El gobierno español obligado por Artur Mas a hacer cumplir el artículo 155 de la constitución.

Todas las medidas que ha aprobado el PP buscan evitar medidas tajantes como el artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno ha desarrollado, sobre todo en la recta final de la legislatura, una arquitectura legal que le permitiría hacer frente al desafío soberanista que ha planteado Artur Mas -sin necesidad de suspender la autonomía de la comunidad autónoma de Cataluña, que podría llegar a ser contraproducente- . Aunque es el escenario que al Ejecutivo del Partido Popular no le gustaría aplicar, por las consecuencias políticas que tendrían y el impacto en la opinión pública, el Consejo de Ministros ha blindado, con su mayoría absoluta en el Congreso, al Estado frente a los desafíos legales que podrían existir en el caso de que Artur Mas decida, como ha prometido, declarar la independencia unilateral de Cataluña si los independentistas ganan en escaños tras el próximo 27 de septiembre.

Todas las medidas que ha aprobado el PP para defender la soberanía española buscan enfrentarse al actual escenario sin necesidad de recurrir a medidas tajantes como el artículo 155 de la Constitución, que reza así: "Si una comunidad autónoma no cumpliere con la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Los constitucionalistas creen que sólo se contempló para situaciones "extremas", es decir, aquellas en las que una comunidad incumple las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las leyes "atentando gravemente al interés general de España". Una declaración unilateral de independencia de una comunidad podría ser un motivo razonable para activar cualquier mecanismo legal, ya que atacaría directamente a los artículos 1 y 2 de la Norma Fundamental, en los que se afirma que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" y que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española".

No obstante, el Gobierno considera que es mejor poner la venda antes que la herida. Éstas son las herramientas que ha diseñado el Gobierno, tuteladas directamente por Moncloa, que podría utilizarse contra el inicio de un proceso de independencia, que tendría claras consecuencias políticas y económicas tanto para Cataluña como para el conjunto de España:

Reforma del Tribunal Constitucional
El Congreso de los Diputados dio la semana pasada verde a la reforma del Tribunal Constitucional (TC) que habilitaría a este órgano supremo de la Justicia española a inhabilitar a Artur Mas, a algunos de sus consejeros y a altos cargos si incumplen decisiones del TC. También se les podría multar con sanciones grandes. Esta norma se ha puesto en marcha después de que, a pesar de que el Gobierno recurriera al TC la consulta del 7 de noviembre y éste la declarara ilegal, no hubiera ninguna consecuencia práctica para la Generalitat ni los funcionarios implicados, que utilizaron medios públicos para hacer una consulta que no estaba autorizada. En concreto, la iniciativa del PP detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de los casos de "desacato" en los últimos tiempos, en alusión implícita a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.

Con la reforma, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan. Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo desde la campaña para las elecciones generales de diciembre), que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal. El líder del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez, ha señalado que la aprobación exprés de esta arma legal que ha habilitado el PP hace la democracia "más débil".

Ley de Seguridad Nacional
Antes del verano, el Gobierno también aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que según fuentes del propio Partido Popular podría convertirse en una herramienta muy útil para enfrentarse al desafío soberanista, ya que Madrid podría controlar, cuando se apruebe el texto, que actualmente se tramita en el Senado, a los Mossos d'Esquadra. La nueva norma dotará al Estado de más instrumentos para afrontar los riesgos y las amenazas de forma coordinada y permitirá movilizar a los Mossos d'Esquadra y el resto de policías locales y autonómicas en caso de que el Gobierno lo decida. También lo podrá hacer un Ejecutivo en funciones, aunque Mariano Rajoy ya haya convocado elecciones generales. Fuentes del PP aseguran que esta medida se ha impulsado pensando en el desafío de Artur Mas.

