Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Otro poquito de mugre:
http://www.eldiario.es/politica/Junta-Castilla-Leon-Bruselas-limusinas_0_744025861.html
Otro poquito de mugre:
http://www.eldiario.es/politica/Junta-Castilla-Leon-Bruselas-limusinas_0_744025861.html
El correo de Trapero demuestra que los Mossos permitieron el referéndum del 1-O
Un informe de la Guardia Civil constata que los responsables de la policía autonómica permitieron el referéndum, aun cuando sabían que era ilegal.
Magdalena Álvarez, ante el juez por los EREHace 3 horas
El juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía se reanuda hoy, tras una semana de paréntesis, con el interrogatorio a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, procesada por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a 10 años de inhabilitación.
La cuenta atrás de Iñaki Urdangarin: ¿su último mes en libertad?
El exduque de Palma se enfrenta a su asalto final para intentar salvarse de la cárcel. En menos de cuatro semanas llegará la sentencia firme.
Ane Olabarrieta @Ane_OlaVallejo
Iñaki Urdangarin (50 años) tiene el 21 de marzo marcado en rojo en su calendario personal. Ese día se llevará a cabo la vista pública de los recursos que presentaron tanto el exduque de Palma como su exsocio, Diego Torres, contra la sentencia del 'caso Nóos' en la que se condenó al marido de la infanta Cristina (52) a seis años y tres meses de cárcel. Y es que, una vez se tenga sentencia firme, deberá encaminarse directo a prisión.
Por este motivo, de ratificarse la sentencia primera, el periodo de Semana Santa será el más duro para la familia Urdangarin, ya que el exjugador de balonmano podría estar preparando su 'equipaje' hacia el peor de los destinos: la cárcel. Sin embargo, el vasco se aferra aún al recurso que interpuso el pasado noviembre en el que pedía su absolución ya que él solo ejercía "el papel de mediador sin conocimientos de Derecho Administrativo".
Iñaki Urdangarin, en una de sus salidas por Ginebra. Gtres
Pero la realidad se inclina hacia su ingreso en prisión. El modo en el que han transcurrido las cosas desde que en 2011 se conociera la trama fiscal y tras sus diversos paseíllos hacia sus comparecencias ante el juez todo hace presagiar un final que Iñaki ha ido retrasando hasta agotar todos los recursos judiciales que están a su disposición, pero el próximo 21 de marzo ya no habrá prórroga posible.
Mientras la espera se hace eterna para los cinco miembros de la familia, solo Cristina y sus hijos permanecen en el domicilio de Suiza de la calle Rue de Granges. Según informa OKdiario, los vecinos no han visto a Iñaki en las últimas semanas, solamente a la infanta y los menores saliendo a primera hora de la mañana y volviendo hacia las siete de la tarde. No hay rastro de Urdangarin, lo que apuntaría que podría encontrarse en otra localidad e incluso en Barcelona donde tienen su sede sus abogados.
El vuelo a Palma de Mallorca, donde tendrá que presenciarse en la Audiencia Provincial de Baleares, será uno de los más difíciles y es tresantes de cuantos ha realizado a la isla para verse las caras con el juez y los fiscales. El de finales de marzo será su último paseíllo y su última entrada a los Tribunales, aunque deseará, seguro, no salir de allí si es para poner rumbo a alguna cárcel.
Precisamente el centro penitenciario al que el exduque podría ser destinado de ratificarse la sentencia es todavía una incógnita. Aunque se han barajado cuatro posibles prisiones: Brieva -en Ávila-, Alcázar de San Juan -en Ciudad Real-, Zaballa -en Vitoria- o la de Segovia. Todas ellas estaban en la lista de las que necesitaban reforma y comenzarían obras en breve, pero todo está aún paralizado. La que cumple con mayor rigor los requisitos para acoger a Urdangarin es la de Brieva, por el perfil de prisioneros, por sus instalaciones y por la cercanía a la capital.
Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. acudiendo a la Audiencia Provincial de Palma en 2016. Gtres
Sea cual sea la elegida, el hecho de permanecer entre barrotes y en la sombra distará mucho de su apacible vida en Ginebra. Tras siete años rodeado de abogados, de escándalo fiscal y mediático, de una transformación física evidente, de tener que 'exiliarse' de España y de la Casa Real, este mes todo llega a su fin.
La etapa negra de la corrupción en Castro Urdiales una década después: 110 imputados y un agujero de 45 millones
Bautizado como "la Marbella del norte", es uno de los municipios de España que más casos de corrupción registró durante la burbuja inmobiliaria
Diez años después aún quedan siete causas judiciales abiertas en las que están implicados exalcaldes, exconcejales, constructores y funcionarios
25/02/2018 - 21:16h
Vista panorámica de Castro Urdiales | M.S.P
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El municipio cántabro de Castro Urdiales es una de las localidades de todo el país que más casos de corrupción registró durante la época de la burbuja inmobiliaria y el auge del ladrillo en España. En ellos se vieron implicados alcaldes y concejales de todas las formaciones políticas, funcionarios, constructores o promotores inmobiliarios que contrataban habitualmente con la administración local.
Aunque actualmente se respira un clima de calma política, diez años después de que estallara este entramado todavía quedan siete causas abiertas pendientes de juicio o sentencia que suman un total de 110 imputados. Los casos 'La Loma', 'Sobresueldos' o 'Proconor', entre otros, señalan a los presuntos responsables de ejercer un modus operandi propio de una manera de entender la política y el urbanismo que llevó a que se conociera a la ciudad castreña como "la Marbella del norte".
