Tienes toda la razón. No me había leído el post anterior al mío por la sencilla razón de que yo, que soy un prisillas, contesto a los posts según los leo, sin molestarme en leer el resto del hilo antes de hacerlo, y mi respuesta a un post de la página dos va a caer al final del hilo algo fuera de contexto.
Según dices tú:
«Si estamos de acuerdo en que hay que apartar a un juez acusado de prevaricación porque los juicios que desempeñe en adelante pueden quedar viciados por PRESUPONER que va a seguir prevaricando , también deberíamos estar de acuerdo en que un político que esté acusado de cohecho y experto comisionista no debería seguir repartiendo contratos públicos».
Pues no. No estamos de acuerdo. Para ti lo mismo da un cargo público que un juez, quizá porque no te has parado a pensarlo un poco. Hay una buenísima razón por la que los representantes públicos están aforados y protegidos de la acción de la justicia, hasta que el propio parlamento tiene a bien retirarles dicha protección. Esa buenísima razón es proteger a la democracia de los abusos del poder. Algo a lo que en este país deberíamos ser mucho más sensibles de lo que lo somos.
Imagínate un país ficticio, Caperucitolandia, donde a su población le cuentan cualquier cuento y se lo traga cual niño de papillas. Imagínate que su gobierno tiene tentaciones totalitarias ocultas mientras se le llena la boca de democracia. Imagínate que el gobierno tiene un control muy fuerte sobre la fiscalía, que sigue sus directrices sin rechistar porque es la única manera de medrar en la profesión. Ese gobierno se podría sentir tentado de azuzar a la fiscalía contra los representantes del partido de la oposición con acusaciones tan absurdas como que alguien les ha regalado varios juegos de ropa interior, mientras el presidente del parlamento del partido en el gobierno puede hacerse con todo un patrimonio urbanístico gracias a sus amistades con constructores que ganan licitaciones de obras públicas, sin que la dócil fiscalía mueva un dedo contra él.
Si aplicáramos tu criterio de apartar a los políticos bajo acusación, el gobierno de dicho país podría descabezar constantemente al partido de la oposición por el sencillo mecanismo de que su fiscalía pretoriana acumulara acusaciones absurdas sobre todos ellos. Voilà, el partido en el gobierno habría encontrado la fórmula perfecta para subvertir la democracia y autoperpetuarse a la PRI mejicano durante 30 años. Todo ello mientras se proclama adalid inmaculado de la lucha contra la corrupción.
No te gustaría vivir en Caperucitolandia, ¿O sí?
En cualquier caso no entiendo la manía de mezclar el asunto de las presuntas prevaricaciones de Garzón con las corrupciones de otros políticos. Ni que fueran compañeros de fechorías.