España
El juez investiga si un edil del PSOE de Leganés malversó dinero público
Un partido de la oposición también denunció al concejal de Cultura, Luis Martín de la Sierra, por prevaricación en unos pagos
¿Qué pasa con Trillo, lo van a cesar o a promocionar?:
Federico Trillo será relevado como embajador en el Reino Unido
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/04/actualidad/1483541338_397177.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Ahora tienen que relevar a Trillo......con lo bien que lo estaba haciendo el hombre.....
Si es que esto de gobernar en minoría y tener que aguantar collejas un dia si, y otro tambien.....es un suplicio.
Y como le estan cogiendo el gusto a darle al gobierno collejas todos los dias......igual quieren seguir dándoselas cuatro años....¡lo que están tragando.....y lo que les queda¡.
Jordi Pujol Ferrusola recurrió a las influencias políticas de un ex concejal del Ayuntamiento de Perpiñán, Francis Albert Gendre, para favorecer los negocios en Francia del empresario catalán Carles Sumarroca (investigado por el caso de corrupción del 3%) y de la promotora Copisa.
Así lo desvela un informe que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional remitió el pasado mes de octubre al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga las actuaciones ilícitas de la familia Pujol como “organización para delinquir“.
Los agentes de la Udef han podido analizar la contabilidad de una sociedad mercantil constituida por Jordi Puyol Ferrusola y su ex mujer, Mercé Gironés, Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa), correspondiente a los años 1998 a 2006. El análisis de esta documentación ha permitido constatar los indicios de cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales, falsedad documental y alzamiento de bienes en las relaciones del primogénito del ex presidente de la Generalitat con más de una quincena de empresas.
Los agentes han tenido acceso a un correo electrónico que Jordi Pujol Ferrusola remitió el 28 de noviembre de 2007 al ex concejal del Ayuntamiento de Perpiñán Francis Gendre, en el que le pedía que mediara para que la promotora Copisa se adjudicara una obra pública en el municipio francés.
El texto del mensaje es el siguiente: “La empresa que debe recibir la ayuda es una UTE entre Copisa, Agefred y Caire/Texen”. A continuación, el email aporta los datos correspondiente a un concurso público que iba a adjudicar el Ayuntamiento de Perpiñán: la construcción del Theatre de l’Archipel.
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Email enviado por Jordi Pujol Ferrusola al ex concejal de Perpiñán Francis Gendre.
La Udef recuerda que con anterioridad Pujol Ferrusola ya había recibido distintos pagos de la promotora Copisa, en forma de comisiones por favorecer sus negocios. A finales de 2002, la consultora de Jordi Pujol Jr. Imisa cobró 209.152 euros (en dos pagos idénticos de 104.576 euros) de Auro 97 SL, una de las filiales de Copisa, cuyos responsables son José Cornado Mateu y Elvira Vidal Dinarés.
Y pocos meses más tarde, entre mayo y julio de 2007, la empresa de Pujol Ferrusola cobró otros 229.936 euros (esta vez, en tres pagos de 76.645 euros) de otra filial de Copisa, Promomaresme 2003. En aquellas mismas fechas, Promomaresme había presentado un plan urbanístico ante el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). Por tanto, los agentes sospechan que los citados pagos eran en realidad una comisión ilegal por la mediación del hijo del ex president Pujol para que el proyecto urbanístico fuera aprobado.
En su informe, la Udef recuerda que otra filial de Copisa, New Piave Seis SL, pagó en 2008 al primogénito de los Pujol otros 499.221 euros “por las gestiones de intermediación en la operación de compraventa de participaciones en la sociedad Promociones Club Campo y Golf Ronda SL“. En conjunto, el juez De la Mata investiga comisiones por importe de 3,6 millones de euros que Pujol Ferrusola habría cobrado de Copisa.
La construcción del Theatre de l’Archipel
Los investigadores de la Policía Nacional sitúan en este contexto el email que el mayor de los Pujol envió al ex concejal de Perpiñán Francis Gendre para que la misma promotora se adjudicara la construcción del Theatre de l’Archipel en el municipio francés.
Del mismo modo, pocos meses después, Pujol Ferrusola remitió otro correo electrónico a Francis Gendre, en el que le facilitaba los datos de contacto del empresario catalán Carlos Sumarroca, investigado en la causa sobre el pago de comisiones del 3% a Convergència.
Como en el caso anterior, los agentes de la Policía apuntan que la finalidad de este mensaje era lograr que Sumarroca se hiciera con “diferentes adjudicaciones, licitaciones y concursos de obra pública” en Francia, gracias a la mediación del ex concejal de Perpiñán.
