El saqueo de fondos públicos en la Ópera de Valencia pudo haber rozado los dos millones de euros en una trama de cobro comisiones y pago de sobrecostes en cuyo epicentro se ha situado a la que fuera intendente del Palau de Les Arts (el paradigmático edificio de Santiago Calatrava), Helga Schmidt.
Así consta en un auto de procesamiento por el que el juez ha dejado a un paso del banquillo a la ‘dama’ de la ópera valenciana acusada por presunta prevaricación, malversación y falsedad. Junto a ella, el juez ha procesado también al exdirector financiero Ernesto Moreno y a tres empresarios que habrían participado del supuesto desfalco.
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La causa ha investigado una operativa por la cual el Palau llegaba a pagar sobrecostes por servicios y comisiones por patrocinios captados que, según el magistrado, ha podido provocar un agujero en las arcas públicas que ascendería de 1,4 millones a un máximo de 1,9, aunque de una parte del dinero no se ha acreditado que se haya malversado.
Helga Schmidt fue la elegida por el expresidente Francisco Camps para llevar las riendas de la recién inaugurada Ópera de Valencia desde 2005. Según consta en el auto de procesamiento, facilitado este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, la intendente tomó la decisión de externalizar el servicio de captación de patrocinios que venía haciendo directamente la fundación del Palau y a pesar de que se había reforzado el Departamento de Patrocinio en septiembre de 2007.
Sin embargo, Schmidt decidió que esta captación se hiciera desde una empresa externa llamada Patrocini de Les Arts SA, que estaba regida por José Antonio Noguera y Joaquin Maldonado (dos de los procesados) y en cuyo consejo de administración también estaba la propia Schmidt.
Esta externalización se hizo a pesar de que la sociedad “carecía de medios personales y materiales” para hacerse cargo del trabajo y vulnerando los trámites de la contratación. También a pesar de que la intendente tenía una “incompatibilidad” para sumar a su actividad al frente del Palau a una actividad privada. Una incompatibilidad agravada, sostiene el juez, por el hecho de que el cargo de consejero de la sociedad estaba retribuido mediente dietas.
La externalización comenzó en abril de 2008 y supuso que Patrocino de Les Arts SA se quedara con un 10% de lo aportado por cada patrocinador conseguido, una actividad que hasta entonces se hacía directamente por el personal del Palau. La gestión se tradujo en la incorporación de tres nuevos patrocinadores, pero se dieron de baja 14. Se pasó de 4,3 millones en patrocinios para el Palau en 2008 a 3,3 al año siguiente. Al año siguiente se cambió el contrato y se aumentó hasta un 30% el porcentaje de comisión que se podía quedar la sociedad si se trataba de contratos de patrocinio nuevos.
En total, en el auto de procesamiento, el juez señala que la vigencia de estos dos contratos “conllevó la obligación del Palau de pagar a Patrocini de Les Arts la cantidad total (hasta 2011) de 808.255 euros como contraprestación por sus servicios”. Unas comisiones que, recalca, están carentes “de toda justificación y que genera un evidente perjuicio a los fondos públicos”. Sin embargo, en el propio auto se destaca que, según las actuaciones, solo consta que se hay pagado 42.040 euros de esos 808.255 euros. Es esta cifra lo único que se ha documentado a través de factura y el matiz que el instructor hace sobre la cantidad que finalmente se habría podido malversar.
La externalización de la captación de patrocinios se hace ademas sin que “se aprecie ningún efecto positivo”, puesto que se redujo tanto el número de patrocinadores como el importe económico total que recibió el Palau.
LOS SOBRECOSTES INJUSTIFICADOS
Junto a las comisiones por patrocinios, el juzgado de Instrucción 15 de Valencia también apunta a un presunto desvío o perjuicio de fondos públicos por el hecho de que, desde la Ópera, se pagaron grandes sobrecostes sin justificación. Estos sobrecostes serían los que generó la celebración de los eventos Viva Europa (una iniciativa para retransmitir óperas por pantallas y en diversos puntos de Europa) y los pagos a la firma RadCliffe. El juez señala en su auto sobrecostes que irían desde el medio millón de euros a casi un millón.
Por ejemplo, en la primera edición del Viva Europa, la celebrada en 2009, el evento consistía en retransmitir ‘La Valquiria’, interpretada por el tenor Plácido Domingo, dirigida por el maestro Zubin Mehta, con puesta en escena por la Fura dels Baus, y todo ello bajo la dirección artística de la Intendente del Palacio de las Artes Reina Sofía, Helga Schmidt.
El Palau pagó 300.000 euros a una sociedad propiedad de Patrocini de Les Arts por esta cita a pesar de que, según consta en el auto, no habría de haberse pagado más de 52.000 euros. “Lo que supone que, en relación al evento Viva Europa 2009, el Palau de Les Arts ‘Reina Sofía’ habría pagado un sobrecoste carente de toda justificación de 248.222 euros. Dicho de otro modo, se habría producido un perjuicio a los fondos públicos por importe de 248.222 euros imputable a los hoy investigados”, recoge el documento. En los dos años posteriores se habrían pagado sobrecostes de casi 80.000 euros.
Por último, el juez analiza la relación del Palau dirigido por Helga Schmidt con la firma RadCliffe&Asociados, cuyo apoderado es Pablo Broseta, otro de los procesados y quien fue cónsul de Francia en Valencia. Esta firma fue la adjudicataria en 2008 de un contrato de comunicación y publicidad.
En realidad, ha destacado el juez, esta firma facturaba al Palau por trabajos que encargaba a otra empresa, llamada La Imprenta. Es decir, RadCliffe compraba un producto a La Imprenta que luego vendía a la Ópera y se quedaba, por ello, con un porcentaje. Así, por ejemplo, consta que en el ejercicio 2009 la firma de Broseta declaró compras a La Imprenta por 211.236 euros y ventas al Palau por 532.900 euros. “Es decir, 321.664 euros de diferencia, cantidad que supone un margen de beneficio de Radcliffe que, en dicho ejercicio, sería del 152,27%”, recoge el auto de procesamiento.
En total, el juez recalca que el Palau habría pagado de esta forma un sobrecoste “carente de toda justificación” que iría de un mínimo de 294.419 euros a un máximo de 786.971 euros. “Sobrecoste no justificado que supone un correlativo perjuicio a los fondos públicos por dicho importe”, recalca el auto.
El procesamiento deja a Schmidt y al resto de investigados a un paso del banquillo. El magistrado instructor ha dado traslado al fiscal para que decida si procede el archivo o solicita la apertura de juicio oral.
La ‘dama’ de la Ópera de Valencia fue detendia en enero de 2015 en el marco de esta investigación y destituida poco después por la operación. Su caso provocó pronunciamientos de solidaridad en el mundo operístico.