El fondo reclama la incorporación de Paul Herendeen en representación de un grupo de minoritarios para restablecer la supervisión independiente
Mason Capital Management vuelve a la carga contra el consejo de Grifols, en pleno proceso de espera de la posible opa de Brookfield y miembros fundadores. El fondo, que dice representar a cerca del 2,1% del capital, ha enviado otra carta al consejo de la farmacéutica, en el que carga de nuevo contra las deficiencias de gobierno corporativo de la compañía, que han supuesto fuertes pérdidas para los accionistas y que han dado como resultado la rumoreada opa,
con un descuento significativo sobre el valor razonable de la acción.
En este sentido, Mason ha pedido la incorporación de Paul Herendeen al consejo de administración, propuesto por un grupo de accionistas minoritarios para restablecer la supervisión independiente y desbloquear el valor para los inversores.
El fondo ha recordado que el pasado 8 de noviembre
envió una carta al consejo de Grifols, en la que pedía la implantación de una serie de medidas para hacer frente a las deficiencias en gobernanza.
Según Mason, en su respuesta, el consejo de administración de Grifols siguió una de las recomendaciones, “por primera vez”, revelando que los miembros con conflictos de intereses habían presentado su dimisión sobre el Comité Independiente de Transacción, formado para evaluar la transacción de Brookfield.
Por otra parte, Mason señala que el consejo de Grifols defendió la pobre asignación de capital en los últimos años, con la adquisición de una división de Novartis, Hologic NAT y Biotest, mientras que permaneció en silencio en otras cuestiones claves con conflictos de intereses flagrantes, incluyendo los pagos recibidos por Osborne Clarke en el asesoramiento de Grifols en las citadas transacciones, además de que se rechazó el facilitar el nombramiento del citado Herendeen.
En este sentido, Mason señala que el consejo de Grifols confirmó que Tomas Daga lideró operaciones históricas, incluidas las de Diagnostics y Biotest. Según el fondo, el consejo realiza un análisis débil defendiendo estas transacciones a pesar del simple hecho de que los ingresos de Diagnostics se han desplomado desde la adquisición, mientras que Biotest aporta actualmente menos de cinco millones de euros al ebitda del grupo. En este sentido, Mason afirma que Grifols cotizaba a 22 euros por acción cuando se anunció Biotest, frente a los menos de 11 euros actuales. “La transacción contribuyó claramente a la destrucción de valor del 50% sufrida por los accionistas en los últimos tres años”, dice.
Además, Mason señala que la respuesta del consejo de Grifols intenta distanciar a Tomás Daga y Osborne Clarke España, señalando que Daga “no ocupa ningún cargo en el despacho de abogados”, pero no revela que Osborne Clarke España era conocido anteriormente como Daga y Sauret. “Tomás Daga y Osborne Clarke España están inexorablemente unidos”, dice.
Con respecto a la posible oferta de Brookfield, Mason señala que la reacción del precio de las acciones de ayer ante un artículo de prensa que apuntaba a una oferta de 10,50 euros por acción por parte de Brookfield y miembros de la familia Grifols, ilustra la realidad obvia del mal gobierno corporativo. Las acciones tipo A de la farmacéutica caen este martes a media mañana cerca de un 2,6%, hasta 10,58 euros, otorgando al grupo una capitalización bursátil por debajo de 6.800 millones de euros.
Según Mason, los inversores con dinero real no confían lo suficiente en el consejo, en la familia ni en Daga como para fijar el precio de las acciones de Grifols cerca de su valor intrínseco, cuando los títulos se hundieron hasta el supuesto precio de oferta, cumpliendo el objetivo obvio del artículo, promover los intereses de Brookfield, el familia, y Daga de suprimir el precio para quitarle ventajas a los accionistas mayoritarios. “Este artículo debería preocupar a todos los consejeros. Los directores no sólo deben considerar el precio de la oferta, sino también que la familia es un accionista minoritario con control de hecho del consejo”, dice Mason, que añade que, sin embargo, es posible que ese no sea el caso en el corto plazo. “Se puede destituir a los consejeros en conflicto, afirmar el control mayoritario de los accionistas que no están en conflicto y restablecer un precio justo por el capital”, señala.
El fondo carga con dureza al señalar que el consejo intenta aprovecharse de sus propios fallos, que han causado grandes pérdidas a todos los accionistas. “Todos los consejeros tienen obligaciones con todos los accionistas. Deberían considerar si corregir los conflictos que mantienen alejados a los inversores crea más valor que una oferta de la familia y Brookfield”, dice Mason, que añade que los accionistas mayoritarios se están organizando para efectuar esos cambios independientemente de la voluntad del consejo, la familia o Daga de cumplir con sus obligaciones con todos los accionistas.