Ya en octubre de 2015, la Policía Nacional registró el domicilio de Carlos Sumarroca Claverol, ex vicepresidente de la empresa de ingeniería Comsa-Emte, durante la Operación Hades puesta en marcha para investigar a las empresas que pagaron comisiones al clan Pujol.
Imputado por el caso del 3%
Su hermano, Jordi Sumarroca, está imputado por el presunto pago de comisiones del 3% a Convergencia a cambio de la adjudicación de una obra pública en el municipio de Torredembarra. Ambos son hijos de Carles Sumarroca Coixet, amigo personal del ex presidente Pujol y uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
La relación de Jordi Pujol Ferrusola con el ex concejal de Perpiñán y promotor inmobiliario Francis Gendre viene de lejos. El hijo del ex presidente de la Generalitat invirtió en 2006 900.000 euros en el proyecto de construcción de un centro comercial en Perpiñán, denominado Le Carré d’Or, promovido por Gendre.
Jordi Pujol Ferrusola tenía una participación del 22,5 en el proyecto, que según sus impulsores iba a registrar unos beneficios de 38 millones de euros. En su informe, la Udef señala que ambos socios contaban con la influencia política de Francis Gendre como ex concejal para que el Ayuntamiento de Perpiñán aprobara el proyecto.
De hecho, en octubre de 2007, Gendre envió un correo electrónico a Pujol Ferrusola (que en aquel momento se encontraba en México) para informarle de que la actuación ya había recibido todas las autorizaciones administrativas.
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Correo remitido por Gendre a Jordi Pujol jr. sobre el proyecto de centro comercial.
Sin embargo, tras el último cambio de gobierno municipal, “el proyecto urbanístico ha causado una gran controversia social y cuenta con la oposición del actual alcalde de Perpiñán, que en fechas recientes ha intentado anular los permisos concedidos basándose en su ilegalidad“, detalla el informe de la Policía.
Los agentes apuntan además que Jordi Pujol jr. camufló su inversión como si se tratara de un préstamo a la promotora de Francis Gendre, para encubrir lo que en realidad constituía una operación de blanqueo de capitales.
El ex ministro socialista Fernando Ledesma ha sido el ponente y principal impulsor del dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, que ha provocado el anuncio del cese de Federico Trillo como embajador de España en el Reino Unido.
El dictamen considera que el Estado es “patrimonialmente responsable” del accidente registrado el 26 de mayo de 2003, en el que fallecieron 62 militares profesionales que regresaban de cumplir su misión en Afganistán. No obstante, el Consejo de Estado añade que esta responsabilidad ya ha sido satisfecha con las indemnizaciones que han cobrado las familias de las víctimas.
Pese a ello, el informe remitido a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ya ha tenido consecuencias políticas. El Gobierno ha anunciado el próximo cese de Federico Trillo como embajador en Londres, si bien ha intentado desligar la decisión del accidente del Yak-42 y la ha enmarcado en los cambios más profundos que se van a producir en los próximos meses en el servicio diplomático español.
Como presidente de la sección cuarta del Consejo de Estado (competente en los asuntos de Defensa, Industria, Comercio y Turismo), el ex ministro socialista Fernando Ledesma ha sido el ponente y ha participado personalmente en la redacción del dictamen, que fue aprobado por la comisión permanente el pasado 20 de octubre.
Las fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que la redacción del dictamen sobre el accidente del Yak-42 ha provocado malestar en el seno del Consejo de Estado, hasta el punto de que varios letrados se negaron a redactar el informe. Hay que recordar que el principal damnificado, Federico Trillo, tiene plaza como letrado del Consejo de Estado: ganó la oposición en 1979 como número 1 de su promoción. Trillo ya ha anunciado la voluntad de incorporarse a esta plaza, una vez concluya su labor como embajador.
El primer Gobierno de Felipe González
El ponente del dictamen sobre el Yak-42, Fernando Ledesma, fue el primer ministro de Justicia del Gobierno de Felipe González, un cargo que desempeñó entre 1982 y 1986. Fue precisamente en esta etapa cuando el PSOE impulsó una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueran elegidos por los partidos políticos. Algo que ha terminado por politizar el sistema de promoción de los jueces.
Tras concluir su etapa como ministro, Fernando Ledesma fue promovido a una plaza de magistrado del Tribunal Supremo. Presidió el Consejo de Estado entre 1991 y 1996, durante el último Gobierno de Felipe González. Desde 2009 es miembro de la comisión permanente de este organismo.
La comisión permanente del Consejo de Estado está presidida por José Manuel Romay Beccaría, quien fue ministro de Sanidad del primer Gobierno de Aznar. Entre los miembros de este órgano también se encuentran la ex vicepresidenta socialista del Gobierno Teresa Fernández de la Vega, el constitucionalista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, el ex presidente del Consejo de los Diputados Landelino Lavilla y el ex jefe de la Casa del Rey Alberto Aza.
