Así está Cataluña.

"La victoria del pueblo equivaldrá a la muerte del capitalismo". La frase, extraída del preámbulo del decreto de colectivizaciones de empresas y control obrero de octubre de 1936 dictado por la Generalitat, fue parafraseada por la CUP el jueves pasado vía Twitter durante la conmemoración del 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. El contexto no es ni de largo el mismo, pero esta sentencia, que resume parte de la filosofía de la izquierda radical independentista, sin duda pondría las espadas en alto de las pequeñas, medias y grandes empresas, aparte de someter a las compañías en manos del intervencionismo de gestores inexpertos y de suscitar probablemente el rechazo de las empresas extranjeras instaladas en territorio catalán.
El programa político que la formación de Antonio Baños presentó para el 27-S contiene aspectos controvertidos que chocan con las políticas socioeconómicas propuestas por Junts pel Sí, la otra candidatura independentista, como la nacionalización y autogestión de sectores estratégicos -energía, agua y comunicaciones-, nacionalización de la banca, no pagar la deuda, desobedecer a la UE y salir y romper con el euro. Marxismo en estado puro.
En una vertiente más social y laboral, los cuperos rechazan recortes y privatizaciones de bienes colectivos. Son abiertamente feministas, proponen el ecologismo activo, promueven una jornada laboral de 30 horas semanales, jubilación ordinaria a los 60 años, un año sabático pagado por cada diez trabajados con derecho a conservar el trabajo, prohibir el despido libre, y la implementación de un programa de renta básica y renta social universales.
Algunas de estas medidas coinciden con las presentadas por Podemos durante la campaña para las europeas del 2014, medidas de las que el partido tuvo que desdecirse cuando meses más tarde sus propios asesores económicos las suavizaron e incluso rechazaron por inviables. Salvando las distancias entre Podemos y la CUP, los de Iglesias viraron del anticapitalismo a "sentirse más cómodos en la socialdemocracia", en boca de su secretario general.
Las propuestas nacionalizadoras no distan del chavismo, ideología por la que la CUP no esconde su simpatía. Desde el 2011, con cuatro alcaldías, la izquierda alternativa ha puesto por bandera la municipalización de servicios (ejemplo pa­radigmático es Arenys de Munt). Josep Manel Busqueta, diputado electo y gurú económico de la CUP, además de haber ejercido como asesor del presidente de Venezuela Hugo Chávez, lleva al límite el mensaje colectivitzador. Hace un año, en una entrevista en TV3, Busqueta alardeaba de haber recomendado al presidente bolivariano expropiar edificios y empresas. La sugerencia provocó risibles e imágenes de lo más populistas con aquellos "exprópiese" a pie de calle ante las cámaras: "Yo le recomendaba eso y aun así no me hacía mucho caso, porque si hubiera dependido de mí yo habría expropiado más. Yo diría: "Exprópiese y vuélvase a expropiar", afirmaba Busqueta.
En la negociación por la investidura de presidente de la Generalitat es evidente que la CUP tendrá que renunciar a muchos de sus puntos programáticos, sobre todo si Junts pel Sí sigue considerando "imprescindible" a Artur Mas y si la izquierda alternativa independentista no consigue superar lo que hoy por hoy parecen dos aporías: echar a Mas y al mismo tiempo no hacer descarrilar el proceso soberanista, y proclamar a los cuatro vientos que existe una emergencia social que deja de ser urgente precisamente por la dilación del proceso negociador con la fuerza más votada.
Hay voces discordantes en la órbita de la CUP. Entre los miembros directivos de la formación hay sectores más pragmáticos que discrepan del posicionamiento público de conminar a Junts pel Sí a renunciar a la figura de Mas y optan por resolverlo enseguida pese al mandato de la militancia base de no transigir en este punto. Ramon Cotarelo, politólogo madrileño que intervino en favor de la CUP durante la campaña, también se mostró crítico con la decisión y en su blog asegura que "Mas será presidente, si él y los suyos quieren, cosa que sabemos todos. La lista de Junts pel Sí (...) si insiste en tener a Mas de presidente, también está en su derecho, ya que son la lista más votada y sus 62 escaños sextuplican los de la CUP".
En todo caso, Eulàlia Reguant, diputada electa de la CUP, anunció en la conferencia política que celebró su formación del 8 de octubre, la intención de poner sobre la mesa de negociaciones 39 medidas aplicables en el marco del plan de choque social "sin ningún coste elevado", y diez privatizaciones que a juicio de la CUP deberían detenerse o revertirse. Sin olvidar lo más importante: la exigencia de gestos de ruptura "irreversibles" para investir presidente. Algo que sonó a imposiciones y no a condiciones, y más si se tiene en cuenta que horas más tarde aclararon que la aceptación de sus exigencias no desencallarían la opción Mas como presidente, por si alguien albergaba alguna duda.
Profundamente contrarios al sistema, la CUP ha dicho del capitalismo que es "un sistema nefasto y fracasado", "contrario al bienestar de las personas", "incompatible con los derechos humanos", y que estar a favor es ser "un loco y un sociópata". Del mismo modo apuntan que agua, luz, movilidad, pensiones, salud o educación tienen que per­manecer al margen de los mercados y ser absolutamente públicos. El principio pronunciado por Busqueta de que "la propiedad siempre se tiene que subordinar a las necesidades de la población", junto con el plan de choque social y la desobediencia, topan con los objetivos de garantía de trabajo y crecimiento de la economía que defienden parte del empresariado catalán, ya de por sí prudente ante las posibles consecuencias del independentismo.
Aunque hay empresarios favorables a la independencia, otros permanecen en estado de alerta ante las medidas que pueda imponer la CUP, independientemente del contexto político resultante del 27-S. Cecot, por ejemplo, se muestra a favor de externalizaciones y asegura que "si a partir de ahora se pone más acento en políticas sociales, (...) primero toca ayudar a generar más ingresos" y que eso pasa por "ayudar al tejido empresarial que es quien genera empleo y riqueza". Igualmente, Foment del Treball reclama un entorno más favorable a la inversión empresarial, además de recordar al Govern que "tendrá que gobernar para todos los ciudadanos desde la legalidad, en un entorno de seguridad jurídica y estabilidad".
En la misma línea, Pimec pide medidas para impulsar el crecimiento de las pymes y garantizar el progreso económico, y el Cercle d'Economia exige "una economía de mercado abierta e integrada en Europa" y "respetar la legalidad".

