El diputado del grupo parlamentario Ciudadanos de las Cortes valencianas, Domingo Rojo, será juzgado por un presunto delito de apropiación indebida por quedarse con los ahorros que le dio un matrimonio para la compra de una vivienda en Valencia. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, los hechos por los que será juzgado tuvieron lugar antes de que Rojo entrara en el parlamento y se dedicaba al sector de la construcción y promoción inmobiliaria. Al parecer, en el ejercicio de su actividad privada, el diputado se habría apropiado indebidamente de las entregas que le realizó el matrimonio afectado, más de 246.000 euros en total, que se desviaron a otros fines en vez de avalar con dichas cantidades la propiedad que estaba en venta. Tras esta operación inmobiliaria fallida, Rojo entró en política, la constructora que administraba en concurso de acreedores y el matrimonio se quedó sin el dinero porque se negó a escriturar la vivienda a su nombre. Los afectados renunciaron a la casa por los efectos derivados de la crisis y la recesión económica.Rojo entró en el parlamento valenciano en febrero de 2016 en sustitución de Carolina Punset, quien ocupa en la actualidad un escaño en el parlamento europeo. Según esta documentación, las Cortes ha informado ya de su condición de diputado y ahora tendrá que resolverse si lo juzga un tribunal ordinario o si las actuaciones se remiten a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por lo privilegios jurisdiccionales de los que goza Rojo.
Según aclararon ayer fuentes jurídicas, el asunto estaba listo para ser juzgado pero quedó en suspenso después de que una de las partes trasladara a la sección quinta de la Audiencia que el acusado es diputado autonómico. Tras tener conocimiento de estos hechos el tribunal, se ofició a las Cortes para que acreditaran esta condición y se ha dado traslado a Fiscalía y al resto de partes para que informen sobre la competencia para juzgarlo: si la sección quinta de la Audiencia de Valencia o el TSJ-CV.El juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que asumió la denuncia inicial, archivó la causa contra Rojo en junio de 2015 pero la Audiencia la reabrió en septiembre del mismo año al confirmar los indicios de delito. En concreto, la sección tercera estimó, en base a la doctrina del Tribunal Supremo, que el diputado «tenía la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas». «Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está destruyendo, aún cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial y le prohíbe disponer de ellas si no están garantizadas en la forma que imperativamente establece la normativa legal», apuntó el tribunal. Por lo tanto, continuó la Audiencia, la «valoración de si en este caso se cometió con dicha omisión el delito citado debe efectuarla el órgano sentenciador».Tras este fallo, el juzgado fijó una fianza para Rojo de 246.000 euros, los ahorros que le entregó la familia denunciante, y al no satisfacerla se ha decretado el embargo de bienes de Domingo Rojo. Según consta en el expediente, al diputado de Ciudadanos le han embargado varias propiedades al no depositar la fianza requerida.Rojo, quien proviene de UPyD, es uno de los diputados autonómicos más cercanos a Punset -fue su jefe de Gabinete- y Alexis Marí, pareja de la eurodiputada y portavoz del partido de Albert Rivera en las Cortes. En las elecciones de 2015, Ciudadanos no actuó contra Rojo pese a que resultó imputado -ahora, investigado- en otro procedimiento judicial. El partido aseguró entonces que había tenido conocimiento de esa causa, instruida en un juzgado de Segorbe, por la prensa. En este caso, las diligencias están abiertas por quedarse con el dinero que había entregado el matrimonio denunciante para una casa. Rojo forma parte de diversas comisiones de las Cortes, como la de Derechos Humanos, Obras Públicas o Medio Ambiente. Ocupó el sexto puesto en la lista del partido por Valencia en las pasadas elecciones autonómicas, con la que obtuvieron cinco escaños.Fuentes de su entorno reconocieron ayer los hechos por lo que será juzgado Rojo pero atribuyeron a la familia la decisión de no escriturar la vivienda su nombre y la pérdida del dinero.