La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)

Otro caso que huele a montaje. Hay alguno al que se acusa de una estafa de calderilla.

Las defensas del ‘caso Pujol’ quemaron este viernes un nuevo cartucho para tratar de neutralizar las acusaciones que penden sobre el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y Luis Delso, cuando presidía Isolux Corsan. El responsable policial que firma los informes que permitieron imputar a este último en la causa por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad en documento mercantil admitió ante el juez José de la Mata que especuló con la reunión que supuestamente habrían mantenido en Madrid.

En el informe se mencionaba una reunión en la capital de la que el instructor del caso “infirió” que ambos "pudieron concertarse para introducir" al hijo mayor del expresidente de la Generalitat en un negocio en México, por el que este recibió casi 14 millones de euros de Isolux Corsan.

Según fuentes jurídicas, el funcionario de la UDEF admitió que había especulado sobre el contenido de la reunión, que ni siquiera podía asegurar que se hubiera producido, y que basó sus sospechas en un correo entre ambos en el que Pujol Ferrusola decía que quería reunirse con Delso. Las defensas entienden el testimonio como una muestra de que el caso se sustenta en meras especulaciones.

Pero esa opinión no es compartida por las acusaciones, que sostienen que la propia Sala de lo Penal de la Audiencia, cuando ordenó tomar declaración al policía como testigo, ya decía que el encuentro "no es un hecho objetivo, ni una conclusión rotunda" de los mismos, por lo que la declaración del agente no ha aportado nada nuevo a la causa.

Además, destacan que las acusaciones contra Delso por blanqueo exceden ese supuesto encuentro y el correo del que partió la sospecha que es uno que se cruzaron Jordi Pujol Ferrusola y su supuesto testaferro en Argentina, Gustavo Shanahan. La Policía decía haberlo conocido por una “circunstancia accidental”, el testigo ha explicado hoy que con esa expresión se refería a que supo del e-mail por su publicación en 'El Mundo'.

14 MILLONES

Delso está siendo investigado por haber pagado "casi 14 millones de euros" netos a través de su constructora a Jordi Pujol júnior por el proyecto Azul de Cortés, un desarrollo turístico, residencial y de ocio en Baja California (México). La investigación ha descubierto intensas relaciones comerciales entre el Grupo Isolux y las empresas del primogénito del 'expresident', Iniciatives, Project Marketing Caty Active Translation.

El magistrado ha centrado la investigación relativa a Delso en tres operaciones: el Proyecto Azul de Cortés, la instalación de una línea de distribución eléctrica en Gabón y la colaboración en proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras en México, por las que Jordi Pujol júnior cobró 190 millones de euros por sus gestiones para que Isolux fuera adjudicatario de la concesión de la autopista Saltillo-Monterrey.

Hombre Solfan, he dividido lo supuestamente defraudado (14.000 €) entre los 137 supuestos defraudadores y después lo he vuelto a dividir por los 3 años investigados y me sale a 34 € de fraude en dietas.

Y si me dices que los oficiales durmieron en la residencia de oficiales, pues muy probablemente, pero los "número" no tiene acceso a dichas instalaciones.

Vamos que mucho titular pero poca chicha.

Esto que nos traes...vienen a corroborar lo que sostenemos algunos sobre "los pujol"...que gracias a tú gobierno y sus cloacas...ahora ya no podemos separar el grano de la paja. Que desastre XD!...

concentrate en la independencia serra que la veo un poco parada y no veo futuro
saludos españoles como tu

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata impidió ayer que el clan Pujol cuestione toda la investigación que indaga el origen de la fortuna que ocultaron durante treinta y cuatro años. El magistrado evitó que las defensas de la familia (el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos) cuestionaran al inspector jefe del grupo 24 de la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional), quien ha firmado la mayor parte de los informes que apuntalan el caso.

Este agente declaró ayer como testigo ante el magistrado a petición del empresario Luis Delso, imputado en la causa por supuestamente haber blanqueado dinero junto al hijo primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, considerado la «caja registradora» del clan. Un informe firmado por este inspector de la Policía motivó la imputación de Delso, al concluir que el presidente de la multinacional de la constructora Isolux se reunió con Pujol Ferrusola para abonarse comisiones ilegales y blanquear dinero.

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«Medias verdades»
En esta comparecencia, el juez calificó de «impertinente» todas las preguntas que buscaban cuestionar cualquier otro aspecto de la investigación, según ha podido saber ABC de fuentes jurídicas presentes en la sala. Las defensas de Luis Delso, Pujol Ferrusola (alias «Junior), todo el clan Pujol y algunos empresarios catalanes imputados llegaron a la cita -que duró en torno a dos horas- preparados para cuestionar al agente sobre otros aspectos. Esperaban sacar a la luz «inexactitudes y medias verdades» de los informes que este inspector ha firmado para investigar a los Pujol.

