¿Hasta cuándo los privilegios de la Iglesia?
España, “reserva espiritual de occidente”, mantiene vigente el Concordato con la Santa Sede de 1.953 con algunas modificaciones realizadas con la llegada de la democracia para adaptarlo a la realidad de la libertad religiosa establecida en la Constitución.
Pero la influencia de la Iglesia en la vida política es evidente y lo usan para mantener una serie de privilegios económicos, fiscales, educativos, etc.
Para llegar al consenso constitucional se aceptó la definición de nuestro país como Estado aconfesional en vez de laico, lo que permite llegar a acuerdos de colaboración y de ayuda económica con determinadas instituciones religiosas. La Iglesia Católica aparece expresamente mencionada en el artículo 16.3 de la Carta Magna.
A través del IRPF cada contribuyente que lo desee puede aportar un 0,7% para financiarla. Anteriormente estaba fijado en un 0,5239%, pero habida cuenta de que había que establecer un complemento estatal para cubrir sus necesidades (ya que solo una tercera parte de los contribuyentes marcan la casilla correspondiente en su declaración) se incrementó en 2.007. La financiación de la Iglesia debieran realizarla los propios fieles con sus aportaciones y no detraer de las exiguas recaudaciones de IRPF (para las necesidades del país) un porcentaje. Que hagan aportaciones adicionales los que lo deseen.
Están exentos de tributar por el IBI. Habida cuenta de que la Iglesia posee más de 100.000 propiedades y unas 120.000 hectáreas de tierras de cultivo, el ahorro por este concepto es considerable y lógicamente equiparable al deterioro para las arcas públicas. Comprensible sería en el caso del patrimonio histórico, pero no debería afectar, como lo hace, a todas las propiedades de la Iglesia.
Además gozan de otros beneficios fiscales como la exención del impuesto municipal de obras, desgravaciones fiscales a los fieles o empresas que realicen donativos, etc.
Este dinero se utiliza fundamentalmente a financiar el culto o el proselitismo. Por ejemplo, siendo generosos, sus aportaciones a Cáritas no superan el 5% del presupuesto de esta organización. El resto corresponde a donativos, aportaciones públicas, etc.
Históricamente la Iglesia ha sabido moverse en los círculos del poder. Sus vinculaciones con el partido del gobierno actual son conocidas y se han reflejado en sus políticas. En épocas de recorte de gasto, éste no parece haber afectado al clero.
La reforma educativa que se concretó en la LOMCE, supuso que se considerara la asignatura de religión con los mismos efectos académicos que el resto de asignaturas. Así, por ejemplo, para la concesión de becas tienen el mismo valor la religión que cualquier otra. De tal manera que el adoctrinamiento en unas creencias religiosas (perfectamente respetables) tienen la misma consideración que el conocimiento científico o humanístico. Lo lógico sería que la religión se impartiera en los templos de culto de las distintas confesiones religiosas. Además se obliga a los alumnos que no deseen cursar la asignatura de religión a cursar otra alternativa; inteligente estrategia para no perder más acólitos.
Los profesores de religión son retribuidos con dinero público (500 millones de euros al año) pero su designación corresponde a las diócesis. Se ha dado el caso de algún docente de la asignatura al que se le ha privado de su puesto de trabajo por haberse casado con un divorciado. La lógica indemnización que impone la justicia no corre a cargo del clero sino del Estado. No entro en la exigencia de coherencia con sus creencias que les exijan a los profesores, pero al menos que no lo paguemos entre todos.
La confusión de la derecha española con la Iglesia llega a tal punto que uno de sus ministros, Jorge Fernández Díaz (miembro del Opus Dei), concedió la medalla de oro al mérito policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor o la Gran Cruz de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar por no se sabe que extrañas aportaciones en desconocidas investigaciones. Esto en un país donde se supone la separación entre Iglesia y Estado.
Pedro Sánchez ha propuesto derogar el Concordato con la Santa Sede. Anteriormente ya hizo Rubalcaba declaraciones en ese sentido. Pero no nos confundamos, solo pretende que la jerarquía católica se modere en sus opiniones sobre el aborto, el matrimonio homosexual, etc. Han sido muchos años de gobierno socialista como para que tengan credibilidad.
En la Edad Media se usaba por parte de la Iglesia la excomunión como herramienta para mantener la fidelidad de nobles y reyes. No tanto por el miedo que produjera en estos como por las reacciones que pudiera provocar entre sus súbditos. El poder de la Iglesia persiste (ahora utilizan el control del sistema educativo, control de medios de comunicación, etc., más que la superstición de un pueblo analfabeto), y no parece que las cosas hayan cambiado tanto como creemos o nos quieren hacer creer.
