por competencia sencillamente no existió.Desde 2014, Adif, perteneciente al Ministerio de Fomento, ha llevado la corrupción y conductas ilegales ante la Fiscalía y la CNMC. Aunque, en este caso, el expediente se centra en las empresas que formaban el cártel, la empresa pública que mayor presupuesto para infraestructuras públicas ha manejado en los últimos 20 años, queda en mal lugar, hasta el punto de que sorprende que no se plantee ninguna medida. Según la investigación, el personal de Adif encargado de las licitaciones formaba parte activa del amaño de concursos al informar y pactar con el cártel las condiciones de las adjudicaciones o recomendar mantener las formas. El 19 de junio de 2009, el responsable de Adif identificado por Competencia como «JJJ» se indigna con los miembros del cártel, que al estar seguros de ser los adjudicatarios de un concurso, no se molestaron en acudir a la apertura de sobres, el acto en el que se da a conocer el ganador de una licitación. «Parece ser que no termináis de entender las instrucciones de trabajo emitidas desde Adif, y por supuesto, veo que 13 millones de euros no son lo suficientemente importantes como para mandar a una persona de la UTE a la apertura de esta mañana tal y como ya se ha comentado en repetidas ocasiones. Este comportamiento es inadmisible y espero que sea la última vez», les dice.No hay constancia pública de qué beneficios obtenía el trabajador de Adif de esta relación. Pero, a pesar de esta evidencia de que la empresa pública formaba parte activa del cártel, Competencia la exculpa de cualquier responsabilidad. Como denunciante, Adif no se acogió al programa de indulgencia de la CNMC. «Si bien las entidades de administración de infraestructuras ferroviarias han tenido cierto grado de protagonismo en las conductas objeto de esta resolución y ello sea reprobable desde la competencia, no es posible atribuirle la condición de operador económico responsable en este expediente, sin perjuicio de que haya podido incurrir en la infracción de otras normas que le puedan ser de aplicación y sobre las que Competencia no tiene facultad de aplicación», concluye.

La Guardia Civil acusa al empresario Gustavo Buesa de financiar ilegalmente a CiU con 550.000 euros a cambio de recibir contratos amañados de recogida de basuras en ayuntamientos catalanes como el de Lloret de Mar. Los informes de los investigadores, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, señalan que Convergència dispensaba «un trato de favor» a Buesa, propietario del Grupo GBI Serveis. A cambio, éste «compensaba debidamente» al partido y a los funcionarios que le otorgaban los contratos.Unas licitaciones que, a juicio de la Guardia Civil, estaban «aparentemente preparadas ad hoc» para «favorecer los intereses» del ex socio de Jordi Pujol Ferrusola. Éste, a cambio, financió al partido nacionalista a través de la Fundación Catdem (CDC), a la que aportó 550.000 euros entre 2007 y 2009 en lo que se considera por parte de los investigadores un pago de comisiones camuflado.Entre los concursos bajo sospecha, las pesquisas se concentran en la adjudicación irregular en 2011 del nuevo contrato de recogida de basuras, limpieza de viales y acondicionamiento de parques del municipio de Lloret de Mar, gobernado por CDC.Según considera acreditado la Guardia Civil, el Ayuntamiento diseñó una «convocatoria urgente» con el único objetivo de «favorecer los intereses del Sr. Buesa», que ya explotaba ese servicio a través de otra sociedad participada por él: Serveis Integrals Lloret, S.L., y al que se permitió de esta manera que ampliara diez años más el negocio. Para ello, se redactó «un pliego de condiciones acorde con la empresa GBI Serveis», fijando «25 puntos para la parte económica y 75 para juicios de valor» y «se limitó a 40 días el plazo de presentación de licitadores».Las características de este concurso, que «restringió la competencia entre licitadores», llevó a que «sólo se presentara» la empresa de Buesa, que acabó resultando adjudicataria por un importe anual de 7.918.054 euros, «siendo el contrato de servicios más importante firmado por este Ayuntamiento». Los investigadores destacan que no existía la obligación de sacar de nuevo a concurso dicho servicio ya que el contrato anterior permitía la posibilidad de prorrogarlo «por uno o dos años».No obstante, el objetivo de CDC fue otorgar a Buesa «un contrato a largo plazo» y permitirle, además, un nuevo «trato de favor» consistente en que se quedara con los vehículos vinculados a la licitación anterior. Según los informes de la investigación, Buesa «no los reintegró al patrimonio del Ayuntamiento» sino que los destinó «a otras localidades donde tiene otras concesiones similares», los «transfirió a terceras personas» e incluso «matriculó algunos en Rumanía».«Estos hechos confirman que el Sr. Buesa», añaden los dictámenes de la Operación Trueno, «cuenta con cierta permisividad de los representantes del Consistorio en cuanto a la utilización y disposición de los mismos, no adoptando ninguna medida al respecto para subsanar estas irregularidades».A cambio de este «trato de favor» del Consistorio, la Guardia Civil subraya que el ex interventor recibió «determinadas dádivas» consistentes en la colocación de dos de sus hijos en las empresas de Buesa. «Uno de ellos percibió retribuciones de Serveis Integrals de Lloret desde 2002 a 2004» siendo nombrado administrador «con 21 años» de la entidad Gestió Medioambiental de Roses, S.L., «empresa que presta el servicio de recogida de basuras» en este municipio gerundense. Otro hijo de Arbó «fue dado de alta en la Seguridad Social por la empresa GBI Serveis el cinco de julio de 2006».Por todo ello la Guardia Civil atribuye a Buesa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, apropiación indebida y fraude a la Administración pública.