El juez, quien se opuso a la declaración testifical del agente, igual que el fiscal, fijó un marco estricto para el interrogatorio: solo admitió aquellas preguntas que versaban sobre el proceso deductivo por el que la Policía concluyó que Delso colaboró con «Junior». El foco: el correo electrónico del que se infería un encuentro entre ambos. Para abordar este asunto pidió Delso el interrogatorio en un recurso ante la Sala de lo Penal, quien aceptó la petición.

Mientras tanto, la investigación al clan Pujol continúa al ralentí, a pesar de que algunas partes piden diligencias a favor de sus intereses, como el archivo de la causa algunos empresarios. Fuentes jurídicas explicaron a ABC que los investigadores se centran ahora en intentar contrastar asuntos que declaró Pujol Ferrusola, quien contó su versión de los hechos el pasado 11 de febrero en una declaración voluntaria. «Junior» aseguró que la fortuna familiar procede de un legado del abuelo Florenci (la tesis que defiende todo el clan) y que los negocios con los que la multiplicó fueron legales. El magistrado no le dio credibilidad, le acusó de mentir y le retiró el pasaporte para que no pueda entorpecer la investigación.

Los investigadores consideran que Pujol Ferrusola recaudó 11,53 millones de euros en comisiones ilegales de empresarios ligados al sector público, gracias a la ascendencia de su apellido. El juez califica de «ficticios» los servicios de intermediación que «Junior» supuestamente prestó a cambio de esos pagos, y le imputa delitos fiscales, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Además, los investigadores siguen dando pasos en las ramas de la investigación que continúan bajo secreto de sumario, que tienen que ver con los negocios en el extranjero y se integran en varias piezas separadas del caso.

Otras fuentes intuyen que falta en torno a un año de investigación hasta que el juez pueda cerrar la causa y concluir quiénes y por qué delitos son procesados. El objetivo del clan Pujol es que las imputaciones se vengan a bajo antes por defectos de forma, para lo que se han reunido con algunos empresarios implicados en busca de tales errores, según informaron fuentes conocedoras de estos movimientos.

Negocios en México y Gabón
Sobre la implicación de Delso, el inspector jefe de la UDEF ratificó ayer el informe que provocó su imputación. El agente reconoció que su conclusión -que Delso y Pujol Ferrusola tuvieron una reunión que le implicaría en el supuesto blanqueo de capitales- es una «hipótesis» en la que sigue creyendo. La defensa del empresario, que niega dicho encuentro, buscó sembrar la duda sobre el origen de la implicación de Delso en los negocios de Pujol Ferrusola.

Cuestionado sobre los motivos que conducen a tal conclusión, el agente citó una información periodística «y otras averiguaciones», sin concretar más. Fuentes jurídicas señalaron que la defensa de Delso consiguió dejar patente que la tesis del inspector es una inferencia y «no un hecho acreditado».

El presidente de Isolux está imputado por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. El juez De la Mata ha recopilado indicios de que Delso y Pujol Ferrusola amañaron una plusvalía de 14 millones de euros a favor del hijo del expresidente de la Generalitat en un negocio en México. El proyecto se llama Azul de Cortes.

El magistrado cree que las facturas que emitieron para la urbanización y construcción de una zona turística son «supuestamente falsas». Según esta tesis, ambos se concertaron -entre otras cosas a través de la polémica reunión- para introducir a «Junior» en el negocio con el único fin de que luego se embolsara la «inmensa plusvalía». Delso y Pujol Ferrusola fueron socios en otras dos operaciones investigadas: otra en México, y una en Gabón.

El PP coge fuerzas con la corrupción:
El PP se escuda en la muerte de Rita Barberá para ablandarse ante la corrupción

http://www.publico.es/politica/pp-escuda-muerte-rita-barbera.html

http://www.larazon.es/documents/10165/0/900x480/0c18/900d443/none/10810/FCPW/image_content_5732128_20161126214503.jpg

Si sigues por ese camino, necesitarás los servicios de "desatascos King".
¿Qué fue de tu amigo tonto-mota?

