Esto ocurre pese al desconocimiento general sobre los riesgos que conllevan y la supervisión y la fiscalidad a la que están sometidas, según refleja el 'III Informe sobre conocimiento y hábitos de fintech' de Asufin, que incorpora por primera vez un apartado dedicado a la inversión en criptos.
El 70,6% ha invertido mas de 1.000 euros y más de una cuarta parte de los que invierten han superado los 6.000 euros de inversión, pese a que solo el 59,1% de los que invierten son conscientes de que se trata de una inversión de riesgo.
"Estos datos sorprendentes pueden ser efecto de ser una inversión reciente y que la mayoría de los encuestados declara que está consiguiendo beneficios con sus criptoactivos, un 59,3%, mientras que declaran pérdidas solo un 28,8% y sin cambios apreciables, un 11,9%", señala Asufin.
El estudio también llama la atención sobre el conocimiento de las plataformas en las que invierten, pues un 69,8% cree que están supervisadas por alguna autoridad, ya sea el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o un banco bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE), frente a un 22,1% que afirma que no lo están.
También existe un desconocimiento importante sobre las implicaciones fiscales de estos instrumentos, pues un 41,4% piensa que no tendrá que pagar ningún tipo de impuesto por lo que gane con sus criptoactivos y un 28,4% reconoce que no lo sabe.
El estudio concluye que la digitalización ha acelerado el conocimiento de los españoles y el uso de las fintech, fundamentalmente en los segmentos de criptomonedas y medios de pago.
Asufin también ha constatado un considerable aumento del conocimiento en el papel de los ciudadanos en la cesión de datos y el uso que hacen de ellos los bancos, aseguradoras y empresas tecnológicas, lo que ha llevado a que sean más estrictos en la cesión, perdiendo fuerza muchos incentivos, salvo el de conseguir servicios más baratos.
Aunque ceden voluntariamente los datos, lo hacen de forma forzosa y ha aumentado la desconfianza, especialmente en empresas tecnológicas y, en menor medida, en bancos y aseguradoras.
"Cuanto más informado y más uso hace el ciudadano de la tecnología, más prevenido parece estar de todos sus riesgos. Una tendencia que no se observa aún en el fenómeno de la inversión en criptomonedas", concluye el informe.
NO EXISTE REGULACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIPTOS
Durante el Congreso de Asufin también ha sido presentado el 'Informe sobre tipología y régimen jurídico de los criptoactivos', elaborado por el catedrático Alfredo Muñoz García en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.
El informe constata que no existe una regulación de los prestadores de servicios de criptoactivos, lo que produce serios problemas en su control, y se rebasan las competencias de organismos de supervisión, como la CNMV o el Banco de España.
De hecho, advierte de que, en casos de estafa con criptomonedas, la CNMV no tiene competencias para actuar (salvo en lo relativo a la publicidad de estos instrumentos), por lo que la única salida es la que permiten los tribunales penales: el perjudicado tiene que esperar a que se produzca el daño para poder acudir a la vía judicial.
En este escenario, identifica la configuración de un régimen jurídico de acceso y supervisión de quienes prestan estos servicios como una de las principales reformas necesarias e incide en la necesidad de facilitar la educación del consumidor para que comprenda sus derechos y los riesgos a los que se somete.
PRUEBA REAL PARA COMPROBAR LA VOLATILIDAD Y LA FALTA DE INFORMACIÓN
Para determinar el grado de información que se facilita al consumidor, durante y después de la operación, sobre las características y riesgos de la inversión, Asufin ha llevado a cabo su primer 'mystery shopping' sobre inversión en criptomonedas.
La asociación ha invertido 100 euros en bitcoins en cinco plataformas (Binance, Crypto.com, Coinbase, Bit2me y 2gether) durante 50 días y ha comprobado la alta volatilidad, que ha oscilado durante ese periodo entre pérdidas del 14% (86,28 euros) a ganancias del 32% (131,75 euros), para finalizar en 128,42 euros.
Asufin ha avisado de que, durante el proceso, las plataformas no ofrecieron información clara y sencilla sobre las características de los productos que proporcionaban. "Un consumidor inexperto puede comprar un activo indexado al bitcoin pensando que está obteniendo la moneda propiamente dicha", asegura.
Uno de los mayores problemas de la contratación online, resalta, es la aceptación de las condiciones generales de forma automática y en un 'clic', lo que complica que el consumidor comprenda el complejo lenguaje de los contratos, que suelen ser "largos y farragosos", y termina por aceptar las condiciones sin mayor reflexión, afirma Asufin.
La investigación encubierta también ha revelado que las plataformas no muestran al consumidor el coste en términos de distintas comisiones y gastos de manera clara e intuitiva antes de la inversión.
