España país de pandereta y genocidio

Si...pide perdón.
De los paracaidistas implicados,.... parece que no hay noticias....de sus mandos....parece que tampoco
Creo recordar que la justicia que pide Vicente se refiere al policía implicado, y a sus jefes. Parece que no le basta con que el estado pida perdón.....

Claro, claro, y si los paracaidistas fueran encarcelados siempre cabría pedir algo más. Pero lo cierto es que cuando alguien ha dado un paso, aunque sea pequeño, va por delante de quien ha estado quieto.
Una frase que se ve en muchos estadios de fútbol y que viene al caso:
"First never follows".

Claro. Pedir lo mismo que se pide aquí. Juicios a personas con nombres y apellidos.
?Bastaria aquí un "Madrid pide perdón?. Alli debe ser mucho pedir que los responsables sean juzgados. Aquí, no.
Han dado un pasito 38 años después.(aquí solo han pasado 32....)
Pues nada, que aparezca Rajoy mañana en la tele y diga. "Madrid pide perdón" y ya esta dado el pasito. El primero como allí, y también el último como allí.

Bueno, si tanto le costó a Rajoy decir "me equivoqué" al referirse a Bárcenas, cómo vamos a creer en el milagro de que pida perdón por cualquiera de esos crímenes.

P.D. Año más, año menos, no creo que importe mucho. No obstante, según mis cuentas han pasado 38 en ambos casos.

Ismael Moreno, juez de la Audiencia española,y ex-policia franquista, usó una argumentación basada en la aplicación del código penal franquista en el auto contra el concejal de la CUP de Vic, Joan Coma. El juez imputa a Coma delitos de sedición y 'contra la forma de gobierno', un concepto jurídico incluido en el código penal español de 1973. El abogado de Coma, el diputado Benet Salellas, alertó de este hecho: El juez Moreno utiliza conceptos franquistas; utiliza instrumentos de la dictadura. '

Esta apelación al código penal franquista deja patente que el juez tiene en mente la ley franquista y que no ha estudiado el nuevo código penal.

Si se prepsenta una recusacion contra este juez, que sin duda seria rechaza con el opoyo de sus colegas, y la recusacion acabara en el Tribunal de Estrasburgo, puede originar un gran escándalo a nivel internacional.

Tambien es una aberración que el juez se sirva de la decisión de Coma de no ir a declarar voluntariamente como un elemento de carga delictiva porque no comparecer en calidad de acusado no es un delito, Sólo tienes la obligación de comparecer si eres citado como testigo.
El juez Ismael Moreno, también ordenó el ingreso en prisión de los titiriteros que después fueron absueltos.

Tendremos que decir que "todos somos titiriteros".

la asociación de la Memoria Histórica ha presentado una queja al Defensor del Pueblo, ante la descarada postura que ha adoptado el rey en su discurso apoyando la negativa a investigar los crímenes de la dictadura, “en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”. Una declaración que únicamente pueden aprobar los fachas y herederos de los golpistas genocidas, aquellos que difícilmente pueden abrigar rencores ni mantener heridas cuando fueron los asesinos y perseguidores de toda libertad, y que contradice los veredictos de la ONU así como todas las recomendaciones de las organizaciones de DDHH y de Amnistía Internacional.

oye vicentett que tengo una duda yo estudiaba primaria cuando gobernaba franco ...¿por eso yo soy un genocida fascista?
por favor dimelo que estoy muy preocupado
saludos arriba españa

Anna Gabriel dijo ayer que la CUP prevé la posibilidad de que España aplique la ley de partidos y los declare ilegales, para tratar de frenar el proceso independentista. Todo cabe en esta España de la transicion trampa, creo que no pasará con la CUP y basta. En su caso, lo intentarán también con Izquierda y PDECat. Ya puestos, no tendría mucho sentido de limitarse a ilegalizar la CUP, teniendo en cuenta que el único argumento posible es la defensa del derecho a la independencia, seguro que pueden poner el sanbenito de "terroristas " a quien les de la gana, aunque aquí no hay violencia, no hay ninguna clase de lucha armada . Si han de ilegalizar alguien lo harán porque ese alguien quiere construir una república independiente. Y entonces comenzarán por la CUP, pero pueden acabar ilegalizando medio país.

El problema que tendrán, si lo llegan a hacer, es que tendrán que pagar un precio tan alto que no se si en justificará el resultado. La represión tiene límites y siempre acaban apareciendo. Ningún estado del mundo ha podido aguantar permanentemente un régimen represivo, máxime cuando una parte sustancial de los habitantes va en contra y sabe cómo combatirla.

