Lo que antes del 27S sonó como una amenaza velada, ahora está siendo muy seriamente considerada por el Gobierno de Rajoy como un recurso real para frenar el desafío de Artur Mas.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución, que implicaría la suspensión de las competencias a una autonomía española está sobre la mesa y los miembros del Gobierno sopesan lo que implicaría su puesta en marcha.
El protagonismo adquirido esta semana por el presidente de la Generalitat Artur Mas en su declaración ante los tribunales por su responsabilidad en la consulta del 9N, con decenas de alcaldes aupándole con su vara y el fervor popular no ha dado sino más combustible a los planes independentistas del 'president'. Mas ha aprovechado el impulso para dar un paso adelante en su afrenta, afirmando que estaría dispuesto a incumplir una hipotética inhabilitación como presidente que podría dictaminar el tribunal.
El artículo 155 tendría que activarse desde el Senado, una cámara que será disuelta a final de mes, como relata el diario El Mundo, pero cuyas funciones seguirían vigentes a través de la Diputación Permanente.
Este mecanismo legal nunca se ha puesto en marcha, y según el reglamento del Senado, implicaría la iniciativa del Gobierno, que tendría que presentar un informe con el requerimiento de anular las competencias de una comunidad autónoma determinada, detallando los motivos tras una negación por parte de la misma de cumplir con la ley española. La Comisión de las Comunidades Autónomas recopilaría toda la documentación, y abrirá un plazo de alegaciones del presidente de la autonomía en conflicto.
Tras estudiar todas las alegaciones, la comisión decidirá la aprobación o no de la solicitud por parte del Gobierno. Si es aprobada, se someterá a debate en el Senado y tendrá que ser apoyada por la mayoría absoluta de sus miembros