Ley de Estabilidad Presupuestaria
Este mecanismo de control a Cataluña ya está activado desde el comienzo de la legislatura. Y está comenzando a dar sus primeros frutos. El Gobierno no puede evitar, aunque no lo ve con buenos ojos, la convocatoria de cinco procesos electorales en Cataluña en tres años. Pero sí que puede obligar a una autonomía -y de hecho, ya lo hace- a presentar planes detallados para cumplir con el déficit público y con la deuda. Este mismo verano, pocos días después de que se planteara el desafío secesionista, la Generalitat presentó a Hacienda un plan de reequilibrio del déficit público que Hacienda ha avalado. Sin embargo, si el incumplimiento del déficit catalán se mantuviera durante los próximos años por la inestabilidad política en la región, Montoro cuenta con la posibilidad de establecer multas, de retirar las entregas a cuenta a la comunidad o, incluso, de intervenir las finanzas de la región mediante una votación en el Senado, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por el momento, el Gobierno ha optado por la colaboración y no ha impuesto ninguna sanción a Cataluña a pesar de que es la comunidad que más fondos ha solicitado al Estado a través del FLA y de que ha incumplido sistemáticamente en los últimos ejercicios con la reducción de los números rojos. La intención es que el proceso soberanista no interrumpa el funcionamiento normal del Estado autonómico.

Ley de Transparencia
Otro de los mecanismos que ha establecido el Gobierno para controlar a las administraciones territoriales, y también a Cataluña, es la Ley de Transparencia, que ha sido tutelada por la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Aunque en un principio, con esta norma se pretendía que los gestores públicos que cometieran infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse hasta a 10 años de inhabilitación y una multa, finalmente sólo los cargos políticos tendrán que dejar su cargo. Es decir, que legalmente se podrá destituir, por ejemplo, a un concejal que ocupa la cartera de urbanismo, pero no se le podrá inhabilitar para volver a aspirar a un cargo de carácter electivo ni despojarle de él. La duda es si, con esta norma, sería posible inhabilitar al presidente de la Generalitat o de otra comunidad autónoma, aunque está claro que seguiría siendo diputado. Una norma o una decisión ilegal de un gobernante podría apartarle de la vida pública gracias a la Ley de Transparencia.

https://www.youtube.com/watch?v=iiWC2wd4zYU

http://www.abc.es/el-sacapuntas/wp-content/uploads/2015/09/26-09-15.jpg

por cataluña por españa convierte este dia en algo especial vota....
http://resizer.abc.es/resizer/resizer.php?imagen=http://www.abc.es/Media/201510/04/46824750--644x300.jpg&nuevoancho=644&nuevoalto=300&encrypt=false

http://cincodias.com/cincodias/2015/09/25/economia/1443200381_460480.html

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que la imputación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, por el 9N es "la mejor demostración" de por qué Cataluña debe ser un país independiente.

"La pertenencia a España es inviable", ha concluido el líder republicano en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, y ha lamentado que la imputación se filtrara días atrás en los medios, ya que lo ve una falta de pulcritud.

Junqueras también ha afirmado que le parecería "monstruoso" que alguien hubiera escogido el 15 de octubre como fecha para que declare el presidente para hacerlo coincidir con el 75 aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys.

Investidura
Antes de que se conociera la imputación del presidente, el también número 5 de Junts pel sí, Oriol Junqueras, ha pedido "acortar tanto como sea posible los plazos" para constituir el nuevo Parlament, que tiene como fecha límite el 26 de octubre.

Ha evitado abordar el debate sobre si Artur Mas debe repetir como presidente, alegando que sería "irresponsable y contraproducente para el país" centrarse en esta cuestión.

Para el líder republicano lo importante ahora no es "el quién" sino el como, por lo que prioriza que Junts pel sí y la CUP pacten la hoja de ruta para avanzar hacia la independencia.

Ha recordado que su proyecto es la independencia y no la reforma constitucional, y ha advertido que "nunca se ha cambiado la Constitución por los intereses de Cataluña".

