Catalunya-España 2.017 (cosas que pasan)

La conclusión que yo saco es: ¿De qué te quejas?

No se puede afirmar una cosa y la contraria simultáneamente.

Partiendo desde el pricipio en que la foto que nos traes es un fake...a partir de aquí ya puedes esperarte cualquir cosa.

Si señor Puigdemont demuestra como deben hacerse las cosas en la Noca Cataluña y empezar por su porpia casa es lo primero.

 

"Casademont entra en concurso de acreedores".

Surrealismo en TV3: inventa el idioma ‘mexicano’ para no decir español La cadena realizaba entrevistas a los asistentes a la manifestación en Barcelona cuando su reportera aseguró que había pancartas escritas en “mexicano”. TV3 nos tiene acostumbrados a todo tipo de actos propagandísticos, pero el pasado sábado cruzó una nueva línea. Todo ocurrió durante la manifestación por los atentados islamistas en Barcelona y Cambrils. La plana mayor del movimiento independentista había tomado las calles y los reporteros de la cadena pública catalana buscaban el testimonio de los ciudadanos. En un momento del directo, la reportera aseguró que había personas de “muchos países” en la marcha, incluidos un grupos de mexicanos. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, la periodista añadió segundos después que el lema de sus pancartas estaba escrito en “mexicano”, una nueva lengua inventada por TV3 con gran parecido al español. Las redes sociales han reaccionado con estupor al vídeo de TV3. Muchos se preguntaban si era un “fake” y otros denunciaban que la cadena estaba tratando de educar a los más jóvenes “en el odio y la xenofobia”. Video en el siguiente enlace: https://gaceta.es/espana/surrealismo-tve-inventa-mexicano-espanol-20170828-1044/

Rajoy sigue descartando el 155 y la Seguridad Nacional pese a la ley de ruptura

El Gobierno no actuará contra el embrión de república catalana hasta que la ley sea tramitada por el Parlament.

 

Jorge Sáinz   @Sainz_Jorge

El Gobierno ha vuelto a elegir  una respuesta moderada al embrión de la república catalana conocido este lunes. El mensaje sigue siendo que el referéndum del 1 de octubre no se celebrará y que la llamada  ley de transitoriedad, ruptura o desconexión jamás entrará en vigor. Pero tampoco se ofrecen detalles.  Mariano Rajoy sigue descartando la aplicación del artículo 155 de la Constitución (suspensión de la autonomía catalana) y la ley de Seguridad Nacional. Pero  los dos escenarios están contemplados por el Gobierno, aunque no lo reconozca públicamente. 

El bloque independentista (Junts pel Sí y la CUP)  ha presentado la ley que supuestamente ampara la transición de Cataluña a un Estado independiente. La norma, que contiene  89 artículos y tres disposiciones finales, es una especie de Constitución que da por hecho la pertenencia del territorio a la Unión Europea, contempla una  amnistía para políticos como Artur Mas, la expulsión del Ejército o la toma de puertos y aeropuertos.

El Gobierno dice que esa ley no saldrá adelante. Punto. Pero es que el independentismo; sacudido por un  atentado yihadista, el ninguneo de la comunidad internacional, el rechazo de  más de la mitad de la sociedad catalana según sus propias encuestas,  decenas de dimisiones en el Ejecutivo de  Carles Puigdemont y un evidente clima de desconfianza y división interna en el Govern, tampoco da su brazo a torcer y dice que  la norma estará aprobada antes del 1-O. Queda poco más de un mes para la fecha del referéndum y  la expresión que alguien utilizó una vez del "choque de trenes" empieza a visualizarse en la cabeza de muchos políticos como una posibilidad cierta. 

Diálogo con PSOE y Cs

El Gobierno ha calcado la respuesta que dio a la ley del referéndum hace unos meses.  Rajoy ha conversado con el líder del PSOE,  Pedro Sánchez. Los dos, que siguen discrepando sobre las soluciones, han coincidido en su rechazo al texto. La vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría también  se ha puesto en contacto con el secretario general de Ciudadanos,  José Manuel Villegas.

