Es un hecho y una opinión personal.
Dos mil kilómetros de líneas de alta velocidad (más kilómetros que Japón, Francia, Alemania o Italia), 48 aeropuertos construidos en pocos años, 43 de ellos internacionales, con costes desorbitados. Sólo 11 rentables (según un informe publicado por el BBVA en 2013, mantener los aeropuertos cerrados y las infraestructuras de la locura de obra civil tendrá un coste de 720 millones de euros). Autopistas vacías, 5.000 kilómetros de carreteras al lado de otras… No hay que rascarse mucho la cabeza para recordar esos pabellones de deportes a tutiplén en pueblos perdidos, esas fuentes y estatuas de dimensiones imposibles y gusto cuestionable, esos edificios ultramodernos en medio de plazas de arquitectura histórica, esos puentes al lado de otro puente, esas ciudades del circo, las artes, la cultura… Con mármoles de la jet set…
¿Es lo mismo gastar 30.000 millones de euros en obras civiles innecesarias o gastarlo en un proyecto que pueda generar recursos superiores al capital invertido? ¿Es lo mismo gastarlo en investigación real, que genere rentabilidad, o sumar funcionarios?
Este desastre se ve ejemplificado en el informe del Tribunal de Cuentas sobre el atroz plan de estímulo llamado “Plan E” , que muestra que no sólo no se creó empleo, sino que contribuyó a agrandar el agujero económico de España en otros 12.000 millones de euros. Según dicho Tribunal de Cuentas, cada empleo temporal que se creó costó más de 13.000 euros al mes en obras innecesarias.
Pero el plan E es un ejemplo muy pequeño. Es mucho más aterrador comprobar que el Tribunal de Cuentas, europeo y nacional, estima que en el coste de las obras públicas licitadas existe una desviación media sobre lo presupuestado cercana al 20%. Nos parece normal leer que un hospital en Toledo, presupuestado en 299 millones, lleva gastados 362 millones con un 34% de la obra ejecutada.
El puente de Castilla la Mancha, en Talavera de la Reina, es todo un ejemplo. Menos de 90.000 habitantes, pero el segundo puente más alto de Europa, con un coste presupuestado de 60 millones que ha superado los 299 millones de euros y un coste de mantenimiento anual que se va triplicando cada tres años, debido a las inspecciones técnicas que deben realizarse.
Desde el año 2004 ninguna obra civil se ha terminado dentro de lo presupuestado, o por debajo, y nadie se rasga las vestiduras. El sobrecoste no es el problema. Que lo pague otro.
El gasto anual en televisiones públicas autonómicas es de 1.200 millones de euros…
Lo mismo ocurre con el gasto en administración. Desde que se transfirieron a las comunidades autónomas, las gastos en sanidad se han duplicado, sin embargo esa cifra se justifica en cuanto se introduce el término “sanidad” o “educación”. Como si no existiese el despilfarro. La sanidad pública no es gratuita. La pagamos por adelantado en impuestos. Y es esencial profundizar en la transición a un modelo de elección libre, en el que la gestión privada y la pública prueben los beneficios para todos y agilicen y mejoren el servicio compitiendo en calidad. La competencia de la gestión privada pone de manifiesto el despilfarro en aquellas áreas públicas incapaces de utilizar el dinero eficazmente, y viceversa, también pone de manifiesto si el sector público lo hace mejor.
Según Eurostat, España gasta en sanidad 1.463 euros por habitante, 631 euros menos que la media de la eurozona, que se sitúa en 2.094 euros. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud alerta que “entre el 20% y el 40% del gasto sanitario se pierde por la ineficiencia del sistema de salud”. Los principales problemas son el excesivo gasto en fármacos caros, la mala utilización de los sistemas hospitalarios y el exceso de pruebas médicas.
¿Qué vamos a decir de las plantillas de funcionarios y trabajadores del Estado? El 22% de los trabajadores españoles son funcionarios. Durante la crisis, las comunidades autónomas y la administración central han incrementado sus plantillas un 3,7% y un 3,2% respectivamente.
A modo de ejemplo, en la administración central, el Instituto Cervantes tiene más de 1.100 empleados, el Instituto Nacional de Estadística (en la era de los ordenadores) tiene 4.400, las nueve confederaciones hidrográficas casi 5.000, el INEM emplea a 10.700 personas y la Agencia Tributaria a 28.000 (en relación a su población, el doble que su comparable estadounidense, por ejemplo).
Según el Círculo de Empresarios, las diputaciones, cabildos y consejos insulares acumulan un coste anual de 22.000 millones. Sólo los consejos comarcales cuestan más de 550 millones de euros al año. ¿Se busca una solución para atajar ese coste? Claro, justificarlo dándole más competencias.
Entre 2007 y 2012, la Junta de Andalucía, que cuenta con un treinta y pico por ciento de paro y es una de las regiones más pobres de Europa, ha gastado en cooperación internacional más de 500 millones de euros, una media de 230.000 euros al día, incluyendo “promover la igualdad de género en Mali”, “reformar una playa en El Salvador”, “promoción turística en Nicaragua” o “rehabilitar y digitalizar películas cubanas”. Obviamente, estos proyectos “esenciales” necesitan de viajes, convenciones y comités.
Las comunidades autónomas gastan 200 millones anuales en promoción exterior (excluyendo turismo) y 70 millones anuales en “consejos consultivos”.
En España tenemos alrededor de 4.000 empresas públicas, contando consorcios y fundaciones, que en muchos casos son entes “alfombra” para esconder gasto y deuda creados fuera del control de la Unión Europea o del Tribunal de Cuentas. En el Reino Unido, por ejemplo, no llegan a 50.
Según un estudio del BBVA y la consultora Monster, el 70% de la población quiere un trabajo en la administración. Hemos dado a los políticos el poder de decidir como si fueran reyes de pequeños feudos con la esperanza de que algo nos cayera a nosotros, olvidando lo que decía Fréderic Bastiat: “Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado. Se olvidan de que el Estado quiere vivir a expensas de todo el mundo”.
Para finalizar (me tengo que ir de fin de semana con mi familia y salgo en diez minutos), debemos valorar el coste de oportunidad en gastar dinero en algo no productivo. El coste de oportunidad es el beneficio perdido por haber gastado una cantidad en algo fallido o improductivo, y que podríamos haber utilizado para una inversión de auténtica validez. Aunque sea ahorrar. Si gastamos en algo que genera pérdidas, simplemente hubiera sido mejor no hacerlo.