La comisión permanente se completa con los juristas Miguel Rodríguez-Piñero (ex presidente del Tribunal Constitucional), José Luis Manzanares (ex presidente del Consejo General del Poder Judicial) y Enrique Alonso García.
Fin de la partida. La llegada del nuevo año traerá consigo el final de varios de los macrojuicios por corrupción que se están celebrando en España y que, en algunos casos, quedarán incluso vistos para sentencia.
Uno de los casos más mediáticos y significativos será el del Instituto Nóos, la red de empresas creada por el cuñado del Rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres para constituir una maraña de facturación ficticia, con la que desviaron hasta 6,2 millones de euros de las administraciones públicas. Todo apunta a que el exduque de Palma será condenado a prisión -dada la alta pena de 19 años de cárcel que ha solicitado para él el Ministerio Público-, pero habrá que esperar también a la posible condena para la Infanta Cristina.
Es la primera vez que se sienta en el banquillo por corrupción un miembro de la Familia Real, pero teniendo en cuenta que sólo le acusa actualmente el sindicato Manos Limpias, que pide para ella ocho años de cárcel por cooperadora necesaria en dos delitos fiscales, y que esta organización está también procesada por la creación de una supuesta trama de extorsión, fraude de subvenciones, estafa y delitos contra la Hacienda pública, parece poco probable que se le vaya a condenar.
El juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid se reanuda esta semana, en la que los abogados defensores que aún no lo han hecho expondrán sus conclusiones tras una veintena de sesiones en las que los acusados han reiterado que nunca fueron conscientes de usar las visas de modo irregular.
La mayoría de consejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia se han negado a reconocer como suyos los gastos que figuran en las hojas de excel aportadas por Bankia, a las que niegan validez jurídica, y han rechazado reconocer a la entidad como heredera legal de Caja Madrid y, por tanto, como perjudicada por los desembolsos.
http://www.eldiario.es/politica/juicio-Caja-Madrid-reanuda-navideno_0_599490219.html
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de cárcel para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y para el que fuera director general Ildefonso Sanchez Barcoj, por un delito de administración desleal continuada en relación con sobresueldos en la entidad financiera (que pasó a integrarse en Bankia).
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/09/mercados/1483954754_307142.html
Pujol Ferrusola ha evadido 4,5 millones desde que es investigado
La Policía critica al juez por su actuación y por la «libertad de movimientos» del primogénito del clan para «sustraer» capital. Piden, sin citar a de la Mata, severas medidas cautelares
El viceconsejero andaluz compró medicamentos con precios inflados
Martín Blanco, viceconsejero de Salud, adquirió fármacos para su hospital pagando un veinte por ciento más que otros centros
El Grupo de Podemos en la Cámara balear expulsa a Huertas y a Seijas
La marcha de ambas diputadas podría ahondar aún más la grave crisis interna que existe actualmente entre críticos y oficialistas
Ribó ensalza la gestión de su concejal que infringió normas de Tráfico
El alcalde sostiene que una ciudad pensada para ir andando o en bicicleta contribuye a «mejorar la salud ciudadana»
La Policía Judicial sitúa al ex conseller de Convergència i Unió (CiU) Felip Puig como una pieza clave en la trama de corrupción de la familia Pujol. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sostiene ante la Audiencia Nacional que quien fuera hombre de confianza de los ex presidentes autonómicos catalanes Jordi Pujol y Artur Mas favoreció los intereses del hijo del primero desde la Generalitat hasta el punto de propiciar un pelotazo de cinco millones de euros con un vertedero en la localidad tarraconense de Tivissa.Los investigadores consideran en dos de los últimos informes que han aportado ante el Juzgado de Instrucción número 5 que instruye el denominado caso Pujol y que han sido desvelados en exclusiva por EL MUNDO, que el clan catalán «influyó de forma clara» sobre Puig. Todo ello con el objetivo de que propiciara el negocio de Pujol Jr. con el referido vertedero.
