Cajón de sastre

La proporción del volumen de operaciones de acciones en las bolsas es ahora menor que la proporción del volumen de operaciones de acciones en los dark pools, las operaciones negociadas y las operaciones internalizadas
 

 

 

El presidente Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la orden este jueves para estudiar la imposición, como pronto en abril, de aranceles recíprocos a los socios comerciales de la primera economía mundial con el objetivo de igualar los impuestos que encaran los productos norteamericanos en los mercados extranjeros.

Estas medidas tendrían como objetivo contrarrestar las barreras comerciales de tipo no arancelario, como una legislación excesivamente reguladora, los diferenciales en el IVA, las subvenciones públicas o las políticas cambiarias que perjudiquen las exportaciones estadounidenses.

"En cuanto al comercio, he decidido, por motivos de igualdad, que aplicaré un arancel RECÍPROCO, es decir, que lo que los países cobren a los Estados Unidos de América, nosotros se lo cobraremos a ellos, ¡ni más ni menos!", ha afirmado Trump en un 'post' de su red social Truth Social.

El mandatario republicano ha propuesto crear un sistema personalizado por países que perseguiría redefinir las relaciones comerciales con cada uno de sus socios. Además, ha aclarado que no ha lugar a "excepciones", puesto que todas las acciones que se tomen siempre serán "recíprocas".

En el caso de la Unión Europea, Trump ha criticado los niveles de IVA en el bloque comunitario y las multas con las que la Comisión Europea sanciona a tecnológicas estadounidenses.

Según ha recogido 'Bloomberg', el nominado por Trump para la Secretaría de Comercio, Howard Lutnick, habría informado a la prensa de que el estudio de las medidas a tomar debería estar listo para el 1 de abril, tras lo cual Trump tomará las riendas.

Trump ha explicado desde el Despacho Oval que implementará impuestos a la importación de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos "superiores" a los aranceles recíprocos en una fecha futura aún por concretar 

 

 

Coca-Cola Europacific Partners, embotelladora del célebre refresco, ha anunciado este viernes un programa de recompra de acciones de hasta 1.000 millones de euros.

El programa comenzará el 18 de febrero de 2025 y se espera que finalice antes de finales de febrero de 2026. El objetivo es reducir el capital social, ya que todas las acciones recompradas serán amortizadas.

El programa será llevado a cabo por Goldman Sachs, que realizará las operaciones de forma independiente y sin influencia de la compañía.

La empresa ha realizado este anuncio después de publicar sus resultados de 2024. El grupo elevó sus ventas anuales un 11,7%, hasta 20.438 millones de euros, aunque el beneficio operativo cayó un 8,8%, hasta 2.132 millones. Por su parte, el beneficio neto se redujo un 13,5%, hasta 1.344 millones de euros.

Damian Gammell, consejero delegado, ha destacado que "estamos bien posicionados para 2025 y más allá en categorías que están creciendo, con sólidos planes comerciales y de inversión en marcha para impulsar el crecimiento. Confiamos en que tenemos la estrategia adecuada, realizada de manera sostenible para cumplir con nuestros objetivos de crecimiento a medio plazo", ha añadido el directivo.

 

 

 

Incrementar el gasto en defensa en línea con las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pide a sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que destinen el 5% del PIB, supondría para los países de la UE un coste anual adicional de unos 875.000 millones de dólares (833.923 millones de euros), lo que presionaría la solvencia de los emisores soberanos, según S&P Global.

En su análisis, la calificadora de riesgos plantea tres hipótesis en función del porcentaje de PIB dedicado a gasto militar, pasando desde un primer escenario del 2,67% si se cumpliera con la media ponderada de gasto a un segundo con un gasto del 3,30% si se equiparase con el de Estados Unidos y a un tercero del 5% del PIB para cumplir con las exigencias sugeridas desde la nueva Administración estadounidense.

En estos escenarios, S&P Global calcula que la UE en su conjunto tendría que aumentar anualmente el gasto de defensa en 242.000 millones de dólares (230.639 millones de euros) en el escenario menos exigente y en 875.000 millones de dólares en el más oneroso.

En opinión de la calificadora de riesgos, esto es mucho más de lo que los países individuales pueden financiar sin compensar dichos desembolsos "con otras reducciones del gasto o probablemente presionando su solvencia".

De hecho, la agencia calcula un sensible impacto de estos potenciales incrementos sobre el déficit de los países. En el caso de España, la calificadora de riesgos anticipa que el déficit presupuestario se elevaría al 4,6% del PIB en el primer escenario, frente al 2,9% previsto actualmente, pero escalaría hasta un 6,6% en el tercer escenario con un gasto del 5% del PIB.