¿Eran tarjetas sólo para gastos de representación o formaban parte de la retribución de los directivos? Alrededor de esta pregunta gira buena parte del juicio de las llamadastarjetas black de Bankia. Los acusados aseguran que ellos simplemente hicieron uso de parte de su retribución, según las instrucciones de la entidad. No sólo eso. Los miembros del Consejo de Administración defienden que ellos simplemente continuaron con una práctica que venía desarrollándose desde 1988 y a la que ni la inspección de Hacienda ni el Banco de España pusieron nunca ninguna pega. La pena de Telediario ya la tienen impuesta, pero la otra dependerá en buena parte de si pueden demostrarlo. Y la pasada semana, el juicio dio un vuelco a su favor, cuando el tribunal admitió varios documentos avalados por CajaMadrid que confirman su versión.

Administración desleal y apropiación indebida: estos son los dos delitos de los que se acusa a los más de sesenta exdirectivos de CajaMadrid y Bankia que se sientan estos días en el banquillo por el caso de las tarjetas black. El juez instructor, Fernando Andreu, consideró en su momento que había indicios de administración desleal entre aquellos imputados que desde sus cargos en los Consejos de Administración de Caja Madrid y Bankia aprobaron las tarjetas. También presuntos delitos de apropiación indebida en relación al resto de directivos por hacer uso de las mismas entre 1999 y 2012.

De un lado, un banquillo con 65 exaltos cargos propuestos por PP, PSOE, IU, patronal y sindicatos. Del otro, las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia, BFA y UPyD (aunque el partido magenta ha sido sustituido por el sindicato Confederación Intersindical de Cajas (CIC), lo que ha permitido a Andrés Herzog mantenerse dentro del proceso). Para los acusados se solicitan condenas de entre dos y diez años de cárcel.

Desde que a finales del pasado septiembre arrancara la vista oral, se libran una serie de debates que determinarán el futuro procesal del caso. El primero ocupa fundamentalmente a quienes no tuvieron cargo en el Consejo de Administración de las entidades. A estos no se les imputa por administración desleal, puesto que no crearon las tarjetas. Sólo usaron las que les dieron. La acusación en este caso es de apropiación indebida: gastaron de forma inapropiada los fondos que se les pusieron a disposición.

Para estos acusados, la cuestión está en saber si las tarjetas eran gastos de representación o parte de la retribución. Sólo en este último supuesto encajaría el delito, dado que entonces sería imposible justificar la compra de viajes, lencería o disposiciones en cajeros a altas horas de la madrugada. Pero si eran parte de sus emolumentos, podían hacer el uso que quisieran de las mismas. Y eso es precisamente lo que los acusados aseguran que eran las famosas tarjetas.

La clave

Por eso son tan importantes los documentos presentados y admitidos en los últimos días. Y por eso los acusados sienten que inclinarán la balanza a su favor. La Fundación MonteMadrid, es decir, la institución heredera de Caja Madrid que representa los intereses de la hipotética perjudicada (aunque no está personada en el juicio), validó el pasado 24 de noviembre ante el Tribunal los archivos que tumban la versión de Jaime Terceiro, el presidente de Caja Madrid hasta la llegada de Miguel Blesa.

En su declaración, el expresidente aseguró que las tarjetas –aprobadas por primera vez durante su mandato– cubrían sólo los gastos de representación. Según esta versión, las tarjetas eran totalmente legales y sólo tras su marcha se oscurecieron para cubrir otro tipo de gastos que nada tenían que ver con su finalidad original.

El problema es que los informes que ha admitido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejan en entredicho algunas de estas afirmaciones. Por ejemplo, en los documentos se incluyen mensajes en los que se dan instrucciones a los exdirectivos sobre el límite de gastos de las black y el pin de las mismas. También es relevante la pericial del catedrático Ramón Falcón, que concluye que este tipo de gastos "no estaban sujetos a justificación y por tanto las tarjetas son de libre disposición". El experto asegura, después de un análisis integral de las cuentas y actas de la entidad, que las tarjetas fueron un incentivo perteneciente a la remuneración de los ahora acusados.

En este sentido, obra en manos de los magistrados el acta de la Comisión Ejecutiva de Caja Madrid del 8 de enero de 1996, que califica los gastos de las tarjetas de crédito como remuneración dineraria. Igualmente, el Tribunal maneja otro acta del Consejo de Administración de Caja Madrid del 24 de mayo de 1988, presidido entonces por Terceiro, en el que se afirma que, debido a la "baja retribución" que en esos momentos recibían los consejeros en comparación con el resto de bancos, se aprueba la concesión de tarjetas para compensar sus "esfuerzos y dedicación a la entidad, cubriendo al menos los costes en que se incurre por el ejercicio de su función", más allá de las dietas. En ese "al menos" radica la clave para entender de qué estamos hablando. Además, si las tarjetas eran sólo para gastos de representación, por qué hablar de si la retribución era baja o no lo era... o por qué entrar en la comparación con las remuneraciones de los bancos.