Lloret de Mar ha iniciado la campaña de verano con mal pie. Agentes de la Guardia Civil, en una operación coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, han detenido en la tarde de este miércoles al empresario Gustavo Buesa, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola y propietario del grupo GBI, al que se adjudicó el polémico contrato millonario de recogida de basuras y limpieza de playas de Lloret de Mar. El Instituto Armado sospecha que este cotrato "pudo haber dado lugar a la realización de cuantiosas donaciones" en favor de varias fundaciones vinculadas a CiU.

El arresto ha tenido lugar horas después de que se llevara a cabo un registro en el ayuntamiento para recabar los expedientes de aquella adjudicación, que fue otorgada en el 2011 al Grupo GBI, durante el último mandato de Xavier Crespo, el exalcalde convergente condenado a 9 años de inhabilitación por soborno y prevaricación por sus negocios con la mafia rusa.

La operación de la fiscalía anticorrupción se ha saldado, además, con la detención del interventor y el secretario municipal (Carlos Arbó y Josep Rafael Josep García, respectivamente), que avalaron con sus informes una adjudicación polémica, ya que se realizó en abril del 2011, por el procedimiento de urgencia, cuando solo faltaba un mes para las elecciones municipales de ese año.

Varios grupos de la oposición criticaron con dureza ese concurso (de más de 90 millones de euros ya que su duración es de casi una década) y aseguraron que se había hecho a medida de la empresa GBI, que fue la única que se presentó a la adjudicación a pesar de que se trataba de un contrato millonario.

Los dos funcionarios han quedado en libertad horas después de declarar en dependencias policiales y se les ha citado para comparecer en el juzgado el próximo 21 de julio, según ha informado el abogado de ambos, Carles Monguilod, que también representa a Gustavo Buesa, propietario de GBI.