Judicializando el proceso, es decir, desencadenando la represión (que eso significa en definitiva el eufemismo 'judicializar'), el estado español ha cometido el error más grave. Porque ha convertido el combate por un proyecto político concreto en un combate por la democracia en general, donde la mentira de la transición trampa quedará mas evidente que nunca.

los genocidas fascistas no paran de subir....uffffffff

Sigma Dos: estabilidad
HACE 13 HORAS por JOSÉ SALVER
0 0 0 0 79
PP: 34.8% (+1.8% respecto al 26-J)
UP: 22.5% (+1.4%)
PSOE: 19.4% (-3.2%)
CS: 12.6% (-0.5%)

Estos de Sigma Dos son los que dieron cuatro puntos por debajo al PP de los que luego obtuvo y claro sorpasso de Unidos Podemos al PSOE que nunca se produjo. Por tanto, las cosas deberían ser más similares a estos:

PP 39%

PSOE 21%

UP 19%

Cs 10%

¡Feliz año nuevo!

no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver
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Segun el diario Publico de hoy a pesar del final de ETA, el Gobierno de Mariano Rajoy se mantiene firme en su política de represión –los afectados prefieren denominarla como “venganza”- contra el colectivo de presos vascos, tanto dentro como fuera de las cárceles. Además de rechazar cualquier cambio en materia penitenciaria, La Moncloa tampoco quiere que los ex reclusos tengan acceso a los subsidios que legalmente les corresponden tras salir de prisión. Una medida que, según dictaminó el Tribunal Constitucional (TC), vulnera la propia normativa española.Aunque el PP dice , que hay que cumplir la ley ellos no la cumplen.

“No quieren que aquellos ex presos que lo necesitan puedan cobrar 426 euros al mes durante un máximo de 18 meses, y para ello atraviesan sus propias líneas rojas”. Así de categórica se muestra Pazis García, responsable del área jurídica en el sindicato independentista LAB. El próximo 24 de enero, esta abogada tendrá que presentarse en los juzgados de Bilbao para ratificar la denuncia formulada por esa organización contra la responsable del Servicio Público de Empleo (SEPE) en Bizkaia, a la que acusan de prevaricación.

Esta paradójica situación tiene fecha y lugar de nacimiento: el 21 de octubre de 2013 en Estrasburgo. Ese día, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló contra la aplicación de la denominada “Doctrina Parot”, que permitía alargar la permanencia en prisión de personas condenadas por delitos de terrorismo. Aquella sentencia supuso la puesta en libertad de un gran número de presos de ETA, así como una catarata de reacciones por parte del gobierno del PP y de las distintas formaciones políticas. Una de ellas, UPyD, consiguió el apoyo de los populares para conseguir que los ex reclusos lo tuviesen difícil a la hora de reinsertarse en la sociedad.

Con ese objetivo, el partido de Rosa Díez –hoy prácticamente desaparecido de la vida política- logró convencer a los conservadores para que recortasen el acceso al subsidio de 426 euros durante 18 meses que la ley garantiza a quienes han permanecido más de seis meses encarcelados y no tienen medios suficientes para iniciar una vida digna en libertad. De esta manera, el gobierno aprovechó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2014 para reformar la normativa vigente en materia de Seguridad Social. A partir de su aprobación, los ex presos se verían obligados a pedir perdón, mostrar arrepentimiento, colaborar con la Policía y pagar indemnizaciones. Si no cumplían con esos preceptos, no podrían acceder a las ayudas.

“A partir de enero de 2014, se denegaron sistemáticamente todas las peticiones de subsidio”, señaló García. Ante esa situación, el sindicato LAB consiguió llevar este caso hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que también mostró sus dudas sobre la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno. Por ello, el TSJPV decidió trasladar el asunto al Tribunal Constitucional (TC) para que determinase si la medida vulneraba la legalidad. En junio de 2016, el órgano confirmó que la reforma introducida por el gobierno “no había sido realizada mediante un instrumento adecuado, puesto que se había hecho a través de la Ley de Presupuestos”, recordó la responsable jurídica de LAB.

Sin embargo, la Seguridad Social siguió actuando como si nada hubiera ocurrido. De hecho, el sindicato abertzale tuvo acceso a cuatro resoluciones del SEPE en Bizkaia, “en las que denegaba los subsidios utilizando la misma normativa que el TC había declarado nula”. “Entonces me puse en contacto con la directora provincial del SEPE, que era quien había firmado esos cuatro documentos. Lo que me dijo fue que cumplía órdenes de Madrid”, señala García. Seguido, telefoneó a la subdirectora de Prestaciones de la Seguridad Social a nivel estatal. “Solamente me indicó que lo estaban estudiando, y que teníamos que entender que se trataba de una situación especial”, recuerda.
“Queremos que se investigue”

Esta respuesta no conformó a LAB. El pasado 1 de diciembre, su representante legal se personó en los juzgados de Bilbao para formular la denuncia la directora del SEPE en Bizkaia. “Queremos que se investiguen cuáles son las razones y quiénes son los funcionarios que han dado órdenes para que esto no se cumpla”, adelantó la abogada. Mientras aguarda el desenlace de su denuncia, García atribuye esta situación a la “inhumana política penitenciaria que mantiene el gobierno del PP”.