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Primer frente no independentista para exigir pluralidad en el Parlament
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Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP han firmado conjuntamente un documento en el que exigen a Junts pel Sí y la CUP que respeten los criterios de representatividad en los órganos parlamentarios.

El caso del 3% cerca a CDC
PABLO MUÑOZ/CRUZ MORCILLO. La Guardia Civil registra la sede y detiene a su tesorero. Hay más arrestos, entre ellos el del director general del organismo de la Generalitat encargado de la obra pública. Al parecer, hay constancia documental de pagos a CDC. Podría haber diez detenidos

El Barcelona está muy alterado con la nueva sanción de 40.000 euros que le ha impuesto la UEFA por la exhibición de banderas esteladas en el Camp Nou durante el partido que enfrentó al cuadro del Luis Enrique con el Bayer Leverkusen en Champions.

Carles Vilarrubí, vicepresidente segundo del Barcelona, fue protagonista en Cataluña Radio donde confirmó que el club agotará todas las vías posibles para defenderse: "Lo que nos queda es recurrir, agotar la vía deportiva y, si no, iremos a los tribunales ordinarios, en Suiza y en Estrasburgo".

Vilarrubí entiende que la UEFA "no ha entendido el ADN del Barça y que el club es de los socios, no de un oligarca o un empresario". El vicepresidente azulgrana incluso habla de "pedagogía" cuando cuenta qué explicaciones le dieron al máximo organismo del fútbol europeo.

"Hemos perdido el tiempo, pero esto no quiere decir que no lo hayamos tenido que perder. Hemos intentado explicar qué es el Barça y qué es Cataluña. No hemos hecho mal agotando la vía de la pedagogía con la UEFA, pero no ha servido de nada. Es incomprensible que se pretenda que el club prohíba a sus propietarios expresarse libremente", sentenció.

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comienza el sainete....

Junts pel Sí y la CUP declararán el inicio del proceso a la independencia en el primer pleno del nuevo ParlamentEl cabeza de lista de Junts pel Si, Raül Romeva, y el lider de la CUP, Antonio Baños, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya./ EFE
Los independentistas, con mayoría absoluta en la Cámara, alcanzan un principio de acuerdo para que dicha declaración incluya que el nuevo Estado será una república.

