Dicen que el canal Segarra-Garrigues es “la mayor inversión pública de Cataluña desde la construcción del AVE”. Quédese con esto: 14 años, todavía inacabada (falta el 90% de las hectáreas por cubrir y sólo se han unido el 3% de los agricultores previstos), coste presupuestado 1.540€ millones, coste estimado desconocido. Y hay mucho más.
Le llaman “el canal a ninguna parte”. En junio de 2002 Pujol puso la 1ª piedra de un canal calificado como “una de las obras hidráulicas más ambiciosas de la historia”. Los planos eran de 1959, plena época de Franco (el dels pantans, se’n recorden?).
Pujol nos vendió que el canal estaría listo en 8 años. Han pasado 14 y desde 2012 el canal está casi parado. Nadie sabe cuándo estará acabado.
Llevaría agua a 70.000 hectáreas y 80 municipios. En 2012 apenas se regaban 850 hectáreas, y aunque desde entonces el proyecto está casi parado la Generalitat dice que ya se riegan 7.000. En el mejor de los casos falta el 90% de las hectáreas por cubrir.
Costaría 1.540€ millones. De ellos, 444,5 los pagaba el dolentíssim estatespanyol para hacer 85 km de canal; es la parte que se acabó en agosto de 2015. El resto lo ponían la Generalitat y los agricultores para construir la red secundaria de riego que llevara el agua a sus fincas. Hoy dice la Generalitat que se ha gastado más de 1.000€ millones y ya admite un sobrecoste estimado del 81%; y cómo sólo se ha hecho el 10% de la obra, algunos dicen que no se acabará nunca; nadie dice lo que puede acabar costando, pero una regla de 3 nos acerca a los 10.000€ millones.
Nadie sabe para qué son necesarios 3.500 km de tuberías.
Se unirían 16.000 agricultores. Hasta hoy se han unido sólo 500, el 3% de lo previsto.
A un agricultor con una finca de tamaño medio (17ha) le costará unos 200.000€ conectarse al canal. Evidentemente, no les salen las cuentas.
El proyecto provocó la 1ª extinción reciente de un ave en Cataluña, la de la alondra ricotí, porque resulta que el 60% del área regable era espacio natural protegido. Por eso la UE mandó rectificar el trazado en 2009.
Artur Mas, conseller en cap en la época, montó una empresa para gestionar la obra (Regsega, que ya no existe) y asignó las obras a una unión de empresas (Aigües Segarra-Garrigues, ASG) formada por FCC, Agbar, Copcisa y Copisa. Muchos de sus responsables fueron detenidos en octubre de 2015 acusados de pagar comisiones para financiar a CDC.
6 de las 8 empresas que integraban ASG pagaron 1,64€ millones entre 2008-2013 a la Fundación CatDem de Convergència.
Quienes prepararon la adjudicación en 2002 fueron Josep Antoni Rosell (secretario de Infraestructures del Departamento de Agricultura), Josep Grau (conseller de Agricultura) y Germà Gordó (exconseller de Justicia con Mas). Tras la adjudicación a ASG, Rosell fue nombrado director de ASG, que hoy dirige Josep Grau. Ya ven: adjudicadores y adjudicados son las mismas personas.
Rosell era el nº2 de Infraestructures.cat cuando la registró la Guardia Civil investigando la financiación ilegal de CDC (Operación PETRUM) a través de la adjudicación del canal a ASG. Fue detenido unos días, y actualmente los investigadores buscan los maletines que creen que ocultó por toda Cataluña.
El trasvase afectará al caudal del Ebro y puede acentuar el retroceso del Delta. Además los agricultores temen que finalmente el canal sirva para trasvasar agua del Segre a Barcelona. Ya ven: la Generalitat nacionalista rechaza el trasvase del Ebro, pero organizó un trasvase del Segre que resta caudal al Ebro.
