¿Puigdemont y parte del govern piden asilo politico en Bélgica?

Puigdemont pide a sus exconsellers que sigan en prisión hasta el 21-D

  

 por una vez estoy deacuerdo con carles....jjj que sigan en la trena...jjj

 

primero salir de españa y ahora de europa...jjj este carles es un fenomeno al final se fusionan con Burkina Fasso....que pena

Puigdemont afirma que los catalanes deberían votar si quieren seguir en la UE

No hay nada peor que poner a un memo y mediocre al frente de una institución. Lo hizo Mas con Puigdemont y ahora sufrimos las consecuencias porque eligió como sucesor a un personajillo irrelevante que se ha crecido con el cargo. No es Macià, Companys, Tarradellas, Pujol o Maragall, es simplemente un memo fanático y sectario. No hay más que escucharle para entender la catástrofe que ha vivido y vive Cataluña por su culpa. Lo peor, en todos los sentidos, es su terquedad, pero no ha aprendido nada con lo sucedido y sigue empecinado en una dirección que no conduce a nada bueno. El último estrambote define perfectamente al paleto de Amer. Ahora defiende un referéndum para plantearse la permanencia de Cataluña en la UE, por que es “un club de países decadentes y obsolescentes en el que mandan unos pocos”. Me reafirmo en que no es más que un memo y un cateto.

 

Lo sorprendente es por qué un personaje pequeño, en todos los sentidos, haya ocupado un cargo tan importante. El veto de los antisistema de las CUP a Artur Mas hizo que eligiera a uno de sus más fieles palmeros, pero salió el criado respondón que se creyó que tenía un destino manifiesto. Una vez más es lo que decía de que no hay nada peor que poner a un mediocre al frente de un proyecto. Como buen fanático considera que ha sido llamado por el destino para liderar a Cataluña a una independencia que sería, simplemente, su destrucción. La realidad es que nada ha salido como habían proyectado y como es, además, un cobarde ni siquiera ha tenido la dignidad de asumir la responsabilidad por sus actos. Una persona de calidad y talento hubiera acudido a la Audiencia Nacional.

Es increíble que ahora actué como un niño malhumorado cuando le quitan un juguete. Como los países europeos no le han seguido el juego y no puede ser independiente ahora emerge el botarate que quiere un referéndum para abandonar la UE. Cataluña ha sido históricamente el territorio más europeísta dentro de una España que lo es muchísimo. Nada que ver con lo que sucede en el resto de países europeos donde han salido formaciones euroescépticas. Ahora Puigdemont coincide con Le Pen y la mayor parte de la ultraderecha y los antisistema. Al final acabará formando happy pandy con los ultras.

El ex presidente catalán ha creado una realidad paralela y adopta actitudes que le hacen parecer como un auténtico desequilibrado. Hay veces que dudo que esté en su sano juicio. No sé si es consciente del daño, en algunos casos irreversible, que ha provocado, aunque creo que sí y no le importa porque considera, como buen independentista, que cuanto peor mejor para conseguir sus objetivos. Los días pasan y su errática estrategia tiene un recorrido con fecha de caducidad porque los catalanes votaremos el 21-D y se acabará la farsa.

Un "think tank" proeuropeo califica a Puigdemont: "otro idiota útil ruso"

"European Values" concede el “reconocimiento” de "Campeón de Putin" al expresidente de la Generalidad.

Pagaza reúne en Bruselas a presos del franquismo para "desemascarar" a Puigdemont

Los tres últimos encarcelados y exiliados por el régimen franquista le dicen a Puigdemont que "en España no existen presos políticos".

El juez Llarena  no quiere arriesgarse a que las autoridades belgas cercenen la posibilidad de juzgar al expresidente catalán Carles Puigdemont por todos los delitos que se le atribuyen a él y a sus exconsejeros. El instructor del Supremo ha retirado la euroorden que emitió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dado que la Decisión Marco que regula ese procedimiento de entrega de sospechosos entre países de la Unión Europea prevé que se podrá denegar la orden si los hechos que motivan la misma no son constitutivos de delito de acuerdo con el derecho del Estado miembro de ejecución, en este caso Bélgica.

Los abogados de Puigdemont y de los cuatro consejeros que se encuentran huidos en Bélgica, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí, a los que también afecta la retirada de la orden de entrega,  han alegado precisamente ante los tribunales belgas que el delito de rebelión que se les atribuye en España no está tipificado exactamente así en la legislación de aquel país.

Si Bélgica denegara la entrega del expresident y los exconsejeros prófugos ni más ni menos que por el principal cargo que se les imputa, no sólo no podrían responder de la presunta rebelión sino que se daría la paradoja de que sí podrían ser enjuiciados por ese delito los exconsejeros que, en vez de huir, se quedaron en España.

