Hilo del juicio a los presos políticos

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

La decisión judicial afecta a Junqueras, Forn, Romeva, Cuixart y Forcadell

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña ha revocado el tercer grado (régimen de semilibertad) de los golpistas catalanes que tendrán que volver a prisión. «Se acuerda el efecto suspensivo de dicha calificación así como su tramitación preferente y urgente», ha indicado el tribunal, tras admitir el recurso planteado por la Fiscalía de Barcelona. La decisión afecta a los condenados Oriol Junqueras, líder de ERC, los exconsellers Joaquim Forn, y Raul Romeva; y, los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

A comienzos de este mismo mes, el Ministerio Público anunció que llevaría ante la Justicia las resoluciones de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Lledoners, en San Juan de Torruella (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueras (Gerona) y la cárcel de mujeres Wad-Ras, en la capital catalana, tras proponer que los líderes independentistas sólo volviesen a dormir a la cárcel de domingo a jueves, pudiendo disfrutar de los fines de semana en sus domicilios y cerca de sus familias. La decisión administrativa dependió, en última instancia, de la Consejería de Justicia de la Generalitat que preside Quim Torra.

La Fiscalía no avaló que Torra beneficiase a los suyos con una semilibertad encubierta, cuando algunos de ellos, con penas que llegan hasta los 13 años de cárcel -en el caso de Junqueras- ni siquiera han cumplido una cuarta parte de la condena y no estaban arrepentidos.

No se puede «utilizar la progresión a tercer grado en fases tan iniciales de cumplimiento de la pena, como es el caso, como un modo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento«, sostuvo la Fiscalía en su escrito. Además, a juicio de la Fiscalía, no se han cumplido «los fines de reeducación y resocialización», o no al menos con el alcance concreto que requieren en este caso los líderes separatistas, ya que todos ellos estaban integrados en la sociedad antes de cometer los delitos de sedición y malversación que les llevaron a ingresar en la cárcel.

Los presos no podrán volver a pisar la calle durante los próximos días una vez que reingresen en prisión esta tarde. Esto es, vuelven a quedar clasificados en segundo grado penitenciario. Sin embargo, se plantea la duda jurídica de si conservan el beneficio del 100.2 del reglamento penitenciario del que disfrutaban  y que el tercer grado dejó sin efecto. A la espera de que sus defensas presenten las apelaciones correspondientes, en un plazo máximo de 3 días, la única que lo tiene suspendido es Carme Forcadell, por decisión del Tribunal Supremo.

El Supremo fijó la senda

La Sala del Tribunal Supremo que juzgó la causa del ‘procés’ fijó la senda a seguir en la cuestión de la semilibertad de los políticos separatistas catalanes tras admitir, la semana pasada, el recurso de la Fiscalía y revocar el auto por el que el pasado 28 de abril el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lérida acordó dejar en semilibertad -por la aplicación del artículo 100.2- a la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Los argumentos dados por los magistrados en el auto anticiparon el escenario que se confirma para el resto de líderes independentistas, cancelando el tercer grado que disfrutaban desde hace unos días.

La columna vertebral del auto del Tribunal Supremo fue el rechazo a la aplicación a Forcadell del régimen flexible del 100.2, en «fraude de ley», al no existir vinculación entre el programa de tratamiento aprobado -tareas de voluntariado y cuidado de su madre- y el proceso de reinserción de la dirigente separatista con el delito cometido y probado en la sentencia firme del Supremo.

La gravedad de las condenas

Los magistrados de la Sala Segunda del Alto Tribunal, bajo la presidencia del magistrado Manuel Marchena, lanzaron severas advertencias a las autoridades separatistas, en la resolución de Forcadell: «Nuestra sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada. En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática».

Los jueces avisaron que su sentencia puso «de manifiesto una idea clave de la que no puede prescindirse. Y es que la Sra. Forcadell no fue condenada por perseguir la independencia de Cataluña. Las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Su legitimidad es incuestionable, está fuera de cualquier duda. El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque ésta atente a los pilares del sistema. La Sra. Forcadell no fue condenada por su ideología independentista. Fue declarada autora de un delito de sedición por los hechos declarados probados en el juicio histórico de nuestra sentencia».

En el caso de Forcadell, los miembros del tribunal subrayaron «su decidido protagonismo en el concierto delictivo ideado por los demás acusados y se concluye cómo su actuación rebasó el ámbito de su cargo institucional, con actos y decisiones plenamente integrados en una estrategia delictiva, en un expreso desafío al orden constitucional y a las autoridades que actuaban a su amparo» 

 

PREMIUM

Actualizado Miércoles, 28 octubre 2020 - 12:51

David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler, detenidos por la Guardia Civil, formaban parte del sanedrín que asesoró al prófugo antes del 1-O

Xavier Vendrell, David Madí y Oriol Soler, tres de los detenidos. EL MUNDO

Bien podría decirse que la Guardia Civil ha detenido hoy en Barcelona al sanedrín que asesoró a Carles Puigdemont para impulsar el referéndum del 1-O. A los cabecillas de ese grupo de gurús en los que el prófugo se apoyó -de espaldas a su propio Govern- para orquestar la votación ilegal, diseñar la transición de la autonomía catalana a la república autoproclamada y en los que los investigadores dan por hecho que se ha seguido respaldando para poder pilotar desde Bélgica el proceso indepedentis

 

PREMIUM

El ex presidente de la Generalitat, en contra de impulsar acuerdos comerciales con "países con presos políticos"

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont y Toni Comín en el Parlamento Europeo EFE

El Parlamento Europeo ha aprobado un importante acuerdo con China que protege cien productos comunitarios, incluido el cava catalán, en el mercado oriental, con el sorprendente voto en contra del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. 