 

Rajoy ha decidido  actuar sólo contra hechos ciertos y no anuncios. Es la estrategia de la "respuesta proporcional" que mantiene el Gobierno desde que decidió dar un nuevo enfoque al desafío independentista en Cataluña. En estos meses, la Generalitat ha anunciado dos leyes para consumar su presunta independencia: la de la convocatoria del referéndum y la de transitoriedad. Pero no ha tramitado ninguna.

Sin embargo,  la mayoría separatista aprobó una reforma del reglamento del Parlament. La  modificación del artículo 135, pensada para la independencia, permitía la aprobación de una ley en trámite de lectura única y sin plazo de enmiendas habilitado para la oposición. Esa reforma sí fue recurrida por el Gobierno y  suspendida por el TC.

Ruptura vía Parlament o decreto

La Generalitat tiene ahora  dos opciones para aprobar las leyes en las que, dice, se asienta su derecho a constituirse como república independiente. Por un lado, puede aprovechar su mayoría en el Parlament para invocar el artículo 81.3 del reglamento, cambiar el orden del día de un pleno y forzar un proceso urgentísimo de aprobación de ambas leyes.

La otra vía, que no compromete al Parlament en primera instancia, es  la aprobación por decreto de la Generalitat. En ambos casos, el resultado será el mismo: recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y suspensión cautelar del TC.

Hasta aquí todo el mundo tiene claro el proceso. La duda surge precisamente a partir de ese momento. La Generalitat dice que desobedecerá al TC y seguirá adelante con el referéndum y en su caso la independencia. Y el Gobierno asegura que el 1-O no se celebrará.  ¿Cómo frenarlo?

Las claves de la respuesta "proporcional"

Hasta ahora Rajoy se ha decantado por la respuesta moderada y  nunca ha hablado de utilizar el 155 para suspender la autonomía catalana. Pero si algo ha dejado claro el Gobierno es que su respuesta será siempre "proporcional". Es decir, que si el Gobierno entiende que el desafío de la Generalitat crece o se mantiene, la intensidad de la respuesta también puede hacerlo.

"Hay un ramillete de escenarios que el Gobierno tiene contemplados", dice un alto cargo del PP. "El Gobierno siempre va a ir de la mano de la Justicia. Aquí no va a haber fallos".

Con esta premisa, Rajoy tiene otras dos opciones. La Fiscalía puede querellarse contra el Gobierno catalán por desobediencia si Puigdemont y sus consejeros se niegan a acatar la suspensión del TC. Pero  el recorrido temporal y jurídico es tan inédito como incierto. Sigue abierto el procedimiento abierto en el  juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por los  preparativos del 1-O. 

La causa, que sigue secreta, investiga  delitos como la sedición, entre otros y antes del parón judicial de agosto ganó mucho peso. La Guardia Civil ha interrogado a varios altos cargos de la Generalitat. Algunos de ellos los ha imputado. El portavoz del Govern,  Jordi Turull, denunció a la Guardia Civil en un juzgado de guardia.

Así funciona la Seguridad Nacional y el 155

Al margen de la vía judicial, el Gobierno tiene también a su disposición la ley de Seguridad Nacional. Con esta ley en la mano, el presidente del Gobierno puede declarar una " Situación de Interés para la Seguridad Nacional".

Esta situación, que se declara mediante real decreto, debe definir la crisis, el ámbito geográfico del territorio al que afecta, la duración del proceso y el nombramiento de una autoridad y sus competencias para "dirigir y coordinar las actuaciones que procedan". La ley también contempla la obligación del Gobierno de informar "inmediatamente al Congreso de los Diputados" de las medidas adoptadas.

Esta opción entregaría al Gobierno el control de facto de Cataluña. Y le ahorraría los trámites, que sí recoge la aplicación del 155 de la Constitución. La suspensión de la autonomía requiere de un  aviso previo a las autoridades de la comunidad afectada y la voctación del pleno en el Senado. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El Gobierno insiste en que la "cosa no va por ahí". Así lo admiten fuentes de Moncloa. "La respuesta siempre será proporcional", dicen. Pero si la desobediencia se mantiene, como dice este alto cargo del PP, el Gobierno siempre tendrá a su disposición  una última bala para liquidar el proceso.