 

El juez  recuerda que la orden europea de detención es un instrumento de colaboración judicial y que una vez emitida, el juez instructor puede ponderar en cualquier momento la conveniencia u oportunidad de su mantenimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que le prestan soporte conforme con su derecho interno y los efectos que esa orden de detención pueda tener en el proceso penal que se esté tramitando, en este caso en España.

Un delito de naturaleza plurisubjetiva que requiere una respuesta homogénea

Llarena explica que los autos de busca y captura e ingreso en prisión y las oportunas órdenes europeas de detención y entrega se emitieron el 3 de noviembre de 2017. 

El juez describe el nuevo escenario que se presenta en este momento. De un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes, señala Llarena,  “los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente”.

De otro lado, Llarena recuerda que, una vez acumulada la causa,  los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva: “Con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención que contemplamos, se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”.

Según el magistrado,  el actual mantenimiento de las órdenes de detención no facilitaría el adecuado desarrollo del proceso “pues al ser posible que el Estado requerido ( en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco) deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se posibilita una restricción del título de imputación para los que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones e introduciría perturbaciones de defensa para los investigados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en “ peor derecho” que quienes se encuentran fugados”.

Por ello, en el estado actual de las actuaciones,  el magistrado considera oportuno, ponderando los intereses en juego, retirar las órdenes de detención objeto de análisis y renunciar a la petición de colaboración que comportan. Además, el juez entiende que esta retirada no genera ningún gravamen a los afectados por ella “ pues, en la medida en que los encausados se opusieron a que se ejecutara por el Estado requerido el acto de colaboración que analizamos, eso es lo que esta resolución les aporta”. Contra el auto de Llarena se puede interponer recurso de reforma y/o apelación.

O sea, en fino y en lenguaje leguleyo, la jueza justiciera Lamela, jaleada por la fiscalía, metió la pata.

Ya me veo a Puigdemont haciendo mitings desde la Catalunya Nord, o desde Andorra...

De momento, Inquisidores de España 0,  - Puigdemont "el trolleador" 2

A este paso, va a volver a salir president, y esta vez por méritos propios....

con esta toma de decision por parte del juez llarena es evidente que entiende que puede existir claramente dos delitos muy importantes uno la famosa rebelion y otra de organizacion y grupo criminal el primero 25 años de carcel el segundo 8 años de carcel, a parte de malversacion y otros...

Los dirigentes, que son aquellos que promueven, constituyen, organizan, coordinan o dirigen la organización criminal. Por esta autoría responderán por unas penas de prisión de 4 a 8 años (si la organización persigue delitos graves)

creo que la jugada del magistrado es muy interesante mas cuando te ahorras extradiciones parciales y cuando es mas que evidente que a puigdemont y cñia no les queda otra que regresar a españa a coger su acta parlamentaria y por lo tanto asegurar su detencion .

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/12/05/vox-dice-retirada-orden-detencion-belgica-beneficia-instruccion-1580599

¿Por qué el Tribunal Supremo no quiere que Puigdemont sea detenido en Bélgica?

Llarena pone contra las cuerdas a Puigdemont al revocar la euroorden, se anticipa al posible «recorte» de delitos por parte de Bélgica, garantiza su detención en España y un trato igual al resto de imputados

 

Entre la espada y la pared. Saldar cuentas con la justicia o arriesgarse a perder su acta tras las elecciones del 21-D. En esta encrucijada se encuentran en este momento el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena  revocó ayer las órdenes de entrega (euroórdenes)solicitadas a Bélgica contra Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxel Serret.

El movimiento, absolutamente inesperado, pilló con el pie cambiado a las defensas de los cinco huidos, que ahora, ya en plena campaña electoral, tienen que  replantear una estrategia frente a la que parece que no hay más salidas que volver a España y responder ante la justicia y ante su electorado -como va a hacer Junqueras, también cabeza de lista, en prisión incondicional- o renunciar a la política en Cataluña, pues no podrán poner un pie en España -lo que necesariamente tendrían que hacer para tomar posesión de su acta- sin ser arrestados. La orden de detención nacional sigue vigente, como también lo están las imputaciones que pesan sobre ellos, que son las mismas que han llevado a declarar ante el juez Llarena a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y a cinco miembros de la Mesa; y al exvicepresidente Junqueras y otros ocho exmiembros del Gobierno de la Generalitat: rebelión o sedición y malversación.

