La cuestión no es el coste, sino el propio sistema mixto el que plantea duras consideraciones morales. Se quita una parte de lo producido mediante el trabajo, de lo producido mediante inversiones, de lo consumido que ya ha sido gravado cuando se ha producido, de lo poseído pese a haber tributado en su producción y en su consumo (a partir de ciertas cantidades - impuesto de patrimonio en España). Luego en base a lo contaminado en base a normativas que afectan, sorpresa, a quienes no tienen dinero para pagar impuestos por la compra de vehículos no contaminantes (es decir, nuevos).
Naturalmente, los impuestos se detraen de una riqueza existente, sea generada ex novo o no. Y en tanto en cuanto existen diversas formas de generación de riqueza, tales son las que se gravan. Es decir, las figuras impositivas se suelen articular en base a los factores clásicos de producción (tierra, capital y trabajo), de tal modo que cada sujeto tributario lo hace en función de su inserción en uno u otro: el rentista verá gravada su propiedad, el capitalista verán gravados sus beneficios o rentabilidades y el asalariado verá gravada su fuerza de trabajo. Ignoro dónde está la rareza o extravagancia en ello.
Y digo yo..., ¿y si no me da la gana recibir sanidad pública?, ¿y si no quisiera que mis hijos recibiesen educación gratuita? (y no vale el argumento de no haberla utilizado, ya que si la utilicé, fue primero porque mis padres la pagaron, y segundo porque no tenía poder de decisión en aquellas edades). Claro, luego podríamos decir que un menor no es propiedad de alguien, y que por tanto la sociedad debe aportar..., pero es otro tema.
La cuestión de fondo es por qué alguien que ha decidido, por ejemplo, no tener hijos, y que pueda decidir no utilizar la sanidad pública, por qué alguien que desee no participar en unos determinados servicios, ha de financiarlos, o mejor dicho, por qué no se le da la oportunidad de marcar con una X en su declaración de la renta su intención de "liberarse de derechos y obligaciones estandarizados" y denegarle el uso de los servicios que desee no pagar.
Creo que el concepto de voluntariedad aquí está completamente fuera de contexto. En una sociedad política, a la que se pertenece de modo necesario y no contingente -al menos a la sociedad en que uno nace y se desarrolla, con más o menos arraigo o delectación-, no hay opción posible a desligarse de modo parcial, tratando de disgregarse de determinados aspectos molestos o que, por contingencias personales, se creen no aplicables a mi yo en un determinado momento de la vida.
Y no hay opción, no sólo por la vías del hecho y del derecho, sino de que el propio desarrollo del sujeto en esa sociedad política está totalmente determinado por tales condiciones inmanentes a esa sociedad, en tanto que afectan de modo ineludible a ese sujeto aun cuando él no lo crea ni desee: sus hijos pueden no querer recibir educación gratuita, pero el resto de niños con los que su hijo se relacionará sí y el Estado debe proveerlo, salvo que ese sujeto crea que la educación de los coetáneos de sus hijos no le afectan a él; la sanidad pública, por otro lado, no sólo trata del cuidado del cuerpo o mente de un conjunto distributivo de individuos aislados, sino del mantenimiento de unas condiciones atributivas de salvaguarda de la salud pública en la sociedad y su encaje con cuestiones socioeconómicas (pensiones, cotizaciones, etc.) que no pueden encajar en un todo como mera suma de partes.
Claro, habría cuestiones como el alumbrado, la propia seguridad estatal... con difícil alternativa. Pero por un lado está la práctica, y por otro lado está la filosofía de fondo. ¿Es ético forzar y quitarle a alguien que desee no participar en el sistema parte del fruto de su trabajo? No pregunto si es práctico, pregunto si es ético.
La duda, en este tema, no es ética; es moral y política. La ética no construye sociedades; preserva individuos. El siguiente nivel de agregación es moral, y el último político. De este estamos debatiendo.