Tres días después de las elecciones catalanas, que dieron mayoría de escaños pero no de votos a las fuerzas independentistas, 'The New York Times' dedica su editorial a la situación en la que ha quedado el proceso catalán tras los comicios. Con el título 'The next move for Catalans' ('El próximo paso para los catalanes'), el diario neoyorquino considera que el resultado electoral --el independentismo sumando un 47,9% de votos, con Junts pel Sí con 62 escaños, dependiendo de los 10 escaños de la CUP-- "solo ha añadido confusión" al conflicto. Y aunque subraya que el independentismo no ha obtenido el mandato democrático para romper con España, emplaza al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a "empezar a prestar atención a los catalanes" dado que, subraya, "dentro de los límites de la Constitución, hay amplio margen para negociar cómo acomodar las aspiraciones de los catalanes".

Partiendo del escepticismo sobre los beneficios para Catalunya de la ruptura con España --el diario apunta que no está garantizada la pertenencia a la UE ni la financiación por parte del BCE a los bancos catalanes--, 'The New York Times' recuerda que Escocia y Québec pudieron celebrar referéndums de independencia y subraya que "los catalanes no han podido elegir". "Rajoy ha utilizado la 'indisoluble unidad' de España que contempla la Constitución para bloquear cualquier negociación sobre la independencia de Catalunya".

MÁS NACIONALISMO

Y analiza los motivos del aumento de la confusión. Así, apunta que, "denegado el referéndum", Artur Mas se comprometió a iniciar el proceso hacia la independencia si ganaba las elecciones del 27-S. "Pero la formación de Mas (Junts pel Sí) no logró obtener mayoría absoluta y necesitará a un partido separatista de extremaizquierda (la CUP) que rechaza el liderazgo de Mas". Recuerda que ambas formaciones solo obtuvieron un 47,9% de votos en unas elecciones que "presentaron como un referéndum de facto" y concluye que el resultado "no permite a los independentistas romper unilateralmente" con España.

Pero dicho esto, los editorialistas de 'The New York Times' sitúan la pelota en el tejado de la Moncloa y a modo de reprimenda le dicen a Rajoy que "denegar a los catalanes la posibilidad de pronunciarse sobre este asunto solo intensifica los sentimientos nacionalistas". Y acaban dando su receta a unos y a otros: "La mejor opción para los independentistas es usar su fuerza para reclamar de Madrid más control sobre sus asuntos. Rajoy debería reconocer que incluso dentro de los límites de la Constitución española, hay un amplio margen para discutir cómo acomodar las aspiraciones catalanas".

La Vanguardia del 28 de septiembre acumuló los méritos suficientes para ocupar un lugar destacado en la historia del periodismo venal y falaz con su titular de escándalo en la primera plana: "El sí se impone". Más abajo, la noticia verídica: "El independentismo se queda en el 47,8 % de los votos". En la página 2, con la firma del director, Marius Carol, otra mentira descarada: “La clara victoria del soberanismo en las urnas”. Y para rematar: “Casi la mitad de los catalanes han votado por fuerzas soberanistas”. La mitad de los 5.500.000 catalanes inscriptos en el censo serían 2.775.000 y a los secesionistas los votaron 1.930.000, o sea el 35 % del censo. El mismo porcentaje que acompaña todas las etapas del proceso desde que se celebró el raquítico referéndum del Estatut. La apropiación abusiva de la categoría “los catalanes” desenmascara la mala fe de quien la emplea. Los restantes, hasta completar los 5.500.000 del censo, ¿son invisibles?

Los que sí son de invisibles para el código electoral fraudulento son los ciudadanos del litoral ilustrado de Cataluña, cuyos votos valen la mitad que los de los ciudadanos del interior retrógrado. Sólo así se explica que los dos bloques del sí sumados, y únicamente sumados, tengan mayoría de escaños con una minoría de votos. ¡Un ciudadano, un voto, ya! Sin olvidar que esa mayoría de escaños está muy lejos de los dos tercios, o sea 90, indispensables para amagar con una declaración de independencia.