En una maniobra técnico-jurídica muy hábil, el juez que investiga a los exmiembros del Gobierno y de la Mesa del Parlamento justifica su decisión de desactivar las euroórdenes (y las órdenes de detención internacional) en la  desigualdad de trato que supondría que Bruselas decida finalmente entregar a Puigdemont y a los otros cuatro exconsejeros solo por un delito de malversación, cuando los imputados en el Tribunal Supremo -los citados más los «Jordis»- lo están también por otros delitos. No se trata de una posibilidad remota, sino muy factible, teniendo en cuenta que la Decisión Marco del Consejo de Europa de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea prevé que se pueda denegar la orden cuando los hechos que la motivan no son constitutivos de delito en la legislación del Estado miembro de ejecución, como es el caso. En Bélgica, el delito de rebelión no tiene correspondencia.

 

Un plan conjunto

Llarena recuerda que cuando la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó estas euroórdenes, el Tribunal Supremo  no había asumido todavía la totalidad de la causa, una decisión que se tomó, recuerda el magistrado, porque los hechos que se investigan «pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable». Es decir, al tratarse de un plan conjunto, la depuración de responsabilidades se tiene que llevar a cabo de forma «unificada», pues de otro modo por los mismos hechos se podrían tomar decisiones contradictorias en unos y otros tribunales. Denegar parcialmente la ejecución de las órdenes de detención dificultaría una respuesta homogénea e introduciría una «distorsión subjetiva» a las defensas de los investigados que sí están a disposición del tribunal, argumenta Llarena.

Pero hay más, el juez se hace eco de que con posterioridad a la emisión de esas órdenes de detención, los investigados «parecen haber mostrado su  intención de retornar a España con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente». Puigdemont va de número uno por Barcelona con Junts Per Catalunya; con el mismo partido y circunscripción va Clara Ponsatí de número tres, mientras que Lluís Puig es el número dos por Gerona. Por su parte, Meritxell Serret es cabeza de lista por Lérida con Esquerra y Antoni Comín, número siete por Barcelona, también con Esquerra.

Por tanto, si los huidos van a concurrir a estas elecciones, antes o después tendrán que venir a España, y lo harán, además, con la garantía de que los delitos que se les imputan no se va a ver mermados por el mero hecho de que uno de ellos no tenga un equivalente en ese país.

Con su decisión Llarena  neutraliza las posibles dilaciones que se iban a producir en los tribunales belgas. Los investigados ya han comparecido en dos ocasiones ante el mismo juez que el lunes anunció que pospone su decisión hasta el 14 de diciembre. Su fallo era recurrible, con lo que la entrega necesariamente iba a retrasarse como mínimo hasta un mes después de las elecciones. Si los imputados quieren tomar posesión de sus actas tendrán que venir antes a España; si no lo hacen, la perderían con las consecuencias que eso puede tener de cara a su electorado.

La detención de estos huidos en España no tiene por qué implicar que ingresen en prisión. El juez Llarena tendría que valorar la adopción de medidas cautelares una vez que les haya tomado declaración, de la misma forma que ha hecho con los otros miembros del Gobierno y del Parlament. Bien es verdad, que a diferencia de estos últimos, en los que no vio riesgo de fuga, en el caso de los huidos sí puede apreciarlo: si se fueron una vez no hay razón para pensar que no podrían volver a hacerlo.

 

La decisión del magistrado Llarena conlleva innegables ventajas prácticas. Tiene por objetivo evitar que la entrega por parte de las autoridades belgas de Puigdemont y del resto de exconsejeros prófugos impida juzgarlos por el delito de rebelión, que al parecer en Bélgica no existe. Dado que Puigdemont y los demás pretenden en todo caso volver a España, el magistrado prefiere esperar a ese momento para que, cuando lo hagan, sean detenidos y puedan ser juzgados por los mismos delitos que el resto de sus cómplices que permanecieron en España.

Aunque el razonamiento sea inteligente, los riesgos que conlleva son jurídicamente inasumibles. Por probable que sea el retorno de Puigdemont, no es seguro. Una vez que el criminal ha huido y dejado de presentarse cuando le ha requerido la Justicia, lo que hay que hacer es perseguirlo con todos los medios legales disponibles. Retirar la orden europea de detención supone renunciar a uno de ellos con la esperanza de que a la postre sea innecesario. A partir de ahora, estos presuntos delincuentes, a pesar de los graves delitos cometidos, pueden moverse libremente por el ancho mundo sin que nadie puede tocarles un pelo, porque los jueces españoles han decidido dejar de perseguirlos, al menos en el extranjero. Eso les otorga la obvia oportunidad de sustraerse a la acción de la Justicia huyendo a un país desde donde no puedan ser extraditados. A cambio, el único beneficio que se obtiene, el de poder juzgarlos por todos los delitos que se les imputan, depende de que voluntariamente vuelvan a España. El juez no es quién para valorar la alta probabilidad de que tal retorno se produzca. Lo que tiene que hacer es procurar en la medida de lo posible que los criminales sean debidamente juzgados. Y si no pueden serlo por todos los delitos que se les imputan, que lo sean por los que los tratados internacionales permitan.

