La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)

los corruptos de los eres de andalucia

En total 22 imputados, menos de la mitad de los que la jueza Mercedes Alaya encausó al empezar esta investigación (51) hace siete años. 15 están acusados de prevaricación y malversación de fondos y se enfrentan a penas de seis a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público; los otros siete afrontan 10 años de inhabilitación.

 

¿Cómo funcionó el fraude?

Este juicio tratará de aclarar si era legal el llamado procedimiento específico, el sistema que diseñó la Junta para agilizar el pago de ayudas sociolaborales a empresas en crisis en una época convulsa y de protestas de trabajadores y sindicatos por despidos, cierre y deslocalización de fábricas. ¿Cómo funcionaba? Quien concedía el dinero de las ayudas era la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo (epicentro del supuesto fraude), pero ésta no era quien pagaba. El control de esas ayudas por parte de la Intervención General ralentizaba el proceso y al Gobierno andaluz le urgía lograr la “paz social”.

Para acelerar el trámite, la Junta introdujo en los Presupuestos andaluces un sistema de pago, las transferencias de financiación, que hacía pasar el dinero de la Consejería de Empleo a una agencia pública en materia laboral, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego llamado IDEA. Este trasvase del dinero, según los jueces, “permitió de manera consciente que los fondos públicos destinados a estos colectivos se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa”. No había convocatoria pública de ayudas ni publicidad ni aparecía en el BOJA. Así que la Consejería de Empleo empezó a distribuir anualmente fondos públicos “a su libre arbitrio y sin procedimiento reglado alguno”.

Resultado: hubo personas que se beneficiaron del ERE de una empresa para la que jamás habían trabajado (los llamados intrusos); se favorecieron a empresas ligadas a un determinado territorio (Sierra Norte de Sevilla) por los contactos de sus alcaldes con los altos cargos de la Junta que decidían el destino de las ayudas, y por su vinculación al PSOE; se usó el dinero para un fin distinto al previsto (incluso sirvió para que el chófer de uno de los principales encausados comprase cocaína); y se pagaron sobrecomisiones “ilegales” a consultoras, aseguradoras e intermediarios que mediaban en la concesión de las ayudas. Estas acusaciones que avalan los jueces del caso son la traducción jurídica de las denuncias que el PP llevaba 20 años esgrimiendo contra la Junta, a saber: que el clientelismo del PSOE ha sustentado 35 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas en Andalucía. “Un régimen que compraba voluntades y votos”, dicen.

Dos expresidentes

La acusación del caso ERE llega al vértice del Ejecutivo andaluz con la imputación de sus dos expresidentes, responsables de 23 años de gobiernos socialistas. Chaves fue presidente 19 años, entre 1990 y 2009. La Fiscalía le pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El PP, como acusación particular, suma un delito de asociación ilícita por el que le reclama dos años de cárcel (extiende este delito a los 22 imputados para denunciar una trama orquestada desde arriba). El delito que se atribuye a Chaves es “in vigilando”, de no haber sabido “frenar” el fraude. Pero no se le achaca una participación directa. Susana Díaz forzó su dimisión como diputado en el Congreso y la entrega provisional del carné del PSOE, en el que militaba desde adolescente y del que ha sido secretario regional en Andalucía y presidente a nivel federal.

Vista de la sala de la Audiencia de Sevilla donde se juzga la macrocausa de los ERE. EFE/Raúl Caro

Para Griñán, el fiscal exige seis años de prisión por malversación de fondos y 30 de inhabilitación por prevaricación. Las penas para él son más severas que para Chaves, porque se le juzga por su etapa como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y se le acusa de no haber atendido los 15 informes de la Intervención General de la Junta que advirtieron sobre el mal uso de las transferencias de financiación y las posibles irregularidades en la concesión de ayudas. Griñán dimitió como presidente en 2013, acosado por los ERE. Le relevó Susana Díaz, que más tarde le forzaría a entregar su acta en el Senado y el carné del partido.

Ambos están jubilados. A ninguno se le acusa de apropiación ilícita ni de haberse enriquecido a costa del erario público durante su mandato.

Seis exconsejeros

Los dos exconsejeros que más carga penal soportan son los de Empleo: José Antonio Viera, titular de la cartera entre 2000 y 2004, ha sido señalado por la Guardia Civil como “pieza clave” en el fraude de los ERE. Se enfrenta a ocho años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación. Viera, sin embargo, fue el último imputado porque le protegía su aforamiento como diputado del PSOE en el Congreso. Mantuvo su acta incluso después de que Chaves y Griñán dimitieran. El partido defiende la inocencia de sus expresidentes, pero ha dado la espalda a Viera y a su sucesor al frente de Empleo, Antonio Fernández.