Burda fabulación

Nada nuevo. Tan burda es la fabulación que un observador inteligente pudo detectar sus pifias cuando aún se estaba gestando. Avisó con antelación Lluís Foix ("El día después", LV, 2/9):

Ya sabemos que Tarradellas decía que se podía hacer todo menos el ridículo. A mí me preocupa que al final de todo, el día inmediatamente después, nos encontremos en lo que coloquialmente podríamos definir como un gran buñuelo.(…) El futuro es rico en posibilidades. Si Mas no tiene apoyos suficientes para presidir la Generalitat, vendrá otro. El poder no admite el vacío. ¿Alguien habría apostado hace un año que Ada Colau sería la alcaldesa de Barcelona?

La sola insinuación de que alguien con el talante de la alcaldéspota podría ocupar este vacío de poder pone los pelos de punta. Vaticinio de un futuro tenebroso para la Cataluña acéfala.

El ridículo del que abominó Tarradellas se ha convertido en azote de la escena política catalana. La prueba de que los popes del secesionismo han perdido el contacto con la realidad lo encontramos en el hecho de que es la CUP, la fracción más radical y alucinada de ese conglomerado, la que -sin abdicar de sus delirantes apelaciones a la desobediencia civil- intenta inyectar una dosis de cordura a sus desquiciados cofrades, explicándoles lo obvio: que el 47,8 por ciento de los votos no autoriza a aplicar la hoja de ruta para la declaración unilateral de independencia y que no es posible apoyar la investidura de Artur Mas, un indeseable "salpicado por casos de corrupción".

El indeseable reaccionó con la cara dura que ya es su marca de fábrica (LV, 29/9):

Fue el propio Artur Mas quien en este terreno se expresó en términos más severos y lanzó una advertencia a la CUP para que no tenga la tentación de hacer descarrilar el proceso soberanista. "El gran tema era el plebiscito y el plebiscito se ha ganado para el sí, de manera que lo que tenemos que saber ahora es si los 72 diputados están dispuestos a sacar adelante la hoja de ruta para construir un Estado independiente, y el resto son cosas añadidas".

Las "cosas añadidas" son, por supuesto, la corrupción y los recortes en los servicios sociales. En cuanto a la insistencia en que "el plebiscito se ha ganado para el sí", el indeseable debería leer el artículo de fe que escribió el filósofo enrolado en su fraternidad, Xavier Antich, el viernes 25, para publicar después de los comicios, cuyo resultado, lógicamente, aún desconocía ("Punto y aparte", LV, 28/9):

Sin embargo, tanto para los que están a favor de la independencia como para los que están en contra, estas elecciones medían el apoyo popular a una opción u otra, y, por tanto, el resultado ofrecerá un balance difícil de manipular de la mayoría surgida de las urnas.

Manipulación congénita

La manipulación es, empero, congénita en el secesionismo. Ya en una entrevista previa a las elecciones (LV, 6/9), la misma en que perjuró "Si no hay mayoría soberanista este proceso se habrá acabado", Artur Mas desveló su estrategia tramposa para asaltar el poder tras la derrota.

Pregunta: Pero se podría obtener una mayoría absoluta con 43 %-44 % de votos a favor. ¿Cómo se hace una Constitución con menos de la mitad del país al lado?

Respuesta: Es posible que algunos partidos a los que se contaba en el bando del no se añadan a la discusión. Por lo que oigo cuento con ello. El problema sería no llegar a la mayoría de diputados del sí. Entonces este proceso se habrá acabado.

