Catalunya-España 2.017 (cosas que pasan)

Pues si , puede ser, puedo dar la impresion de ser un sabelotodo.

Tu, por el contrario, das la impresion de no tener ni estudios primarios.......

Alguna relevancia tendrá el lugar de nacimiento cuando figura hasta en el DNI. Cuando se suprimieron otros datos (estado civil, profesión) éste siguió figurando, será por algo.

ERC oculta a los funcionarios las consecuencias de apoyar la consulta ilegal

Carmen Morodo.  Hace 3 minutos 18

La propaganda de movilización dice que sólo actuará contra políticos pese a que el TC ya avisó de la responsabilidad de los trabajadores.

 

vaya, pues si que lo siento...no era mi intención ofenderte.

En cuanto a tener o no tener estudios primarios...creo que estarás conmigo en que no es condición  sine qua non para poder llegar a ser algo en la vida... para muestra y  sin ir más lejos... los españoles han votado a un mindungui como presidente del gobierno...digo yo que será por eso que no acabaís de tener todo claro según que conceptos. 

El lugar de nacimiento importa, pues es relevante a la hora de establecer vínculos emotivos, familiares, e incluso de tipo legal. Esos vínculos por razón de origen hace que puedas tener un conocimiento más directo y personal.

Yo, por mis orígenes familiares, tengo vínculos con Castilla y Galicia. El alcalde de Blanes, que vivió buena parte de su infancia en su lugar de origen, debe tener vínculos, y directo conocimiento de las diferencias entre Catalunya y su tierra de origen. Y si la metáfora que le vino a la cabeza es esa diferencia entre lo danés y lo magrebí, por algo será.....

En mi caso, las críticas más agudas y contundentes hacia el subdesarrollo, el caciquismo, el individualismo, la envidia, la falta de empuje y arrojo, de las aldeas gallegas o los páramos castellanos los oí en casa. Y no por supremacismo, sino por mera descripción factual de hechos.

Enfocarlo como un asunto de supremacismo es absurdo y ridículo. Es sabido que en las Españas hay amplísimos territorios cuyas sociedades, si no fuera por el gran fujo se ayudas y subvenciones, son directamente sociedades subdesarrolladas. Curiosamente, cuando muchos de los ciudadanos de esos territorios han tenido que venir a Catalunya a ganarse la vida, han sido y son grandísimos trabajadores y emprendedores que han logrado y logran progresar.

Así que el subdesarrollo de sus tierras de origen no está en las personas, sino en unas sociedades corruptas y caciquiles que hunden el potencial humano de sus ciudadanos.

Más allá de lo personal del asunto, el enfoque político es otro.

Se entienden los aullidos del PP y C's. Esas fuerzas políticas son residuales e irrelevantes en Catalunya. No pintan ni significan nada. Absolutamente nada, fuera de un mero testimonialismo. Son simplemente una minoria no integrada fuera del ordenamiento legal-institucional. El anticataluñismo cerril y furibundo da votos en la España subdesarrollada (ojo, hay también otra España bastante moderna y desarrollada,pero es minoritaria).

No se entiende lo del PSC-PSOE, salvo cobardía, o sillonismo. Si la apuesta por lo de la nueva España reformada, diversa y plurinacional es cierta, deberían haber muchas y diversas maneras de apostar y promover esa unidad de España. Incluso con cosas como proclamar en público que se votaría NO al referendum de independencia, o que se está en contra de la aplicación inaplicable de un artículo rodillo constitucional. Si se abjura de esas posturas que denotan "unidad en la diversidad", se está confesando que lo de la apuesta por lo de la plurinacionalidad y la reforma constitucional es un simple bluf, que realmente no se cree en eso. Entonces toda la pugna habida entre el sanchismo y el susanismo es una mera lucha de ver que posaderas se aposentan en los sillones de mando. O alternativamente, que quizás la apuesta ideológica sí es sincera, pero sus responsables son unos cobardes y apocados, incapaces de llevarla adelante.