«Este auto de entrada y registro no está fundamentado. No vais a poder entrar en mi casa. Si queréis hacerlo, vais a tener que detenerme. Lo que queréis es joderme mi carrera política». Esta fue la escena y más o menos las palabras textuales que se encontraron los dos guardias civiles que acudieron a registrar el domicilio de Josep Manel Bassols, delegado en Cataluña de la constructora Oproler, una de las empresas investigadas por pagar comisiones a CDC. Bassols había sido arrestado poco antes en su puesto de trabajo y los agentes acudieron a registrar su casa.

Les abrió la puerta su mujer, Núria Bassols, muy nerviosa y negandóles el paso. Los funcionarios llamaron a sus jefes y se levantó acta del incidente, según fuentes de la investigación. Fue la hija del matrimonio la que calmó a su madre y se la llevó a dar una vuelta.Ya no volvieron.

La carrera política a la que se refería Bassols era la suya -su marido fue alcalde convergente de Anglès (Girona)-. Artur Mas nombró a esta mujer en febrero comisionada por la transparencia del Govern, un alto cargo dependiente de la consejería de Gobernación. Desde noviembre de 2013 era la responsable del programa de políticas de transparencia de la Generalitat (asesoramiento al presidente). Nuria Bassols es exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Uno de sus últimos autos fue el archivo de la causa en el TSJC contra el diputado de CiU Ferran Falcó, que había sido imputado en el caso Adigsa, uno de los precedentes de la causa actual del 3 por ciento. En 1999 archivó otra investigación sobre presunta financiación irregular de CDC.

El presidente en funciones, Artur Mas, ha acusado al Estado de «utilizar sus alcantarillas a fondo» contra Convergència. Asimismo, ha reiterado su «plena confianza» en los tesoreros de CDC, Andreu Viloca y Daniel Osàcar, detenidos en la operación judicial contra el supuesto cobro de comisiones del 3%. «O alguien me demuestra que hay trato de favor o no hay tema y todo es pura especulación» o «un montaje», ha dicho en su respuesta a los grupos parlamentarios. Asimismo, el presidente catalán ha respondido a la oposición que las urnas le avalan ampliamente, razón por la que no cesará de su cargo.

Respecto al hecho que Núria Bassols, la comisionada de transparencia de la Generalitat, sea la esposa de uno de los empresarios detenidos, ha indicado que «yo no puedo hacer responsable a la señora Bassols de la actuación de su marido, lo comentaré con ella para escuchar su versión. Es muy reciente. Será objeto de análisis». Ha precisado que las donaciones de empresas adjudicatarias a los partidos están prohibidas, pero no a las fundaciones. «O alguien me demuestra que hay trato de favor o no hay tema y todo es pura especulación» o «un montaje», ha dicho Mas en su turno de réplica a los grupos parlamentarios en su comparecencia en la Cámara catalana. Ha explicado que no tenía conocimiento de las donaciones de empresas adjudicatarias hechas a la fundación de CDC, pero «las defiendo porque son legales. Son empresas que también recibieron contratos del Gobierno tripartito». El presidente en funciones asegura que no hay vinculación entre adjudicaciones y donaciones.

Mas afirma que el máximo responsable de las finanzas de CDC es el administrador, aunque este informa después a los órganos de dirección del partido. Si hay sentencias condenatorias «se actuará en consecuencia y se exigirán responsabilidades, pero necesito tener hechos probados». Ha subrayado el hecho de que, siendo un caso que se investiga en Tarragona, «intervengan fiscales de Madrid».

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este viernes a Daniel Osàcar, extesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), por su presunta relación con el caso de las comisiones ilegales del 3 por ciento. El arresto se ha producido a las 8.30 horas en la vivienda de Osàcar, que comparecerá ante el juez de El Vendrell (Tarragona) sin pasar por el cuartel de la Guardia Civil en atención a su edad. Tiene 82 años.

Con el de Osàcar ya son una docena los arrestados en la operación contra la corrupción en el partido que lidera el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. El miércoles fueron detenidos el actual tesorero del partido, Andreu Viloca; el director general de la empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, y media docena de empresarios.