Artur Mas deposita su confianza en la versatilidad de los diputados cupaires y podemitas, que se han comprometido, ante sus votantes, a lapidarlo. Mas conoce el paño, y sabe que no existen garantías de que cumplan este compromiso. Uno de ellos, Julià de Jòdar, ya esgrime pretextos para claudicar. Y Antonio Baños anuncia negociaciones "en un hermetismo total" (LV, 1/10). Aunque también es cierto que, si realmente se deshacen del indeseable, puede esperarse de ellos lo peor en la Cataluña acéfala dada su matriz totalitaria y, en el caso de los cupaires, su fobia antiespañola y antieuropea y su irredentismo amenazante. Grecia y Venezuela son la Ítaca de ambos movimientos insurgentes. En ausencia del indeseable, Raül Romeva u Oriol Junqueras marcarían el rumbo en ese viaje.

Picotazos de los buitres

El gurú Enric Juliana no le augura nada bueno al indeseable tras hacer un recorrido minucioso por la historia de las relaciones antagónicas entre la burguesía catalana y las masas díscolas ("Avisos y señales en Madrid", LV, 29/9):

Los liberales de Convergència, atrapados por un partido anticapitalista, ante la alarma de los grupos dirigentes barceloneses. (…) Un destino irremediable: cada vez que las clases dirigentes catalanas recurren a la movilización popular para modificar la relación de fuerzas entre Barcelona y el poder central español, estalla la revuelta o crece la radicalidad social y política.

Juliana empieza por recordar los enfrentamientos del general catalán Juan Prim, en 1843, con la revuelta de la Jumancia, rebelión popular barcelonesa que exigía una política más progresista a los liberales, y después de 1868 con los republicanos a los que pedía menos prisas. Continúa con la enumeración de sucesivos conflictos, incluida la Semana Trágica de 1909, hasta llegar al día en que Josep Puig y Cadafalch, dirigente de la Lliga y presidente de la Mancomunitat, acompañó a la estación de Francia al general Primo de Rivera para que pusiese orden en España y Barcelona. La crónica culmina en 1936, cuando la Generalitat se vio desbordada por los comités revolucionarios y por la CNT-FAI y el POUM, hasta que llegó el PSUC y mandó parar a sangre y fuego. Añade Juliana con sorna mal disimulada:

¡Artur Mas en manos de la CUP! Esta es una imagen fascinante para los dirigentes del PP que conocen bien la historia política de Catalunya.

Es posible que si la CUP traiciona a sus votantes y pacta con Junts pel Sí, del amancebamiento nazca el mismo o un nuevo candidato a ocupar la presidencia de la Generalitat. Pero en todo caso el pacto será efímero y, desde el punto de vista práctico, Cataluña seguirá acéfala y sometida a los picotazos de los buitres que se disputarán sus despojos. Cabe esperar que esa casi mitad de la sociedad catalana que se dejó encandilar por los buitres salga de su ensimismamiento al verlos actuar y, reencontrada con la otra mitad, más numerosa, ayude a espantar a las aves carroñeras y a reparar los vínculos que nunca se deberían haber deteriorado.

Serrat afirma que "no es conveniente para Catalunya independizarse de España"

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/serrat-cree-independencia-inconveniente-para-catalunya-4561315

ESPAÑA / PARLAMENTO EUROPEO
Felipe VI: «La UE cuenta con una España unida y orgullosa de su diversidad»

Que los separatistas catalanes no son felices parece una evidencia empírica fácilmente contrastable: basta con reparar en el semblante de manzanas agrias que ofrece Artur Mas, en los recurrentes gemidos de su sufrido apéndice Junqueras o en esa dramática amenaza de Lluís Llach de partir hacia el exilio en el corazón de las tinieblas africanas. No, nuestros pobres nacionalistas no son dichosos. Asunto, el de su triste abatimiento, que, lo admito, me importa bien poco. Si andan compungidos, que els moqui la iaia. A fin de cuentas, los que debemos soportarlos a diario tampoco gozamos teniendo que cargar con semejante cruz. Y, sin embargo, nunca se nos ocurriría reclamar que se reforme tal o cual capítulo de la Constitución a fin de que nosotros, sufridores cotidianos de la plúmbea cantinela identitaria, nos encontremos más a gusto en este rincón de la península donde nos ha tocado morar.