En Cataluña hay tantos políticos que los catalanes cada vez pagan más impuestos para mantenerlos. Salen muy caros. Esta parte es curiosa, porque hay unas cuantas empresas catalanas en el Ibex: "Aragonès y Borràs han afirmado en la campaña electoral que pretenden "expulsar" a las empresas del Ibex de la contratación pública catalana

Salvador Illa, candidato del PSC a la Generalitat

9:45 - 11/02/2021

Gane quien gane las elecciones autonómicas del domingo, habrá un claro perdedor: los ciudadanos y empresas catalanes. La victoria en las urnas se prevé muy disputada entre PSC, ERC y Junts, aunque con necesidad de pactos postelectorales para conformar un nuevo gobierno autonómico, y todas las opciones con posibilidades de sumar para ocupar la Generalitat abogan en sus programas electorales por subir impuestos o crear nuevos, o ambas opciones.

Los únicos partidos que apuestan por una rebaja fiscal son los que no se prevén decisivos: Ciudadanos, PP, Vox y PDeCAT, mientras que el resto tienen el objetivo contrario, pese a que Cataluña es la autonomía con mayor presión fiscal a las rentas altas y a las más bajas.

En el caso del PSC, ha dado mucha difusión a la propuesta de armonización fiscal en toda España para evitar una lucha fratricida entre autonomías, estipulando un suelo mínimo a pagar de cualquier impuesto, lo que supone en la práctica hacer pagar más impuestos a los madrileños. Pero sus planes no son mejores para los catalanes: defiende subidas de impuestas y la creación de nuevos. En el IRPF, quiere "grabar de forma más efectiva" las rentas más altas, tanto del trabajo como del capital, y en Sucesiones y Donaciones "una reducción significativa y selectiva" de los beneficios fiscales derivados de la normativa catalana para hacer subir la recaudación, e impulsar, junto con otros gobiernos y fuerzas políticas, un suelo común del impuesto para todas las comunidades autónomas "que se sitúe por encima de la media actual".

En el impuesto de Patrimonio, los socialistas también quieren gravar de manera más intensa los grandes patrimonios en Cataluña "como paso previo y transitorio" al establecimiento de un impuesto a la riqueza, y trabajar por una reforma coordinada del impuesto en toda España para impulsar la recaudación también en el resto de autonomías. Y el PSC también aboga por crear nuevos impuestos ambientales.

En cualquier caso, si los candidatos mantienen sus palabras tras los comicios -lo que dependerá del reparto final de escaños-, Salvador Illa no será el próximo presidente catalán, ya que ERC rechaza un pacto con los socialistas, descartando el tripartito que gobernó dos legislaturas en Cataluña antes del procés, y que En Comú Podem defiende reeditar.

Todo apunta a que ERC y Junts volverán a sumar fuerzas, aunque previsiblemente deberán elegir entre el apoyo de En Comú Podem o el de la CUP. Sea cual sea la suma, todas pasan por más impuestos en Cataluña en línea similar a la del PSC, con énfasis en IRPF, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, así como en fiscalidad verde, si bien los partidos no concretan a qué tramos de renta quieren afectar.

Los diez retos económicos del Govern que saldrá de las elecciones del 14F

En el caso de ERC y Junts, no mencionan los grandes impuestos -Sucesiones ya lo subieron en 2020 a cambio del apoyo de En Comú Podem a los Presupuestos de la Generalitat del año pasado-, pero sí anuncian nuevos tributos ambientales y a las grandes empresas de comercio electrónico, así como un mayor gravamen a los productos de lujo, en el caso de Junts, y sobre el sector del juego, en el caso de ERC.

Asimismo, tanto los republicanos como el nuevo partido impulsado por Carles Puigdemont dan un paso más en sus planes de preparación para la independencia. Si antes del 1-O hablaban de crear Estructuras de Estado, como la Hacienda Propia -que siguen reivindicando, por el momento, a través de conseguir la gestión del 100% de los Tributos por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña-, ahora ponen el foco en las empresas de servicios esenciales.

Aragonès y Borràs han afirmado en la campaña electoral que pretenden "expulsar" a las empresas del Ibex de la contratación pública catalana para favorecer a las pymes locales. Ello contrasta con que muchas compañías del Ibex son catalanas, pero precisamente fueron de las que, en su gran mayoría, cambiaron su sede a otras autonomías para evitar la inseguridad jurídica del procés, y eso no ha sentado bien a los secesionistas. Además, se da el caso de que son empresas de servicios básicos, y los independentistas quieren impulsar compañías alternativas en estos ámbitos, tanto privadas como públicas, fieles en caso de ruptura.

Es por ello que en sus programas proponen incentivar el cooperativismo y otros modelos colaborativos para ámbitos como los de los servicios financieros y el energético, de manera que se conforme una red local resistente a una ruptura unilateral con el resto de España.