Aunque el asunto ha comenzado como un tema menor (unas declaraciones de la alcaldesa de Santa Coloma, 120.000 h, o del alcalde de Blanes, 40.000 h), puede llegar a ser algo casi definitivo. El PSC es el último vínculo político-institucional entre Catalunya y España. Si el PSOE muestra su verdadera cara, y disciplina y lamina al PSC, en concreto al PSC que aun pinta algo en lo institucional catalán, como unas cuantas alcaldías de mediana importancia, será la demostración final fehaciente que Catalunya no tiene cabida en España. Ni siquiera la Catalunya que quiere seguir unida a España, sin dejar por eso de ser Catalunya.

La verdad, la cobardía y falta de destreza política del nuevo PSOE, y los aullidos histrionicos del PP y C's de ayer lunes, contra ciertos alcaldes del PSC pro-unidad de España, fue una fantástica noticia para el independentismo catalán.

El referéndum va a ser legal

Qué otra cosa vamos hacer que dar bola a noticias que reforzarán la impresión de realidad de lo que quieren hacer los separatistas el 1 de octubre en Cataluña.

Seguir a @christinalosada

 

Se ve venir. Sólo hace falta ver la diligencia y el ahínco con que se informa ya de cualquier detalle de la ilegalidad anunciada por los independentistas catalanes, con el Gobierno autonómico a la cabeza. Si algo va a dar carta de naturaleza a esa votación ilegal sobre la secesión de Cataluña que se pretende hacer el próximo 1 de octubre será eso. Porque no legalizarán el referéndum ni el Gobierno de España, ni el Congreso, ni los tribunales, ni el Constitucional, ni los de Podemos, ni los de Colau, ni tampoco los alcaldes del PSC que creen que Cataluña es Dinamarca y España, el Magreb. Ese referéndum va a ser (como) legal, gracias a la prensa.

Lo estoy viendo venir en la ración diaria de noticias. Y, como ya pasó el 9-N, lo suyo es que vuelva a pasar. De entrada, se le ha dado categoría de referéndum. No es sólo que lo digan los independentistas; los medios, todos, estén en contra o a favor, lo llaman unánimemente así. El 9- N recibió trato de consulta, pero ahora no hay juegos ni ambigüedades: es un referéndum. Hemos subido un escalón. No es aquella consulta arreglada pero informal, sino todo un señor referéndum mayor de edad. El término acredita su seriedad y viene a decir: esta vez no serán urnas de cartón que se guardan en supermercados, sino un plebiscito con todas las de la ley. Lo de ilegal, bueno, será una coletilla aquí y allá.

Sé que no es fácil llamarlo de otra forma. Ni es buena solución anteponer un "mal llamado" todo el rato. Tampoco estoy por ponerle sordina. No vengo con alternativas: expongo el problema. El problema que representa la maquinaria mediática cuando su mecánica noticiosa echa a andar y por su propia dinámica conduce a hacer legal de facto aquello que es ilegal. No es éste el primer caso ni será el último.

 

Se empieza, decía, dándole el rango que desean los que lo promueven, pero la historia no acaba ahí, pues se difunde cada aspecto de la organización del asunto con una prolijidad digna de mejor causa. Estos días era noticia que hay pocos registrados para votar en el extranjero. Bien, pues en un periódico, al menos, completaban el cuadro diciendo que "está por resolver cómo podrán votar los catalanes que residen en otras comunidades autónomas". Pues nada, seguiremos informando sobre cómo arreglan esos problemillas.

Igual que seguiremos informando sobre si habrá o no voto electrónico, sobre dónde se va a votar (¿los llamaremos "colegios electorales"?), sobre la calidad y la forma y el material de las urnas y las papeletas, sobre quiénes harán de agentes electorales y velarán por la buena marcha de la votación, y así sobre todos y cada uno de los detalles técnicos que Puigdemont ha prometido desvelar a finales de este mes. ¡Tenemos todo un verano! Todo un verano en que, aparte de la sequía y los incendios, qué otra cosa vamos hacer que dar bola a noticias que reforzarán la impresión de realidad de lo que quieren hacer los separatistas el 1 de octubre en Cataluña. Y de la realidad a la legalidad, como dijo aproximadamente el presidente Suárez.

