Exacto, siempre se debe respetar la presunción de inocencia, y siempre se debería investigar ante cualquier atisbo de malversación, o simple mala praxis en la administración de fondos públicos.
Por esto último, las empresas cuyos consejos de administración se nutre con antiguos cargos políticos, sean del signo que sean, deben ser más pulcras que cualquier otra en sus maniobras empresariales. Otras empresas u organizaciones sectoriales podrían sentir un agravio comparativo, si el apoyo estatal fuese más accesible, ágil o cuantioso, para esas empresas con vinculados políticos en sus órganos de administración.
Precisamente esa fue la lectura que hice del post mencionado, y no otra.
En mi opinión, la dificultad en estos procesos no radica en que los técnicos de un organismo como la SEPI emitan un informe de idoneidad con resultado positivo/negativo. La dificultad se encuentra, en que el firmante/s obvie las implicaciones políticas, tanto de los gestores de la empresa, como las inherentes a la elección de su propio cargo.
Como dije antes, no me gustaría estar en los zapatos del firmante, porque existe información de dominio público, difícilmente soslayable.
En cualquier caso, ni hemos visto la firma, ni conocemos al firmante. Todo es presunción, todo inocencia, pura especulación o imaginación.
Un abrazo virtual