Osàcar es «el tesorero en la sombra» de Convergencia. Así se refiere a él la Guardia Civil en los autos de la «operación Petrum». Controló las cuentas de CDC hasta el año 2011, cuando tuvo que dimitir a raíz de su imputación en el caso Palau. El pasado 23 de julio durante el registro del despacho de Jordi Sumarroca, consejero delegado de la constructora Teyco, los investigadores encontraron un revelador correo electrónico enviado por él a Osácar. «El Tribunal de Cuentas me está pidiendo explicaciones sobre una de las donaciones. Arreglámelo». Este era parte del contenido de ese mensaje que el consejero delegado había impreso, según ha podido saber ABC, y que fue intervenido en la primera fase de la operación.

El mail era del año 2013, pero Daniel Osácar había dejado de ocuparse de las finanzas del partido en 2011, de ahí la denominación de «tesorero en la sombra», capaz de solucionar «problemas» como una «donación» sin justificar por la que el Tribunal de Cuentas requiere a Sumarroca.

El correo se suma al documento aparecido en la caja fuerte del despacho de Sumarroca en el que figuran los ayuntamientos de Lloret de Mar, Sant Cugat, Sant Celoni, Figueras y Torredembarra junto al precio de obras públicas licitadas por cada uno más una cantidad al lado algo superior al 3 por ciento: el importe de la supuesta comisión pagada por la constructora Teyco y dos asientos manuscritos de 50.000 euros cada uno de mayo de 2009. Según fuentes del caso, esos cien mil euros ya se habrían pagado a la fundación Catdem -para acabar en Convergencia- y el resto hasta superar los 300.000 euros en comisiones estaría pendiente de pago.

La importancia que los investigadores conceden al que fuera jefe de las finanzas convergentes Daniel Osácar (estaba en ese puesto en 2009, la fecha del documento de la caja fuerte) se evidenció de forma clara en los registros del 28 de agosto. Su domicilio fue el único en el que entraron los investigadores y, por tanto, el único registro de una vivienda privada que la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez.

Ni siquiera lo hicieron en ese momento con el actual tesorero de las finanzas convergentes Andreu Viloca, cuyo despacho sí fue registrado entonces -no estaba previsto inicialmente- pero no su casa. Como su lugar de trabajo no estaba en Catdem (es el administrador) sino en Convergencia la Fiscalía tuvo que pedir sobre la marcha un auto de entrada y registro. En el mismo se especifican los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partido político, que está incluido en el Código Penal desde el 1 de julio. Andreu Viloca estaba ya también en el punto de mira directo de la investigación debido a su cargo y a otros documentos hallados, pese a las precauciones adoptadas por alguno de los afectados.

En contra de lo manifestado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlament de que el sistema de contratación pública «es impecable», la Fiscalía Anticorrupción considera que tienen pruebas suficientes y concluyentes que demuestran que se han amañado adjudicaciones de obras públicas y servicios en los últimos años. «Si antes de los registros efectuados en pasado miércoles ya teníamos pruebas, ahora tenemos muchas más», aseguraron a este diario fuentes de la investigación. El fin de la manipulación de los concursos públicos, según las mismas fuentes, sería otorgar el contrato a determinadas empresas que, a cambio, supuestamente donarían cuantiosas sumas de dinero a la fundación convergente CatDem, que sería el «canal directo» para que los fondos llegaran a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Los investigadores también consideran que en los registros efectuados el miércoles se ha hallado documentación que permite afianzar su tesis del pago de comisiones a CDC por parte de un grupo de empresas que, habitualmente, trabajan con la Administración autonómica. Estos pagos supondrían hasta el 10% del coste de la obra o el servicio adjudicados, aunque la media, es del famoso 3% lanzado en febrero del 2005 el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.

La fiscalía sostiene que el director general de la empresa pública Infraestructures de Catalunya, Josep Antoni Rosell, es una pieza clave. De ahí que la acusación pública reclamara ayer para él su ingreso en prisión. El juez, sin embargo, lo rechazó y solo le retiró el pasaporte

En el 2011, cuando Convergència recuperó el poder en la Generalitat, Rosell, militante del partido, fue nombrado director de Infraestructures de Catalunya. Las fuentes consultadas explicaron que tomó dos decisiones claves: cambio los criterios para evaluar las ofertas de las empresas y otorgó mayor peso a la parte técnica, que es más subjetiva, que a la económica. Este método, según los investigadores, permite manipular más fácilmente la adjudicación de un concurso públicos.