El futuro

Estos dictámenes dejan en estado crítico la acusación de apropiación indebida, la que atañe a los directivos que no tuvieron participación en la creación de las tarjetas y sólo las usaron. Eso sí, en lo que hace referencia a Miguel Blesa, Rodrigo Rato y a los miembros de sus Consejos de Administración la cosa no es tan sencilla. En su caso, se les acusa de haber aprobado este uso indebido de las tarjetas y por eso se enfrentan a una acusación de presunta administración desleal por fijar salarios superiores a los establecidos legalmente y contabilizar los gastos de las tarjetas de manera inadecuada.

En cualquier caso, también para estos últimos la situación ha mejorado mucho. Su versión es que ellos no crearon las tarjetas ni idearon este esquema de retribuciones, sino que sólo mantuvieron el sistema que llevaba años operando antes de que ellos llegasen a Caja Madrid. Y eso es precisamente lo que algunos de estos acusados y sus defensas están convencidos de que demuestran los documentos aportados.

Anticorrupción solicita seis años de prisión para Blesa y cuatro años y seis meses para Rato. Mientras, para el resto de los acusados las penas reclamadas oscilan entre uno y cuatro años dependiendo de si se han devuelto o no las cantidades gastadas. El juicio regresa el 5 de diciembre con más informes de las partes, incluida la Fiscalía, que podrá modificar algunas de las peticiones de prisión o las conductas que atribuye.

CAJA DE RESISTENCIA
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La segunda teniente alcalde y concejala de Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Teresa Fernández, con acta de IU-CM, ha anunciado este lunes su «dimisión irrevocable» a sus cargos en el Gobierno local –en coalición con el PSOE– para «no dañar el pacto de gobierno», tras ser declarada culpable por malversación de fondos por un jurado popular. Fernández ocupaba hasta el viernes los cargos de concejala delegada de sostenibilidad, obras públicas, mantenimiento de edificios públicos, cooperación, sanidad, comercio y consumo. Además era presidenta de la junta de distrito La Avanzada-La Cueva.

La Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado por un delito de malversación de caudales públicos por hacer una obra en su casa con dinero y materiales públicos cuando era vicealcaldesa en 2012. En la sentencia, se le condena además al pago de una multa de 900 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante un año.

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ABC sacó a la luz el escándalo en junio de 2012
ABC sacó a la luz el escándalo en junio de 2012- ABC
En rueda de prensa, Fernández ha anunciado que el viernes presentó su renuncia al alcalde, Manuel Robles (PSOE), y ha anunciado que entragará su acta de concejala en el último pleno del año cuando se apruebe el presupuesto municipal. Fernández ha manifestado que adopta estas medidas para que acabe lo que ha definido como «cacería personal y política del PP» contra ella por 169 euros, el coste de las obras que realizó en su vivienda y que derivó en una causa que juzgó recientemente la Audiencia Provincial de Madrid.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgó hace dos semanas a Fernández junto al funcionario municipal Victoriano Agüado López y el asesor de la Concejalía de Sostenibilidad, Obras Públicas, Mantenimiento Urbano y Edificios Públicos, Francisco José Hernández Gómez. Todos ellos fueron declarados culpables. El Ministerio Público pidió para cada uno de ellos un año de prisión, suspensión de empleo o cargo público durante dos años y multa de cuatro meses a razón de diez euros diarios.

Malversación de fondos
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, María Teresa Fernández, para su propio interés y beneficio, y a sabiendas de que se destinarían medios materiales y humanos del Ayuntamiento para un uso privado, encargó a un funcionario cuando era vicealcaldesa que le enfoscase la fachada de su vivienda.

El funcionario, que conocía la irregularidad del encargo, puso en conocimiento del asesor de la Concejalía la obra para que éste la gestionase, si bien se interrumpió poco después de su comienzo al ser sorprendido el trabajador municipal que la estaba realizando.

Los agentes de la Policía Local comprobaron que se estaban empleando medios materiales y humanos pertenecientes al Ayuntamiento, en concreto un vehículo especial tipo Dumper adscrito a obras, así como arena y cemento, además del empleado, todo por valor de 179,12 euros.

Más corrupción millonaria. Del PP, qué rarrrro.
Martínez-Pujalte ingresó en un año 3,5 millones de euros siendo diputado
http://www.eldiario.es/politica/Vicente-Martinez-Pujalte-millones-cuentas_0_584092296.html