El Gobierno catalán apenas tendrá que hacer un esfuerzo propio por llamar a la participación. Podrá contar con los altavoces de todo el espectro mediático de España para hacer saber quiénes podrán votar y cómo y dónde. Si es listo, Puigdemont dosificará la información para asegurarse cobertura permanente de aquí a octubre. Y si, por un casual, hace lo que dice que va a hacer, seguro que ese día estarán allí los enviados especiales de todas las teles de España para informar en directo, delante de una cola de votantes, de que la jornada del referéndum transcurre con total normalidad. Para entonces, los medios ya habrán normalizado tanto la convocatoria ilegal que a nadie le extrañará que hagan y digan lo mismo que cuando se celebra una votación de verdad.

El muy odiado por los que viven de nuestro pesebre, Gregorio Morán dice que no quiere ni le interesa integrarse. “Me importa un carajo. No soy un charnego agradecido”.

https://www.casadellibro.com/ebook-la-decadencia-de-cataluna-ebook/9788499923437/2109472

Sobre la figura del charnego agradecido hay mucho estudiado y escrito. Por si es de vuestro interés reproduzco este artículo del Lingüista  Jesús Royo Arpón Premio de ensayo “Joaquim Xirau” por la obra “Una llengua és un mercat”.

Charnegos agradecidos

Manolo Vázquez Montalbán dice que a los catalanes no hay nada que los haga más felices que un charnego agradecido: se les cae literalmente la baba. Por simetría, lo que más les debe cabrear es un charnego que se plante, que no trague, que no pase por el aro. Yo mismo, charnego y profesor de catalán, podía ser considerado un charnego agradecido. De hecho, la mayor parte de elogios por mi libro 'Una llengua és un mercat' –un alegato contra el mito de la identidad– me vinieron por mi dedicatoria: “a mis padres/als meus fills”. Yo era un “converso”. Pero desde que me he plantado como bilingüista, he pasado a ser un perverso.

El charnego agradecido adopta el catalán, quizá abomina del castellano, y a menudo es el más catalanista de la cuadrilla. Este ritual representa su aceptación del sistema de reparto del poder en Cataluña: o sea, la retención del poder a favor de sus actuales propietarios, simbolizados por la etiqueta-semáforo de la lengua que hablan. El charnego agradecido acepta y ratifica el principio de “puix parla en català, Déu li don el poder”. Y el poder ya se encarga de premiar al charnego agradecido: en la fábrica pasará a ser encargado, en el PSC podrá ser alcalde de un pueblo del cinturón, o dentro de CIU podrá llegar a ser cabeza de lista “de comarcas”.

La gratitud equivale, para el charnego, a una naturalización, a una “ limpieza de sangre”. Piensa: “Ya que no soy catalán, para compensar, me haré catalanista”. La gratitud del charnego se basa en el autoodio: no ser catalán –no hablar catalán– es un defecto de fábrica, una condición impresentable y que hay que superar. Si consigue ser admitido en el círculo del poder, el charnego tratará de olvidar/borrar/disimular su lacra original. Se reirá del flamenco, abominará de la fiesta de los toros. Su lengua materna, el castellano, para él será sinónimo de barbarie, privaciones y fracaso. Incluso cuando hable en castellano lo hará con acento catalán –como el presidente Núñez– , y se sentirá orgulloso de cometer catalanadas.

El charnego agradecido es un personaje penoso, y a la vez tierno. Patético, sin duda. Creo que daría para muchas novelas.