En este sentido, en ausencia de cambios en las reglas fiscales de la UE, considera que la mayoría de los estados miembros individuales tendrían que reordenar sus presupuestos para absorber tal nivel de aumento del gasto de defensa, lo que lleva a S&P Global a avisar de las probablemente "significativas" consecuencias políticas de recortar el gasto social para compensar el mayor gasto militar.

Asimismo, la agencia apunta que excluir el gasto de defensa de los cálculos del déficit presupuestario en virtud de las reglas fiscales de la UE no tiene implicaciones para los niveles de deuda o las necesidades de endeudamiento, ya que no altera las necesidades de endeudamiento ni los niveles generales de deuda, por lo que no tiene efecto en la evaluación de la agencia de la posición presupuestaria del emisor soberano.

De tal manera, recuerda que muchos gobiernos europeos ya están lidiando con una deuda elevada y grandes déficits y siguen siendo sensibles a las condiciones del mercado y advierte de que, incluso los países de Europa central y oriental, que ya observan mayores compromisos en materia de defensa, probablemente tendrían dificultades para sostener un mayor gasto militar en un contexto de desaceleración del crecimiento económico, envejecimiento de la población y aumento de los costes sociales.

EMISIÓN CONJUNTA.

Sobre este aspecto, la agencia plantea que una acción colectiva podría ser una respuesta, aunque apunta que todavía no se haya logrado un consenso al respecto, ya que varios países, incluida Alemania, siguen oponiéndose a la emisión conjunta de eurobonos, mientras que parece que un subconjunto de Estados miembros quiere avanzar con una solución compartida.

En cualquier caso, recuerda que el proceso para acordar la emisión de un instrumento europeo común es complejo, en referencia al posible impedimento que supone la unanimidad requerida para las decisiones en asuntos de finanzas y políticas exteriores y de seguridad comunes, así como la importancia de los detalles de cualquier acuerdo de financiación colectiva para determinar su solvencia, mientras que destaca que, si los responsables políticos de la UE deciden emitir más deuda paneuropea, esto podría beneficiar al euro, al menos marginalmente, al aumentar la oferta de activos paneuropeos.

Asimismo, la calificadora de riesgos apunta que instituciones como la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, podrían constituir las vías iniciales para proporcionar financiación adicional a los miembros de la UE.

No obstante, advierte de que el multiplicador fiscal del gasto de defensa en la UE "sigue siendo modesto", lo que implica que el potencial estímulo económico sería limitado, en contraste con lo que sucede en Estados Unidos, donde los multiplicadores más altos se traducen en una mayor expansión económica relacionada.

"Esto se debe a que el gasto de defensa de Europa es intensivo en importaciones y sólo un tercio se dedica a inversiones", explica S&P Global al señalar que la "fragmentada" industria de defensa de la UE emplea a menos del 0,3% de la fuerza laboral y las compras nacionales de favorecen a los campeones nacionales en lugar de buscar economías de escala y eficiencia.

En este sentido, recuerda que únicamente 19 de las 100 principales empresas del sector tienen su sede en la UE, en comparación con 48 que se domicilian en Estados Unidos 

 

 

 

Las grandes operaciones marcarán el paso de la recuperación del mercado global de fusiones y adquisiciones en 2025, según el informe 'Global M&A Industry Trends 2025' difundido este jueves por la consultora PwC.

El estudio ha argumentado que, entre los factores que explican la previsión de este impulso, destacan la apuesta de los máximos directivos por el crecimiento y la transformación de sus empresas con la Inteligencia Artificial como catalizador y la "gran disponibilidad" de capital.

Además, también han citado a la entrada de nuevos activos al mercado procedentes de las carteras de las firmas de capital riesgo y de la desinversión en activos no estratégicos de las grandes corporaciones.

El socio responsable de la división de transacciones de PwC, Carlos Fernández Landa, ha sostenido que "la actividad va a repuntar en 2025, aunque no lo va a hacer de igual forma en todos los sectores".

De su lado, han reseñado que un indicador adelantado de este esperado resurgir de las operaciones es el buen momento que están atravesando las transacciones con un valor superior a los 1.000 millones de dólares, ya que en 2024 registraron un alza de un 17% --si bien en el cómputo global, la industria disminuyó un 17% el número de operaciones , aunque su valor creció un 5%--.

De hecho, han ahondado en relación al pasado ejercicio que se produjeron un total de 502 transacciones de gran tamaño, de las cuales 72 se situaron por encima de los 5.000 millones de dólares, y que, aunque el sector tecnológico ha sido el que ha copado mayor protagonismo, también se han producido grandes operaciones en otros sectores, como los de seguros, medios y entretenimiento, banca y energía.