Entre presuntos sobresueldos, sobornos, apropiaciones indebidas y pérdidas de suelo público, entre otras irregularidades, el agujero negro en la administración de este municipio durante la primera década de este siglo supera los 45 millones de euros.
El juez Luis Acayro Sánchez, el entonces titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 que instruyó una veintena de causas por corrupción en el municipio, denunció recientemente "presiones brutales" y reclamó la "despolitización de la justicia". "Llegué a sentir que mi independencia judicial no estaba garantizada", aseguró públicamente el magistrado.
Caso 'La Loma'
Delitos que se imputan: Prevaricación administrativa y urbanística, malversación de fondos públicos, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos públicos, cohecho y estafa. Hay 46 acusados, entre los que se encuentran los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera.
Objeto: Presunta reclasificación de 300.000 metros cuadrados de suelo rústico a urbanizable simulando la existencia de infraestructuras. Presunta aprobación de construcción sobre parcela de equipamientos, manipulación de proyectos de reparcelación y compensación. Presuntos sobornos a técnicos, alcalde y secretario municipal, y supuestamente se dejaron de recaudar las tasas municipales y se engañó a los compradores de las viviendas.
Estado: Remitido recientemente a la Audiencia Provincial de Cantabria dos años y medio después de que Acayro dictara apertura de juicio oral. Todavía no hay fecha para su enjuiciamiento.
Caso 'Urdicam'
Delitos que se imputan: Prevaricación administrativa y urbanística. Hay 14 acusados.
Objeto: Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobación de instrumentos urbanísticos y presunta concesión de cuatro licencias de obra y una de primera ocupación en contra de cinco informes negativos y vinculantes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) con pérdida de suelo público valorada en 2,4 millones de euros.
Estado: A falta de sentencia.
Caso 'Mioño/Lusa'
Delito que se imputa: Apropiación indebida. Hay dos acusados, los exalcaldes pedáneos Víctor Echevarría y Antonio Alijo. La acusación pide siete años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público para el pedáneo de Mioño y diez años de prisión y quince de inhabilitación para cargo público para el de Lusa.
Objeto: La causa deriva del arrendamiento de unos terrenos a la UTE Dícido (formada por las empresas Sadisa y Emilio Bolado, adjudicatarias del contrato y que ejercen la acusación particular) para su explotación minera. De acuerdo con los letrados de las empresas, en base al contrato los alcaldes de Mioño y Lusa idearon el modo de "estafar" a la UTE y apropiarse ilegítimamente de más de 1,2 millones (1.256.700 euros) para ingresarla en las cuentas bancarias de las Juntas primero, y hacerla desaparecer de las mismas después, "en cuestión de semanas", sin que se sepa con exactitud el destino de dicha cuantía, pues el medio usado para su distracción fue, según la acusación, la emisión y utilización "descontrolada" de numerosos cheques al portador.
Estado: Se encuentra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y el juicio se celebrará los días 20, 21 y 22 de marzo tras haberse suspendido en diciembre de 2016.
Caso 'APD-2 de Cotolino'
Delitos que se imputan: Prevaricación administrativa y urbanística y falsedad de documento público. Hay 11 imputados.
Objeto: Presunta concesión de licencias de obra en contra de planeamiento y supuesta manipulación de los instrumentos de gestión con pérdida de 36.000 metros cuadrados de suelo público valorado en 16 millones de euros.
Estado: A la espera de escrito de acusación por el Ministerio Fiscal, tras los recursos de reforma presentados contra el auto de procedimiento abreviado.
Caso 'Sobresueldos'
Delitos que se imputan: Malversación de fondos públicos y prevaricación. Hay 13 imputados entre los que se encuentran tres exalcaldes del municipio: Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González.
Objeto: Presunto desvío masivo de fondos públicos (2,5 millones de euros) en beneficio de determinados funcionarios, al amparo de conceptos salariales inexistentes o en cantidades superiores a su categoría.
Estado: Pendiente de escrito de acusación por el Ministerio Fiscal, tras los recursos de reforma presentados contra el auto de procedimiento abreviado.
Caso 'Proconor'
Delitos que se imputan: Prevaricación administrativa y urbanística. De los 24 acusados inicialmente, la Audiencia Provincial absolvió a dos en septiembre de 2016. No obstante, mantuvo la imputación del excalcalde Díaz Helguera y de varios exconcejales de la Corporación municipal.
Objeto: Modificación del PGOU, aprobación de instrumentos urbanísticos y concesión de cuatro licencias de obra y una de primera ocupación en contra de cinco informes negativos y vinculantes de la CROTU con pérdida de suelo público valorada en 500.000 euros. El 'caso Proconor' versa sobre un edificio de 51 viviendas que ejecutó la constructora del mismo nombre en la zona de Santa Catalina, junto al polideportivo Pachi Torre, que fue paralizado y que el Ministerio Fiscal solicitó demoler por invadir suelo destinado a equipamiento deportivo.
Estado: En la Audiencia Provincial a la espera de ser enjuiciado, pendiente de escrito de defensa desde junio de 2015.
Caso 'Korta'
Delitos que se imputan: prevaricación administrativa, falsedad de documentos públicos y malversación de fondos públicos.
Objeto: Supuesto desvío de 380.000 euros de fondos. El acusado, electricista del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en connivencia con su mujer, presuntamente simuló la facturación de suministros eléctricos al Ayuntamiento para el enriquecimiento propio entre 1998 y 2002. El Ministerio Fiscal solicita cinco años para cada uno.
Estado: El juicio se encuentra suspendido hasta marzo después de que en la primera vista celebrada el pasado mes de enero la Fiscalía solicitara citar a declarar como testigo al entonces interventor municipal, Fernando Urruticoeche
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