Y se me olvidaba añadir: viendo lo que las asociaciones de consumidores han cobrado por casos anteriores, no sale más barato que contratar a un abogado un grupo numeroso. Con seguridad de que éste estará encima del caso, por la cuenta que le tiene.
Cuidado con esas direcciones fantasma: ¿quién está detrás? ¿Es realmente algún afectgado? ¿Han contratado profesionales solventes? ¿Qué van a hacer con los datos personales y documentación que reciban? ¿Por qué no ponen un sitio de internet con todos sus datos personales, para identificarlos adecuadamente, en lugar de una simple dirección de correo electrónico?
La cuestión no es que los órganos supervisores consintiesen la actuación o no supervisasen, sino que no hay ningún órgano supervisor de este tipo de sociedades. La CNMV y el Banco de España no tienen competencias, y los organismos de consumo tienen competencias sobre la corrección de las relaciones de consumo, pero no para comprobar el funcionamiento y solvencia de las empresas. E incluso para su función básica, poco pueden hacer, ya que están infradotadas en presupuestos y personal, no hay inspectores más que para revisar algunas de las denuncias que se presentan. El consumo siempre ha sido el sector olvidado de todos los gobiernos.
En cuanto a la pregunta inicial, yo creo que una parte de lo invertido se podrá recuperar gracias a los bienes que se están incautando y a las colecciones de sellos realmente existentes. El problema es que éstas seguramente están sobrevaloradas, por lo que la solución que apuntan desde Afinsa, de que pueden entregar a los inversores sus colecciones, no es real: se les entregaria algo con un valor muy inferior a la inversión efectiva.
Hay que investigar bien toda la trama y averiguar si hay otros que coadyuvaron en alguna forma a que se llevara a cabo, como ocurrió con el caso Gescartera: parece que todos los afectados recuperarán su inversión gracias a que se declaró la responsabilidad subsidiaria de algunas entidades financieras y la ONCE. Pero no se cuente con que papá-Estado va a venir a solucionar nada. Las declaraciones del portavoz del gobierno son una vergüenza, no se puede pedir calma a quien ha perdido todos sus ahorros, ni decir que el gobierno se va a ocupar de ellos cuando no lo hizo hasta ahora (y no me refiero sólo al actual, el anterior ya debió actuar tras el caso Banfisa, cuando se lo pidieron las asociaciones de consumidores) ni les va a indemnizar.
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