La Policía acusa a la familia Pujol de «blanquear dinero fuera del circuito declarado» en Croacia junto a los Suqué, considerados los reyes del juego en Cataluña. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entregado al juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata un nuevo informe, que ha permanecido meses en secreto por orden del magistrado, en el que atribuye al primogénito del clan catalán una nueva operación de la lavado de fondos «de gran envergadura». La Policía sitúa en ella a la familia Suqué y a un nutrido grupo de empresarios catalanes a los que Jordi Pujol Soley aprobó importantes proyectos desde la Generalitat.Todos ellos invirtieron fondos «cuya génesis se desconoce» en una sociedad denominada Croatagna con la que supuestamente iban a desarrollar una gran promoción inmobiliaria en la localidad de Pula.
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La UDEF considera que la empresa, que llegó a adquirir cinco fincas en la península croata de Istria, fue realmente utilizada para blanquear dinero mediante «operaciones irracionales económicamente, simulaciones contractuales y movimientos de capitales que no se corresponden con la lógica comercial». Por todo ello solicita el registro de sus oficinas.La UDEF sostiene que la familia Pujol «blanqueó» fondos en Croacia junto a la familia Suqué, gigante catalán del juego, que ya fue investigada en los años 80 por financiar ilegalmente a Convergència con seis millones de euros. Según la Policía, el hijo mayor del ex presidente autonómico catalán lideró «una operación de blanqueo de capitales de gran envergadura» en la que también participó Lluís Badía, ex presidente del Puerto de Tarragona, y que estuvo caracterizada por «la realización de operaciones irracionales económicamente, simulaciones contractuales y movimientos de capitales que no se corresponden con la lógica comercial ni con las declaraciones efectuadas». Así, los Pujol y los Suqué, junto con otros socios catalanes, adquirieron cinco fincas en la localidad croata de Pula, situada al noroeste del país, para desarrollar una promoción inmobiliaria. Les acompañaron en esta aventura otros empresarios catalanes que, según la Policía, «acometieron proyectos que se vieron sometidos al criterio de Jordi Pujol Soley de forma indirecta como responsable máximo de la Administración catalana».Estas son las principales conclusiones de una de las piezas del caso Pujol que hasta el momento permanecía secreta por orden del juez De la Mata y a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO.La operación investigada tiene su germen en la constitución el 1 de diciembre de 2003 de la sociedad croata Kvadrat Grandja, adquirida por Pujol Jr. y Badía junto a sus respectivas mujeres. En 2009 todos ellos vendieron su paquete de acciones en esta sociedad a otra mercantil, denominada Croatagna, radicada en Tarragona, en una operación que los investigadores tildan de «ficción mercantil».Esta última empresa llevó a cabo, a juicio de la UDEF, «una llamativa evolución de su capital social» pasando de golpe de 330.000 euros a 5,7 millones de euros «después de sucesivas ampliaciones de capitales». De esta forma, Croatagna «gozó de una liquidez importante para realizar inversiones de cualquier tipo sin acudir prácticamente a financiación ajena» nutriéndose de «inyecciones de capital de génesis desconocida».La UDEF advierte indicios de blanqueo de capitales en todas las fases de la operación. En primer lugar, porque la venta de las participaciones de una sociedad a otra se produjo simplemente «por el valor nominal, lo cual es una sinrazón económica, dado que después de cinco años de existencia de la sociedad y existiendo una serie de inversiones caudalosas a la par que operaciones financieras cuantitativa y cualitativamente trascendentes, es innegable que todo ello debiera haberse trasladado al precio fijado en la transmisión». «Es notoria y evidente esta irracionalidad económica, que es uno de los indicios tasados por la jurisprudencia como asociados al blanqueo de capitales», apostilla. Pero no sólo en ese punto ve la UDEF indicios de lavado de dinero. «Además de ese devenir económico es difícil de creer que los socios dueños del 12% como Jordi Pujol, que pagaron un precio al cambio de 320 euros en 2003 vendan por ese mismo precio en 2009, cuando sólo los costes notariales en ambos países en los que incurrieron probablemente superaran esa cantidad con creces, sin mencionar los costes transaccionales».No en vano, «incurrirían incluso en pérdidas por los efectos de la inflación y los costes financieros, evidenciando aún más la dificultad de que creamos que el conjunto de la operativa fue realmente así», añaden los investigadores.En el marco de esta operación se produjo además una inyección de capital en la segunda sociedad por importe de varios millones de euros que la Policía destaca que «no salieron de España». Así, sólo en el caso del matrimonio Pujol, la cifra aportada ascendió a «un millón de euros cuya ascendencia se ignora al no situarse en España y estar por tanto fuera de los circuitos declarados».Pero es que, de manera paralela, prosigue la Policía, se produjo una «aparición imprevista» en la referida entidad con el desembolso de la misma cantidad, un millón de euros, la de «Carmen Mateu Quintana, cónyuge de Artur Suqué Puig, empresario que tiene una relación de amistad con Jordi Pujol Soley desde antaño».A este conglomerado empresarial se unió también la sociedad Estructuras Ferru, «una compañía que ha desarrollado multitud de proyectos en Cataluña, entre los que destacamos por las potenciales vinculaciones con los hechos investigados, la construcción de dos estructuras de 15.000 y 6.000 metros cuadrados en el Puerto de Tarragona». Pero también «el desarrollo de un área hospitalaria de 16.000 metros cuadrados del Hospital Comarcal en el Vendrell, proyecto concedido bajo el Gobierno de Jordi Pujol Soley en 2003».Junto a ellos entraron nuevos socios, como la empresa Fran Tagna de la localidad de Torredembarra, «epicentro de una trama de corrupción que en fechas recientes está siendo investigada», hasta que los fondos propios se elevaron de golpe a 7.750.000 euros, «que según las escrituras notariales fueron depositados en metálico».Pese a las importantes inversiones realizadas con fondos de origen desconocido, la UDEF recalca que nunca se llevó a cabo la promoción inmobiliaria que supuestamente estaba prevista y considera que el entramado societario se utilizó principalmente para el lavado de dinero ilícito.

Histórica condena contra la Junta: pagará 157 millones a una promotora
Un juzgado de Granada fuerza a la Administración a indemnizar a la promotora del parque comercial Nevada, bloqueado 10 años

Uxue Barkos será investigada por el cobro irregular de dietas
El Tribunal de Cuentas admite a trámite una demanda que pide que la actual presidenta navarra devuelva 200.000 euros cobrados de forma irregular.

Pablo Echenique, acorralado por un caso de economía sumergida
Siendo ya diputado por Podemos, mantuvo a un trabajador doméstico sin contrato y sin cotizar a la Seguridad Social

La juez procesa al PP por destruir los ordenadores de Bárcenas.
http://www.publico.es/politica/tribunales/juez-procesa-al-pp-destruir.html

Unos angelitos ejerciendo de "patriotas":
Manos Limpias, multada con 3.000 euros por filtrar la declaración de Artur Mas en la causa del 9-N.
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Manos-Limpias-filtrar-declaracion-Artur_0_541396334.html

Modo irónico: Es por "culpa" del perverso Sistema que es el que ha hecho ir por el "mal camino" al "virtuoso" ciudadano Pablo Echenique. Saludos.

La candidata del PP para la nueva televisión valenciana, acusada de encubrir abusos sexuales a tres periodistas.
http://www.eldiario.es/cv/rtvv/Fernandez-PP-Consejo-Rector-RTVV_0_541396533.html