Por su parte, sólo en España el mercado de M&A experimentó en 2024 un ligero descenso del número de operaciones, con 1.330 por las 1.346 registradas en 2023, y un aumento de su valor del 7%, hasta los 35.800 millones de euros, gracias al buen comportamiento de la actividad transaccional en el sector financiero y en los de consumo y energía.

Siguiendo con el plano nacional, cabe reseñar que la mayoría de las operaciones vinieron del mundo corporativo, mientras que las firmas de capital riesgo protagonizaron el 36,4% de las transacciones que tuvieron lugar en España en 2024.

Así, con la mira ya en 2025, han previsto que la actividad de fusiones y adquisiciones se centre en compras orientadas a acceder a nuevas capacidades, entrar en nuevos mercados y mejorar la eficiencia operativa de las empresas, con la tecnología y la IA como factor movilizador; sobre este punto, han profundizado que la IA está atrayendo, además, la atención hacia otros sectores como los centros de datos y de generación de energía.

A la par, han vaticinado un crecimiento de las desinversiones no estratégicas o poco rentables y que en los próximos meses va a continuar creciendo la presión sobre las firmas de capital riesgo para renovar sus carteras, pues han estimado que más de la mitad de sus participadas tienen, al menos, cuatro años de antigüedad.

Por otro lado, han citado que otro elemento a tener en cuenta es el efecto que puede tener en la industria el fuerte crecimiento del mercado de crédito privado, que ya gestiona casi 1,7 billones de dólares en todo el mundo.

En un plano más amplio, han considerado que todos estos factores pueden verse aderezados por otras cuestiones mucho más impredecibles, volátiles e inciertas venidas del actual escenario geopolítico.

"Las políticas de la nueva administración Trump pueden tener implicaciones relevantes e incluso contradictorias en el mercado de fusiones y adquisiciones", han apuntado al respecto para ejemplificar que, por un lado, la desregulación puede mejorar las perspectivas empresariales de las compañías estadounidenses, y que, por contra, la política comercial y la imposición de aranceles podría impulsar al alza la inflación y tener los efectos contrarios.

En este ámbito, el informe ha diferenciado que, entre los sectores que se pueden ver más afectados favorablemente por los cambios que están empezando a ver en el entorno geopolítico, se encuentran los de defensa, telecomunicaciones y tecnología, mientras que un aumento generalizado de los aranceles podría tener consecuencias perjudiciales en las cadenas de suministro y en sectores como el industrial, construcción, agrícola o minoristas, entre otros 

 El Tesoro Público ha colocado este jueves 5.483,3 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las referencias a 3 y 5 años, según la información publicada por el Banco de España.

En esta última subasta del mes de marzo, el organismo público ha logrado una demanda de más de 11.558 millones de euros, consiguiendo duplicar la colocación final de deuda.

En concreto, el Tesoro ha adjudicado en los mercados bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,40%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,70% y obligaciones del Estado con una vida residual de 8 años y 8 meses, con cupón del 3,55%.

En la emisión de bonos del Estado a 3 años, el Tesoro ha captado 1.825,303 millones de euros, frente a una demanda de 3.625,325 millones, con un tipo de interés marginal del 2,493%, superior al 2,393% anterior.

Por su parte, en bonos del Estado a 5 años, el organismo ha adjudicado 2.182 millones, por debajo de unas peticiones de 4.142 millones, con una rentabilidad del 2,687%, por encima del 2,372% de la emisión anterior.

En cuanto a las obligaciones del Estado con una vida residual de 8 años y 8 meses, el Tesoro ha colocado 1.475 millones de euros, frente a una demanda de 3.790 millones. La rentabilidad, en este caso, ha caído del 3,616% de la pasada emisión al 3,065% actual.

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de en torno a los 60.000 millones para este ejercicio 2025, lo que supone un incremento de 5.000 millones respecto a las de 2024, debido a la necesidad de dar respuesta a la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la catástrofe de la DANA.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán los 278.000 millones de euros, un 7,4% más respecto al cierre de 2024, debido al mayor volumen de amortizaciones y el ligero incremento en las emisiones netas.

La previsión es mantener una vida media de la deuda en circulación en el entorno de los 8 años, máximo histórico alcanzado en 2021. Esta elevada vida media ha permitido suavizar el impacto de la subida de los tipos de interés en los últimos años, de manera que, el coste medio de la deuda en circulación ha subido 57 puntos básicos desde su mínimo histórico en 2021, frente a una subida acumulada de 350 puntos básicos de los tipos oficiales en el mismo período.

Se mantendrá también el objetivo de diversificación de la base inversora y se seguirá apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Para ello, el Tesoro continuará realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica.

En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras y bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.