Sin embargo, lo peor son las razones políticas que podrían haber inspirado el auto del Supremo. Leyendo entre sus líneas parece que se está animando a Puigdemont a no retornar amenazándole con juzgarle por todos los delitos de los que se le acusa si lo hace. Da la impresión de que alguien ha pensado que lo mejor es que el expresidente no vuelva para evitar el problema político que plantearía su retorno. No hay evidencia de que esto sea efectivamente así y que este razonamiento haya sido el impulsor del auto. Pero cabe sospecharlo. Y esto ya tiene consecuencias suficientemente perversas. No hay peor error que pueda cometer un jurista encargado de resolver asuntos de trascendencia política que el de dar la apariencia de que se estiman los argumentos políticos por encima de los jurídicos. Y no sólo porque puede salir mal, sino porque, aunque salga bien, que en este caso está por ver, estará poniendo en evidencia que, en según qué casos, los jueces españoles son sensibles a motivos diferentes de los jurídicos.

A mí, qué quieren que les diga, la resolución que ha hecho pública el juez Llanera este martes me ha parecido un poco extraña, una de esas cosas que te deja la sensación de que algo se ha hecho mal en algún momento, les confieso que no sé muy bien qué.

Por otro lado, a mí, como a la mayoría de ustedes, me gusta ver a los delincuentes a la sombra –debo de ser un peligroso fascista–, y en el caso de ciertos delincuentes no sólo es que sea una preferencia personal, sino que es una necesidad nacional: es importante que los que han hecho tanto daño y han estado a punto de hacer aún mucho más paguen por ello. No sólo eso: también es bueno que paguen lo antes posible.

Así que uno preferiría que se persiguiese a Puigdemont y a su banda con algo más de perseverancia. Quizá no sea necesario un policía de estos de las películas americanas que veinte años después del crimen siguen estudiando el caso, en una espiral autodestructiva que les ha llevado al divorcio y al alcoholismo, pero que la Justicia se diese algo más de vidilla, como se dice aquí en Madrid, no estaría de más.

Dicho todo esto, el sorprendente auto de Llanera puede parecernos malo a los que estamos por que se aplique la Ley, e incluso puede que realmente lo sea, pero no tengo nada claro que no sea aún peor para el expresident y su séquito de golpistas. Sí, es cierto que Puigdemont y los demás pueden eludir indefinidamente la acción de la Justicia española, pero no lo es menos que ahora si vuelven a España ya será volando directamente a Estremera, y que tampoco tendrán fácil irse de Bélgica a otro país, en el que vaya usted a saber si los convenios de extradición no serán más perjudiciales.

Así las cosas, y vista la escasa inclinación del pedecato por el martirologio carcelario, se me antoja que el futuro de Puigdemont puede pasar por una larguísima estancia en Bruselas, donde, una vez celebradas las elecciones y con el transcurrir de los meses y los años, poco a poco irá siendo olvidado, se irá quedando sin dinero y pasará a la más absoluta irrelevancia.

Es más, no hay que descartar que dentro de unos años, cuando los turistas contemplen la simpática estatua del meón, se les acerque un personaje con una pinta rara y el pelo no muy limpio y les diga: "¿Saben que jo soc el president legítimo de la República Catalana?".

Puede incluso que el simpático y excéntrico clochard se convierta, con el tiempo, en otra atracción de la capital belga, incrementando aún más el interés turístico de una ciudad en la que en un fin de semana podrás ver la bellísima Grand Place, el impresionante Atomium, la graciosa estatua del Meón y, sobre todo, al Puchimón de Bruselas, un tipo curiosísimo que te da mucha risa pero, la verdad, también un poco de pena.

Las conclsuiones del articulista son acojontantes.

"Si leemos entre lineas" dice, la decisión judicial es una decisión politica (de Marriano),

 

"No hay peor error que pueda cometer un jurista encargado de resolver asuntos de trascendencia política que el de dar la apariencia de que se estiman los argumentos políticos por encima de los jurídicos". No hay peor error que pueda cometer un periodista, encargado de comentar asuntos de trascendencia política, que el dar apariencia periodística, a una mera apreciación subjetiva de leguleyo viperino.