"Estar, (estas opciones) están encima de la mesa", dice. " Otra cosa es que se usen".

es que tenemos como ejemplo a los españoles...que se van inventando nombres para no llamarlo catalán ;-))

Joaquim Forn dice que los catalanes están "amenazados" y que la independencia es necesaria para subsistir

Ley de transitoriedad:

Si el 1O gana el "SI" (y no importa ni censo ni % de participación ni de votantes a favor....), entra en vigor inmediatamente dicho engendro.

Según sus previsiones, art. 23, la pensión de los beneficiarios de la Seguridad Social a cobrar el 25 de octubre la pagaría ya la nueva Autoridad Nacional post-Generalitat (entiendo que en funciones el Conseller de Economía Junqueras). Por madato legal soberano de Catalunya, la administración "española" de la SS queda eximida de cualquier obligación con los pensionistas catalanes.

Según sus previsiones, el citado aert. 24, el pago de las prestaciones de desempleo del 10 de octubre ya las pagará la misma autoridad competente (Junqueras).

Idem respecto del futuro reconocimiento a prestaciones de la SS (pensiones, prestaciones y subsidios), que de inicio solo serán reconocidas por los periodos cotizados "en" Catalunya, con lo que lleva implícito que a efectos del resto de España no servirá para nada lo cotizado "en" Catalunya.

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No se, este tipo de propuestas solo las hace alguien que busca:

a.- El escandalo mediatico y la respuesta exarcerbada para seguir montado en el victimismo

b.- En el caso de que no les suspendan el referendum, garantizarse una gran cantidad de votos contrarios, no sea que quizás tengamos que hacer una independencia de verdad...

 

En la época del terror vasco era costumbre que los etarras y asimilados respondieran que no reconocían la autoridad del tribunal que habría de juzgarles. Era un lugar común aceptado por todas las partes. Los etarras vivían ariscamente fuera de la ley y los jueces vivían caldeadamente dentro.  El equilibrio entre legalidades duraba hasta que el juez dictaba sentencia y entraba en escena el poder, que no es más que la capacidad de aplicar la ley. Y los etarras se preparaban para seguir viviendo fuera de la ley pero dentro de la cárcel. Hace tiempo que los impulsores del Proceso secesionista catalán imitan a etarras y asimilados, probablemente por la evidencia de un suelo común. La presentación, ayer, de una llamada ley [sic] de transitoriedad [sic] jurídica [sic] y fundacional [sic] de la República [sic] -la deydelá para abreviar con las únicas palabras verdaderas del enunciado- es la manera de la semana, como de costumbre algo tortuosa, con que el gobierno desleal se niega a reconocer la autoridad democrática. Como de costumbre, también, el Gobierno se ha aprestado a responder que la deydelá será recurrida y no entrará en vigor.  El Gobierno cumple su obligación. Pero su reacción, reducida a eso, vacía de discurso, acaba contaminándose de la ficción nacionalista.

Examinadas las acciones probadas de los etarras, el tribunal desgranaba los artículos del Código Penal que se habían vulnerado. Era lógico que lo hicieran aunque los etarras no reconocieran el Código. Una vez hecho eso y fijada la pena correspondiente llegaba un gran momento: los etarras seguían sin reconocer la ley, pero la ley sí los reconocía a ellos. Y entraban al furgón.  Nadie duda de que el gobierno nacionalista quiebra la ley. ¡Ni el propio gobierno nacionalista! La inquietud española no está en el dictamen, sino en cómo el Estado va a hacer cumplir la ley. Y la inquietud crece con gestos como el de la impostada indiferencia con que el presidente  Rajoy se refirió ("No hemos escuchado nada") al indigno abucheo de Barcelona.  Porque su problema, y el nuestro, no son cuatro maleducados (cifra el sumamente agudo  Rivera) sino que el productor, guionista y coreógrafo de los abucheos desfilara a su lado en la manifestación. Este otoño, en Cataluña, se producirá una situación traumática, inédita desde el golpe del 23 de febrero. Una intervención como la que el Estado se verá obligado a practicar requiere una densa espuma de palabras, a modo de la que extienden los bomberos en la inminencia de un aterrizaje forzoso. Pero hasta ahora, ciertamente, no hemos escuchado nada.