EL REGISTRO

El miércoles, la Guardia Civil hizo un exhaustivo registro en la sede de Infraestructures de Catalunya (antigua GISA) en Barcelona y se llevaron casi una treintena de cajas llenas de documentos. Fuentes de la investigación confirmaron ayer a este diario que los agentes se incautaron de expedientes de grandes obras públicas. La Guardia Civil deberá a partir de ahora analizar todo el material incautado y cruzar datos con las donaciones de las empresas a CatDem. La contabilidad de CDC, incautada en la sede del partido el miércoles, permitirá o no cerrar el círculo. Es decir, descubrir los traspasos económicos entre la fundación convergente y el partido de Artur Mas. Fuentes de la investigación aseguraron ayer que los investigadores cuenta con «informadores anónimos» que están facilitando datos sobre GISA (ahora Infraesctructures) y su funcionamiento. Este diario ha podido saber que podría ser un antiguo trabajador de la empresa pública de la Generalitat.

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Munté afirma que "no tiene sentido" repetir la fórmula de Junts pel Sí el 20D
La vicepresidenta del Govern en funciones defiende a Mas como candidato a la presidencia y asegura que no se plantea ser una opción alternativa

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El enrevesado "caso del 3%" podría arrojar sorprendentes novedades el martes, cuando el director general de "Infraestructures.cat", la empresa de la Generalidad para las licitaciones de obra pública, y su abogado asistan a la apertura de la caja fuerte y los maletines entregados por un amigo de Josep Antoni Rosell, el director general de la empresa, a la Guardia Civil.

Mientras el amigo de Rosell se deshacía del material que se le había dejado en custodia al entender que podía estar relacionado con el caso y probablemente siguiendo instrucciones del propio director general, un alto funcionario de "Infraestructures.cat" se prestaba a colaborar con la Guardia Civil y explicar el procedimiento mediante el que se alteraban las adjudicaciones, algo que tan simple que consistía en modificar el apartado de criterios subjetivos.

Hay más personal de la Generalidad dispuesto a colaborar con los investigadores y el juez de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavila, barcelonés de treinta años y con uno de los expedientes más brillantes de su promoción en la Escuela Judicial. Bajo una apariencia informal, Bosch dirige la investigación en franca sintonía con los fiscales anticorrupción y no hace declaraciones sobre un expediente que estalló en Torredembarra por la denuncia de una concejal de ERC, Montserrat Gasull, que fue fulminada por su propio partido. Desde entonces, enero del 2014, Bosch se hizo cargo de un caso con múltiples ramificaciones y que afecta tanto al partido de Artur Mas como a la administración que preside.

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El desmejorado aspecto de Mas

Esta martes se sabrá el contenido del material del amigo de Rosell aportado a la Guardia Civil de manera voluntaria. La caja fuerte, los maletines y las "traiciones" de funcionarios han hecho mella en Mas, que el viernes comparecía ante el Parlamento catalán con un aspecto francamente desmejorado, el cabello crispado y con la súbita aparición de canas. Admitió el cobro de donaciones a la fundación de su partido y que tales cobros acababan en las arcas del partido, pero negó que estuvieran vinculadas a las adjudicaciones de obra pública. Sin embargo, la documentación que pueda hallarse en los maletines y en la caja fuerte atenaza y bloquea la situación política catalana.

Mas ve alejarse la posibilidad de que la CUP cambie de criterio y acepte investir presidente a quien consideran culpable de los recortes y pringado por la corrupción. Y por muy mediáticas que resulten las operaciones de registro en las sedes, ayuntamientos y en edificios de la propia Generalidad, las acusaciones y excusas de Mas son cada vez más endebles.

Lamento del director de 'La Vanguardia'

El director de La Vanguardia, Màrius Carol, hace votos para que Mas supere el trance, pero no se muestra muy optimista en su billete de este domingo, en el que escribe: "Sería bueno que todo acabara en nada, pero no parece que esta vez salga gratis. Una caja fuerte que apareció tras los registros es objeto ahora de múltiples especulaciones.

El martes se procederá a su apertura. Si al final la justicia no tiene donde agarrarse, Mas y su gente podrán izar la bandera del victimismo. En caso contrario, el proceso podría embarrancar y la política catalana entraría en una nueva dimensión: la dimensión desconocida".

Comienzo de legislatura marcado

El hecho de que Mas pusiera la mano en el fuego por sus dos tesoreros detenidos y no por el director general de "Infraestructures" en la sesión parlamentaria del viernes pasado evidencian el pánico de Mas y de los dirigentes de su partido ante lo que pueda salir de la caja fuerte y de los maletines.

