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Martes, 22 de enero de 2013
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BRUSELAS SE NIEGA A HACERSE CARGO DE LAS PÉRDIDAS
El Estado tendrá que inyectar todavía más dinero en Bankia para el arbitraje de preferentes
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El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri (Efe).
Eduardo Segovia22/01/2013 (16:55) 16 AA16Enviar7049 0
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5 2Imprimir La factura de Bankia para el contribuyente puede engordar todavía más. La razón es que el arbitraje para los afectados por las participaciones preferentes, que anunció el ministro Luis de Guindos en diciembre, supondrá nuevas pérdidas de capital para la entidad, que tendrán que ser cubiertas con fondos públicos si ésta no es capaz de captarlos por su cuenta (lo que no parece probable). Y Bruselas se niega a poner más dinero en la recapitalización del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, por lo que tendrá que ser el Estado español el que corra con la cuenta, según fuentes conocedoras de la situación.
Como es sabido, los tenedores de preferentes de Bankia (también los de deuda subordinada) tienen que sufrir una quita del 40% de su inversión por término medio, ya que la Comisión Europea exige que estos instrumentos asuman pérdidas antes de inyectar fondos públicos y minimizar así el coste para el contribuyente. Sin embargo, consciente de que muchos de estos inversores no sabían lo que compraban al adquirir las preferentes, el Gobierno consiguió que Bruselas le autorizara a realizar un arbitraje en los casos en que se demostrara mala praxis. Este arbitraje, similar a los que se están llevando a cabo en NovaGalicia y CatalunyaCaixa, devolverá el importe íntegro y en efectivo -no en acciones, como al resto- más un interés extra por su inversión en aquellos casos en que se dé la razón al cliente.
Esa devolución de la quita tiene un coste, lógicamente, que tiene que asumir la entidad, y la cuestión es si será capaz de generar en 2013 un beneficio suficiente para absorberlas; si no es así (prevé ganar 800 millones) , necesitará más capital . Un capital que, en primer lugar, tratará de obtener por vía privada, algo que se antoja bastante complicado, al menos a corto plazo, pese a la mejoría de la cotización de los bancos españoles en bolsa. Si no lo consigue, será el Estado el que asuma esas pérdidas con una inyección adicional de fondos. Y como Bruselas se niega a poner más dinero, esta nueva inyección incrementará el déficit público español.
Como es sabido, BFA-Bankia ha recibido el mayor rescate de la historia de la banca española, 17.959 millones del MEDE (Mecanismo de Estabilidad Europeo) más otros 4.465 del FROB 1, que se convirtieron en capital y que ya se han perdido. Tras esta inyección, el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, se niega a destinar todavía más fondos europeos a la entidad. El dinero del rescate supone en principio un incremento de la deuda pública del Estado español, aunque con unas condiciones mucho más favorables que la que emite en el mercado. La parte de este rescate que no se pueda recuperar con los beneficios futuros de la entidad o con su venta sí irá a parar al déficit público, aunque el FROB tiene cinco años para tratar de reducir ese impacto.
Máximo de 5.000 millones
La cantidad que habrá que inyectar todavía no está clara, puesto que depende de cuántas reclamaciones se presenten y cuántas pasen el filtro de KPMG, que será quien decida en qué casos hay base para determinar mala praxis. El importe total de las preferentes y subordinadas vendidas a minoristas supone unos 5.000 millones, pero esta cifra supone que se da la razón a todos los tenedores de estos títulos, lo cual es muy poco probable según las fuentes consultadas. En el caso de NovaGalicia, se está dando la razón a un 25% de los afectados aproximadamente, lo que en el caso de Bankia supondría 1.250 millones.
Esta propuesta de que el Estado se haga cargo de las pérdidas del arbitraje de preferentes se discutirá con la delegación de la troika (Comisión, BCE y FMI) que visitará España la próxima semana para evaluar sobre el terreno el cumplimiento de los compromisos de España en cuanto a reducción del déficit y a las obligaciones estipuladas en el Memorándum de Entendimiento (MoU) para el rescate bancario.