Vuelve la realidad del PSOE andaluz: se investiga otra concesión de 1,5 millones para «cocaína y copas»
Arranca el nuevo curso judicial y, con él, se sigue ennegreciendo el futuro del
PSOE en Andalucía. Y es que ese mes de septiembre comenzará con el juicio en la Audiencia de Sevilla sobre una de las cientos de
piezas separadas de la macrocausa de los
ERE. Concretamente, en este caso se investiga el paradero de los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo de la Junta socialista de Andalucía,
Francisco Javier Guerrero, a su exchófer,
Juan Francisco Trujillo, toda vez que parte de ese dinero habría sido supuestamente destinado a la compra de
cocaína, copas y antigüedades.
En concreto, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 de septiembre el desarrollo de dicho juicio, inicialmente dirigido contra Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020; Juan Francisco Trujillo; el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares; y contra el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, este último ya condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).
El juicio sigue señalado para tal fecha, después de que hace escasas semanas, el abogado que representa al PP andaluz como acusación popular en las piezas de esta macrocausa, Luis García Navarro, fuese nombrado como nuevo secretario general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración de la Administración andaluza, por lo que será otro letrado el que represente al PP en esta vista oral.
De cara al juicio, en cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para el exchófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.
Además, a medida que avance el mes de septiembre avanzarán también las averiguaciones sobre la corrupción del PSOE en Andalucía. Concretamente, el 7 de septiembre la Sección Cuarta de la Audiencia tiene señalado el comienzo del juicio correspondiente a la pieza separada de las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta socialista de Andalucía, relativa a los préstamos concedidos a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).
En concreto, este nuevo juicio por los préstamos de Invercaria comprende 45 sesiones, la última de ellas el 12 de enero de 2023. En el marzo de esta pieza separada, la Fiscalía Anticorrupción, cabe recordarlo, ha solicitado penas de 19 años de cárcel y seis años y medio de prisión para los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, ya condenado en otras piezas de esta macrocausa; y Laura Gómiz, respectivamente, por los 716.000 euros en préstamos concedidos por esta empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta a FIVA.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito de contrato simulado.
Asimismo, Anticorrupción reclama seis años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación para Laura Gómiz por un delito de contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.