no sé si es un tótum revolútum ...o no has visto que es una ley...que  como su nombre indica es de transitoriedad

 

 

La llei de transitorietat serà la norma que regirà l’ordenament jurídic de la república catalana en el cas que guanyi el sí en el referèndum de l’1-O. Com han anunciat Junts pel Sí i la CUP, serà aprovada abans del referèndum perquè els ciutadans puguin saber les conseqüències de la victòria del sí. És una llei molt moderada que pretén fer una transició suau cap a la independència. És per aquest motiu que una gran part de la nova legalitat parteix i manté l’articulat de l’estatut i de la constitució espanyola. Tot aquest text legal té un caràcter provisional, perquè si guanya el sí començarà un procés que haurà de definir la constitució catalana.

Territori i nacionalitats
Els primers articles de la llei defineixen l’estat català com una república de dret, democràtica i social, en què la sobirania recau sobre el poble. L’Aran mantindrà el seu estatut jurídic, polític i lingüístic. També en referència al territori, la Generalitat serà l’autoritat duanera de Catalunya i aplicarà el règim aranzelari de la UE.

La llei estableix que els habitants del Principat tindran la doble nacionalitat, catalana i espanyola, i diu que el govern ha de promoure negociacions amb l’estat espanyol per fer un tractat de nacionalitat. Els qui no tinguin nacionalitat catalana, la podran obtenir després de cinc anys de residència continuada a Catalunya, és a dir, la meitat del temps que requereix l’estat espanyol.

Nova legalitat, administracions i pensions
Mentre no es redacti la constitució, la legislació catalana se subrogarà a l’espanyola en tot allò que es refereix al dret i als actes administratius. És a dir, les lleis de l’estatut d’autonomia i de la constitució espanyola que siguin vigents abans d’aprovar-se la llei de transitorietat passaran a tenir rang de llei ordinària. Això sí, el govern es reserva el dret d’incloure disposicions addicionals en totes les lleis.

La nova legalitat catalana respectarà el dret de la UE i el dret internacional, que passaran a formar part automàticament de l’ordenament jurídic català. Tanmateix, els tractats internacionals validats per l’estat espanyol, en el termini d’un any se sotmetran a la validació del Parlament de Catalunya, bé per a continuar aplicant-los, bé per a renegociar-los, be per a retirar-los.

Tots els contractes, convenis i acords que s’heretin de l’estat espanyol seran respectats fins que no siguin executats. Quant al personal de l’administració, el govern català haurà d’emprendre una negociació perquè s’integri en l’administració de la Generalitat. L’article 23 garanteix als ciutadans que puguin rebre les pensions i les prestacions socials que tenien adjudicades abans de l’aprovació de la llei.

El procés constituent
El procés constituent començarà en cas que el sí guanyi el referèndum, amb l’objectiu de dotar Catalunya d’una constitució pròpia i que substitueixi la llei de transitorietat. Tot aquest procés pot allargar-se més d’un any. Constarà de tres fases: la primera serà un procés participatiu; en la segona hi haurà eleccions constituents i l’elaboració d’una proposta de constitució per part de l’Assemblea Constituent; la tercera serà de ratificació de la constitució per mitjà d’un referèndum.

La fase del procés participatiu durarà sis mesos –entre l’endemà de l’1-O i les eleccions constituents– i l’encapçalarà el Fòrum Social Constituent, format per representants de la societat civil i partits polítics. Les deliberacions del Fòrum seran políticament vinculants per a redactar la proposta de constitució catalana.

El president de la Generalitat dissoldrà el parlament i convocarà eleccions per escollir els 135 membres de l’Assemblea Constituent que redactaran la carta magna de la nova república. La llei no ho concreta, però JxSí i la CUP calculen que aquests electes constituents no trigaran més de sis mesos a tenir enllestit el text de la constitució.

