La Justicia ha puesto sus ojos sobre el esquema fiscal diseñado por el PNV -socio clave de Pedro Sánchez– para rebajar los impuestos a las empresas amigas. El nombre legal de este tipo de chiringuitos es el de sociedades de promoción de empresas (SPEs). Estas sociedades tenían que ser aceptadas por las haciendas vascas, en este caso concreto, por la de Guipúzcoa, lo que permitía hacer un criba de quién se beneficiaba y quién no de ellas.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado ya al actual presidente de la Real Sociedad de Fútbol S.A.D., Jokin Aperribay, así como a miembros de su familia, al pago de nada menos que 12 millones de euros más sanción y las costas, precisamente por la utilización de una SPE con el beneplácito de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, controlada por el PNV y, más en concreto, por Markel Olano. Y no es el único paso judicial que pueden soportar los responsables políticos de este coladero de impuestos: el 17 de enero, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO, la Audiencia Provincial de esta misma provincia analizará si debe cursar imputaciones contra responsables políticos de unas prácticas con claras connotaciones políticas.
Se trataba de un esquema de rebaja de impuestos perfecto: bajo el supuesto fin de lanzar empresas, una sociedad lanzaba otras. Y la firma cabecera -donde se encontraban los privilegiados- llegaba a tal nivel de deducción de gastos y de imputación de beneficios fiscales que su pago real de impuestos podía llegar a rondar el 1%. Pero era perfecto siempre que nadie abriera la caja de los truenos y siempre que los no beneficiados por el dedo fiscal de la Hacienda de Guipúzcoa no se atrevieran a abrir la vía de las denuncias.
Pero en medio de ese idílico esquema fiscal, hubo un pequeño problema: el cambio de patrón en la Inspección tributaria de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, que bajo la influencia de Bildu, lanzó nada menos que 106 inspecciones a las SPE instaladas en Guipúzcoa.
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Y lo que era un paraíso se convirtió en, cuando menos, tormenta. Para las empresas, y es posible que incluso para el diputado general de Guipúzcoa del PNV, Markel Olano. Y es que las imputaciones han empezado ya a salpicar incluso a funcionarios de la Hacienda Foral de Guipúzcoa implicados en el supuesto control de estas estructuras fiscales privilegiadas.
Una de las primeras inspecciones a estas sociedades fue la que soportó el tenista Rafael Nadal. El campeón español estuvo asesorado en el uso de estas estructuras por el despacho CIALT Asesores-Sunión Abogados, vinculado al consejero de la Real Sociedad Angel Oyarzun y al asesor del mismo club deportivo José Luis Martínez.
Ahora, la familia Aperribay, bajo asesoría del mismo despacho CIALT, ha caído por el uso de dos SPE familiares. Jokin Aperribay ascendió en la Real Sociedad sin ocultar el apoyo de los mismos cargos del PNV que impulsaban estas sociedades.
Pero el esquema de estas firmas no ha sido un caso aislado, sino medianamente generalizado entre determinados colectivos. Porque dependiendo de si se autorizaba o no la SPE, se daba el banderazo de salida a un proceso en el que, tras la propuesta a la Hacienda Foral de Guipúzcoa, se inyectaba una ampliación de capital de al menos 3 millones de euros, y, acto seguido, los beneficios de la sociedad lanzadera iban siendo compensados con las deducciones por los préstamos realizados a las firmas lanzadas hasta conseguir tributaciones reales irrisorias.
Ahora, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa deberá decidir el próximo 17 de enero sobre el futuro político de responsables del impulso de estas sociedades.
Hay que recordar, que el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, ha sido investigado por el Juzgado Número 5 de lo Penal de San Sebastián por su presunta relación en el escándalo de la Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. con los Papeles de Panamá.
Pero nada de ello, ha alterado la agenda política de una de las cabezas visibles del socio de Pedro Sánchez. Olano, de hecho, no ha dejado de postularse en las últimas fechas como uno de los más claros defensores de “un nuevo modelo de relación con el Estado para seguir avanzando” y lograr “institucionalizar el derecho a decidir”.