Yo creo que esa rabia hacia los  charnegos que "vosotros"...si vosotros...porque es un palabra casi en deshuso que sólo veo que la dicen los unionistas...no es otra cosa que  pura rabia...porque ellos  si se han integrado perfectamente en la sociedad catalana (sean o no sean independentistas dicho esto de paso) ...y no supuran bilis por no encontrar tú sitio en la sociedad catalana... como haceís  los colonos como tú....que al fin y al cabo muchos... soís como los cangrejos ermitaños...hoy aquí y mañana allí..a que no me equivoco?

colono, cangrejo ermitaño...cual sera el proximo apelativo al catalan que se siente español???

debes de haber leido esto....jjj saludos compatriota

https://www.petalatino.com/blog/7-razones-por-las-que-nunca-debes-comprar-un-cangrejo-ermitano/

En todo. Te equivocas en todo.

Rabia, bilis, colonos, etc.. todo es proyección freudiana en tu caso.

La proyección es un mecanismo de defensa que la persona utiliza para evitar hacerse cargos de pulsiones, deseos, afectos y características propias, que no se quieren reconocer por ser consideradas inaceptables, y porque de reconocerlas como propias lesionarían la imagen autoconstruida que mantiene la persona sobre si misma. Así pues, durante una Proyección, el individuo coloca en el otro lo que le es propio.

Se te ve nervioso y enfadado (igual te sientes aludido. Yo no lo sé)

https://www.youtube.com/watch?v=kJ_AlNSCHAU

Bueno, tú has abierto la puerta  primero la puerta en utilizar  calificativos despectivos...ahora no te quejes...no te parece?

serra....sino teneis ni urnas...ja ja ja ja saludos compatriota

 

 

La Generalitat pone en marcha el plan B para la compra de urnas

• Las dos empresas que se habían presentado candidatas a la licitación no han completado el proceso de homologación

oye serra compatriota que aumento la apuesta a tres cajas de vino...ja ja ja saludos compatriota

 

REFERÉNDUM: MANUAL DE INSTRUCCIONES

Se buscan los datos de 5,5 millones de catalanes

• Un referéndum tiene unas reglas que no se pueden improvisar. Disponer de un censo, una autoridad electoral y garantizar la neutralidad de la Administración son sólo algunos de los requisitos indispensables

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JAUME V. AROCA, Barcelona

27/06/2017 01:28 | Actualizado a 27/06/2017 13:49Lea la versión en catalán

La celebración de un referéndum el 1 de octubre es una decisión política, cierto. Pero un referéndum no se celebra sin más. Tiene sus reglas y una compleja mecánica que no se puede improvisar ni se puede aplicar de cualquier modo si lo que desean sus promotores es dar veracidad y legitimidad a los resultados.

El censo

La disponibilidad de un censo de electores es uno de los requisitos indispensables.

¿Por qué es importante el censo?

Porque determina el universo de personas a las que se les va a consultar sobre la cuestión en liza y porque garantiza la igualdad. Ningún ciudadano catalán puede quedar excluido porque por esa razón se trata de un referéndum, porque todos los electores de un territorio, en este caso Catalunya, han de poder ejercer su derecho de voto.

Y en este punto el Govern, o quien al final organice la cita del 1 de octubre, topa con el primer problema. Con la ley en la mano sólo existe en Catalunya un censo electoral oficial, el que cada mes actualiza la Oficina del Censo –que depende del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Economía–. El censo es único.

¿Cómo se crea un censo?

Cuando se acuerda la celebración de unas elecciones o, en este caso, un referéndum, la Oficina del Censo cierra la lista de electores dos meses antes de la fecha de la convocatoria y la pone a disposición de la autoridad electoral, en este caso las juntas provinciales.

Este censo se compone de dos listas, la de los residentes en el territorio donde se desarrolla la consulta y los que están registrados en él y tienen derecho a voto pero residen en otro lugar. El último censo electoral catalán, emitido para las elecciones de septiembre del 2015, sumaba entre residentes y no residentes, 5.510.713 personas.