Esta situación también preocupa a los responsables de Harrera, una asociación dedicada a brindar apoyo a los ex penados cuando vuelven a vivir en libertad. “La lógica del gobierno en relación a los presos es muy clara: a estos ni agua”, comenta el portavoz de ese colectivo, Fernando Etxegarai. De hecho, la situación generada por la normativa de Rajoy obligó a Harrera a cambiar sus planes. “Nos pusimos en marcha en 2013, con la perspectiva de dirigir nuestras ayudas a los jubilados. Sin embargo, cuando empezaron a rechazarse las solicitudes de subsidios, tuvimos que dedicar toda nuestra capacidad económica a ofrecer ayudas a quienes estaban en condiciones extremas”, relató.

Según sus cálculos, esta asociación –que se financia mediante subvenciones públicas y colaboraciones de sus socios- ha destinado unos 450 mil euros para las ayudas mensuales de 500 euros que recibieron los más necesitados. No es la única cuenta que tiene hecha Etxegarai: de acuerdo a sus estimaciones, la negativa del gobierno a abonar estos subsidios habría permitido al Estado ahorrar hasta 1.200.000 euros.
Primeras cartas

En ese contexto, el responsable de Harrera reveló que en las últimas semanas se habrían registrado algunas novedades significativas. “El SEPE ha empezado a enviar cartas a algunos ex presos que habían tramitado esa ayuda, diciéndoles que a partir del 10 podrán cobrar”. Esa resolución habría sido enviada a alrededor de 30 de los 100 solicitantes que aún aguardaban una respuesta. En cualquier caso, Etxegarai sostiene que “la faena ya está hecha”. “La gente necesitaba esos 426 euros cuando salió de prisión. Si ahora lo cobran, perfecto, pero muchos ya habrán conseguido trabajo. Lo realmente grave es que los dejaron en la indigencia cuando abandonaron la cárcel”, subrayó. Asi es como el PP cumple la ley

y estos no hay memoria historica

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido hoy la "injusticia" que padecieron los 224 presos del bando nacional que fueron asesinados en cuatro centros de reclusión que dependían del Gobierno vasco dirigido por el primer lehendakari, José Antonio Agirre.

GASTEIZ. Urkullu ha publicado esta tarde un artículo en las redes sociales para recordar que mañana, 4 de enero, se cumple el 80 aniversario de aquella masacre.

Cuando se formó el primer Gobierno vasco en octubre de 1936, una de las primeras medidas que adoptó fue el traslado de los presos nacionales que se hacinaban en los barcos prisión anclados en la ría de Bilbao a diferentes edificios habilitados como cárceles en la misma ciudad, con la intención de que no se volvieran a repetir matanzas selectivas contra ellos.

Sin embargo, el 4 de enero de 1937 la aviación franquista bombardeó Bilbao y causó varios muertos. Cuando cesó el ataque, a primeras horas de la tarde, se formó una manifestación espontánea con milicianos de distintas ideologías que portaban el cadáver de un aviador alemán que saltó en paracaídas al ser derribado su aparato.

Aunque algunos consejeros del incipiente Gobierno vasco pidieron a los manifestantes que se disolvieran, numerosos manifestantes decidieron marchar hacia las cárceles de Larrínaga, Carmelo, los Ángeles Custodios y Casa Galera, que fueron finalmente asaltadas a las cinco de la tarde, dando muerte a 224 personas.

Urkullu recuerda que fueron asesinadas 109 personas en el colegio-convento de los Ángeles Custodios, 55 en la cárcel de Larrínaga, 53 en la casa Galera y 7 en el Carmelo de Begoña, "en un día dramático para un Gobierno puesto en marcha solo tres meses antes".

Urkullu destaca que el propio lehendakari Agirre reconoció públicamente el dolor que estos hechos le produjeron y asumió su responsabilidad personal y la del Gobierno vasco.

Al cumplirse ahora 80 años de la creación de ese primer Ejecutivo vasco, Iñigo Urkullu ha admitido que ese Gobierno tuvo luces y "sombras" como las de aquel "trágico día" en el que, como dijo José Antonio Agirre, "los resortes del mando fallaron".

Por ello hoy ha querido retomar la iniciativa de reivindicación de la memoria histórica y ha reconocido "la injusticia" que sufrieron esas 224 personas, ha mostrado su "solidaridad por el sufrimiento injusto al que tuvieron que hacer frente" y ha asumido "la autocrítica de las instituciones democráticas por aquellos hechos", además de reivindicar el "derecho a la verdad y la memoria" que les corresponde.

La represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española fue una sucesión de acciones violentas cometidas en el territorio del bando republicano durante la Guerra Civil Española.1 2 Dichas acciones, al igual que las originalmente ocurridas durante la revolución bolchevique, eran cometidas por grupos de revolucionarios contra aquellos a los que percibían como sus enemigos de clase. En España, eso incluía tanto a empresarios, industriales, terratenientes y políticos de la derecha como a miembros y bienes de la iglesia católica, a quien tradicionalmente las fuerzas de izquierda había visto siempre como alineada junto a las clases capitalistas y reaccionarias, y actuando como un factor necesario para la represión psicológica del obrero.2 3 4 5

El cálculo de fallecidos oscila entre los 38.000 y los 85.000, incluyendo a más 6.800 religiosos católicos, cifras que algunos autores elevan incluso más.