EL RIP de las pensiones.

Lo de: "pedir pagar menos y que suban es del genero gilipollas" es una afirmación gratuita tuya
derivando y manipulando la conversación hacia tu propio huerto.

Como acabo de comentar, la problemática de fondo no es otra que el NEOLIBERALISMO y su afán privatizador, sustentado en el caso español por el PPSO€.

Ese afán privatizador, no tiene otra finalidad que esquilmar los bienes y servicios públicos, para entregar su gestión y titularidad a manos de inversores y especuladores, cuyo único fin y objetivos son la máxima obtención del lucro y rendimiento a sus inversiones, por encima de cualesquiera otra consideración de tipo ético.

Esa circunstancia solo se puede dar con el consentimiento de nuestros representantes.Representantes que elegidos por nosotros, se venden al mejor postor y muchas veces representan no los legitimos derechos de sus ciudadanos y votantes, más bien la de la multinacional de turno, que les reporta pingües beneficios y que resulta muy dificil de poder probar en sede judicial.

Un IPC en torno al 2% anual, siendo generosos en la apreciación para la década entrante supondria un 20% de devaluación de las pensiones en 2023, si restamos el 0,25% de la ministra, entonces nos quedariamos en DEVALUACIÓN DEL 17,5%.

Pensar en fechas más lejanas, tal y como dice el artículo que venimos comentando y con el cual me identifico totalmente, produce escalofrios, parafraseando al mismo.

Pues ese es el género que predomina en este país.

"Mi huerto es el tuyo" no es por nada.

Estamos viendo como nos quejamos de todo lo que debemos, al tiempo se pide más gasto.

Yo he dicho que hay que adaptar las pensiones a lo que tenemos para ellas, si queremos suban al ritmo de las patatas pues a pagar cotizaciones al ritmo de subida de las patatas.

Tengo muchas dudas de la ética de lo que se está pidiendo, se pide a los trabajadores ganen menos, o no ganen más (funcionarios por ejemplo) y al tiempo que las pensiones que ellos están pagando suban ¿es que la vida para ellos no sube?, se da la curiosa situación que los jubilados están cobrando 100% y sus antiguos compañeros aún sin jubilar están cobrando como el 85% de eso ................ y con gastos de ir al trabajo, tengo dudas de la justicia de lo que se pide.

Si la mayoría quiere que las pensiones suban un 3%, por ejemplo, lo que pagamos para destinarlo a ellas tiene que subir un 3%, es muy simple, sin manipulación y nada gratuito, ¿que somos un 6% más a cotizar? pues paguemos un 3% menos o ahorremos eso ¿que somos un 20% menos a cotizar? pues tenemos que pagar un 29% más, si es lo que queremos pues pidámoslo oye.

El que no lo entienda es porque no quiere entenderlo.

Como Argentina... no queremos pagar y tenerlo todo pagado, y así no se va a ningún sitio, más que a empobrecer hasta el corralito un país que después de la II Guerra Mundial era de los más ricos del mundo. Pero no aprendemos.

Desde el año 2000 los superavits de la Seguridad Social se ingresan en el Fondo de Reserva de las Pensiones. Ahora hay ahí unos 70.000 millones de euros. Nuestros. De los cotizantes.

Desde el año 1985 hasta el año 2000 los superavits de la Seguridad Social se transferían a los Presupuestos Generales del Estado. Nominalmente unos 250.000 millones de euros. Con la actualización de valores, casi unos 400.000 millones de euros. Ese dinero, materializado en autovías, el ave Madrid Sevilla y otras cosas, también es nuesto. De los cotizantes. El Estado NOS LO DEBE. Una parte de los impuestos generales (IVA, IRPF, Sociedades) se debería destinar a saldar esa deuda.

También nos han cargado a los cotizantes con "Políticas de Solidaridad", que pueden estar muy bien, pero que deberían ser asumidas por toda la sociedad, no sólo por los cotizantes. Por ejemplo: los complementos de pensiones a mínimos, las bajas paternales o la discriminación de subir más las pensiones bajas (algunas de ellas no cotizadas debidamente) que las altas (estas sí que debidamente cotizadas todas).

Están perpetrando el mayor robo de la historia.

Todo eso está muy bien pero para poner en un sitio hay que quitarlo de otro. ¿De dónde se quita? Yo me hago una idea de donde se podría quitar, pero mucho me temo que los que ostentan y ostentarán el poder político no van a estar de acuerdo.

Luego está la posibilidad de aumentar los ingresos. Fácil decirlo y difícil lograrlo. Mi propósito para este año bien podría ser ganar diez mil euros más, pero la realidad me dice que me voy a quedar como estaba y gracias. Es muy fácil volver a cargar el peso sobre las nóminas de los asalariados, una vez más, es decir, volverán a pagar los de siempre. Por otra parte, además de el problema de viavilidad no sólo está en lo que entra y lo que sale, si no también en la ausencia de relevo generacional, pirámide invertida y que generalmente los que deberían estar incorporados al sistema y cotizando mayormente están en el paro.