Si los separatistas no se sienten cómodos, que se aguanten. Y si no, ancho es Senegal. Tan perentoria, la reforma de la Carta Magna debe tener como horizonte los grandes principios universales de la libertad, la igualdad y la justicia, no las pequeñas miserias del particularismo catalanista en su novísima versión asilvestrada. Ni un minuto habría que perder con sus rutinarios lloriqueos. Dejemos a un lado el espectro de Prat de la Riba con su cansino disco rayado y centrémonos en el de Romanones. Porque si un sesgo perverso urge corregir en el ordenamiento constitucional del Estado de la Autonomías es el de la variante contemporánea de aquel célebre aserto suyo: "Haga usted las leyes, que ya me encargaré yo de los reglamentos".

Sin duda, la anomalía mayor que arrostra la descentralización del poder político en España reside en la manifiesta impotencia de la Administración central para hacer que se ejecuten en las Autonomías las leyes emanadas de las Cortes. Que la competencia de elaborar las normas y la de llevarlas a la práctica recaigan en instancias políticamente distintas es algo normal en cualquier Estado compuesto. Pero que el poder central carezca de instrumentos para garantizar el acatamiento de sus normas en el territorio, eso es una extravagancia única y exclusivamente española. En ningún Estado federal se antojaría ni siquiera imaginable lo que aquí constituye rutinaria experiencia cotidiana, a saber, que una Autonomía decida a su libre albedrío cómo y cuándo aplicar una legislación emanada del Paramento.

¡Ay de aquel Land alemán al que se le ocurriera obstruir la ejecución de una legislación federal! El Gobierno de Berlín puede enviar inspectores en cualquier momento a cualquiera de ellos. Y, llegado el caso, las leyes federales habilitan a Merkel para impartir instrucciones de obligado cumplimiento a las autoridades regionales. En España, en cambio, hay diecisiete Romanones con mando en plaza que se permiten tutelar a las Cortes Generales gracias al torpe redactado de la Constitución en ese capítulo. La alta inspección educativa, por ejemplo, carece de poder real alguno más allá de su muy imponente nombre. Si, como viene siendo el caso en Cataluña desde hace décadas, una comunidad autónoma decide proscribir el uso del castellano en las aulas, a lo sumo esa llamada alta inspección puede ordenar que se interponga… un recurso contencioso administrativo. Eso es todo. Vegeta huérfana de competencias efectivas para hacer nada más. Ni un dedo puede mover en la práctica. De eso, de enterrar a Romanones de una vez, es de lo que hay que hablar en la Comisión Constitucional del Congreso. Y si Llach no es feliz, que se compre un camión.

jose garcia dominguez

http://www.larazon.es/documents/10165/0/900x480/0c18/900d443/none/10810/CBPW/image_content_3753262_20151008211003.jpg

hoy sobrevuela madrid mañana quien sabe.....

http://www.abc.es/videos-espana/20151010/videodefensa-4548408678001.html

la ley es para todos....

El TSJC abre diligencias por otra querella contra Mas por rebelión

A sólo tres días de su comparecencia como imputado por la consulta soberanista del 9-N, Artur Mas tiene un nuevo motivo de preocupación judicial....

Esta vez no cuela. Nadie se traga las bolas de unos y otros sobre los resultados electorales. Casi todos repiten el habitual y tedioso ejercicio tergiversador, pero nadie se lo cree. Las elecciones del 27 de septiembre han dejado un paisaje desolador, principalmente en el espacio central de la política catalana. El podio esta vez es para los perdedores.

Ha perdido Artur Mas con sus pretensiones plebiscitarias, para sí mismo y para la independencia exprés en 18 meses, doblemente rechazadas por los electores catalanes: no al presidente, no a la independencia. Recordemos sus palabras y las de sus amigos, sin margen de ambigüedad. Quien no votara a las formaciones independentistas —Junts pel Sí y CUP— iba a sumar sus votos a los del PP contra la soberanía. No habría medias tintas: o se arriesgaban a votar independencia para luego conseguir el referéndum o se resignaban a apoyar el status quo, es decir, al gobierno de Rajoy y al PP. La lectura de las elecciones como plebiscito conducía a contar solo síes y solo noes.