El problema para la Administración catalana es que para disponer de ambas listas, la de residentes y no residentes, es necesario que la consulta haya sido formalmente aprobada por el Congreso de los Diputados, rubricada por el presidente del Gobierno y por el Rey.

No parece que esa sea la situación para el referéndum del 1 de octubre. Así que no habrá un censo. O no lo habrá de acuerdo con lo que establecen las leyes actualmente.

¿Se puede crear otro censo?

Con la ley actual, no. Otra cosa –la más probable– es que el la mayoría independentista apruebe una legislación específica para la celebración del referéndum –que puede ser impugnada por el Estado– en la que, entre otras cosas, deberá determinar con qué censo cuenta, cómo y quién lo elabora.

Técnicamente la Generalitat dispone de herramientas para crear su propio censo de electores porque, para empezar, nada impide el acceso a los datos de la oficina estatal. De hecho, cada vez que hay elecciones la Generalitat pide que se le entregue una copia ín-
tegra del censo electoral y la ley española de protección de datos habilita a las comunidades a acceder a él.

Además, la Generalitat tiene acceso a los datos del padrón de habitantes de los ayuntamientos catalanes. Así pues, el Govern dispone de las fuentes de información suficientes para poder elaborar un censo de electores propio al margen del que legalmente correspondería elaborar a la oficina estatal.

El Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) es el instrumento que recaba esos datos.

¿El Govern tiene su propia lista?

En teoría el trabajo del Idescat se ciñe a un estricto plan estadístico –una detallada lista de tareas–. El último se aprobó este mismo año y estará vigente hasta el 2020. En el plan no consta la creación de un censo de electores y en el Instituto aseguran que, de momento, no ha cambiado su plan. En los documentos del Consell Asessor per la Transició Nacional ya se apunta que el Institut sería la opción más plausible para la fabricación de la lista de electores.

Ahora bien, hay otra opción. En el 2014, antes de la celebración del 9-N, el Idescat cerró un acuerdo con el Departament de Governació por el que le cedía los datos del registro de población de Catalunya. Ese acuerdo sigue vigente.

Estas fichas de toda la población de Catalunya incluyen nombres, DNI, dirección postal, edad, lugar de nacimiento y formación, que debían servir para confeccionar un registro de participación en consultas populares.

Esta cesión de datos cuenta con el aval legal de la Agència Catalana de Protecció de Dades, que ha emitido diversas decisiones relacionadas con el tratamiento que recibieron esos registros durante el 9-N cuando fueron utilizados para enviar un tríptico explicativo del proceso participativo.

¿Y los expatriados?

El registro de población podría servir para la elaboración del censo interior, pero ¿qué ocurre con los residentes catalanes en el extranjero, que en el último censo oficial, el del 27-S, sumaban 195.533 personas?

La complejidad para hacer un censo certero de los residentes con derecho a voto fuera de Catalunya es mayor. El Govern impulsó hace algunos meses la creación de un registro voluntario prometiendo una serie de beneficios a los que se inscribieran.

Al parecer este llamamiento no ha sido un éxito y no son pocas las críticas al Departament d’Exteriors y al de Governació por las gestiones realizadas para la creación de esta lista de electores no residentes. Según algunas informaciones no verificadas hasta ahora, en este registro se han inscrito hasta el momento unas 5.000 personas, una cifra que queda muy lejos de las 195.000 que contabilizó el censo del 27-S.

¿Se pueden usar los datos?

Pero la creación de un censo de electores no es inocua legalmente. En definitiva, el Govern ha de tratar datos personales de millones de individuos y la manipulación de esa información puede chocar con las limitaciones de las leyes de protección de datos, una legislación de alcance europeo. Sin embargo la Agència de Catalana de Protecció de Dades ha dado por bueno el registro y considera que el Govern está habilitado para poder tratar esa información merced a la ley de Consultes no Refrendàries aprobada en el 2014. El Tribunal Constitucional no lo ha cuestionado porque reconoce la potestad del Govern para organizar consultas, cosa distinta de un referéndum como el que se pretende ahora.

