En los últimos meses se ha hablado bastante, y con razón, del bajo nivel salarial de España. Está claro que se trata de una situación injusta que contradice abiertamente los principios del modelo económico de la UE, es decir, de la Economía Social de Mercado (ESM), que considera que la cohesión social ha de ser uno de sus objetivos prioritarios. Pero para poder solucionar este problema, que no solo afecta a España, deben analizarse con objetividad sus complejas causas, lo cual parece que olvidan muchos de los que están preocupados por el tema.
Por lo general, se suele acusar a las empresas, que son las que de forma inmediata, con o sin el proceso de la negociación colectiva, fijan las retribuciones de los asalariados que contratan y las ponen en práctica. Pero las empresas se encuentran en un entorno que puede afectar su competitividad por los bajos salarios que se pagan en otros países a los que se puede deslocalizar su producción o, incluso dentro del propio país, por la contratación a distintos tipos de inmigrantes que aceptarían cualquier retribución con tal de poder encontrar trabajo.
Otro aspecto de la complejidad del tema es el elevado nivel de paro que existe en nuestro país y que hace que nuestros conciudadanos acepten empleos con frecuencia inferiores a su cualificación profesional y en condiciones retributivas inadecuadas.
De ninguna de estas circunstancias son responsables las empresas pero, si quisieran prescindir de ellas y pagar el salario que correspondería a la productividad laboral de los trabajadores en cuestión, se encontrarían con graves dificultades al no poder competir con otras empresas nacionales o extranjeras, que practican una política muy distinta de recursos humanos.
Por diversos motivos ha llamado la atención que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, haya hablado del tema de los bajos salarios, atribuyendo aparentemente a otros su responsabilidad, como si el Gobierno no tuviera en ello arte ni parte. Según el modelo de la ESM, incumbe al Estado establecer y vigilar el cumplimiento de las reglas de juego necesarias para que el funcionamiento de un mercado libre y competitivo respete los derechos de todos los ciudadanos, garantizando la cohesión social.
Los instrumentos con los que podría actuar el Estado, sin faltar al principio de respetar el funcionamiento de un mercado libre y competitivo, son de diversa naturaleza.
Una posibilidad sería establecer que el obligatorio salario mínimo interprofesional (SMI) fuera lo suficientemente elevado para garantizar los ingresos que permitieran cubrir las necesidades vitales familiares. Al ser una obligación que afectaría a todas las empresas del país, se evitaría que entre las empresas nacionales se pudiera recurrir a una competencia desleal con el recurso a los salarios bajos. La solución, sin embargo, no evitaría la competencia de los países que, por diversas causas, tuvieran niveles de retribución más bajos. En este caso, las empresas tendrían que competir con una mejor productividad laboral y la excelencia de sus productos, alternativa que se suele olvidar cuando no se puede competir con devaluaciones de la propia moneda, como hacíamos antes de entrar a formar parte de la moneda comunitaria.
Otra posibilidad de actuación del Estado para favorecer la cohesión social sería una política fiscal bien estructurada. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que a través del sistema impositivo sólo se podría favorecer a los ciudadanos con salarios bajos, evitando que ciertos impuestos, como el IVA, reduzcan su poder de compra. Otro aspecto de la política redistributiva sería poder aumentar el gasto social con los mayores ingresos que conseguiría el Estado con los tributos que pagaran los que tienen rentas más altas.
Y una forma de mejorar con estos gastos los salarios bajos sería pagar un complemento salarial a los trabajadores que por la situación de su empresa no pudieran ni siquiera recibir el SMI o que éste siga siendo demasiado bajo, así como también si hubiera que recurrir a la llamada "renta básica".
A través de éstas y otras posibles políticas, se podría afrontar el tema de los salarios bajos a corto plazo, pero hay que contar que a medio y largo plazo la situación se puede agravar, entre otras cosas por la generalización de las técnicas digitales. Finalmente, para hacer frente a estas nuevas circunstancias del mercado laboral, el instrumento más efectivo sería mejorar los sistemas educativos para que el nivel mínimo de cualificación de cualquier ciudadano pueda cubrir las necesidades que tendrán las empresas en la nueva revolución industrial que promoverá el progreso tecnológico.