El único resultado que valía para una apuesta tan alta era superar el 50% de los votos, esa cifra mágica que TV-3 en la noche electoral situaba ilusionadamente a dos escasas décimas en el sondeo a pie de urna en el que daba de 63 a 66 diputados a JpS. Las explicaciones posteriores, prodigadas incluso en artículos en la prensa internacional, son verdaderamente sonrojantes.

Tras proponer una lectura plebiscitaria antes de ir a las urnas, entre otras cosas para movilizar a su electorado, Artur Mas y los medios amigos se sacan de la manga una lectura en clave estrictamente de elecciones representativas para el parlamento autonómico, que les permite incluso proclamar su inexistente victoria. Adjudican a Catalunya Sí que es Pot un 11% de indecisos o indefinidos e invierten así el sentido del voto: el No pierde con el 38,5% frente a la curiosa victoria del Sí con el 47,8%. Una burda trampa que no cuela, lo siento. Quienes no votaron Sí, el 52,2%, rechazaron el plebiscito planteado por Mas para sí mismo y para su independencia con prisas. Haberlo dicho antes.

Recordemos que la lógica de JpS, anunciada en varias ocasiones por el propio Mas, era que su lista única presidencial debía obtener la mayoría absoluta de diputados y a ser posible de votos para que se produjera la lectura internacional favorable a la independencia. No ha conseguido ni la una —62 diputados a 6 de la mayoría absoluta—, ni la otra —39,5%, a más de 10 puntos del 50%—. La mayoría independentista que pretende exhibir exige ahora que los diez diputados de la CUP se sumen a su investidura y probablemente a su mayoría, en una fórmula que pretende sentar juntos a neoliberales atlantistas y europeístas con chavistas antieuropeos y antiamericanos. La lectura internacional se aventura ciertamente comprometida.

En clave presidencial, las cosas todavía pintan peor. Para conseguir este resultado, ha tenido que esconderse en la cuarta plaza, evitar todo balance de gobierno, esquivar las responsabilidades por la corrupción de su partido y situar en cabeza de la candidatura a un político como Raül Romeva con abiertas afinidades con la CUP. Aunque exhiba como proeza los 72 diputados independentistas que se sentarán en el Parlament, la cifra más alta de toda la historia parlamentaria catalana, todos sabemos que se debe al sencillo trasvase o conversión de Convergència ya sin Unió al campo independentista, con la consiguiente sangría desde los 62 diputados de CiU que recibió Mas en 2010, a los 50 de 2012 y a los 29 de CDC ahora.

Cuando se juega al todo o nada, las victorias se trocan en derrotas, y en este caso doble, personal y de partido. Si hay vencedores, están agazapados, como es el caso de Oriol Junqueras y Esquerra Republicana, o lo son desde posiciones minoritarias pero ascendentes que les permite convertir su debilidad en fortaleza, como es el caso de la CUP y de Ciutadans.

La mayor paradoja de estas elecciones es que la clave plebiscitaria tan reivindicada se ha convertido en un castigo auto infligido por quien la propuso. Los 62 diputados de que dispone Artur Mas compondrían un grupo magnífico en cualquier parlamento en condiciones normales, puesto que no sería especialmente difícil hilvanar un programa que atrajera los seis diputados que le faltan para la investidura y para gobernar. En las actuales condiciones excepcionales, esta vez es Artur Mas quien se encuentra ante un dilema sin matices: o la CUP se le entrega a cambio de nada o de muy poco o es él quien se entrega a la CUP con todas las consecuencias. A menos que quiera convocar de nuevo a los electores, y ya van tres, para que emitan otra vez el voto de su vida.