La Junta Electoral

Otra de las piezas fundamentales es la Junta Electoral, el organismo judicial que se encarga de supervisar la mayor parte de los detalles logísticos y legales de la celebración.

¿Por qué debe haber una Junta?

Porque es la garantía de que el proceso electoral se ajustará a la ley y será limpio. Su misión consiste en verificar todo cuanto ocurre antes, durante y al final de la convocatoria electoral. Su lista de competencias va desde la tutela del trabajo previo que realiza la Oficina del Censo hasta la entrega de las actas a los candidatos en el caso de unas elecciones. De principio a fin. En un referéndum sería, al final de todo el proceso, la encargada de verificar y dar por buenos los resultados.

En definitiva su vocación es ser el árbitro y autoridad electoral y por esa razón son los jueces quienes la presiden y quienes la dirigen. No es un modelo exclusivo de España. La inmensa mayoría de los regímenes democráticos emplean en las elecciones al poder judicial como árbitro que garantiza la limpieza y la neutralidad de todo el proceso. Al equipo de jueces designados por sorteo se suman los vocales designados por los partidos políticos al inicio de cada legislatura.

¿Existe un Junta Catalana?

Sí, pero no. La respuesta es extraña, pero es la verdad. La Junta Electoral, de acuerdo con la ley española aprobada en 1985 está organizada en torno a una Junta Central y las juntas provinciales. La Junta Electoral que actúa en Catalunya depende orgánicamente del Estado y de la Junta Electoral Central porque Catalunya carece de una ley electoral propia. Es decir, sí existe una junta catalana –las cuatro juntas electorales provinciales–, pero no depende orgánicamente del Parlament de Catalunya, sino de la Administración central.

Aunque parezca extraño, Catalunya es la única de las 17 comunidades autónomas que no cuenta con una ley que regule sus propios procesos electorales y en consecuencia está obligada a aplicar la legislación general del Estado para cualquier convocatoria, incluido un referéndum.

Para que se entienda la importancia de esta singular carencia, que es fruto de la incapacidad de los partidos políticos catalanes para ponerse de acuerdo en esta materia, cabe recurrir a la ley vasca. En 1983 el Parlamento de Vitoria aprobó su propia regulación electoral –actualizada en 1990 para ajustarla a la normativa española–, lo que le permitió constituir su propia autoridad electoral autonómica ajustada a las singularidad de los territorios vascos y designar al Departamento de Interior como el órgano competente para la celebración de unas elecciones. Catalunya carece de esos instrumentos propios.

Bien es cierto que la disposición de esos mecanismos no le sirvió al Parlamento vasco para poder convocar el referéndum que trató de impulsar el lehendakari Ibarretxe en el 2008, pero la prohibición de la consulta no fue debida a la ley electoral, sino al objeto mismo del referéndum que fue anulado por el Tribunal Constitucional.

¿Se puede crear una Junta?

Claro. Sólo hace falta que el Parlament de Catalunya, de acuerdo con las competencias que le atribuye el Estatut, pueda aprobar una ley electoral que disponga su creación. Pero harían falta los votos de dos tercios del Parlament

Además, como ocurre con el censo, la legislación autonómica no significa que las comunidades puedan eludir las exigencias de la ley estatal sobre procesos electorales. Una junta autonómica sólo se podría activar como autoridad electoral si la convocatoria del referéndum fuera legal, es decir, reconocida por el Estado.

En las circunstancias en las que muy probablemente se celebraría la cita del 1 de octubre, la Junta Electoral no se activaría e incluso, puede llegar a actuar en contra del propio proceso en caso de denuncia de vulneración de los derechos electorales.

¿Hay otros posibles árbitros?