Un cop fet això, la carta magna se sotmetrà a referèndum i, si rep l’aprovació dels ciutadans, es convocaran les primeres eleccions ordinàries de la república catalana per conformar el nou Parlament de Catalunya.

El cap de l’estat
En la nova republicà el president de la Generalitat assumirà la màxima representació del país. Gaudirà d’immunitat, igual que tots els membres del govern, i no podrà ser detingut excepte en cas de delicte flagrant.

El sistema electoral
El text també regula la Sindicatura Electoral, en què es basaran els processos posteriors a l’1-O. Tindrà un mandat de set anys i es renovarà per terços, cada dos anys. Així doncs, la base de la institució és la mateixa que es fixa en la llei del referèndum, tot i que amb alguna variació.

A partir de l’1 d’octubre, i amb l’entrada en vigor de la llei de transitorietat, la sindicatura haurà de tenir set membres –dos més dels establerts per al referèndum d’independència–, que seran escollits pel Parlament de Catalunya, i les sindicatures territorials seran de caire comarcal. La Vall d’Aran tindrà una sindicatura pròpia, formada per cinc vocals, que tindrà les mateixes competències que les comarcals. Per a l’1-O es fixen quatre sindicatures territorials, una per a cada demarcació electoral.

Pel que fa al cens electoral, serà format pels electors residents a Catalunya i pels residents a l’exterior que compleixin els requisits. No obstant això, la llei preveu que ‘cap elector no pot figurar inscrit simultàniament en ambdós censos’ i elimina, d’aquesta manera, la possibilitat de figurar en el cens de qualsevol altre país, fins i tot en el d’Espanya.

El sistema judicial
Es crearà el Tribunal Suprem de Catalunya que substituirà l’actual Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L’alt tribunal mantindrà els magistrats i les sales actuals, amb algunes adaptacions. L’actual sala civil i penal es desdobla en una sala civil i una altra de penal, i hi haurà una sala social i una sala contenciosa-administrativa. No hi haurà Tribunal Constitucional, sinó que es crearà la sala superior de garanties que tractarà dels recursos d’empara –que abans es remetien al Tribunal Constitucional espanyol–, els conflictes de jurisdicció, les impugnacions especials i els recursos electorals, entre més que li pugui atribuir la llei.

Pel que fa a la sala superior del futur del Tribunal Suprem, es compondrà pel president de l’alt tribunal, els presidents de les altres quatre sales i dos magistrats designats pel parlament, per majoria absoluta. Hauran de ser juristes de reconeguda competència, amb quinze anys d’exercici professional.

El president del TS serà nomenat pel president de la Generalitat a proposta de la comissió mixta, i el fiscal general serà nomenat pel parlament, a proposta de la Generalitat i un cop escoltada la sala de govern del TS.

He leído el editorial del país sobre el carácter de esa ley. Haciendo ciencia ficción imaginemos que entra en vigor.

A mi lo que más me ha gustado ha sido lo de cargarse el poder judicial. Esto seguro que ha sido a gusto de ERC y la CUP. Que la última palabra la tenga el presidente y la camarilla, también llamada comisión mixta.

Quien te asegura y dónde pone que esto no seguirá así en la futura Constitución??? Nadie... Habrá que confiar???? Uy.. vaya, vaya...

Ahora bien, el votante de CUP será feliz y le parecerá de puta madre ( a lo Putin dicen en el País). Pero el socialista, centrista y de derechas, qué piensan???? (Hay cataindepes de centro o de derechas en el foro???. Debería haberlos, como todo país normal).

Menudo salto a lo companys.

Yo estoy deseando ver como te paga la pensión Puigdemont, a ver de dónde saca el dinero.

 

Mientras tanto, deja de lloriquear, que ya llorarás cuando te digan que no tienes pensión!

 

(A lo mejor es por eso que os quieren dar doble nacionalidad, para que vengáis a EspaÑa a pedir la pensión jajajaja)