Este lunes se constituye el nuevo parlamento regional. Está prevista una solemne declaración de inicio del proceso de constitución de un "estado catalán independiente en forma de república". Como telón de fondo, las palabras de Mas sobre la posibilidad de desobedecer un fallo judicial en contra si Cataluña es un estado y las reiteradas negativas de la CUP. Con Mas no hay trato, sustancian. O se va (la CUP acepta a Neus Munté, vicepresidenta de la Generalidad en funciones y con pasado en la UGT) o no hay trato.

La comisionada y Pujol

En la huida hacia ninguna parte que ha emprendido Mas destacan dos lamentables coincidencias que generan reparos incluso entre sus propios socios de ERC. Que la comisionada para la Transparencia de la Generalidad, Núria Bassols, sea la esposa del empresario detenido Josep Manel Bassols, exalcalde de CiU y supuesto beneficiario de adjudicaciones, no ayuda a la defensa de Mas, que la mantiene en el puesto.

Núria Bassols es magistrada en excedencia del TSJC que debe decidir sobre el 9-N, una de las jueces de la cuota convergente en el tribunal. Tampoco conviene a Mas el trascendido de su reunión con Jordi Pujol en la casa de un exconsejero de Banca Catalana, el mismo miércoles en el que se desencadenó la tercera fase de la operación Petrum, unas detenciones y registros que pueden ser el principio del fin de la carrera de Artur Mas.

El primer establecimiento de venta de periódicos del paseo de Gracia de Barcelona (de mar a montaña) se encuentra a la altura del número catorce. Es un quiosco cuyos toldos muestran la cabecera de La Vanguardia, el diario decano de la prensa condal. Las banderas separatistas no están a la venta, pero la parada luce una estelada en uno de sus laterales. En la acera de enfrente, a la altura del número once, un quiosco patrocinado por El Periódico muestra idéntica decoración. Ambos, en paralelo, se encuentran por debajo de la Gran Vía barcelonesa.

Superado ese eje en dirección al Tibidabo, el siguiente quiosco a disposición de los compradores de papel, frente a la Bolsa de Barcelona, a la altura del número 19, es otro punto de venta patrocinado por El Periódico que en este caso omite la propaganda separatista. Pero no hace falta recorrer mucho tramo del paseo para encontrar otro caso de quiosco estelado. A la altura del número cincuenta, en la confluencia con la calle de Aragón, una parada con toldos de La Vanguardia exhibe la estelada, aunque de forma discreta, bandera y banderola en la parte frontal.

El recorrido por el paseo continúa jalonado por los quioscos. El siguiente, quinto, también muestra toldos de La Vanguardia y está a la altura del Boulevard Rosa, que recibe cada día la visita de miles de turistas de alto poder adquisitivo. Este establecimiento tiene la estelada en los dos laterales. Próxima parada, número 82 del paseo y quiosco de El Periódico. Este pertenece al Colegio de Periodistas de Cataluña, pero los toldos son de la citada cabecera. Está cerrado en domingo, día de mayor venta de diarios. Una senyera se intuye en el interior. Sin embargo, en los días de apertura, los laterales permanecen a disposición de la publicidad. Unos metros más adelante y en la otra acera el siguiente quiosco de El Periódico sí que luce la estelada "reglamentaria". Se trata del punto de venta situado frente al número 87, delante la tienda de Versace y la sede de Andbank (el antiguo banco de los Pujol Ferrusola) en Andorra.

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Seis de cada ocho quioscos, con estelada

El octavo y último quiosco del magnífico paseo barcelonés se encuentra a la altura del Palau Robert de la Generalidad, en el 107. Es de La Vanguardia y, en consecuencia, tiene puesta la estelada en uno de sus laterales. Así pues, de los ocho quioscos del paseo de Gracia, que alberga entre otras obras destacadas del modernismo La Pedrera, la casa Batlló y la casa Ametller así como los hoteles más lujosos, los cuatro establecimientos de La Vanguardia muestran en sus laterales la estelada. De los patrocinados por el diario rival, la mitad.

En la Ramblas, la gestión de los quioscos depende de la empresa madrileña Cemusa, encargada de la publicidad que lucen las paradas. Ninguno está decorado con la bandera separatista. Los quioscos del paseo de Gràcia, en cambio, sufragados por La Vanguardia, propiedad del conde Javier Godó, Grande de España, y por El Periódico, se distinguen por su apoyo simbólico a la causa separatista.