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Tal y como ya descubrió este periódico hace dos años, el primogénito del clan catalán obtuvo una espectacular plusvalía con la compraventa de esta instalación, que contó con la autorización administrativa del Gobierno catalán. Según precisa ahora la Udef, Pujol Ferrusola invirtió «como mucho» en el vertedero tarraconense 284.479,26 euros y obtuvo a cambio 5.298.921 euros en el año 2004.A juicio de la Policía, esta operación presenta «unos rasgos extraordinariamente singulares, con varias connotaciones criminales». Los investigadores han constatado que quien adquirió el vertedero en el que había invertido Pujol Jr. fue la constructora FCC, contratista de la Generalitat catalana.Una vez acreditado el espectacular beneficio obtenido por Pujol Ferrusola con este negocio, que dependía de las autorizaciones del Gobierno catalán, la Udef señala directamente al cargo público que lo tramitó. Máxime teniendo en cuenta «la existencia de una resolución del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña de fecha 21 de octubre de 2002 en la que se otorga autorización ambiental al proyecto de construcción de un complejo de tratamiento de residuos en el término municipal de Tivissa, que se confirmó que era la operación que estaba detrás de todo el entramado».«Resulta a todas luces evidente que la tramitación de una licencia de ese tipo debiera llevar un procedimiento que presentara cierta dilación temporal, con plazos ampliables en función de que distintas instancias presenten sus informes favorables», prosigue la Udef. «Dado lo cual, si bien la licencia final se concedió en octubre de 2002, el trecho recorrido en distintas instancias por el trámite administrativo habría comenzado antes», zanjan los investigadores policiales.Llegados a este punto, la Policía Judicial considera que «ahora sólo faltaría por conocer sobre quién se ejerció la influencia, una cuestión que en otros casos simplemente se presume, pero que en este quedaría muy claro, a tenor de quién ostentaba el puesto de consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña». La Policía Judicial no tiene dudas: «Surgiendo de consulta a fuentes públicas que desde el 30 de noviembre de 1999 hasta el 21 de noviembre de 2001 su máximo responsable fue Felip Puig Godés, hermano de Jordi Puig, máxima autoridad pública a cuyo criterio se sometieron los trámites iniciales del vertedero».LOS SEÑALADOS POR LA UDEF
La Policía ha entregado al juez de la Audiencia Nacional varios informes acerca del origen de la fortuna de los Pujol. Introduce en ellos grandes novedades que dan un vuelco a la investigación.
¿Cuántos informes hay? La Policía ha aportado durante los últimos meses tres informes que han sido desvelados por EL MUNDO durante las últimas semanas. En ellos la Udef ha puesto encima de la mesa documentación hasta ahora inédita y profundiza en la investigación por corrupción y blanqueo.
¿Por qué arremete la Udef contra ex altos cargos 'populares'? Revela que el clan catalán ha llevado a cabo proyectos financiados con dinero público de organismos estatales y señala que los ex secretarios de Estado Juan Costa y José Manuel Fernández Norniella ayudaron a la familia.
¿Por qué implica a Ignacio López del Hierro en la trama? La Udef sitúa al marido de María Dolores de Cospedal en la «estructura societaria para delinquir» de la familia Pujol. López del Hierro estuvo ocho años en la sociedad Ibadesa Cat, del primogénito del ex presidente. Él dice que lo hizo «a título testimonial». La Policía no le cree y destaca que su papel fue activo.
Resalta la Udef que «en el periodo que se desarrollaban los hechos enunciados, Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godés -hermano de Felip Puig- compartían el despacho de la calle Ganduxer, además de tener negocios e inversiones conjuntas, como las auspiciadas a través de las sociedades Iberoamericana Business and Marketing e Ibadesa Cat, existiendo además flujos de capitales entre ambos utilizando sus respectivas sociedades instrumentales, IMISA y ASCOT Inversiones».Junto a esta operación, y «sin estar directamente relacionado con el acto jurídico» mencionado -que «ineludiblemente interpretamos que Jordi Pujol Ferrusola coadyuvó a aprobar (la tramitación del expediente del vertedero de Tivissa)- introducimos como dato relevante y esclarecedor un correo electrónico». En él «aparecen como interlocutores Jordi Pujol Ferrusola y Josep Mayola», socio del primero en los negocios de vertederos en Cataluña. Se refiere «precisamente a otro vertedero que tiene problemas judiciales y en cuanto al tema de residuos le dice Pujol Ferrusola a Mayola: 'Si vamos al Consejo Comarcal, como CiU tenemos más fuerza y así iría más rápido'».Este modus operandi deja «meridianamente claro» para la Udef «qué tipo de gestiones y asesoramiento ejercía Pujol Ferrusola, directamente relacionados con la presión política y ése era el motivo por el que cobraba sus comisiones».
El ponente, es el ponente. Da igual que sea socialista o no.
Todos sabemos quien era el ministro de defensa. Todos sabemos que mandos militares fueron condenados. Todos sabemos por qué. Y todos sabemos que gobierno les indultó.
En cualquier pais de Europa se hubiese ido al día siguiente a su casa.
El juez procesa a los exalcaldes Castedo y Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz por el caso del PGOU
El magistrado halla indicios de delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada