Mientras que adjudicarse un bien en subasta no sea una fácil y simple inversión sino que implique subrogarse en todos los errores y subnormalidades que se hayan podido cometer en el transcurso del procedimiento judicial, los inversores privados, que no son idiotas, van a mantenerse lejos de las subastas o van a participar en ellas solo de la mano de profesionales.
Ya hemos comentado en anteriores ocasiones lo muy mantas que son los Juzgados de lo Social a la hora de organizar las subastas judiciales. No cuestiono su capacidad para juzgar acerca de los problemas laborales de los españoles, pero siempre que me he adjudicado una subasta en esos juzgados la misma ha acabado suspendiéndose por unos motivos u otros.
El contraste con el TREMENDO DESASTRE JUDICIAL español y la penosa situación de la organización judicial de las subastas y prácticamente de cualquier otro asunto susceptible de estar judicializado, el contraste digo, es mayúsculo. Es de tal magnitud que mencionarlo es una perogrullada.
Hace exactamente dos meses me quejaba amargamente del error como constante de los juzgados españoles porque una empleada judicial había redactado el Decreto de Adjudicación (de un piso que ya tenía vendido) sin hacer mención expresa de las cantidades adeudadas y así lo había notificado al demandado junto con la tasación de costas.
Quizá algunos de los lectores que aún me soportan tengan una idea equivocada respecto a mi relación con los funcionarios. Puede que hayan leído post como este o este otro y hayan sacado la conclusión de que generalizo y meto a todos los funcionarios en el mismo saco de gandules y desinteresados de su trabajo. No pienso eso y, si lo pensara, estaría muy equivocado. No todos son así, ni mucho menos.
Recordaréis que hace tres meses el iluso de Tristán estaba feliz pues le habían dictado el Decreto de Adjudicación en menos de un mes y éste ya estaba siendo notificado. El muy crédulo se felicitaba de que aún quedaran juzgados cuyos titulares se tomaran en serio el "servicio" al ciudadano y a la Justicia... paparruchas.
Si los juzgados fueran privados, el procedimiento hipotecario no tendría por qué durar más de tres meses. Pero estamos en España y ya sabemos todos que aquí la Justicia no funciona. Y esto es así no porque el procedimiento esté mal legislado u organizado sino por la negligencia de todos y cado uno de los eslabones que la componen.
Sucedió en Madrid, en uno de los dos juzgados especializados en ejecuciones hipotecarias. Yo estaba tranquilamente sentado, estudiando con ahínco las pocas fotocopias mal hechas que ahora nos permiten ver, cuando se acercó un inmigrante andino (ignoro su nacionalidad concreta) y confundiéndome con un funcionario se dirigió a mí mostrándome unos papeles.
Yo le aclaré que solo era un visitante del