Con todos mis respetos para Geshta, lo que dicen es muy bonito, queda muy bien y seguramente es cierto, pero la cruda realidad dice que esas grandes fortunas se van a vivir a Irlanda y poco no nada se puede hacer, quizá hacer lo mismo que Irlanda y ver quien aguanta más.

Tenemos dos versiones, la del "comité de sabios" que es la que le gusta al gobierno y la de un colectivo de prestigiosos economistas independientes que reproduzco por su interés a continuación.

Yo me adhiero a la versión de estos últimos y no solo porque me pueda beneficiar, más bien porque me ofrecen infinita más credibilidad leyendo sus argumentaciones, que la de un ejecutivo que tiene como dogma la ausencia absoluta a la verdad, de una manera compulsiva y patologica.Aprovechando para pasarse por el arco del triunfo, el artículo 50 de la Constitución.

Yo no soy independentista en absoluto, pero me hace gracia las dos varas de medir que tiene el ejecutivo, una para aplicarla a Cataluña y otra para convertir en papel mojado el citado artículo 50.

Un grupo de 24 economistas ha firmado un documento contra la reforma de las pensiones presentada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Aseguran que el Gobierno "oculta" que las pensiones pueden financiarse por otras vías además de las cotizaciones sociales.

Consideran que el envejecimiento de la población se contrarresta con el acceso de la mujer al trabajo, la inmigración y el aumento de la productividad. Acusan al Ejecutivo de basar su reforma en un estudio sesgado y que responde a los INTERESES DEL SECTOR PRIVADO y de las ENTIDADES FINANCIERAS.

En 1993, la fundación BBVA presentó un informe que anunciaba que el sistema público de pensiones corría peligro. Según sus cálculos, el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social aumentaría hasta el 2% del PIB en tan solo siete años. Cuando llegó el año 2000, la Seguridad Social tenía superávit.

Este ejemplo es uno de los argumentos que esgrime este colectivo,para desacreditar el documento del comité de expertos, en el que se basa la nueva reforma de las pensiones anunciada por el Gobierno. El documento pretende “desenmascarar los intentos de justificar posturas ideológicas” La ministra de Empleo, Fátima Báñez, avanzó el pasado 2 de septiembre que las prestaciones de las personas de la tercera edad dejarán de revalorizarse con el IPC a partir de 2014, basándose en un informe encargado a un comité de doce expertos que concluía que el sistema público de pensiones no será sostenible en el futuro por el progresivo envejecimiento de la población y la proporción entre trabajadores y pensionistas.

Este colectivo de 24 economistas firmó el pasado jueves un documento para “desenmascarar los intentos de justificar los intentos de justificar posturas ideológicas” En él denuncian que el informe en el que se ha basado el Gobierno para elaborar su reforma plantea el asunto “como un problema técnico, cuando en realidad es un problema político” y afirman que se trata de una medida ideológica y “un paso en el desmantelamiento del Estado social”.

Según los firmantes, el Gobierno “oculta a los españoles” que las pensiones pueden financiarse por otras vías que no son las cotizaciones sociales. Aseguran que el Estado debe hacer frente a todos sus gastos con todos sus recursos, y que las pensiones no son un gasto independiente del resto. Citan el artículo 50 de la Constitución, que afirma que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad” para subrayar que el Estado tiene la obligación de acudir a todos los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, “sean las cotizaciones o cualquier otro impuesto”.

Pero este grupo de expertos tampoco está de acuerdo con que el aumento de la esperanza de vida y otros cambios demográficos vayan a derrumbar irremediablemente el sistema público de pensiones. Señalan que la incorporación de la mujer al mundo laboral ha aumentado el número potencial de trabajadores y que la tasa de actividad femenina todavía tiene margen para crecer.

También apuntan a la llegada de trabajadores inmigrantes que incrementan la base de trabajadores que también pagan las cotizaciones. Indican además que “hay que superar la visión cuantitativa de los trabajadores para considerar la productividad”. Aseguran que en el futuro se podrá producir más con un número menor de trabajadores y que esa cifra menor de cotizantes podrá mantener a un mayor número de pensionistas. Cuando aumenta la productividad, se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones, incluso con menos empleados por cada pensionista, argumentan.

“Difundir informes catastrofistas y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones solo puede tener una consecuencia”, explican, “que cada vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado”. Por esa razón, argumentan, “el grupo de sabios que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada”.

Destacan que la mayoría de los expertos consultados por el Gobierno “ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o seguros que van a beneficiarse de una eventual rebaja de las pensiones”.

El documento termina recordando que “no todas las personas pueden financiarse ahorro privado” y añade que “sin las pensiones públicas, casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en una situación de pobreza severa”. Concluyen que es necesario rechazar la reforma y reclamar “con toda firmeza” una política económica diferente.