Antonio Fernández fue viceconsejero de Viera antes de relevarle al frente de la cartera (2004-2010). Está acusado de los mismos delitos, de prorrogar el sistema de pagos de ayudas bajo sospecha e incluso de incluirse a sí mismo en el ERE de una empresa suya. Es el único exconsejero que ha pasado por prisión, donde Alaya lo encerró durante meses.

También comparte la misma pena por los mismos delitos el extitular de Innovación entre 2004 y 2009, Francisco Vallejo, cuyo departamento gestionó muchas de las ayudas sospechosas a empresas en crisis. Vallejo fue otro hombre fuerte del Gobierno de Chaves. Su nombre estaba entre los posibles sucesores del expresidente, hasta que la causa le hizo caer en desgracia.

La que fuera número dos de Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se enfrenta a las mismas penas que él, acusada de haber desoído los informes que advertían de posibles irregularidades en la concesión de ayudas. Aguayo fue posteriormente nombrada consejera de Hacienda en el primer Gobierno de Griñán (2004-2009), hasta que fue destituida por Susana Díaz.

Los otros dos exconsejeros están imputados únicamente de un delito de prevaricación y se enfrentan, como Chaves, a diez años de inhabilitación por no haber detectado y “frenado” el fraude a tiempo. Se trata del número dos del expresidente, el histórico exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías; y la exconsejera de Economía entre 1994 y 2004, ex ministra de Fomento con Zapatero y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones), Magdalena Álvarez. El juez sostiene que ambos conocían y aprobaron el procedimiento irregular para financiar los ERE.

12 altos cargos de Empleo, Innovación y Hacienda

Las imputaciones descienden en el escalón de responsabilidad de las tres consejerías directamente implicadas en el fraude. Cuatro exviceconseros: Agustín Barberá, de Empleo; y Jesús María Rodríguez Román, de Innovación, que se enfrentan a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación. José Salgueiro, exnúmero dos de Economía y Hacienda; y Antonio Lozano, exviceconsejero de Presidencia, imputados ambos por prevaricación se enfrentan a diez años de inhabilitación. En el caso de Lozano, su implicación tiene más que ver con su labor como exdirector general de Presupuestos en la etapa de Griñán como consejero.

Hay dos exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y su sucesor Juan Márquez, que absorben el principal foco de la acusación porque ellos gestionaban directamente el llamado “fondo de reptiles”. Guerrero es la pieza angular del caso ERE, la persona que más tiempo ha pasado en prisión hasta la fecha. Chaves, que asegura que nunca lo conoció personalmente, se refirió a él cuando dijo que el caso se reducía a “cuatro o cinco golfos”. Se enfrentan a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.

También están imputados los dos exdirectores generales del ente público IDEA que recibía las transferencias de financiación de Empleo y daba salida a las ayudas supuestamente fraudulentas. Se trata de Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, ambos encaran ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación. El último escalafón implicado es el de los exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina, los tres comparten los mismos delitos y penas que sus superiores.

Dos altos funcionarios ‘in vigilando’

La lista la cierran dos altos funcionarios cuyo cometido era vigilar y fiscalizar el uso de fondos públicos por parte del Gobierno andaluz. Se trata del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación; y el exjefe del gabinete jurídico, Francisco del Río Muñoz, letrado y asesor legal del Ejecutivo andaluz en el periodo investigado.

La declaración de Gómez será clave porque choca con la de otros encausados. El exinterventor defiende que elevó al Gobierno 15 informes advirtiendo de la posible arbitrariedad en la concesión de ayudas, cuestionando las ampliaciones presupuestarias que se aprobaron de la partida de la que salía el dinero (hubo hasta 22), y sostiene que todas sus alertas fueron desatendidas. Griñán replica que “nunca, jamás” recibió un “informe de actuación”, esto es, un “código rojo” que alertase de un delito de menoscabo de fondos públicos y que obligara a una intervención urgente.

¿Dónde está el dinero?

El dinero defraudado sale de la partida presupuestaria 31L, dotado de 854,8 millones de euros durante los diez años que abarca la investigación. Es el llamado “fondo de reptiles”, como lo ha denominado la persona que lo gestionaba, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, pieza central del caso ERE. Entre 2000 y 2010 hubo 6.096 trabajadores andaluces prejubilados que se beneficiaron de estas ayudas, la gran mayoría de forma legal. Entre ellos hay 126 imputados, los llamados intrusos, que se beneficiaron ilícitamente de 12 millones de euros.

