La farsa de la doble legalidad
No es posible saber si Junqueras, que es historiador, y los dirigentes del procés se inspiraron en Robespierre y el Comité para desarrollar su idea
Pedro García Cuartango
El 23 de enero de 2013 el Parlament aprobó una declaración de soberanía en la que se recogía expresamente «el derecho a decidir». También se incluía una referencia al
«pueblo de Cataluña» como sujeto político para determinar su propio futuro. Aunque el Gobierno de Rajoy restó importancia a esta resolución con el argumento de que carecía de efectos jurídicos, el Tribunal Constitucional la anuló nueve meses más tarde.
Visto con perspectiva, aquella iniciativa del Parlament fue clave para comprender todo lo que ha venido después y la base sobre la que se construyó
la hoja de ruta soberanista. Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña, se refirió ayer a ello en su comparecencia en el Supremo: «La Generalitat creó una doble legalidad para sustentar su estrategia. La idea era obligar a los ciudadanos a elegir entre una u otra».
«Generaron una especie de ficción para justificar su desobediencia al Tribunal Constitucional y los mandatos judiciales. Era una situación surrealista», afirmó Millo. Y así fue. Como los dirigentes independentistas eran conscientes de que
el programa soberanista y la consulta violentaban la Constitución, concibieron una legalidad paralela que sustentara sus acciones políticas, que diera una cobertura jurídica a actos que eran ilegales de forma manifiesta y que también les permitiera desobedecer las resoluciones de los tribunales.
Como explicó Millo, las leyes de transitoriedad jurídica de septiembre de 2017, la consulta del 1 de octubre y la declaración de independencia apelaban a esa soberanía del Parlament, aprobada cuatro años antes. Ello –y no es un pretexto menor– les permitió a los independentistas mantener una apariencia de acatamiento al ordenamiento vigente que les resultaba muy útil para sus fines. Como la historia se repite en clave de farsa,
según la expresión acuñada por Marx, hay un precedente muy similar a esta doble legalidad ideada por el independentismo: la estrategia de los jacobinos durante la Revolución Francesa.
Salvando las diferencias históricas, Robespierre y los líderes de La Montaña recurrieron a la misma práctica para doblegar a los girondinos y hacerse con el control del proceso revolucionario. Los girondinos y los jacobinos tenían una representación similar en la Convención, creada tras las elecciones de septiembre de 1792, que aprobó la ejecución de Luis XVI. Los moderados obtuvieron victorias importantes en algunas votaciones, pero los partidarios de Robespierre llevaron a cabo
una política de deslegitimación del órgano soberano mientras se apoyaban en la Comuna de París, los clubes populares y los distritos, que desarrollaron una legalidad paralela.
Los encarcelamientos de
Marat y
Hébert suscitaron una insurrección de los jacobinos, que lograron una orden de detención de 29 diputados y dos ministros girondinos, lo que fue acompañado de una decisión clave: la creación del Comite de Salvación Pública. Desde abril de 1973, el Comité iría asumiendo competencias hasta convertirse en un Gobierno con absolutos poderes, sustentado en la legitimidad revolucionaria.
La teoría de la ponderación
A partir de ese momento, la Convención se fue difuminando hasta disolverse un año después. Lo que había operado como una legalidad formal se transformó en una legalidad impuesta por la fuerza. Esta época de hegemonía jacobina ha sido bautizada como El Terror. No es posible saber si Junqueras, que es historiador, y los dirigentes del procés se inspiraron en Robespierre y el Comité para desarrollar su idea de una legalidad paralela. Pero lo cierto es que, desde 2013, se dieron cuenta de que no podían avanzar en sus reivindicaciones sin esa cobertura de unas leyes que ampararan su hoja de ruta.
Millo y Diego Pérez de los Cobos, coordinador de las Fuerzas de Seguridad, describieron con todo lujo de detalles como el propósito de Puigdemont fue siempre celebrar la consulta bajo el paraguas de la ley de transitoriedad y de la ley del referéndum, anuladas por el Constitucional. Esas normas les permitieron cuestionar los requerimientos judiciales y formular esa «teoría de la ponderación», por la que el mantenimiento de la seguridad ciudadana justificaba la pasividad en una convocatoria sustentada en un falso «mandato democrático». Todo fue una farsa.