Con la ley actual, no. El Parlament de Catalunya puede aprobar la creación de otro marco legal con el que trate de sustituir a la Junta Electoral y reemplazándola por otro instrumento de garantía de las elecciones. Pero dificilmente en este órgano de arbitraje van a participar los jueces y los funcionarios de los tribunales. Todo ello se produciría al margen de la legislación actual y su constitución muy probablemente no resultará pacífica.

La creación de este órgano es uno de los misterios que se desvelarán el próximo 4 de julio cuando los promotores del referéndum, el presidente de la Generalitat o los grupos parlamentarios que le prestan apoyo revelarán los detalles de la organización de la cita del 1 de octubre.

En las últimas semanas fuentes del Govern han dado a entender que se pretende crear una sindicatura electoral integrada por expertos juristas y politólogos que se encargarán de velar por la organización del referéndum y la limpieza de todo el proceso. Esa será la ley, o una de las leyes, que Junts pel Sí y la CUP tratará de aprobar por la vía de urgencia y en lectura única en el Parlament. Un proceso polémico que previsiblemente acabará siendo recurrido por la Administración central e incluso por los propios grupos de la oposición que crean vulnerados sus derechos.

Neutralidad

Más allá del marco legal –que es una condición imprescindible para el reconocimiento internacional del referéndum–, otro de los grandes retos al que se van a enfrentar los promotores de la cita del 1 de octubre será cómo garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos que sean llamados a las urnas. La palabra clave en este aspecto es la neutralidad de la convocatoria, es decir, que los promotores del referéndum no se decantan hacia alguna de las opciones en liza.

Consejo de Europa y el Estatut

Una de las premisas que establece la Comisión de Venecia –el organismo asesor del Consejo de Europa para los procedimientos democráticos– es que el referéndum se celebre bajo el principio de neutralidad activa de la Administración para garantizar la libre elección de los ciudadanos.

El último referéndum celebrado en Catalunya fue el del 2006 sobre el nuevo Estatut. En aquella convocatoria la Junta Electoral Central se enfrentó al Gobierno de Pasqual Maragall con dos decisiones consecutivas porque había lanzado una campaña para incentivar la participación en la consulta. Para la Junta, la sola promoción del ejercicio al voto ya significaba una pérdida de neutralidad de la Administración.

Un referéndum tiene unas reglas que no se pueden improvisar. Disponer de un censo, una autoridad electoral y garantizar la neutralidad de la Administración son sólo algunos de los requisitos indispensables.

Para leer rápido un tema complejo

Censo. Es una herramienta imprescindible para poder garantizar el voto en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos. Sin un censo que alcance a todos los catalanes con derecho a sufragio que viven en Catalunya y en el extranjero, no sería un referéndum. Con la actual ley sólo hay un censo que cumpla estos requisitos, el de la Oficina Española del Censo Electoral, pero si la convocatoria no es legal no estará disponible para organizar el 1-O. La Generalitat puede aprobar una ley –que previsiblemente será impugnada– para crear un censo propio. Para hacer este censo puede echar mano de dos instrumentos, el Institut Català d’Estadística, que cuenta con las fuentes de información necesarias, o bien el Registre de Població que el propio Idescat cedió al Departament de Governació en el 2014 antes de la celebración del 9-N. El convenio de cesión sigue vigente. En cualquier caso, habrá que ver si la justicia y las agencias de protección de datos no cuestionan la elaboración de estas fichas.

Junta Electoral. Es la autoridad en cualquier votación. Está constituida por jueces y vocales y su tarea abarca todo el proceso, desde la constitución del censo hasta la certificación de los resultados. Las elecciones en Catalunya se rigen por la ley española porque es la única comunidad que no ha sido capaz de elaborar una ley electoral propia. Las juntas electorales provinciales de Catalunya y los jueces que las integran sólo pueden participar en el referéndum si su organización es reconocida por el Estado. De no ser así, el Govern no podrá contar con el aparato judicial ni con la Junta Electoral y deberá sustituirla por una autoridad electoral que precisará una nueva regulación legal que corre el riesgo de ser impugnada.

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