El fraude no absorbe toda esa partida presupuestaria. La Fiscalía Anticorrupción cuantifica el perjuicio a la Hacienda pública en 741 millones de euros (el dinero que se abonó). La Junta reclama por la vía administrativa el reintegro de 135,4 millones de euros de los ERE, pero por ahora sólo ha recuperado 4,6 millones, un 3,4%.

Más de 100 testigos

El juicio arranca este miércoles con las cuestiones previas de las partes, pero podría prolongarse más de seis meses. Está previsto que testifiquen 115 testigos, la mitad por parte de las defensas y la otra mitad de las acusaciones, representadas por el Ministerio Público, el Partido Popular y el pseudosindicato Manos Limpias. La Junta de Andalucía estaba personada como parte afectada, pero fue expulsada del proceso cuando solicitó el archivo de la pieza política al considerar que no existió una trama orquestada y dirigida desde arriba.

Los abogados defensores presentarán los informes que Griñán, Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez encargaron a cinco catedráticos de Hacienda Pública y Derecho Administrativo, y que avalan el mecanismo presupuestario usado en los ERE. El informe defiende que si hubo irregularidades, éstas no estaban en el diseño del modelo de pago, sino en la gestión que se hizo de las ayudas (acusan así a los responsables de la Consejería de Empleo). Las transferencias de financiación, cuestionadas por los jueces, se contemplaban en las leyes de Presupuestos autonómicos que eran aprobadas cada año por el Parlamento andaluz.

¿Cómo eliminar los gases intestinales?

http://www.cuidateplus.com/alimentacion/dietas/2015/12/16/como-eliminar-gases-intestinales-97409.html?cid=SIN00101

El meteorismo es un problema por el que el abdomen se siente lleno, apretado y distendido, debido por lo general a un exceso de gases en el intestino. Tanto el meteorismo como la distensión abdominal por gas, los eructos y la  flatulencia son habituales en una parte de la población pero no son nocivos para la salud, si bien resultan molestos. En la mayoría de los casos, se deben a una sensibilidad excesiva a cantidades de gas en el abdomen que en realidad son normales o a la aerofagia (tragar aire al ingerir los alimentos). Por esta razón, el paciente con gases debe intentar disminuir la cantidad de aire que traga al comer, evitando hablar acaloradamente durante las comidas, masticando los alimentos lentamente y bebiendo una cantidad reducida de líquidos mientras come. Una dieta adecuada puede reducir considerablemente los gases, mejorando la calidad de vida del paciente. Pero, ¿cuáles son los alimentos prohibidos y cuáles los permitidos para combatir los gases? Estas son las recomendaciones de los profesionales de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud:

Alimentos que producen gases

• Habas, alubias, garbanzos, lentejas y guisantes. Estas legumbres deben eliminarse de la dieta o bien reducir su consumo, salvo si se toman en puré.
   
• Verduras como la col, la coliflor, las coles de Bruselas, la lechuga, el repollo, las alcachofas, los nabos, las acelgas, el pimiento, el pepino, los espárragos y las espinacas.
   
• Cereales, en especial integrales, arroz y pan de harina integral. A pesar de que son beneficiosos para combatir el  estreñimiento, no están indicados en caso de meteorismo o gases.
   
• Hortalizas como las patatas, los rábanos o la cebolla cruda.
   
• Frutas como la piña, la ciruela, el plátano o las uvas pasas.
   
• Chocolate.
   
• Bebidas gaseosas, en especial los refrescos de cola y la cerveza.
   
• Vino tinto.
   

Alimentos que conviene reducir:

• Leche: no se recomienda tomar más de un vaso al día.
   
• Yogurt y quesos frescos: su consumo debe moderarse ya que aumentan la flatulencia.
   
• Azúcar: es aconsejable sustituirlo por sacarina.
   
• Pasta: puede tomarse una vez por semana, preferiblemente sin tomate.
   
• Melocotón, manzana, pera, melón, sandía y kiwi: pueden tomarse de vez en cuando preferentemente maduras y peladas.
   
• Tomate, zanahoria y apio: es recomendable reducir su consumo en las ensaladas.
   

Alimentos permitidos
 

• Carnes: cualquier tipo está permitido, especialmente la de vacuno, pollo, cordero lechal y pavo.
   
• Pescado blanco y  pescado azul, especialmente rico en ácidos grasos  omega 3.
   
• Huevos pasados por agua, escalfados, duros o en tortilla francesa.
   
• Pan blanco con moderación: la ración aconsejable es de 150 gramos al día.
   
• Zumos de frutas naturales y sin gas.
   
• Menestra o panaché de verduras, aunque no más de una vez por semana.
   

Recomendaciones generales
 

• Cocine los alimentos de forma sencilla. Opte mejor por los cocidos y asados que por los fritos y rebozados.
   
• Mastique bien los alimentos, ensalivándolos bien antes de tragarlos.
   
• Ingiera poca cantidad de líquido durante las comidas y elija bebidas sin gas.
   
• Evite beber en porrón, botijo, bota o utilizar pajitas para sorber.
   
• No hable acaloradamente mientras come y evite hacer ruidos deglutorios al beber.
   
• Evite mascar chicle y chupar caramelos.
   
• No fume ya que, además de dañar sus pulmones, se traga aire al hacerlo.

Mientras el Partido Popular en el Congreso ha abierto el melón para salvar a especies científicamente declaradas como invasoras con el objetivo de mantener su aprovechamiento cinegético o de pesca deportiva como el arruí o la trucha arcoiris, el partido en Aragón ha pedido que el lobo sea considerado invasor en Los Monegros para poder "sacarlo" de la comarca.

Tras la  detección de algunos ejemplares en el Alto Aragón, el PP ha firmado una petición en Las Cortes (presentada este semana) para incluir a la especie en ese listado y declarar " a los especímenes de lobo hallados en territorio aragonés como especie exótica invasora". Ese estatus haría más fácil aplicarle lo que denominan medidas de "control". Los portavoces del PP se justificaron al presentar la moción: "No se trata de cazarlo sino de devolverlo a su territorio". Cabe explicar que la distribución del lobo en la península Ibérica incluía Aragón, al menos, hasta la mitad del siglo XX.

 

La cuestión de las especies exóticas e invasoras está debatiéndose actualmente en el Congreso. A petición del PP, y con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, se está revisando la ley de Biodiversidad para introducir excepciones al aprovechamiento de algunas variedades del listado. Además del uso económico del cangrejo rojo, el plan es poder mantener la caza comercial del carnero del Atlas o la suelta y pesca deportiva de las truchas arcoris. 

Así que, mientras por un lado se busca abrir la mano con una de las mayores amenazas para la biodiversidad, según ha declarado la ONU, por otro, el mismo partido intenta aplicar la ley cuya modificación se tramita. El PP aragonés ha invocado la definición de especie exótica de la norma en revisión para justificar su petición.

http://www.eldiario.es/cv/hospitales-privatizados-control-publico-judicializacion_0_746125574.html

El Departamento de Salud de La Ribera , en Alzira, volverá el próximo 1 de abril al control público tras quince años funcionando como una concesión administrativa y a pesar de los intentos de la empresa que lo gestiona, Ribera Salud, de impedir en los tribunales esta desprivatización.

Así lo asegura la Conselleria de Sanidad en un argumentario de lo que ha sido el proceso de reversión de La Ribera desde que el Pacto del Botánico  llegara a la Generalitat, un procedimiento que, afirma, se esta haciendo "con previsión, transparencia y planificación".

La Conselleria asegura que esta decisión está destinada a reforzar la sanidad pública y recuerda que el president de la Generalitat, Ximo Puig , ya anunció en Les Corts Valencianes el 16 de septiembre de 2016, con año y medio de antelación, que el contrato no se renovaría.

A finales de marzo de 2017, un año antes del fin del contrato, Sanidad remitió a la concesionaria las normas de reversión, con instrucciones sobre la información que debían remitir para garantizar la normalidad en la transición.

Durante todo este proceso, Ribera Salud ha tratado de impedir en los tribunales las acciones de la Administración dirigidas a desprivatizar el departamento, y estas acciones se han dirigido contra la decisión de no prorrogar el contrato y contra las normas de reversión.

Hasta el momento, según Sanidad, hay nueve resoluciones ya resueltas que han desestimado los procedimientos judiciales planteados por la empresa, cuatro relativas a la no prórroga del contrato y otras cinco en relación con las normas de reversión.

Según Sanidad, una vez que el departamento de salud de La Ribera pase a control público directo, seguirán los mismos trabajadores bajo la condición de trabajadores laborales a extinguir en sus mismas condiciones contractuales (indefinidos o temporales).

Se producirá una situación de sucesión de empresas, lo que implica que la Administración se subrogará como empleador y asumirá los trabajadores bajo la fórmula de trabajadores laborales a extinguir.

No obstante, aún está en la fase final del trámite de aprobación por vía de urgencia el decreto que regula los efectos de la extinción del servicio público por concesión del Departamento en materia de personal.

Además de mantenerse los mismos servicios asistenciales, Sanidad ha diseñado un plan de inversiones de urgencia para mejorar distintos aspectos del departamento, que prevé consignar 5,7 millones de euros en 2018 y 2,1 millones en 2019, tanto en el hospital como en  Atención Primaria.

En el hospital habrá mejoras en las plantas de hospitalización, urgencias, hospital de día oncológico y se cambiará parte del mobiliario, y respecto al equipamiento, en breve se licitarán un acelerador lineal, un PET-TC y una actualización para el mamógrafo.

También se destinarán 450.000 euros para la adquisición de mobiliarios y arreglo de infraestructuras en Atención Primaria, se renovará el equipamiento de radiología, obsoleto en algunos centros de salud y se adquirirán dos ecógrafos. A esto se suma algo más de un millón de euros para ampliar el Centro de Salud de Algemesí.

Según Sanidad, se mantendrán todos los servicios y se estudiará la incorporación de nuevos, se crearán plazas para cubrir especialidades que hoy en día se cubren mediante contrato mercantil y se incrementará progresivamente la plantilla actual para reducir la precariedad.

Durante todo el proceso se han mantenido distintas reuniones y entrevistas con los jefes de servicio del hospital, se han visitado los centros de salud y se han celebrado encuentros en ayuntamientos de la comarca de La Ribera para informar sobre el proceso de reversión.

Respecto al transporte público, también se mantienen reuniones entre responsables de las consellerias de Sanidad y Vivienda para mejorar el acceso desde distintos municipios.

Además, el aparcamiento del hospital será gratuito, según las fuentes, que explican que se está llevando a cabo el procedimiento administrativo de expropiación de parte de las parcelas del aparcamiento que no están registradas bajo la titularidad de la Generalitat.

De momento se han licitado servicios y prestaciones como el inventario del hospital o el dimensionamiento de las inversiones, la alimentación, el gas natural, la electromedicina, el mantenimiento, la lavandería, la gestión de residuos, la limpieza, la vigilancia, los gases medicinales y se está tramitando la cafetería.

En breve saldrán las licitaciones correspondientes a un acelerador lineal, un PET-TAC, una actualización del mamógrafo, tres equipos digitales de radiología general y dos ecógrafos.  

Francisco del Río durante el juicio. | EFE

El exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta constata irregularidades en los ERE

PEDRO DE TENA (SEVILLA)

Confirma que las ayudas de los ERE se dieron al margen de su departamento y sin todos los requisitos legales.

Francisco Javier Guerrero, en la Audiencia de Sevilla | EFE

Señalan a Viera, Fernández y Guerrero como chivos expiatorios de los ERE

PEDRO DE TENA

La juez Núñez Bolaños se niega a volver a incluir a los procesados en los sumarios separados y pendientes.

Quisiera saber qué hace el Ministro del Interior explicando las investigaciones del asesinato del niño de Almería. En cualquier país civilizado, esas explicaciones las da el responsable policial de las investigaciones, no un político que dice lo que le han contado.

Para que luego acusen a otros de populismo, esto es populismo de lo más rancio.

El problema de las privatizaciones es, que una vez recuperadas, se necesita un inversión para poner a punto lo revertido. Después volverá a ganar la derecha y se lo regalará a sus amiguetes en buenas condiciones. No sin antes haber firmado un contrato con el sector privado que les garantice pingües beneficios a costa de las arcas públicas.

Habría que legislar en aras de evitar este tipo de situaciones que tanto abundan (sanidad, limpieza, aguas, ,,,)

 

Saludos

Maíllo se libra del caso Caja España porque ha prescrito

Es la segunda vez que ocurre algo similar, que la investigación se alarga tanto que los delitos prescriben. Lo mismo ocurrió con el caso de la CAM

 

https://www.elplural.com/politica/2018/03/07/maillo-archivada-causa-caja-espana-prescrito

 

Ya es mala suerte...para la unidaz de caspaña se dan algo más de prisa. 

Los Mossos seguían a Jorge Fernández Díaz para pinchar su teléfono